[Escrito el 8 de enero de 2024]
Al igual que el Fondo Monetario Internacional, la firma calificadora de
riesgos Standard & Poor’s (S&P Global Ratings) ha recomendado a las
autoridades que después de las elecciones ejecute dos reformas estructurales
que son fundamentales para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La reforma del sector eléctrico es una de ellas. Las tres distribuidoras
de electricidad, Edenorte, Edeeste y Edesur, constituyen un agujero negro que por
más de veinte años han deteriorado las finanzas públicas, explicando alrededor
de la mitad de la deuda del sector público no financiero registrada en ese
período. Se estima que, al igual que en 2022, el déficit financiero del sector
eléctrico de 2023 se moverá cerca de los 1,600 millones de dólares, equivalente
a 1.3% del PIB.
El déficit financiero del sector eléctrico se explica por una mala
gestión administrativa de las empresas distribuidoras de electricidad. De cada
100 gigavatios que compran a las empresas generadoras de electricidad solo
facturan y cobran a los usuarios el 60%. Lo terrible es que el porcentaje de
pérdidas, ascendente a un 40% de la cantidad de energía comprada a los
generadores, es superior al 29% que se registraba antes de la pandemia del
Covid-19. Esto significa que la gestión comercial ha empeorado desde entonces.
La reforma eléctrica no debe implicar un aumento de la tarifa promedio de
electricidad. La reforma debe lograr que mediante una mejora administrativa se
logre hacer que aquellos usuarios que no están pagando la factura que consumen
actualmente comiencen a pagarla en su totalidad. Si las pérdidas se logran
reducir a un 10% no habría que subir la tarifa de electricidad, pues el resto
del ajuste pudiese venir por el lado de la disminución de los costos de
generación de electricidad.
Por otra parte, a septiembre del año pasado, la deuda del sector público
no financiero ascendía a 52,679 millones de dólares, equivalente a 43.8% del
producto interno bruto (PIB). Dado que la deuda del Banco Central se situó en
esa fecha en un 17% del PIB, se tiene que la deuda del sector público
consolidado era de 60.8% del PIB. Para llevarla a 45% del PIB en un período de
diez años será necesario una reforma tributaria.
Esa reforma no significa que se realicen aumentos a las tasas
impositivas, pues la tasa del Itbis, 18%, la de impuesto sobre la renta de
personas físicas, 25%, y la de personas jurídicas, 27%, son lo suficientemente
elevadas para generar buenos ingresos. La reforma debe permitir que los que
actualmente no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias paguen
impuestos.
No es justo que los que pagan impuestos actualmente, como aquellos que cumplen
con su factura de energía eléctrica, sean penalizados con mayores tasas
impositivas o una tarifa de electricidad más elevada. Quienes deben pagar son
aquellos que no cumplen sus obligaciones por el lado impositivo y/o el eléctrico.
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