Esperanza eléctrica

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de diciembre de 2025.]

El pueblo dominicano alberga la esperanza de que algún día se logrará una mejora significativa del desempeño operativo y financiero del sector eléctrico. En la actualidad, el gobierno transfiere cada año unos 1,800 millones de dólares -equivalente a 1.4% del producto interno bruto (PIB)- a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para que estas puedan pagar a las plantas generadoras de energía y evitar los “apagones financieros.” 

El deterioro de las finanzas del sector eléctrico responde tanto al rezago del ajuste de la tarifa a los mayores costos de la energía que se compra como a la debilidad operativa de las EDE, reflejada en elevadas pérdidas técnicas y no técnicas. 

En el Pacto Eléctrico firmado en 2021 se acordó, entre otras medidas, ajustar la tarifa de electricidad a los costos de la energía adquirida por las EDE. Entre octubre de 2021 y junio de 2022, la Superintendencia de Electricidad aprobó cuatro incrementos tarifarios. El cuarto de ellos, previsto para el trimestre de julio a septiembre de 2022, implicaba que los clientes residenciales enfrentarían un aumento acumulado en su tarifa de entre un 30% y un 50%. Ante las protestas de los consumidores, el gobierno decidió anular el último ajuste y dejar congelada desde entonces la tarifa de electricidad. 

La brecha entre el precio de compra de las EDE y la tarifa aumentó por el retraso en la entrada en operación del parque energético de Manzanillo, lo que agravó el déficit financiero de las distribuidoras. En 2021, el autor de esta columna advirtió a las autoridades gubernamentales que esas plantas de generación de electricidad no estarían disponibles en 2024 y que no comenzarían a operar hasta el primer trimestre de 2026. Por ello, recomendó aprobar la instalación de una planta con capacidad de 450 MW de energía eléctrica base entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, aprovechando la infraestructura existente en esa zona (terreno aprobado para expansión, terminal de recepción de gas natural, tanques de almacenamiento y gasoducto). Dicha instalación habría permitido disponer en 2024 de una nueva oferta de electricidad a precios muy competitivos.

El tiempo ha confirmado la validez de esos pronósticos. De los tres proyectos localizados en Manzanillo, solo uno, Energía 2000, estará operativo en los primeros meses de 2026. Las otras dos plantas, a las cuales se les suma la terminal de importación de gas natural, no tienen fecha de entrada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 

La falta de disponibilidad de la energía eléctrica que supliría el parque de Manzanillo, teóricamente a partir de 2024, obligó a las EDE a comprar electricidad en el mercado spot y a firmar contratos de compra a precios exorbitantes. El contrato más reciente se realizó con barcazas de la empresa Karpowership, cuyo precio de venta ha superado los 48 centavos de dólar por kilovatio hora. Si se compara con el precio promedio de venta de las EDE a los clientes del SENI, que en los primeros nueve meses de 2025 registró un promedio de 16.56 centavos de dólar por kilovatio hora, es evidente que el rezago de los proyectos de Manzanillo ha resultado muy costoso para las finanzas públicas. 

Por otro lado, entre 2019 y finales de 2025, el porcentaje de pérdidas de la cantidad de energía adquirida por las EDE subió de un 29% a un 42%. Dicho incremento refleja la incapacidad de las distribuidoras de medir, facturar y cobrar de manera adecuada la electricidad que suministra a los usuarios. Esa ineficiencia operativa, combinada con el aumento del porcentaje de demanda de energía servida (de un 89% a un 98% en ese mismo período), empeoró la situación financiera de las distribuidoras. 

El déficit de las EDE limita las posibilidades del gobierno de elevar la inversión pública. Si dicho déficit financiero se redujese a solo el 0.4% del PIB, se liberaría un punto porcentual que podría destinarse a proyectos de infraestructura pública capaces de estimular la inversión privada y elevar el ritmo de crecimiento económico. Por ese motivo, se vuelve imprescindible adoptar medidas que fortalezcan la posición financiera de las distribuidoras de electricidad. 

La primera debe ser la eliminación de todos los gastos superfluos de las EDE. Ello implica prescindir del personal que no aporte valor a esas tres empresas. 

Paralelamente, se precisa reducir el costo de la energía comprada. El sistema de contratación ha de fundamentarse en la subasta inversa para adquirir la electricidad al menor importe posible. Además, hay que revisar los contratos firmados de nuevos proyectos y evaluar si el costo de capital aplicado para fijar el precio monómico se corresponde con una tasa de retorno adecuada a una planta de generación de ese tipo. Si se determina que dicho costo es excesivo -por ejemplo, un 20% por encima de lo normal- sería necesaria una renegociación con la empresa generadora a fin de reducir su precio de venta.

En relación con la tarifa eléctrica, es indispensable establecer un subsidio focalizado que beneficie únicamente a la población de menores ingresos. Conviene adoptar un sistema tarifario que refleje el costo de la generación por hora, de manera que el consumidor tenga un incentivo para reducir su demanda en las franjas horarias más caras, lo que a su vez recortará el precio de compra de energía de las EDE. 

Por último, en cuanto a facturación y cobranza, se requieren inversiones para instalar medidores inteligentes o de prepago capaces de garantizar el pago de la electricidad consumida por todos los usuarios. Aquellos que no deseen asumir una factura elevada deberán ajustar su consumo al monto que estén dispuestos a pagar. La nueva tecnología de medidores permitiría un ajuste automático al margen de quién sea el cliente. Con un presupuesto estimado de 1,200 millones de dólares (600 millones menos de lo que cuesta al contribuyente dominicano un año de subsidios a las EDE) podría desplegarse la infraestructura necesaria para asegurar el pago oportuno y equitativo de la electricidad. De ese modo, la esperanza de contar con un sector eléctrico más eficiente y compatible con un mayor nivel de bienestar para todos se convertiría, por fin, en una realidad.

Determinantes del crecimiento económico

[Escrito el 5 de diciembre de 2025]

La República Dominicana transita en la actualidad por una fase de bajo crecimiento del producto interno bruto (PIB). Acumulado a octubre, el indicador mensual de actividad económica apenas ha subido un 2%, lo que lleva a pronosticar con una alta probabilidad que el PIB se expandiría en menos de un 2.5%, que es la mitad del ritmo potencial.  

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico de un 5% registrado en el período 2000-2019 se explica principalmente por la inversión, tanto pública como privada. Específicamente, sus cálculos arrojan que la acumulación y remuneración de capital explican un 56% del crecimiento observado en esas dos décadas. A su vez, el aumento del empleo y del ingreso laboral promedio explican el 26% y la variación de la productividad factorial total representa el 18% del crecimiento del PIB.  

De acuerdo con el FMI, la aplicación de una nueva ola de reformas ayudaría a mejorar el ritmo de expansión de la economía dominicana. Basándose en la experiencia de los veinte años anteriores llegan a la conclusión de que las reformas en el mercado laboral, en el sector eléctrico, en la gestión del gasto público y en el sistema impositivo se traducirían en un entorno favorable al ahorro, la inversión, la acumulación de capital humano y el aumento de la productividad, lo que mejoraría el ritmo de crecimiento del ingreso promedio de los dominicanos. 

Los pasos de la reforma de Magín

[Escrito el 4 de diciembre de 2025]

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha comentado en diversos foros sobre la necesidad de realizar una reforma fiscal en la República Dominicana. Dicha reforma es indispensable para mantener la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica. 

La evidencia empírica confirma que cuando hay crisis económica es más fácil que la población acepte una reforma fiscal que incluya una modificación de impuestos. 

El saldo de las finanzas públicas actual, con un déficit del gobierno estimado en un 3.4% del PIB, y una deuda pública ligeramente por debajo del 60% del PIB, lleva a recomendar la adopción de medidas que mejoren la posición financiera del Estado. 

La secuencia de la reforma fiscal de Magín debe iniciar con el recorte de los gastos superfluos. Además, los subsidios generalizados que benefician principalmente a los más ricos deben ser eliminados. El déficit del sector eléctrico, que obliga al gobierno a transferir un monto equivalente a un 1.4% del PIB a las empresas distribuidoras de electricidad, debe reducirse. 

El segundo paso debe ser la puesta en marcha de medidas que reduzcan la evasión impositiva. Se estima que una mayor eficiencia de la administración tributaria elevaría hasta en 4 puntos del PIB la presión tributaria. 

El tercer paso es la eliminación de las exenciones e incentivos impositivos que, después de un riguroso análisis costo beneficio, se determine que no aportan en términos netos al desarrollo económico y social de la nación. 

Después de esos pasos se debería modificar el Código Tributario para establecer un sistema tributario que sea equitativo, capaz de generar ingresos públicos sin deteriorar excesivamente las actividades económicas y, sobre todo, que sea neutral ante de las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos. 

El regreso del halcón

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 1 de diciembre de 2025.]

La tarea del Banco Central de la República Dominicana es compleja. Su objetivo principal consiste en preservar la estabilidad de precios a través de medidas monetarias que podrían resultar, en el corto plazo, incompatibles con un elevado ritmo de crecimiento económico. Para obtener buenos resultados, es recomendable que conserve su independencia, de manera que los gobernantes no lo vean como una institución capaz de alcanzar múltiples objetivos simultáneamente. Cuando se cede a la ilusión de que puede lograrlo todo, el desenlace casi seguro es el fracaso.  

La semana pasada, el Banco Central tomó una decisión acertada y valiente. En el comunicado de política monetaria se informó que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento acumulado de un 2% en los primeros diez meses de 2025, lo que implica que en octubre apenas subió un 0.2%. Con esos datos, es previsible que el año concluya con una tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) situada entre un 1.8% y un 2.1%. A pesar de ese entorno, las autoridades mantuvieron inalterada la tasa de interés de referencia en un 5.25% anual. 

La decisión pone de manifiesto la preocupación del Banco Central por las “recientes presiones inflacionarias.” En el cuatrimestre julio-octubre, la tasa de inflación general subió a un ritmo anualizado de un 6.1%. Esa variación se explica en gran parte por el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que en términos anualizados supera el 11%. A su vez, la tasa de inflación subyacente (que mantiene una relación estrecha con la política monetaria), anualizada de acuerdo con los cuatro meses más recientes, alcanzó un 5.4%. Dado que ambas tasas de inflación se colocan por encima del límite superior del rango meta de inflación que va del 3% al 5%, es comprensible y correcto que se haya mantenido inalterada la tasa de interés de referencia.  

Con el objetivo de aumentar la eficiencia de la política monetaria, resulta indispensable que el organismo emisor mantenga la consistencia de su mensaje contra la inflación. Justo después de dar a conocer la existencia de presiones inflacionarias, en el comunicado de política se remarcó que “los niveles de liquidez se mantendrán elevados, lo que seguirá contribuyendo a condiciones financieras favorables.” Los agentes económicos podrían percibir esa declaración como la existencia de un entorno monetario incompatible con la estabilidad de precios. 

Durante su última visita al país, en el marco de la Consulta del Artículo IV, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la postura de la política monetaria es “en términos generales apropiada.” Según sus estimaciones, la tasa de interés de referencia del Banco Central de un 5.25% se ubica en términos reales entre un 1% y un 2%, que es el nivel de la tasa de interés real neutral; es decir, la que sostiene la economía en equilibrio sin estimular demasiado el crecimiento económico ni frenarlo en exceso. Sin embargo, si se considera la tendencia al alza de la tasa de la inflación, se concluye que las condiciones monetarias se encuentran en un territorio que puede presionar hacia arriba los precios de bienes y servicios. Por ello, cobra una enorme relevancia que las autoridades evitasen dar una señal de flexibilización monetaria y mantuvieran fija la tasa de referencia. 

En el reporte del Artículo IV, el FMI recomendó a las autoridades fortalecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria para normalizarla y respaldar el crecimiento económico. En ese sentido, conviene destacar que las medidas excepcionales con tasas de interés subsidiadas que se aplicaron desde marzo de 2020, descritas con mucho detalle en el Recuadro No. 1 del citado informe, elevaron la volatilidad de diversas variables macroeconómicas, entre las que se destaca el tipo de cambio. El zigzagueo monetario, caracterizado por inyecciones masivas y retiros de liquidez, generó incertidumbre y debilitó el mecanismo de transmisión de la tasa de política monetaria hacia la tasa de interés activa, lo que deterioró la capacidad de impulsar el crecimiento del PIB. 

El episodio más reciente de política monetaria no convencional se registró a partir de junio de 2025, mediante la colocación de 81 mil millones de pesos a tasas de interés subsidiadas del 9% y la reducción de 50 puntos básicos de la tasa de interés de política monetaria. Entre junio y noviembre, la tasa de interés pasiva promedio ponderado cayó en 366 puntos básicos y se colocó en un 6.03%. Sin embargo, la tasa de interés activa, la que influye sobre la inversión y el consumo, solo descendió 111 puntos básicos y se situó en un 13.66%. El comportamiento de ambas tasas se tradujo en un aumento significativo del margen de intermediación bancaria. 

La resistencia a la baja de la tasa de interés que se aplica sobre los préstamos guarda una estrecha relación con la incertidumbre del tipo de cambio. A mayor volatilidad cambiaria, menor influencia tiene la tasa de política monetaria sobre la tasa de interés activa y, por tanto, se mantiene más alta de lo necesario. Esa circunstancia lleva al FMI a señalar que el restablecimiento del mecanismo de transmisión “requerirá una reducción gradual de estas medidas excepcionales y un mayor énfasis en instrumentos más convencionales para garantizar una adecuada liquidez en el mercado.” Para el desmonte de dichas medidas de liquidez, la institución internacional recomienda, entre otras acciones, promover el funcionamiento del mercado interbancario y de las operaciones de “repo,” revisar el marco de requerimientos de encaje para que las entidades de intermediación financiera tengan mayor flexibilidad en la gestión de liquidez y mejorar la coordinación con el gobierno en la emisión de instrumentos de deuda pública. Todo ello debe acompañarse de una estrategia de comunicación que facilite a los bancos su gestión operativa y de liquidez. 

En definitiva, es probable que haber mantenido sin cambios la tasa de interés de política monetaria, en espera de la evolución de la tasa de inflación, sea una señal de que volverán a adoptarse medidas operativas convencionales más conservadoras y coherentes con el esquema de metas de inflación. De confirmarse ese comportamiento, el halcón monetario habrá regresado al piso 12 del Banco Central. 

¿Pinchará Google la burbuja de Nvidia?

[Escrito el 28 de noviembre de 2025]

En marzo de 2024 comenté que el precio de las acciones de Nvidia, un fabricante de chips para videojuegos, se había convertido en una enorme burbuja financiera. Destaqué que dicha empresa había podido sacar un extraordinario provecho de la manía de la inteligencia artificial generativa porque sus chips demostraron ser muy buenos para la etapa de entrenamiento de los modelos de lenguaje de gran escala, como ChatGPT. 

Desde entonces, el precio de las acciones de Nvidia ha seguido subiendo por los elevados ingresos que obtiene por las ventas que realiza de sus chips. No cabe duda de que el precio promedio de sus chips está muy por encima del que se originaría en un entorno de mayor competencia. Por ese motivo, pienso que tan pronto llegue un nuevo chip al mercado capaz de realizar lo mismo, de forma igual o más eficiente, se desplomará el precio de venta de los chips de Nvidia y, con ello, bajará su flujo libre de efectivo y se reducirá el valor de sus acciones. 

La empresa Alphabet, padre de Google, presentó recientemente la Unidad de Procesamiento Tensorial Ironwood (TPU, por sus siglas en inglés) que es un chip extraordinariamente potente diseñado para el entrenamiento y ejecución de grandes modelos de inteligencia artificial, como el Gemini 3. El chip de Google ha sido optimizado para eficiencia energética y escalabilidad en cargas de trabajo masivas y, por tanto, es considerado como una alternativa a los GPU de Nvidia. 

El primer paso de Alphabet es eliminar su dependencia de Nvidia.  Luego se convertirá en un suplidor competitivo de los centros de procesamiento de datos que pagan en la actualidad un precio exorbitante por los chips de Nvidia. Ese evento será el inicio del fin de la burbuja más grande de la historia financiera mundial. 

El valor del Bitcoin

[Escrito el 27 de noviembre de 2025]

En diversas ocasiones he comentado que el bitcoin no es una moneda, ya que no cumple con las funciones básicas del dinero, que son: unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago. 

El bitcoin es un instrumento financiero altamente especulativo, que se utiliza para realizar pagos que se desprenden de actividades ilegales o no transparentes. Entre ellas se encuentran las operaciones de lavado de activos del narcotráfico, la compra ilegal de armas, el terrorismo, la trata de blancas, la corrupción pública y la evasión de impuestos. 

Dichas transacciones ilegales generan una demanda de bitcoin que, dada su oferta limitada, tiende a colocar su precio de mercado a un nivel superior a su valor fundamental, que es cercano a cero. Más todavía, la evolución de su precio tiene un comportamiento característico de una burbuja financiera, estimulada por una compra continua de los especuladores quienes prevén que el precio seguirá subiendo y podrán obtener una buena ganancia de capital.  

Fuera del servicio de realizar pagos ilegales, el bitcoin no aporta nada más de lo que suple el dólar, el euro o el yen. Dada la oferta limitada de bitcoin, después de que su precio alcanzara un nivel determinado, relacionado con la función que brinda a los que están fuera de la ley, no se justifica que siga subiendo a menos que sea simplemente por la presencia de la demanda especulativa que crea la burbuja. 

En otras palabras, el bitcoin con un precio de 1 dólar tiene el mismo valor fundamental que el que tiene cuando alcanza los 125 mil dólares.  Por ello se puede afirmar que, así como entre octubre y noviembre de este año el precio del bitcoin cayó un 30%, podría volver a caer hasta llegar a un nivel mucho menor, lo que quebraría todos los fondos de inversión que utilizan el bitcoin como principal activo de respaldo. Espero que usted no tenga sus chelitos ni en bitcoin ni en ninguno de esos fondos de “inversión.” 

Un Balaguer renovado

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 24 de noviembre de 2025.]

La actividad económica atravesaba una profunda contracción, los precios subían como la espuma y la popularidad del gobierno caía de manera estrepitosa. La política económica aplicada desde 1987 generó graves distorsiones que en 1990 provocaron el desplome del 5.5% del producto interno bruto (PIB), una inflación histórica del 80% y una tasa de desocupación del 23%. Esa crisis elevó la pobreza, deterioró el bienestar de la población y alimentó un pesimismo que condujo a miles de dominicanos a emigrar a Estados Unidos y a España. 

A pesar de que el gobierno de entonces llevó a cabo un amplio programa de inversiones públicas a nivel nacional, el financiamiento del déficit fiscal mediante el retraso en el pago del servicio de la deuda externa y el uso del crédito doméstico neto proveniente del Banco Central (conocido popularmente como emisión de “pesos inorgánicos”) impactaron negativamente la actividad económica privada. El crecimiento excesivo de la oferta monetaria, unido a una política irracional de control cambiario, elevó la cotización del dólar de 2.82 pesos en agosto de 1986 a 13 pesos en marzo de 1991, una variación acumulada de un 361% en poco más de cuatro años, equivalente a un incremento mensual de un 2.8%. 

En 1990, el presidente Joaquín Balaguer pasaba por una etapa política muy difícil y, pese a ello, se presentó a las elecciones presidenciales con casi 84 años. En medio de esa alarmante coyuntura económica, social y política, agravada por el desabastecimiento de combustible y el imparable encarecimiento de los bienes de primera necesidad, Balaguer logró retener el poder.

Los resultados electorales fueron objeto de severas críticas, pero estas no acobardaron al mandatario, quien convenció a los principales representantes de la sociedad a sentarse en una mesa de negociaciones en agosto de 1990. De ahí surgió el Pacto de Solidaridad Económica, que contó con la mediación de Monseñor Agripino Núñez. Dicho acuerdo redujo las tensiones sociales y originó las condiciones para que se implementase un importante conjunto de reformas estructurales, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encabezado por César Miquel.  

En septiembre, el presidente Balaguer, un hombre astuto y de temple de acero que parecía no tener miedo a nada ni a nadie, comenzó a ejecutar la reforma arancelaria. Mediante un decreto, eliminó gran parte del esquema arancelario que había protegido la industria nacional vigente desde 1968 bajo la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial, la cual daba soporte al modelo de sustitución de importaciones. Previamente, se había promulgado la Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, cuyo propósito es promover las exportaciones de bienes y servicios mediante un régimen especial de incentivos fiscales y medidas de flexibilización aduanera. 

La reducción de la tarifa arancelaria promedio, la corrección de las bases imponibles de los bienes importados, tanto insumos para la industria como de consumo final, y las mejoras administrativas implementadas en la Dirección General de Aduanas incrementaron las recaudaciones, lo que redujo el déficit fiscal. Ese primer paso disminuyó la necesidad de financiamiento inflacionario del Banco Central, estabilizó el tipo de cambio alrededor de 12.50 pesos por dólar y moderó la tasa de inflación. Respecto al mercado cambiario, cabe destacar que las autoridades del Banco Central retornaron al principio de “una sola moneda, una sola tasa,” que se había establecido con la unificación cambiaria de 1985, lo que significó la eliminación de las distorsiones derivadas de la existencia de tasas de cambio múltiples. 

En 1992, el Congreso Nacional aprobó la Ley 11-92 que estableció el Código Tributario. En ese momento, el país colocó una pieza importante de lo que debe ser un sistema tributario óptimo, capaz de garantizar la neutralidad, la equidad y la eficiencia recaudatoria. La citada reforma tributaria ayudó a racionalizar los incentivos fiscales y eliminó aquellos que fueron ampliamente utilizados para eludir el pago del Impuesto sobre la Renta. 

Para modernizar y mejorar las condiciones del mercado laboral, ese año se promulgó también un nuevo Código de Trabajo (Ley 16-92), que sustituyó el Código Trujillo de Trabajo de 1951. El novedoso marco normativo mejoró aspectos fundamentales de las relaciones entre trabajadores y empleadores y favoreció, en ese entonces, la creación de empleos más dignos. 

Con el objetivo de estimular y facilitar la entrada de capitales al país, el gobierno del presidente Balaguer, quien volvió a retener el poder en las elecciones de 1994, aprobó la Ley 16-95 de Inversión Extranjera. Esa legislación brinda el mismo tratamiento a la inversión extranjera que a la nacional, eliminando cualquier tipo de discriminación. Además, otorga la libre repatriación de capital y dividendos. Ese marco jurídico ha permitido que en la actualidad la República Dominicana reciba más de 4,500 millones de dólares anuales de inversión extranjera en sectores clave para el crecimiento económico nacional, como son las actividades eléctricas, turísticas y de zonas francas. 

Las reformas estructurales aplicadas y el entorno macroeconómico estable creado entre 1991 y 1993 impulsaron la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB. Entre 1991 y 2024, la tasa de crecimiento promedio del PIB real ha sido de un 5%, lo que ha favorecido el ingreso per cápita. El buen desempeño económico se ha traducido en un significativo aumento del valor agregado nominal en dólares, que se elevó de 7,167 millones en 1990 a 124,600 millones de dólares en 2024.  

Las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Balaguer entre 1990 y 1993 cambiaron las expectativas de los agentes económicos hacia una postura optimista que propició la inversión productiva. El repunte sostenido de la actividad económica, la creación de empleo y el aumento de los salarios ayudó a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la pobreza. Balaguer demostró que, en los momentos más adversos, es posible renovarse y rectificar el rumbo hacia una trayectoria de mayor confianza que permita un desarrollo económico sostenido y una mejor calidad de vida. No cabe duda de que el doctor ha legado al pueblo dominicano una lección perdurable.