[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 10 de noviembre de 2025.]
Las adolescentes pagan un precio muy elevado por una maternidad temprana. El embarazo en esa etapa de la vida genera un costo que se extiende tanto a la madre como a su hijo, ya que aumenta significativamente el riesgo de perpetuar la pobreza y la desigualdad. Una madre adolescente dispone de menos recursos y capacidad para garantizar una educación de calidad a sus hijos, lo que a su vez reduce las posibilidades de que estos alcancen mayores niveles de ingresos durante su vida laboral.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que la maternidad temprana representa para quince países de América Latina y el Caribe un costo anual de 15,300 millones de dólares, equivalente al 1% de su producto interno bruto (PIB). Dicho cálculo incluye pérdidas relacionadas con la educación, la participación laboral, los ingresos, los gastos en salud y en otros servicios públicos. Según Naciones Unidas, el 88.2% del citado costo recae sobre las mujeres y su entorno, debido al impacto que tiene el embarazo adolescente sobre la educación y la posibilidad de insertarse en el mercado laboral.
En Estados Unidos, un estudio de Kristin Moore y colegas demostró que posponer el embarazo apenas dos años y completar el bachillerato puede aumentar un 13.2% el ingreso promedio del hogar de los hijos cuando estos alcanzan los 29 años. La evidencia es clara: una madre con más formación académica cría hijos más sanos, productivos y con mejores oportunidades de desarrollo.
En la República Dominicana se registraron 17,846 embarazos en adolescentes durante 2024. Las tasas más altas se concentran en las zonas rurales y fronterizas como Elías Piña, Montecristi y Pedernales. La pobreza, la falta de educación y las uniones tempranas constituyen los principales detonantes. La edad promedio de la primera unión conyugal de las mujeres pertenecientes al grupo socioeconómico de bajos ingresos es de 17.9 años, mientras que las del grupo de ingresos altos asciende a 22.1 años. Aunque la Ley 1-21 prohíbe el matrimonio infantil, el 29.1% de las mujeres dominicanas con edad superior a los 18 años se casó o convivió por primera vez antes de esa edad. En zonas rurales, esa cifra aumenta hasta un 39.6%.
La diferencia de edad con la pareja, el nivel educativo y la condición económica son factores determinantes del embarazo en adolescentes. Diversas investigaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revelan que, por cada año adicional de diferencia de edad entre la adolescente y su pareja, la probabilidad de embarazo aumenta un 8%. Tener una pareja con estudios universitarios reduce esa probabilidad en un 75%, mientras que una posición económica más favorable la disminuye un 35%.
El matrimonio infantil se traduce en mayor cantidad de hijos en el hogar. La unión temprana implica casi siempre un embarazo inmediato, lo cual conlleva que esas adolescentes tengan más hijos que otras que se unieron a una edad más adulta. Esto limita la capacidad de las madres adolescentes para insertarse en el mercado laboral, pues tienen que cuidar a sus hijos. Este proceso perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad.
El abandono o deserción escolar incrementa la probabilidad de percibir bajos ingresos a lo largo de su vida. Las madres adolescentes presentan una mayor probabilidad de abandonar los estudios debido al embarazo. El 32% de esas jóvenes declaró que no se inscribió o asistió a la escuela durante el año escolar en que se embarazó. La necesidad de cuidar a los niños como factor que determina la decisión de interrumpir los estudios es más importante para el grupo de madres adolescentes que para las madres no adolescentes (23.4% frente a 5.6%). Posponer el embarazo permitiría a las jóvenes alcanzar niveles educativos más altos y acceder a mejores oportunidades laborales. Cabe destacar que existe una asociación entre la maternidad temprana y la informalidad laboral: las mujeres que fueron madres durante la adolescencia presentan una tendencia más acentuada a trabajar por cuenta propia y, en promedio, a percibir menores ingresos.
La educación de los padres también constituye un factor determinante en el futuro escolar de los hijos. Tener una madre o un padre con formación universitaria reduce la probabilidad de desertar entre un 88% y un 76%. Por cada año adicional en la edad del embarazo de la madre, la probabilidad de abandono escolar de sus hijos disminuye un 5%. Esto revela la importancia de los programas de prevención del embarazo a edad temprana con el objetivo de disminuir la tasa de abandono escolar de sus hijos.
El embarazo adolescente también se asocia con un mayor riesgo de mortalidad infantil. Los hijos de las madres adolescentes tienen una probabilidad de fallecimiento infantil 3.9 veces superior a la de aquellos nacidos de mujeres que se embarazan con más edad.
Ante esa realidad, resulta urgente diseñar e implementar estrategias efectivas orientadas a reducir la tasa de embarazos en la adolescencia. Además de garantizar el cumplimiento de la prohibición de las uniones tempranas, la evidencia empírica respalda la adopción de políticas integrales que mantengan a los jóvenes en la escuela. El objetivo debe centrarse en minimizar la deserción escolar para que la mayoría se gradúe, pueda obtener ingresos adecuados y cuando decida formar un hogar (por ejemplo, a partir de los 24 años) ocurra en condiciones de madurez y estabilidad, con una pareja de edad similar y no con una niña de menos de 18 años.
Cada adolescente que logra completar su educación antes de ser madre representa un avance hacia una sociedad más justa. Evitar el embarazo en la adolescencia significa reducir uno de los costos sociales más regresivos: aquel que limita el potencial humano desde la infancia, interrumpe las trayectorias educativas y perpetúa la pobreza intergeneracional. Cada niña que no es obligada a convivir con un adulto da un paso hacia la equidad y abre la oportunidad de formar una familia en condiciones más dignas, alejadas de la pobreza. Y cada hijo que nace en un hogar con mayor estabilidad emocional, educativa y económica supone un activo que contribuye al bienestar y al desarrollo sostenible de la República Dominicana.
