El costo político de la incertidumbre

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 22 de diciembre de 2025.] 

Estados Unidos es el socio comercial más importante de la República Dominicana. Constituye el mayor destino de las exportaciones de bienes y servicios, la fuente más importante de remesas familiares y el inversionista extranjero, directo y de cartera, de mayor relevancia en el país. Esa interdependencia se refleja en una relación cuantitativa ventajosa para la economía dominicana: por cada punto de crecimiento del producto interno bruto (PIB) estadounidense, la economía nacional se expande alrededor de dos puntos porcentuales. En ese contexto, resulta indispensable seguir de cerca la trayectoria económica de esa nación.  

Durante el año 2025, la errática política arancelaria estadounidense, junto con las reiteradas críticas de Donald Trump a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, crearon perturbaciones que impactaron de forma negativa tanto en la economía de Estados Unidos, como en la del resto del mundo. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que los nuevos aranceles podrían reducir alrededor de medio punto porcentual las proyecciones de crecimiento económico realizadas a principios de año. No obstante, en octubre, el FMI corrigió ligeramente al alza sus estimaciones del crecimiento del PIB y publicó que el crecimiento económico de Estados Unidos se situaría alrededor del 2%, mientras que la economía global lo haría en torno al 3.2%. Es preciso destacar que una parte significativa del crecimiento de la economía americana obedece al auge del mercado bursátil, impulsado por las fuertes inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, lo que se traduce en un incremento del consumo privado. Se ha estimado que, por cada 100 dólares de aumento de la riqueza bursátil, el consumo privado se incrementa alrededor de cuatro dólares.   

En abril de 2025, tras el anuncio de los elevadísimos aranceles recíprocos, la probabilidad de una recesión aumentó hasta cerca del 50%, al tiempo que se proyectaba un incremento inflacionario muy por encima de la meta del 2%. Hasta hoy el colapso no se ha producido, aunque tampoco se ha registrado el avance económico prometido por Trump, en particular el relacionado con la recuperación del empleo en las actividades de manufactura. Se estima que ese sector ha perdido 54 mil puestos de trabajo desde el inicio del segundo mandato de Trump. 

A noviembre, la tasa de desempleo en Estados Unidos subió hasta un 4.6%; es decir, 0.6 puntos porcentuales por encima del nivel de pleno empleo observado en enero. Por su parte, la inflación interanual, que se mantuvo durante la mayor parte del año cercana al 3%, bajó a un 2.7%, cifra que sorprendió a los economistas que habían pronosticado un 3.1%. 

En un ensayo reciente, Gita Gopinath y Brent Neiman, profesores de Economía de las universidades de Harvard y de Chicago, respectivamente, analizan por qué las tarifas arancelarias legales más elevadas desde la década de 1930 no provocaron un desbordamiento de la inflación. Según los autores, el menor impacto de los aranceles sobre los precios, en comparación con las proyecciones iniciales, se explica porque la tarifa efectiva, a septiembre de este año, equivalía a la mitad de la tasa legal (14.1% frente a 27.4%). En su artículo académico, los citados profesores sostienen que las exenciones específicas por productos (semiconductores, equipos eléctricos, alimentos y productos farmacéuticos) y empresas (mexicanas, taiwanesas, japonesas y canadienses), el uso del Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá (que pasó de un 50% en 2024 a casi un 90% en 2025), así como la evasión y la aplicación desigual de los gravámenes son factores que han evitado que los aranceles bilaterales anunciados hayan provocado un mayor deterioro del poder de compra de los consumidores estadounidenses.

A pesar de lo expuesto, la política arancelaria de Trump ha tenido un impacto negativo sobre el bienestar de la población. De acuerdo con los cálculos de Gopinath y Neiman, se ha registrado un efecto traspaso de las tarifas efectivas a los precios de importación de un 94%. Dada la importancia de los insumos importados para la industria estadounidense, se estima que la mayor parte de la incidencia de las tarifas ha recaído sobre los productores nacionales. Esto significa que, lejos de fortalecer la manufactura local, la política arancelaria de Trump la ha debilitado por la pérdida de competitividad. De hecho, el sector de manufactura ha retrocedido por nueve meses consecutivos, lo que se manifiesta en menores niveles de inversión y empleo. Simultáneamente, los aranceles más altos, aplicados de manera distinta según el país de origen, han desviado el comercio proveniente de China hacia otros orígenes con menores tarifas, como Vietnam, India o México, en lugar de incentivar la producción y consumo de productos estadounidenses. 

Durante su primer año de mandato, la popularidad de Donald Trump se desplomó debido al incumplimiento de sus promesas de campaña relacionadas con la economía y el poder adquisitivo de los ingresos. Al 19 de diciembre, la aprobación neta del presidente, calculada como la diferencia entre el porcentaje de la población que apoya su gestión y el porcentaje que no lo hace, es de -13 puntos. El descontento ciudadano se concentra en la gestión de la inflación y en el persistente alto costo de la vida. La aprobación neta sobre la situación de los precios es de -30 puntos, mientras que respecto al desempleo es de -20 puntos. 

El principal desafío del presidente consiste en mejorar las condiciones económicas de cara a 2026. A fecha de hoy, la probabilidad de recesión para ese año está por debajo de un 25%, pero el mercado laboral continúa en un proceso de deterioro y, a pesar de que la inflación bajó a un 2.7% en noviembre, los precios de los productos de primera necesidad se mantienen muy altos.  Revertir ese panorama será crucial para que Trump logre recuperar su popularidad y el respaldo político que necesita su partido antes de las elecciones de medio término previstas en noviembre de 2026. Si no lo logra, es muy probable que pierda la mayoría que tiene en el Congreso y quede así demostrado, una vez más, el elevado costo que acarrea la incertidumbre de la política económica.  

Se reduce la inflación estadounidense

 [Escrito el 18 de diciembre de 2025]

La inflación de Estados Unidos, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor, se redujo de forma inesperada en noviembre. 

El informe del IPC, que se publicó con limitaciones estadísticas debido a la imposibilidad de obtener los datos de los precios de octubre, arrojó una tasa de inflación interanual de un 2.7%, muy por debajo del 3.1% que proyectaban los economistas y del 3% observado en septiembre. 

La tasa de inflación subyacente, la que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles, se colocó en 2.6%. Esa variación de precios es la más baja desde inicios de 2021. 

A pesar de las dudas sobre la calidad de las estadísticas de precios, que solo pudieron levantarse a partir de la reapertura del gobierno el pasado 12 de noviembre, el mercado bursátil reaccionó al alza. El Dow avanzó un 0.14%, el S&P 500 subió un 0.79% y el Nasdaq se incrementó un 1.38%. 

Los precios de los alimentos siguen hacia arriba

 [Escrito el 16 de diciembre de 2025]

A noviembre de este año, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es el que ha registrado mayor variación de precios. En términos interanuales, la inflación de ese grupo se colocó en un 8.1%, cifra muy por encima del límite superior del rango meta del 3% al 5%. Lo grave es que, si se anualiza la trayectoria observada de los precios de esos bienes entre junio y noviembre, se obtiene una tasa de inflación de un 14%. 

El grupo de restaurantes y hoteles, segmento en el cual el costo de los alimentos tiene un peso elevado, ha registrado una variación interanual a noviembre de un 6%. Y, si se anualiza en función de los últimos cinco meses, se estima una tasa de un 6.9%. 

Otros bienes y servicios diversos también exhiben un aumento de precios significativo. Según los datos del Banco Central, la variación interanual a noviembre asciende a un 5.8%. Una variación interanual similar es exhibida por los precios de los servicios educativos y la de los precios de servicios de salud se situó en un 5.1%. 

Esa realidad de aumentos de precios por encima de la meta de inflación es un golpe contundente a los bolsillos de los hogares más pobres y vulnerables del país. Por ello es necesario adoptar medidas que reduzcan, en primer lugar, los precios de los alimentos. La mejora de la competencia y la competitividad en el mercado de los alimentos puede ayudar a alcanzar ese objetivo, fundamental para el bienestar de la población. 

Halcón o paloma

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 15 de diciembre de 2025.]

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, redujo la semana pasada 25 puntos básicos a su tasa de interés de política monetaria, la cual se situó en el rango del 3.5% al 3.75%. La decisión tiene como objetivo estimular la demanda agregada y recuperar el mercado laboral que, según varios indicadores, se ha deteriorado en lo que va de 2025. 

En la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FMOC, por sus siglas en inglés) quedó en evidencia la división entre sus miembros votantes:  nueve a favor del recorte aprobado y tres en contra. En particular, los presidentes regionales Jeffrey R. Schmid (Kansas City) y Austan D. Goolsbee (Chicago), profesor de Economía de la Universidad de Chicago, se mostraron partidarios de mantener sin cambios la tasa de interés, dado que la inflación se encuentra en un 3%, muy por encima de la meta del 2%. La postura de ambos presidentes, que prioriza la estabilidad de precios, confirma su perfil de “halcones” monetarios. 

En contraste, el gobernador Stephen Miran propuso un recorte de 50 puntos básicos, con el fin de presionar a la baja el costo del endeudamiento público, estimular el crecimiento económico y promover la creación de empleo. Esa posición permite calificarlo como una “paloma” monetaria, pues está dispuesto a aceptar una tasa de inflación alta por más tiempo.

La situación de la Reserva Federal será más compleja en 2026. Pese a que Trump nombrará al sucesor de Jerome Powell en la presidencia de la institución, se proyecta que la mayoría de los 12 miembros votantes del FOMC estaría dispuesta a aprobar, como mucho, un recorte de 25 puntos básicos. En consecuencia, al presidente de la Fed, quien dispone de un voto en igualdad de condiciones con los demás miembros, le resultará difícil lograr un descenso más pronunciado de la tasa de interés, a menos que la inflación se reduzca y converja hacia la meta del 2%. 

En ese entorno, el Banco Central de la República Dominicana ha de diseñar y ejecutar una política monetaria consistente. En su visita de septiembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Banco Central que “continúe guiándose por los datos, con futuras decisiones de política orientadas por el impacto de la nueva información sobre las perspectivas de inflación y de la economía.” Esto significa que cualquier decisión sobre recortes adicionales de la tasa de política monetaria debe estar precedida por un análisis riguroso de la trayectoria futura de los precios. 

El FMI fundamentó su recomendación en el hecho de que, para esa fecha, la tasa de política monetaria en términos reales se ubicaba entre un 1% y un 2%, que es el nivel estimado de la tasa de interés real neutral (la que no presiona hacia arriba la inflación ni deprime la economía) cuando el esquema de metas de inflación opera de manera adecuada. Además, tuvo en cuenta que las autoridades monetarias habían autorizado en junio una inyección de liquidez por 81 mil millones de pesos, que “aún se están transmitiendo a las tasas de mercado.” 

Posteriormente a la misión del FMI, que concluyó el 12 de septiembre, el Banco Central redujo en octubre otros 25 puntos básicos a la tasa de referencia hasta colocarla en un 5.25%. Dado que la tasa de inflación interanual de noviembre alcanzó un 4.81% (la más alta desde abril de 2023), puede estimarse que la tasa de interés real de política se situó en torno al 0.44%, cifra por debajo de la tasa de interés real neutral. Por ello, podrían ocurrir aumentos de precios estimulados por la actual postura expansiva de la política monetaria. 

La trayectoria de precios observada en los últimos cinco meses resulta preocupante. Si se anualiza la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre junio y noviembre, se obtiene una inflación de un 6.65%. En el caso de la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y combustibles, resulta un valor anualizado de un 5.03%. 

Cuando se utilizan esas proyecciones para calcular la tasa de política monetaria ajustada por inflación, se constata que la tasa nominal vigente de un 5.25% se encuentra en territorio negativo (basada en el IPC general) o en un nivel cercano al 0.25% (con el IPC subyacente).  Ambos resultados son incompatibles con la estabilidad de precios. 

Conviene destacar que las condiciones monetarias actuales del mercado reflejan abundancia de liquidez. Al 8 de diciembre, los depósitos remunerados de corto plazo colocados en el Banco Central superaron los 160 mil millones de pesos, muy por encima de lo que suele acumularse en diciembre. En enero, ese exceso de liquidez se acentuará debido al vencimiento de Notas y Certificados de Inversión del Banco Central por más de 69 mil millones de pesos, así como a la reducción estacional de la demanda de pesos que ocurre en esa época del año. 

En vista de todo ello y siguiendo las recomendaciones del FMI, en la próxima reunión de política monetaria de diciembre las autoridades deberían aprobar un congelamiento restrictivo (“hawkish freeze”) de la tasa de interés de política monetaria. En concreto, sería adecuado mantener la tasa de interés de referencia en su nivel actual, pero con un discurso de un tono restrictivo. Esa decisión dejaría claro que el Banco Central se mantendrá vigilante, como un halcón, ante el comportamiento de la inflación y que está dispuesto a incrementar su tasa de política si la nueva información sobre los precios así lo amerita. 

Por el contrario, si las autoridades monetarias deciden en diciembre recortar la tasa en 25 puntos básicos, con el argumento de que la Reserva Federal la disminuyó en una magnitud similar, se arriesgan a enviar al mercado una señal de inconsistencia, ya que es muy probable que en enero tengan que subir su tasa de interés de referencia o la tasa de rendimiento de las Notas y Letras que emite con el fin de absorber el exceso de liquidez. Tal desenlace acentuaría el carácter zigzagueante de la política monetaria aplicada desde marzo de 2020 y, en consecuencia, debilitaría la credibilidad del Banco Central. 

Se agrieta la unidad de la Reserva Federal

[Escrito el 12 de diciembre de 2025] 

La Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos, disminuyó 25 puntos básicos a su tasa de interés de referencia y la colocó entre 3.5% y 3.75%. Sin embargo, la división entre los miembros votantes del Comité Federal de Mercado Abierto, con un resultado de 9 a 3, sugiere que, a menos que se registre un deterioro significativo del mercado laboral, será difícil que se aprueben en 2026 nuevos recortes. 

Dos de los miembros disidentes son Jeffrey R. Schmid, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, y Austan D. Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago y profesor de Economía de la Universidad de Chicago. Ellos sostienen que, dado que la inflación se encuentra muy por encima de la meta del 2%, actualmente alrededor del 3%, lo recomendable era mantener sin cambio la tasa de interés de referencia. Con esa postura confirman su condición de halcones monetarios que priorizan mantener la estabilidad de precios. 

El tercer disidente fue el trumpista, Stephan Miran, quien propuso un recorte de 50 puntos básicos, con el fin de reducir la tasa de interés de la deuda del Tesoro, estimular el crecimiento de la economía y promover la creación de empleo Esa posición permite calificarlo como una paloma monetaria, ya que está dispuesto a aceptar una tasa de inflación alta por más tiempo a cambio de una mayor expansión de las actividades económicas. 

Según las proyecciones para 2026, de los 19 participantes en el Comité Federal de Mercado Abierto, siete miembros piensan que no está garantizado un recorte de tasas de interés y cuatro opinan que solo se aprobaría uno. Esa realidad sugiere que, el trabajo del próximo presidente de la Reserva Federal, quien solo tiene un voto, será muy difícil.  

La inflación le complica el trabajo al Banco Central

 [Escrito el 11 de diciembre de 2025]

Según los datos del Banco Central, la tasa de inflación volvió a acelerarse en noviembre. El Índice de Precios al Consumidor subió un 0.71% respecto al mes anterior y llegó en términos interanuales a un 4.81%. Esa es la inflación interanual más alta desde abril de 2023, fecha en que se situó en un 5.15%. 

El comportamiento de la variación de los precios observado en los últimos cinco meses es más preocupante todavía. Si se anualiza el comportamiento del IPC registrado entre junio y noviembre se obtiene una inflación de un 6.65%. Dicho resultado está por encima del límite superior del rango meta de inflación que va del 3% al 5%. 

La tasa de inflación subyacente, la que tiene una estrecha relación con la política monetaria, fue menor que la variación relativa del IPC general. Respecto a octubre, el IPC subyacente subió un 0.28% y en términos interanuales subió a un 4.74%. Al anualizar el comportamiento de los últimos cinco meses, se tiene como resultado una inflación subyacente de un 5.03%, justo sobre el límite superior de la meta de inflación. 

Con esas noticias por el lado de la inflación, el Banco Central debería dejar sin cambios su tasa de interés de política monetaria en su próxima reunión de diciembre. Si la recorta en 25 puntos básicos, argumentando que la Reserva Federal la disminuyó en una magnitud similar, se arriesga a enviar al mercado una señal de inconsistencia, ya que es muy probable que en enero  tenga que subir su tasa de interés de referencia o deba incrementar la tasa de rendimiento de las Notas y Letras que emite con el fin de absorber el exceso de liquidez. 

Esperanza eléctrica

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de diciembre de 2025.]

El pueblo dominicano alberga la esperanza de que algún día se logrará una mejora significativa del desempeño operativo y financiero del sector eléctrico. En la actualidad, el gobierno transfiere cada año unos 1,800 millones de dólares -equivalente a 1.4% del producto interno bruto (PIB)- a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para que estas puedan pagar a las plantas generadoras de energía y evitar los “apagones financieros.” 

El deterioro de las finanzas del sector eléctrico responde tanto al rezago del ajuste de la tarifa a los mayores costos de la energía que se compra como a la debilidad operativa de las EDE, reflejada en elevadas pérdidas técnicas y no técnicas. 

En el Pacto Eléctrico firmado en 2021 se acordó, entre otras medidas, ajustar la tarifa de electricidad a los costos de la energía adquirida por las EDE. Entre octubre de 2021 y junio de 2022, la Superintendencia de Electricidad aprobó cuatro incrementos tarifarios. El cuarto de ellos, previsto para el trimestre de julio a septiembre de 2022, implicaba que los clientes residenciales enfrentarían un aumento acumulado en su tarifa de entre un 30% y un 50%. Ante las protestas de los consumidores, el gobierno decidió anular el último ajuste y dejar congelada desde entonces la tarifa de electricidad. 

La brecha entre el precio de compra de las EDE y la tarifa aumentó por el retraso en la entrada en operación del parque energético de Manzanillo, lo que agravó el déficit financiero de las distribuidoras. En 2021, el autor de esta columna advirtió a las autoridades gubernamentales que esas plantas de generación de electricidad no estarían disponibles en 2024 y que no comenzarían a operar hasta el primer trimestre de 2026. Por ello, recomendó aprobar la instalación de una planta con capacidad de 450 MW de energía eléctrica base entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, aprovechando la infraestructura existente en esa zona (terreno aprobado para expansión, terminal de recepción de gas natural, tanques de almacenamiento y gasoducto). Dicha instalación habría permitido disponer en 2024 de una nueva oferta de electricidad a precios muy competitivos.

El tiempo ha confirmado la validez de esos pronósticos. De los tres proyectos localizados en Manzanillo, solo uno, Energía 2000, estará operativo en los primeros meses de 2026. Las otras dos plantas, a las cuales se les suma la terminal de importación de gas natural, no tienen fecha de entrada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 

La falta de disponibilidad de la energía eléctrica que supliría el parque de Manzanillo, teóricamente a partir de 2024, obligó a las EDE a comprar electricidad en el mercado spot y a firmar contratos de compra a precios exorbitantes. El contrato más reciente se realizó con barcazas de la empresa Karpowership, cuyo precio de venta ha superado los 48 centavos de dólar por kilovatio hora. Si se compara con el precio promedio de venta de las EDE a los clientes del SENI, que en los primeros nueve meses de 2025 registró un promedio de 16.56 centavos de dólar por kilovatio hora, es evidente que el rezago de los proyectos de Manzanillo ha resultado muy costoso para las finanzas públicas. 

Por otro lado, entre 2019 y finales de 2025, el porcentaje de pérdidas de la cantidad de energía adquirida por las EDE subió de un 29% a un 42%. Dicho incremento refleja la incapacidad de las distribuidoras de medir, facturar y cobrar de manera adecuada la electricidad que suministra a los usuarios. Esa ineficiencia operativa, combinada con el aumento del porcentaje de demanda de energía servida (de un 89% a un 98% en ese mismo período), empeoró la situación financiera de las distribuidoras. 

El déficit de las EDE limita las posibilidades del gobierno de elevar la inversión pública. Si dicho déficit financiero se redujese a solo el 0.4% del PIB, se liberaría un punto porcentual que podría destinarse a proyectos de infraestructura pública capaces de estimular la inversión privada y elevar el ritmo de crecimiento económico. Por ese motivo, se vuelve imprescindible adoptar medidas que fortalezcan la posición financiera de las distribuidoras de electricidad. 

La primera debe ser la eliminación de todos los gastos superfluos de las EDE. Ello implica prescindir del personal que no aporte valor a esas tres empresas. 

Paralelamente, se precisa reducir el costo de la energía comprada. El sistema de contratación ha de fundamentarse en la subasta inversa para adquirir la electricidad al menor importe posible. Además, hay que revisar los contratos firmados de nuevos proyectos y evaluar si el costo de capital aplicado para fijar el precio monómico se corresponde con una tasa de retorno adecuada a una planta de generación de ese tipo. Si se determina que dicho costo es excesivo -por ejemplo, un 20% por encima de lo normal- sería necesaria una renegociación con la empresa generadora a fin de reducir su precio de venta.

En relación con la tarifa eléctrica, es indispensable establecer un subsidio focalizado que beneficie únicamente a la población de menores ingresos. Conviene adoptar un sistema tarifario que refleje el costo de la generación por hora, de manera que el consumidor tenga un incentivo para reducir su demanda en las franjas horarias más caras, lo que a su vez recortará el precio de compra de energía de las EDE. 

Por último, en cuanto a facturación y cobranza, se requieren inversiones para instalar medidores inteligentes o de prepago capaces de garantizar el pago de la electricidad consumida por todos los usuarios. Aquellos que no deseen asumir una factura elevada deberán ajustar su consumo al monto que estén dispuestos a pagar. La nueva tecnología de medidores permitiría un ajuste automático al margen de quién sea el cliente. Con un presupuesto estimado de 1,200 millones de dólares (600 millones menos de lo que cuesta al contribuyente dominicano un año de subsidios a las EDE) podría desplegarse la infraestructura necesaria para asegurar el pago oportuno y equitativo de la electricidad. De ese modo, la esperanza de contar con un sector eléctrico más eficiente y compatible con un mayor nivel de bienestar para todos se convertiría, por fin, en una realidad.