[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 21 de julio de 2025.]
Al contribuyente le interesa que cada peso que paga de impuestos sirva para mejorar su calidad de vida. En consecuencia, el gasto público debe estimular el crecimiento económico de forma sostenida.
Luca Fornaro y Martin Wolf, profesores de Economía de la Universidad Pompeu Fabra (España) y de la Universidad de St. Gallen (Suiza), respectivamente, publicaron el pasado mes de abril un ensayo académico muy interesante sobre la conexión entre incremento de la productividad, la política fiscal y la deuda pública.
Según los citados economistas, un elevado superávit fiscal primario (que se define como el saldo de las finanzas públicas, excluyendo el gasto por intereses de la deuda) se asocia con distorsiones fiscales -altos impuestos y baja inversión pública- que deprimen la inversión privada y reducen la productividad del capital y de la mano de obra, lo que presiona al alza la relación entre deuda pública y producto interno bruto (PIB). Para evitar ese estado de “estancamiento fiscal,” los autores recomiendan intervenciones de política que impulsen el crecimiento económico y refuercen la sostenibilidad de la deuda pública.
El gasto en infraestructuras genera efectos económicos positivos en el largo plazo. Diversos estudios estiman que la inversión pública arroja un multiplicador de 1.6, ya que la inversión privada se correlaciona positivamente con la infraestructura e innovación, lo que incrementa la productividad y la tasa de retorno del capital. El multiplicador fiscal representa el cociente entre la variación del producto interno bruto (PIB) y el cambio en el gasto público o la política tributaria.
La profesora de la Universidad de California en San Diego, Valerie Ramey, recopiló distintas estimaciones empíricas y concluyó que el multiplicador del gasto público en el mediano plazo varía entre 0.6 y 1.5, según el tipo de gasto. En particular, cuando la inversión es productiva y se implementa con eficiencia, el multiplicador fiscal tiende a ser más alto, sobre todo si se parte de un nivel de capital público inferior al socialmente óptimo. Por otro lado, se ha demostrado que, cuanto más distorsionador es el impuesto, ya sea por el tipo o el nivel de su tasa, más negativo resulta el impacto en la innovación y la productividad. En esos casos, el multiplicador se sitúa entre -2 y -3.
En otro relevante estudio, Juan Antolín-Díaz y Juan Paolo Surico, profesores en la London Business School, evaluaron la importancia de los recursos destinados a la Investigación y Desarrollo (I+D) sobre el crecimiento económico. Los autores vincularon al gasto público militar importantes innovaciones como la generación de la energía nuclear, el internet y el GPS, entre otras. De sus conclusiones se desprende que un gasto público que promueva la I+D favorece la inversión del sector privado, la innovación, la productividad factorial total y el PIB.
En la República Dominicana se percibe un estado de estancamiento fiscal. La inversión pública se ha reducido hasta situarse por debajo del 2.2% del PIB en 2025, muy lejos del 4.7% del PIB registrado como promedio anual en el período 1966-2020. Esa contracción de la inversión gubernamental responde al esfuerzo por contener el déficit público alrededor de un 3% del PIB y el superávit primario en un 0.7% del PIB. Sin embargo, una estrategia fiscal de “austeridad autodestructiva” limita el crecimiento del PIB, que a mayo acumuló una tasa interanual de apenas un 2.6%; es decir, poco más de la mitad del ritmo potencial del 5%.
A su vez, el menor ritmo de expansión de los ingresos tributarios disminuye en segunda ronda la inversión pública y obliga a las autoridades, en su intento por mejorar el saldo primario, a incrementar las tasas impositivas a umbrales distorsionadores. Ese comportamiento fiscal genera un ciclo de ajustes secuenciales que reducen el ingreso per cápita.
El nombramiento de Magín Díaz al frente del Ministerio de Hacienda representa una oportunidad para salir del estancamiento fiscal. La nueva gestión de Hacienda debe asegurar que los recursos públicos se orienten hacia actividades productivas que arrojen un multiplicador más elevado.
La adopción de medidas, como aquellas que garanticen una tasa de retorno del gasto de capital superior a la tasa de interés de la deuda emitida para financiar proyectos de infraestructura, mejorará la sostenibilidad de las finanzas públicas. En ese contexto, resulta imprescindible priorizar el gasto, tanto el corriente como el de capital, mediante herramientas de análisis de costo-beneficio, evaluaciones de impacto y la aplicación de un presupuesto basado en resultados.
En la actualidad, existen numerosas partidas que hay que reducir o eliminar. El déficit financiero del sector eléctrico, que supera el 1.4% del PIB, y los subsidios no focalizados constituyen gastos corrientes ineficientes que deberían sustituirse por proyectos de inversión pública. El subsidio a los combustibles, que esta semana se situó en poco menos de 200 millones de pesos, aunque ha superado en ocasiones los mil millones de pesos en siete días, debe eliminarse porque beneficia principalmente a los hogares de mayores ingresos. Dicho subsidio es distorsionador, dado que reduce el impacto que debe tener el alza de los precios internacionales sobre la demanda local de combustibles, situación que se traduce en una demanda superior a la óptima, lo cual acentúa el déficit de las cuentas externas. Considerando que la inflación interanual a junio se encuentra por debajo del 4%, es posible suprimir el subsidio y seguir manteniendo la variación de los precios dentro del rango meta.
En cuanto a los ingresos fiscales, es necesario diseñar y ejecutar medidas tributarias que no distorsionen las decisiones de los agentes económicos, que sean equitativas y capaces de generar con eficiencia los ingresos requeridos. Una Administración Tributaria eficaz debe enfocarse en contraer la evasión de impuestos por una suma equivalente a un 4% del PIB. Lograr ese objetivo permitiría recortar algunas tasas impositivas muy altas que, lejos de aumentar las recaudaciones, provocan su descenso.
En conclusión, la política fiscal debe ser más productiva, crear oportunidades de empleo y fomentar el crecimiento económico indispensable para mejorar las condiciones de vida de todos, respetando al mismo tiempo la restricción presupuestaria y la sostenibilidad de la deuda pública.