¿Por qué volvieron los apagones?

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 15 de septiembre de 2025.]

“Llevo dos noches sin dormir por los apagones.” Frases como esa evidencian que en la República Dominicana se registran, de manera generalizada, cortes de electricidad debido a que la oferta resulta insuficiente frente a la demanda. La distribución de los apagones no es uniforme en el territorio nacional, pues depende tanto de las condiciones técnicas de los circuitos eléctricos como de los niveles de facturación y cobranza que gestionan las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). 

La puesta en marcha definitiva de las dos unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), que incrementaron la oferta en 752 MW brutos entre noviembre de 2019 y abril de 2020, permitió reducir los cortes al mínimo. Esa generación de electricidad, suplida actualmente al menor costo variable de todo el mercado eléctrico, facilitó que la mayoría de los agentes económicos dispusiese de electricidad las 24 horas al día. En consecuencia, a partir de 2020 dejó de ser necesario utilizar inversores o plantas de generación eléctrica de emergencia. 

Punta Catalina produce beneficios anuales de 550 millones de dólares al Estado dominicano: 250 millones corresponden a ganancias directas y 300 millones a los ahorros de las EDE, derivados de la diferencia entre el precio spot y el precio de contrato al cual les vende la CTPC. Con esos recursos pudo haberse eliminado una gran parte del déficit del sector eléctrico existente en el año 2020; sin embargo, errores en la gestión de las EDE colocaron en 2024 el déficit por encima de los 1,800 millones de dólares. 

En un contexto caracterizado por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la demanda de electricidad aumenta. Ante esa previsión, el autor de esta columna publicó, en 2021, una serie de artículos en los que recomendaba al gobierno dominicano ejecutar acciones para garantizar que la oferta se mantuviese por encima de la demanda y, por tanto, evitar el retorno de las interrupciones del suministro. 

Las medidas eran simples y viables, bajo el liderazgo adecuado. A partir del superávit creado por la presencia de la CTPC en el mercado eléctrico, solo había que aumentar la capacidad de generación de energía base en 150 MW anuales, para alcanzar un total de 450 MW que hubiesen estado disponibles en 2024.

En esa línea, el artículo “El reto de generación eléctrica de Abinader,” publicado en el Listín Diario el 2 de agosto de 2021 advirtió que: “En los años 2024 y 2025 habrá una crisis de generación eléctrica…se incrementarán los apagones, a menos que el gobierno acelere la instalación de nueva y eficiente generación de electricidad.” 

En otro artículo, “La ruta óptima de expansión de la generación del SENI,” publicado el 5 de agosto de 2021 en el blog del autor, se destacó la necesidad de instalar un ciclo combinado de 450 MW a gas natural para evitar un incremento de los apagones en 2024 y 2025.  Esa planta de electricidad debía colocarse en la zona comprendida entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, aprovechando la infraestructura existente que combina la terminal de gas de Andrés, Boca Chica, y los 85 kilómetros de líneas de gasoducto instalados en esa región. “Esto permitiría suplir electricidad desde el primer trimestre de 2024” y satisfacer la nueva demanda a precios competitivos. Esa opción brindaría un mejor resultado financiero para las EDE “que el que arrojaría suplir electricidad en ese período 2024-2025 con generadores ineficientes, a menos que se gestione la demanda de electricidad, aumentando la cantidad y duración de los apagones.”

Las recomendaciones, no obstante, fueron ignoradas por las autoridades del sector eléctrico. De manera irracional, estas optaron por una licitación que concentraría la mayor parte de las inversiones del sector privado en el proyecto de electricidad a gas natural que se instalaría en Manzanillo, consistente en tres bloques de generación cada uno de 400 MW y una terminal de gas natural. Esa decisión se tomó a pesar de que, el 14 de agosto de 2021, se les advirtió en el artículo “Los escollos de la Central Eléctrica de Manzanillo” publicado en el Listín Diario, que dicho proyecto de generación entraría en línea a inicios de 2026, si no había retrasos significativos, lo cual era poco probable. 

Por otro lado, el gobierno contrató en esos años dos plantas altamente ineficientes y costosas: Siba Energy y Karpowership. En el Boletín de Generación y Gestión de Energía de julio de 2025, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se indica que la primera tiene un costo variable de 140.07 dólares por MWh y la segunda, de 106.53 dólares. Esas cifras contrastan con el costo variable de apenas 34.62 dólares por MWh de Punta Catalina. 

La solución planteada en los citados artículos comenzó a ejecutarse en 2025. La planta Generadora San Felipe I, un ciclo combinado a gas natural con capacidad de 467 MW, está contratada para operar a partir de diciembre de 2027, aunque es posible que esté lista desde mayo de ese mismo año. De haberse iniciado su construcción a finales de 2021, habría estado suministrando electricidad desde 2024 a precios competitivos. 

La falta de esa energía llevó al presidente Luis Abinader a emitir el Decreto No. 517-25, mediante el cual se declaró en estado de emergencia el sector energético, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de oferta eléctrica en plazos más cortos que los establecidos en los procesos ordinarios de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. Un día después del decreto, llegó al país una barcaza Karpowership proveniente de Cuba, con una potencia de 65 MW. Se estima que el precio monómico sea, al menos, tan alto como los casi 39 centavos de dólar por kWh que registró en promedio entre marzo y julio de 2025 la planta similar instalada en Azua. Dada la estructura de la tarifa eléctrica y la capacidad de gestión de las EDE, la presencia de la nueva barcaza podría reducir de forma transitoria los apagones, pero lo hará a un precio que incrementará de manera significativa el déficit del sector eléctrico. La incompetencia siempre tiene un costo. 

¿Estanflación en Estados Unidos?

[Escrito el 12 de septiembre de 2025]

Los datos más recientes confirman que la economía estadounidense sigue en camino hacia una estanflación. Esa situación económica representa el peor de los mundos: estancamiento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) con incrementos de precios. 

La tasa de desocupación volvió a subir en agosto y se colocó en un 4.3%. Aun cuando dicha tasa se encuentra cerca del nivel considerado como pleno empleo, que es el 4%, la realidad es que en los meses más recientes se ha visto una tendencia ascendente. 

Asimismo, se ha deteriorado el ritmo de creación de empleo. De mayo a agosto apenas se generaron en promedio 27 mil puestos de trabajo. Esa cifra contrasta con los 159 mil empleos creados en promedio entre agosto de 2024 y abril de 2025. Cabe recordar que en abril de este año se anunciaron las medidas arancelarias del presidente Trump, que establecieron altos aranceles de manera definitiva a partir de agosto. 

Por otro lado, la tasa de inflación en Estados Unidos muestra un ascenso persistente. En términos interanuales subió en agosto a un 2.9%. Respecto a julio, el Índice de Precios al Consumo se elevó un 0.4%, equivalente a una variación anualizada de un 4.9%. La tasa de inflación subyacente, la cual tiene una mayor relación con la política monetaria, subió a un 3.1%, muy lejos de la meta del 2%. 

La combinación de un mercado laboral que se enfría con una tasa de inflación que sigue subiendo representa un dilema para la Reserva Federal. El mercado espera con una probabilidad de casi un 100% que habrá un recorte de la tasa de interés en la reunión de política monetaria de septiembre. Esto será positivo para el mercado laboral, pero negativo para el control de la tasa de inflación. 

Se acelera la inflación dominicana

[Escrito el 11 de septiembre de 2025]

La tasa de variación de los precios se ha estado acelerando y se nota en el bolsillo del pueblo dominicano. 

En agosto, la tasa de inflación interanual se colocó en un 3.71%, cifra que se encuentra dentro del rango meta del 4%+-1%. No obstante, se observa que en los tres meses más recientes la variación de precios ha mostrado una tendencia ascendente. En agosto, el Índice de Precios al Consumo se incrementó en un 0.71% respecto a julio, que equivale a una tasa anualizada de un 8.9%, muy superior al límite máximo del rango de la meta de inflación. 

Al descomponer por grupo de productos se observa que los pobres fueron muy golpeados, pues el índice de precios de alimentos y bebidas no alcohólicas registró una variación de un 1.24% en agosto respecto a julio. El costo del transporte también arrojó un aumento significativo, al variar el índice correspondiente un 0.81%. Y el más doloroso fue el grupo de educación, que subió un 2.18%. 

El aumento de la inflación importada, principalmente de Estados Unidos, impactará la tasa de inflación en la República Dominicana. El reto de las autoridades monetarias es mantener la variación de precios dentro del rango meta sin que ello provoque una desaceleración significativa del crecimiento económico. 

Una auditoría deficiente e irresponsable

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de septiembre de 2025.] 

La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) es el proyecto de infraestructura más grande y rentable en la historia de la República Dominicana. Dicha obra ha sido auditada, financiera y técnicamente, por reconocidas firmas internacionales, cuyos reportes confirmaron la extraordinaria ejecución y relevancia de esa planta, que hoy sigue siendo la principal fuente de electricidad del país. 

La semana pasada, la Cámara de Cuentas (CC) presentó una nueva auditoría caracterizada por su deficiencia e irresponsabilidad. 

En su informe final, la CC indica que la auditoría sobre la CTPC, que abarca desde el inicio de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021, tuvo como objetivo determinar “el costo del activo y el costo financiero que significó para el Estado dominicano la construcción de la citada obra.” No obstante, en el propio documento admite que “hasta el 31 de diciembre de 2021, no fue posible aplicar procedimientos de auditoría, debido a que no fueron suministradas las informaciones financieras correspondientes al período desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, pese a ser requeridas formalmente [al Ministerio de Energía y Minas (MEM)] en reiteradas ocasiones.” 

Esa declaración evidencia que la auditoría solo alcanza hasta el 31 de diciembre de 2020. Aun así, la CC decidió mantener el mismo período de revisión, lo que en la práctica significa eximir de responsabilidad a la administración que dirigió la CTPC durante 2021. 

La omisión no es un asunto menor. A lo largo de ese año se cometieron graves y costosos errores operativos. El más notorio fue permitir que se agotara el carbón mineral de la planta, lo que obligó a reducir la generación eléctrica y a comprar el combustible de forma directa a un precio promedio de 240 dólares por tonelada métrica, en lugar de los 67 dólares (o menos) que habría costado mediante una licitación convocada en marzo de 2021, bajo la Ley 340-06. 

Resulta, por tanto, desconcertante que la CC sostenga que la auditoría se extiende hasta diciembre de 2021 sin haber examinado un solo documento de dicho año, precisamente cuando la negligencia de los nuevos responsables de la CTPC ocasionó pérdidas superiores a los 320 millones de dólares al pueblo dominicano.

En la primera parte de su informe, la Cámara de Cuentas señala que el costo para el Estado dominicano de la CTPC ascendió a la extraordinaria suma de 148 mil millones de pesos, equivalentes a 3,276.8 millones de dólares. Esa cifra contrasta con los 2,454 millones de dólares pagados al Consorcio Constructor entre 2013 y 2020, bajo el contrato EPC, por la construcción de las dos unidades de la CTPC. 

La diferencia entre ambos montos se explica porque los auditores de la CC incluyeron como parte del activo los gastos operativos y los costos financieros del citado período. Además de los impuestos exentos, sumaron al costo del activo el valor del terreno y el de la línea de transmisión, propiedad de la ETED. Dentro de los gastos operativos registraron las compras de carbón, cal, gasoil, energía eléctrica y repuestos, entre otros. Asimismo, adicionaron las retribuciones del personal (salarios y honorarios), seguros, transporte, supervisión de obras, asesorías (legales, financieras y técnicas) y auditorías medioambientales realizadas hasta diciembre de 2020.

Dado que la CC incluyó esos gastos, resulta imprescindible, para determinar el costo neto, considerar todos los ingresos operativos obtenidos por la CTPC desde su primera sincronización en febrero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020. El monto de los ingresos, validados por facturas emitidas a Edenorte, Edesur y Edeeste, ascendió a 496 millones de dólares. No obstante, pese a disponer de ese dato, la Cámara de Cuentas solo reconoció inexplicablemente ingresos hasta abril de 2020 por un total de 182.2 millones de dólares, omitiendo así 313.8 millones de dólares. 

Por otro lado, si el propósito de la CC era calcular el costo neto total para el Estado, debió haber deducido el beneficio que le generó la CTPC por la compra de electricidad a un menor costo. En efecto, la diferencia entre el precio del mercado spot y el de venta de la CTPC a las EDE supuso un ahorro de 300.2 millones de dólares para las finanzas públicas entre el 27 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. 

Considerando todo lo expuesto, el costo neto total para el Estado asciende a 2,644.8 millones de dólares, suma que incluye 266 millones de dólares por concepto de gastos financieros. Como estos no forman parte del costo del activo, puede determinarse que el costo de la CTPC fue de 2,378.8 millones de dólares. Una cifra que, al descontar los 125 millones de dólares correspondientes al puerto y a las obras marítimas relacionas, se reduce a 2,253.8 millones de dólares. Dividido ese monto entre la capacidad instalada de 752 MW, se obtiene un costo de 3 millones de dólares por MW, un nivel competitivo frente al costo internacional de las generadoras de electricidad que utilizan carbón.

La segunda parte de la auditoría aborda aspectos legales de las contrataciones realizadas con suplidores de insumos y servicios. En su informe preliminar, la Cámara de Cuentas señaló algunas “no conformidades,” entre otras, sobre “contrataciones por exclusividad y proveedor único sin documentos que acrediten la condición”; “adjudicatarios sin Registro de Proveedores del Estado”; “expedientes sin garantías de seriedad de oferta o de fiel cumplimiento”; y “contrataciones con ausencia de certificaciones que demuestren el cumplimiento de las obligaciones fiscales y seguridad social.”

Para cada una de esas “no conformidades,” los funcionarios de la gestión auditada enviaron a la CC aclaraciones e informaciones precisas. En muchos casos se anexaron copias de informes periciales, garantías de seriedad de oferta y otros documentos disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). Asimismo, se indicó que durante el período 2013-2020 se registró, archivó y entregó (el 18 de agosto de 2020) toda la documentación de soporte de la construcción de la CTPC a las nuevas autoridades y que, por tanto, la CC debía solicitar a los actuales incumbentes del MEM y de la CTPC, depositarios y responsables de los archivos, la entrega del resto de los documentos, con lo cual se confirmaría el cumplimiento con la normativa legal vigente en ese momento. 

De haberse gestionado y verificado adecuadamente la documentación, el informe de la CC habría arrojado resultados bien distintos. Sin embargo, de forma irresponsable, en lugar de asumir sus obligaciones y señalar que las autoridades actuales incumplieron las suyas al no haber entregado la documentación solicitada, la CC se despacha con un informe legal donde indica que existen “hallazgos que evidencian indicios de responsabilidad por acción u omisión de los principales funcionarios auditados.” Una conclusión errónea e inaceptable, con un hedor político repugnante. 

El oro brilla más fuerte

[Comentario Noti 4 de septiembre de 2025] 

El ataque de Donald Trump a la Reserva Federal ha debilitado el dólar y ha hecho que el brillo del oro sea más intenso. Dicho resultado beneficia a los países exportadores de ese metal, como lo es la República Dominicana.  

Los mercados han reaccionado, en ocasiones, en contra de las acciones de Trump. Y no es para menos, ya que primero intentó destituir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Luego despidió a Lisa Cook, quien pertenece a la Junta de Gobernadores de dicho banco central, argumentando que había cometido un delito. Esas acciones impactan negativamente sobre la credibilidad del banco central más importante del mundo. 

Frente a la incertidumbre generada por el presidente de Estados Unidos, los inversionistas han aumentado su posición larga en oro. De esa manera, protegen el valor de su portafolio ante lo que pudiese ser la pérdida de valor del dólar, moneda que se ha depreciado un 6.6% respecto a una canasta de monedas de países de economía avanzada. 

El precio de la onza troy de oro cerró hoy alrededor de los 3,602 dólares, después de haber superado recientemente los 3,635 dólares. El precio actual del oro es un 53% superior al promedio registrado el año pasado. Dado el volumen de 600 mil onzas troy que exporta al año la Barrick Gold desde tierras dominicanas, si el precio del oro se mantuviese por doce meses se obtendrían ingresos por exportaciones superiores a los 2,160 millones de dólares. Ese resultado mejorará el saldo de las cuentas externas y fiscales del país. 

Lo anterior es de las pocas cosas positivas que se desprenden de la incertidumbre provocada por la Casa Blanca. 

Jugando con candela monetaria

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 1 de septiembre de 2025.] 

La Reserva Federal es el banco central más poderoso e importante del mundo. Su política monetaria influye y condiciona la de otros bancos centrales, en especial, la que ejecutan países con economías pequeñas y abiertas como la dominicana. 

En la actualidad, la Reserva Federal se encuentra bajo el asedio de la Casa Blanca, que exige un recorte sustancial en la tasa de interés de política monetaria, situada en el rango del 4.25% al 4.5%. El presidente Donald Trump ha manifestado su propósito de que dicha tasa disminuya hasta aproximarse al 1.5%, con el argumento de que ello reduciría el costo de financiar el déficit público y estimularía el crecimiento económico. Para lograrlo, se ha propuesto tomar el control de la Reserva Federal. 

La primera ofensiva contra la independencia del banco central fue el intento de destituir a su presidente, Jerome Powell. En julio pasado, Trump le acusó de una deficiente gestión administrativa al haber gastado 3,100 millones de dólares en la remodelación de tres edificios de la Reserva Federal, cifra mucho mayor al presupuesto de 1,900 millones de dólares. Delante de las cámaras, Trump le entregó un documento con el detalle de esos sobrecostos, lo que llevó a Powell a responderle de inmediato que sus cálculos incluían el edificio Martin, construido cinco años atrás.

El 21 de julio, Ben Bernanke y Janet Yellen salieron en defensa de la Reserva Federal. Ambos dirigieron el banco central estadounidense y cuentan con una amplia experiencia como funcionarios públicos. El primero añade a su curriculum el premio Nobel de Economía, mientras que Yellen fue secretaria del Tesoro. 

De acuerdo con su experiencia y sus sólidos conocimientos académicos, los dos economistas advirtieron que el intento de comprometer la independencia de la Reserva Federal, en particular las presiones del presidente Trump para lograr “una reducción drástica de las tasas de interés y sus amenazas de reemplazar a Powell, puede provocar un daño económico profundo y duradero.”

Además, Bernanke y Yellen resaltaron algo que conocen y han padecido los dominicanos: “Cuando los bancos centrales se ven forzados a financiar los déficits gubernamentales -manteniendo tasas de interés excesivamente bajas- el resultado es inevitablemente una mayor inflación y un daño económico significativo.” 

Ambos expertos sostienen, de forma clara y categórica, que la politización del banco central, la pérdida de independencia y la merma de la credibilidad en la política monetaria se traducen en mayores tasas de interés de equilibrio. Ese efecto encarece el financiamiento tanto para el sector privado como para el gobierno, reduce la entrada de capitales externos y eleva el riesgo de caer en el peor escenario posible: un entorno de estancamiento económico y de inflación, conocido como estanflación, que genera pobreza y deterioro del bienestar social. 

Tras el intento fallido de destituir a Jerome Powell, Trump dirigió sus ataques contra Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal.  El 25 de agosto, publicó una carta en la que anunciaba su despido, por “causas justificadas.” Según el presidente, Cook cometió un delito al firmar dos solicitudes de préstamos hipotecarios en las cuales declaró que estarían destinados a la adquisición de su vivienda principal, una en Michigan y la otra en Georgia. Sin embargo, la gobernadora, lejos de dimitir, ha decidido defenderse en los tribunales y ha demandado a Trump. 

Numerosos abogados, inversionistas y académicos, entre ellos Paul Krugman, premio Nobel de Economía, consideran que esas medidas de Trump constituyen un paso importante hacia una Reserva Federal controlada por la voluntad de un líder fuerte, como ocurre en Turquía. En ese país, los errores de política monetaria, cometidos después de que el presidente Recep Erdogan declarase que las tasas de interés debían bajar porque constituían “la madre de todos los males,” han provocado una inflación que llegó a superar el 80%. 

En Estados Unidos, la tasa de inflación subyacente interanual a julio, medida por la variación del Índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), subió a un 2.9%. Dadas las expectativas de inflación a doce meses, la tasa de interés de referencia de un 1.5% que quiere Trump equivale a una tasa de interés real de un -1.4%, lo cual dificultaría que las autoridades monetarias logren la meta de inflación del 2%. 

Ese entorno macroeconómico equivale a jugar con candela monetaria. Las consecuencias sobre la tasa de inflación serían dramáticas, pues se crearían las condiciones para un aumento acelerado de los precios, impulsado además por el incremento en los costos arancelarios. Resultaría una sorpresa decepcionante que alguno de los economistas más sólidos que están al lado de Trump respaldase ese nivel de tasa de interés real. 

La reacción de los mercados financieros será determinante para la defensa de la independencia de la Reserva Federal. Si la cotización del dólar se desploma frente a otras monedas, si cae el precio de los títulos del Tesoro y si se reducen los precios de las acciones, los inversionistas estarían enviando una señal inequívoca de que prefieren un banco central independiente y no uno sometido como el de Turquía. 

Hasta el presente, no se han registrado en Estados Unidos cambios bruscos en el precio de esos instrumentos financieros, lo que puede interpretarse como un signo de que los inversionistas confían en que Trump no logrará tomar el control de las decisiones de política monetaria. De los siete gobernadores de la Reserva Federal, Trump ya cuenta con el respaldo de tres, y en mayo de 2026, con la salida de Powell, sumará un voto más. Sin embargo, conviene recordar que, aparte de los gobernadores, en el Comité de Operaciones de Mercado Abierto votan también cinco de los doce presidentes regionales de la Reserva Federal. En consecuencia, le resultará muy difícil a Trump imponer el recorte de tasas en la magnitud que pretende. A la fecha, el mercado prevé con una probabilidad de un 85% que, en la reunión de septiembre, la Reserva Federal realizará una reducción de solo 25 puntos básicos a la tasa de interés. Recortes de dichas tasas con magnitudes excesivas podrían desatar un fuego muy costoso.  

Banco Central mantiene inalterada su tasa de interés

[Escrito el 29 de agosto de 2025] 

En la reunión de política monetaria de agosto de 2025, el Banco Central decidió mantener inalterada su tasa de interés en un 5.75% anual. En su comunicado, las autoridades indican que en esa decisión se tomó en cuenta que la Reserva Federal continua con su política monetaria en territorio restrictivo y que persisten las perturbaciones arancelarias provocadas por Estados Unidos.  

Aun cuando se agradece a las autoridades monetarias esa información, hay de destacar que desde mediados de junio de 2023 se observa un aumento de la distancia entre la tasa de interés de política monetaria y las demás tasas de interés. 

En particular, la diferencia promedio entre la tasa de política y la tasa interbancaria, registrada entre enero de 2012 y mayo de 2023, pasó de 111 puntos básicos a una magnitud de 455 puntos básicos entre junio de 2023 y julio de 2025. Un comportamiento similar se observa al comparar la tasa de política con la tasa de interés pasiva. 

Ese resultado significa que la llamada tasa de interés de política ha dejado de ser la adecuada para enviar al mercado una señal clara de cuál es la postura monetaria, si restrictiva o expansiva. Es recomendable que el organismo emisor adopte las medidas necesarias para recuperar ese instrumento. 

Por otro lado, en el comunicado de política se redujo nuevamente la tasa de crecimiento proyectada del PIB para 2025 y se colocó alrededor de un 3%. Para alcanzar esa meta se tendría que registrar entre agosto y diciembre un crecimiento del Indicador Mensual de Actividad Económica de un 3.7%. Por eso pienso que lo más probable es que la tasa de crecimiento concluya más cerca del 2.5%.