[Escrito el 26 de octubre de 2021]
Los senadores de la República Dominicana no constituyen un imperio, pero
sí son parte de un poder del Estado que toma decisiones que pueden afectar a
todos los agentes económicos. De manera acelerada, aprobaron una propuesta de
ley que elimina de golpe y porrazo un conjunto de exenciones con el objetivo de
mejorar las recaudaciones del gobierno sin que sea necesario modificar el
sistema tributario.
Algunos piensan y afirman que la propuesta del Senado es la reacción ante el
ataque que sufre ese cuerpo legislativo en las redes sociales y medios de
comunicación por las exenciones que los benefician. Ante esa acción, y
basándose en la tercera Ley de Newton, los senadores reaccionaron mostrando la
lista completa de exenciones que explican la existencia de un gasto tributario estimado
en 285 mil millones de pesos para el año que viene, suma equivalente a 4.9% del
PIB.
La reducción del gasto tributario, que es el monto de recursos que deja
percibir el Estado por un tratamiento impositivo preferencial a algunos grupos
y actividades, permitiría mejorar la posición fiscal del gobierno, disminuyendo
así el déficit y la deuda pública. Los senadores justifican la eliminación de
las exenciones afirmando que, para lograr la estabilidad económica de la nación,
se requiere del esfuerzo colectivo de todos los actores de la vida económica y
social del país. Y añaden que se debe también “suprimir todas las exoneraciones
que perciben los funcionarios públicos,” resaltando las que benefician a los
miembros de la Carrera Judicial, Tribunal Constitucional, Suprema Corte de
Justicia, entre otros. Con esto quieren decir que ellos no están solos en el
bote de los que se benefician actualmente de las exenciones y del Estado.
El mensaje del Senado es claro y contundente. Junto a las exenciones que
les benefician se derogan también las que abarcan: al sector turismo; las
fuentes renovables de energía; al sector eléctrico; la deducción de los gastos
educativos; la importación de vehículos de energía no convencional; la Carrera
Judicial; la industria textil; las sucesiones y donaciones; la industria del
cine; la competitividad e innovación industrial; las asociaciones sin fines de
lucro; al sector eléctrico; entre otros.
Mi recomendación a la Cámara de Diputados, que deberá estudiar y aprobar
ese proyecto de ley presentado por el Senado, es que realice un análisis
costo/beneficio de cada una de esas exenciones y determine si alguna de ellas
debe permanecer y hasta cuándo. Con esto se evitaría que la eliminación de las
exenciones de manera irreflexiva y reactiva deteriore el empleo, la generación
de divisas y el bienestar de la gente.
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