Cuidado con lo monetario

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 30 de marzo de 2026.]

 La evidencia empírica muestra que un choque de oferta negativo, como un encarecimiento abrupto del petróleo, puede derivar en una recesión o en una estanflación. La probabilidad de uno u otro desenlace depende, en gran medida, de la respuesta de la política monetaria. Por ello, en la coyuntura actual, los bancos centrales deben actuar con extrema cautela: un paso en falso podría amplificar el daño en lugar de contenerlo.

El aumento sostenido de los precios de los combustibles provocado por la guerra en Irán sitúa a los bancos centrales ante un escenario complejo: al mismo tiempo que se empuja la inflación al alza se deprime el producto interno bruto (PIB). Una flexibilización de la política monetaria serviría para amortiguar el impacto sobre el empleo y la producción, pero intensificaría las presiones inflacionarias. Por el contrario, un endurecimiento monetario ayudaría a contener los precios, aunque a costa de frenar la recuperación económica. Esa disyuntiva revela que la política óptima depende tanto de las condiciones iniciales de la economía como del estado de las expectativas de inflación.

Ben Bernanke, premio Nobel de Economía y expresidente de la Reserva Federal (Fed), sostiene que, si las expectativas de inflación están bien ancladas y el choque de oferta es transitorio, el banco central puede “mirar a través” de ese episodio y no mover las tasas de interés, ya que el repunte de los precios se corregirá por sí solo. Por otro lado, la experiencia de 1973 ofrece un ejemplo contundente de lo que ocurre cuando la política monetaria se gestiona mal, ya que una recesión derivó en una estanflación. La subordinación a objetivos políticos de corto plazo llevó a la Fed a aplicar una política monetaria demasiado laxa en un período en el que las expectativas de inflación perdían su anclaje, lo que desencadenó un proceso inflacionario persistente y costoso para los consumidores. La lección es clara: cuando las expectativas empiezan a subir, la política monetaria debe volverse más restrictiva para preservar el anclaje y evitar que la inflación se consolide. 

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), abordó ese dilema el pasado 25 de marzo en la conferencia “The ECB and its Watchers,” en la que expuso la respuesta de la institución ante el conflicto bélico en Oriente Medio. Lagarde remarcó que, en un entorno de elevada incertidumbre, el BCE evaluará la naturaleza, magnitud y persistencia del choque antes de tomar decisiones. Ese enfoque permite calibrar respuestas óptimas que van desde “mirar a través” de perturbaciones pequeñas y transitorias hasta actuar de manera contundente y restrictiva cuando la desviación respecto al objetivo del 2% sea amplia y duradera. 

La máxima autoridad del BCE dejó claro que dicho organismo está dispuesto a incrementar, de forma ágil y sin demoras, la tasa de interés de referencia para evitar un aumento sostenido de la inflación. Subrayó que las empresas tienen mayor probabilidad de subir los precios en el momento en que la demanda es fuerte, mientras que los trabajadores suelen exigir aumentos salariales cuando la tasa de desocupación es baja, lo que eleva el riesgo de presiones inflacionarias de segunda vuelta. En tales circunstancias, resulta necesario incrementar la tasa de interés para moderar la demanda agregada y restar impulso a las variaciones de precios, antes de que estas deriven en una pérdida del anclaje de las expectativas de inflación. 

Por su parte, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, reconoció el 18 de marzo que la inflación en Estados Unidos sigue elevada y que, aun cuando la creación de empleo mostraba señales de debilitamiento, el Comité decidió mantener inalterada y en territorio neutral la tasa de interés de referencia. Advirtió que la guerra en Medio Oriente añade incertidumbre y que la Fed vigilará de cerca tanto los riesgos inflacionarios como los de desaceleración económica. Entre los indicadores clave destacan las expectativas de inflación, que han aumentado como reacción al encarecimiento de los combustibles. A diferencia de las proyecciones previas a la guerra, el mercado anticipa ahora que, en el mejor de los casos, la tasa de política monetaria permanecerá hasta octubre de 2027 dentro del rango que va del 3.5% al 3.75%.

En la República Dominicana, el Banco Central tiene que mantener también sin cambios su tasa de interés de referencia. Al mismo tiempo, debe comunicar con claridad que está dispuesto a adoptar una postura más restrictiva si fuera necesario para asegurar que las expectativas de inflación permanezcan firmemente ancladas. 

Asimismo, conviene evitar el zigzagueo de la política monetaria que ha predominado desde mayo de 2023. Esa estrategia, inconsistente y alejada del esquema de metas de inflación, ha generado una mayor volatilidad en el tipo de cambio, en las tasas de interés y en los agregados monetarios. La inyección masiva de liquidez, mediante facilidades rápidas a tasas de interés subsidiadas, no ha logrado estimular de manera sostenida el crecimiento económico. Ello sugiere que muchos receptores de esos fondos los han utilizado para obtener beneficios con operaciones de arbitraje. 

En la coyuntura actual, marcada por un choque de oferta negativo cuyo carácter -transitorio o persistente- aún se desconoce, recurrir de nuevo a liquidez no convencional podría aumentar la incertidumbre, elevar la inflación y debilitar el anclaje de las expectativas, abriendo espacio para presiones de segunda vuelta. En ese contexto, la política monetaria debe evitar cualquier señal que pueda interpretarse como acomodaticia ante la inflación o como un giro que genere dudas sobre la consistencia del marco de metas.

Lo razonable es actuar con extremo cuidado en el frente monetario y fortalecer la credibilidad del Banco Central a través de la implementación estricta del esquema de metas de inflación. La estabilidad de precios no se preserva con intervenciones improvisadas que contradicen el objetivo fundamental del régimen monetario, sino con decisiones predecibles y transparentes. Solo así la institución podrá desempeñar su papel esencial: servir de ancla de estabilidad en tiempos turbulentos, un referente de confianza para hogares y empresas, y no un factor adicional de riesgo que incremente la probabilidad de un deterioro macroeconómico. En momentos de incertidumbre global, la credibilidad del Banco Central es, más que nunca, un activo que debe protegerse con firmeza.

De nuevo la inflación importada

[Escrito el 27 de marzo de 2026] 

La inflación importada vuelve al centro del debate económico. El reciente repunte del precio del crudo —impulsado por tensiones geopolíticas y restricciones de oferta— eleva los costos de transporte, electricidad y producción industrial. A esto se suma el encarecimiento de fertilizantes, un mercado concentrado en pocos productores y altamente sensible a los precios del gas natural. Analistas de mercado advierten que esta combinación genera un "doble choque" para los países dependientes de insumos importados.

El efecto se puede amplificar a través de los precios de los alimentos. El incremento del costo de los fertilizantes podría elevar el precio de insumos como el maíz, trigo y sorgo y presionar tanto la canasta básica como los costos agropecuarios, transmitiendo aumentos con rapidez hacia los precios finales. Para economías abiertas y con alta dependencia de importaciones, el fenómeno es particularmente difícil de gestionar: su origen es externo, pero su impacto recae directamente sobre los hogares.

Para economías como la dominicana, la respuesta exige combinar prudencia fiscal, reducción de gastos superfluos y ejecutar políticas focalizadas que protejan a los hogares más vulnerables. La inflación importada no es un problema provocado por la política nacional, pero puede contenerse con instituciones ágiles y decisiones a tiempo.

Medidas contra el choque petrolero

[Escrito el 23 de marzo de 2026]

El presidente Luis Abinader abordó de forma correcta la forma en que se debe enfrentar el choque petrolero que afecta al mundo provocado por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. 

Los países importadores netos de combustibles, como la República Dominicana, son los más vulnerables frente al aumento de precios y la menor disponibilidad de combustibles en los mercados internacionales, lo que eleva el riesgo de caer en una estanflación, que es un fenómeno caracterizado por la coexistencia de estancamiento económico e inflación. 

Para evitar ese terrible escenario económico hay que adoptar medidas, que como bien afirmó el presidente Abinader, implican sacrificios en el presente, pero evitan mayores costos en el futuro. 

Las consecuencias del racionamiento ya han comenzado a sentirse en los países asiáticos de ingreso medio que se abastecen en gran medida del crudo proveniente del Golfo Pérsico. Teletrabajo, educación virtual y cierre temporal de actividades productivas son algunas de las medidas adoptadas por algunos países para enfrentar la crisis. 

El ajuste de los precios de los combustibles en el mercado interno y la focalización de los subsidios a los segmentos de población más vulnerable es indispensable para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y mantener la estabilidad macroeconómica. Los diez mil millones de pesos anunciados por el presidente Abinader como disponibles para enfrentar esta crisis deben entregarse a los hogares pobres. Ello implica la eliminación del subsidio generalizado actual, que beneficia principalmente a los más ricos. 

Mercados adelantados

[Escrito el 26 de marzo de 2026]

Hay momentos en los mercados que revelan comportamientos adelantados. El episodio ocurrido el lunes 23 de marzo minutos antes del mensaje de Donald Trump sobre supuestas “conversaciones productivas” con Irán es uno de ellos. Según datos del Financial Times, unos 6.200 contratos de Brent y WTI —equivalentes a 580 millones de dólares— se negociaron en apenas un minuto, justo quince minutos antes de que el presidente publicara su anuncio. La coincidencia temporal plantea una pregunta incómoda: ¿quién mueve posiciones de ese tamaño cuando no hay datos, eventos ni catalizadores visibles?

La reacción posterior al mensaje de Trump fue la esperada: el precio del crudo cayó con fuerza, al pasar de 98 a 86 dólares y los índices bursátiles repuntaron. Pero la narrativa duró poco. Horas después, el presidente del Parlamento iraní negó categóricamente cualquier negociación con Washington y acusó a Estados Unidos de difundir “fake news” para manipular los mercados. La corrección a las declaraciones iraníes fue inmediata: las bolsas retrocedieron y el petróleo recuperó parte del terreno perdido.

Al día siguiente, el 24 de marzo, el crudo volvió a oscilar y cerró en 88.39 dólares por barril. Y este repunte tiene un efecto claro: quienes vendieron a corto durante la caída anterior y cerraron rápido sus posiciones obtuvieron beneficios considerables; quienes se quedaron abiertos enfrentan posibles pérdidas en la medida en que suba el precio del crudo. 

Lo inquietante no es solo la oscilación de precios, sino la sensación de que algunos operadores parecen jugar con ventaja. Varios gestores llevan meses observando movimientos significativos ejecutados justo antes de anuncios oficiales. No es una acusación, pero sí un síntoma. Y cuando el mercado empieza a detectar patrones, la confianza —ese activo invisible que sostiene todo el sistema— se erosiona.

Quizá el verdadero riesgo no sea la volatilidad del petróleo, sino la opacidad que le acompaña. 

El fantasma de la estanflación

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 23 de marzo de 2026.] 

La guerra en Medio Oriente entró el miércoles pasado en una fase mucho más peligrosa. Israel e Irán agravaron el conflicto atacando infraestructuras energéticas cuya vulnerabilidad amenaza con desencadenar un choque petrolero de proporciones históricas. Israel bombardeó South Pars, el mayor yacimiento de gas del planeta. A su vez, Irán respondió con ataques directos contra el complejo gasífero Ras Laffan, en Catar. 

El presidente Trump negó que Estados Unidos tuviera conocimiento previo del ataque israelí y afirmó que este país cesará su ofensiva contra instalaciones iraníes de gas y crudo. Al mismo tiempo, advirtió a Irán que, si vuelve a bombardear las infraestructuras de Catar, el ejército estadounidense volará sus yacimientos de gas. Incluso amenazó con destruir las plantas eléctricas de Irán si no abría el estrecho de Ormuz. 

El riesgo de esta nueva fase es evidente: una reducción sustancial de la capacidad de oferta obligaría a un ajuste forzoso de la demanda durante dos o tres años, el tiempo mínimo necesario para reconstruir instalaciones dañadas en un conflicto de alta intensidad.

Antes de la guerra, el crudo se cotizaba en torno a los 67 dólares por barril, un nivel relativamente estable. Una pérdida del 10% de la capacidad global de producción, combinada con una elasticidad precio de la demanda cercana a -0.10, implicaría un aumento del precio del petróleo del 100%. En términos prácticos, el barril podría duplicar su valor hasta los 134 dólares. Si la destrucción de capacidad fuese mayor o la reacción de la demanda más rígida, el impacto resultaría más abrupto, con consecuencias demoledoras para la estabilidad macroeconómica. En un escenario de reducción de un 20% de la oferta disponible de crudo, su precio se situaría en el entorno de los 200 dólares. 

En Estados Unidos, las disrupciones del flujo de petróleo durante la década de 1970 provocaron en dos ocasiones el fenómeno conocido como estanflación, caracterizado por la coexistencia de estancamiento económico e inflación. El embargo petrolero impuesto por la OPEP en 1973, como reacción al apoyo de la Casa Blanca a Israel durante la guerra de Yom Kipur, triplicó el precio internacional del crudo. Como consecuencia, la tasa de desocupación alcanzó un 9% y la inflación un 12% en 1974. La revolución iraní de 1979 provocó una fuerte caída en la producción petrolera de esa nación, lo que incrementó el precio del crudo a más del doble. El resultado en Estados Unidos fue una caída de la actividad económica acompañada de una inflación de un 14% a mediados de 1980. 

En junio de 2008, el precio del crudo subió hasta un nivel equivalente a 209 dólares de 2026, muy por encima del precio de 1974 (71 dólares de 2026) y de mayo de 1980 (158 dólares de 2026); sin embargo, no se registró una estanflación, sino solo una recesión. La mayor credibilidad de la Reserva Federal, la aplicación de una política monetaria consistente con el anclaje de las expectativas, salarios reales más flexibles y una menor dependencia del petróleo en términos del producto interno bruto (PIB), explican por qué no se repitió en Estados Unidos un aumento de precios como el observado en los años setenta, década marcada por una intensa politización de la Fed. En la actualidad, Estados Unidos es un exportador neto de combustibles y cuenta con un banco central de probada fortaleza institucional, factores que reducen la probabilidad de una estanflación. 

Los países importadores netos de combustibles, como la República Dominicana, son los más vulnerables frente al aumento de precios y la menor disponibilidad de combustibles en los mercados internacionales, lo que eleva el riesgo de caer en una estanflación. Las consecuencias del racionamiento ya han comenzado a sentirse en los países asiáticos de ingreso medio que se abastecen en gran medida del crudo proveniente del Golfo Pérsico. 

La República Dominicana se encuentra entre los países con mayor exposición a un choque petrolero. Las importaciones de hidrocarburos representan alrededor de un 3.8% del PIB, un porcentaje que podría subir significativamente, como lo hizo entre 2011 y 2013, cuando alcanzó en promedio un 7.6% del PIB, en un contexto en el que el precio del crudo WTI superó los 95 dólares. Para ese entonces, el financiamiento derivado del acuerdo de Petrocaribe y las exportaciones de oro amortiguaron el impacto sobre la estabilidad macroeconómica. En 2022, el precio del WTI volvió a colocarse alrededor de los 95 dólares por barril y las importaciones de hidrocarburos alcanzaron un 5.4% del PIB. Ese año el subsidio semanal promedió 745 millones de pesos y registró un máximo de 1,800 millones de pesos entre el 11 y el 17 de junio. 

Si en 2026 el precio promedio del WTI se coloca entre los 100 y los 150 dólares y se asume una elasticidad precio de -0.1 combinada con un aumento proporcional de los precios en el mercado interno, las importaciones se colocarían entre un 5.2% y un 7.2% del PIB. Ese resultado implica que el incremento de los precios de los combustibles tendría un impacto negativo sobre las cuentas externas y fiscales, lo que obligaría a elevar la deuda pública y a utilizar parte de las reservas internacionales para amortiguar el nuevo choque de oferta.   

Dada la restricción internacional que impone la postura de la Reserva Federal, el Banco Central de la República Dominicana no podría aplicar una política monetaria expansiva para amortiguar el efecto recesivo del encarecimiento de los combustibles. Por el contrario, para asegurar el anclaje de las expectativas de inflación y minimizar variaciones de precios de segunda vuelta es recomendable que en la reunión de política monetaria de finales de este mes se mantenga la tasa de interés en el 5.25%. Asimismo, el comunicado de política debería enfatizar que las autoridades darán un seguimiento estricto a la inflación importada, en particular si el gobierno decide ajustar los precios internos de los combustibles. De este modo, se enviaría una señal al mercado de que el Banco Central está preparado para subir la tasa de interés de referencia en caso de que fuese necesario para preservar la estabilidad macroeconómica y exorcizar el fantasma de la estanflación.

Banco Central mantendrá su tasa de interés

[Escrito el 20 de marzo de 2026] 

El conflicto en Medio Oriente presiona al alza los precios internacionales de los combustibles y, con ello, eleva la inflación global. Ese entorno obliga a los bancos centrales a actuar con extrema cautela y tiendan a inclinarse hacia posturas monetarias más restrictivas.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, anunció el miércoles 18 de marzo que la tasa de interés de referencia se mantendrá en el rango del 3.5% al 3.75%. La decisión adquiere una gran relevancia porque el mercado laboral estadounidense se encuentra en un proceso de enfriamiento, que se manifiesta en el deterioro del ritmo de creación de empleo y en el incremento del desempleo. Aun así, la Fed prefiere esperar antes de flexibilizar. 

Cuando los nuevos pronósticos de inflación incorporen el impacto de los mayores precios de los combustibles, que podría ser considerable si el conflicto afecta infraestructura energética, es probable que la Reserva Federal adopte una postura más dura. Así las cosas, el mercado podría proyectar un aumento de tasas antes de fin de año para contener la inflación, incluso a costa de un menor crecimiento económico.

En la reunión de política monetaria de finales de este mes, el Banco Central de la República Dominicana mantendrá la tasa de interés en el 5.25%, pero esto no será suficiente para el mercado. Lo recomendable es que en el comunicado de política afirme que las autoridades le darán seguimiento estricto a la inflación importada, en particular si el gobierno decide ajustar los precios internos de los combustibles, y que se han preparado para subir la tasa de interés en caso de que fuese necesario para preservar la estabilidad macroeconómica. 

Camino expedito hacia la perdición

[Escrito el 19 de marzo de 2026] 

La guerra en Medio Oriente entró el miércoles en una fase mucho más peligrosa. Israel e Irán ampliaron el conflicto mediante el ataque de infraestructuras críticas cuya vulnerabilidad amenaza con desencadenar un shock petrolero de proporciones históricas. 

Israel atacó South Pars, el mayor yacimiento de gas del planeta. Irán respondió con ataques directos contra el centro gasífero Ras Laffan de Catar. 

El presidente Trump negó que Estados Unidos supiera con anticipación sobre el ataque a South Pars e indicó que Israel no seguirá su ataque contra instalaciones de gas y crudo iraní. Asimismo, advirtió a Irán que, si vuelve a bombardear a Catar, su ejército volará masivamente todo el yacimiento de gas de Irán.

El riesgo de esta nueva fase es evidente: una reducción sustancial de la capacidad de oferta obligaría a un ajuste forzoso de la demanda durante dos o tres años, el tiempo mínimo necesario para reconstruir instalaciones dañadas en un conflicto de alta intensidad.

Antes de la guerra, el crudo se cotizaba en torno a los 67 dólares por barril, un nivel relativamente estable. Una pérdida del 10% de la capacidad global de producción, combinada con una elasticidad-precio de la demanda cercana a 0.10, implicaría un aumento del precio del petróleo del orden del 100%. En términos prácticos, el barril podría duplicar su valor hasta los 134 dólares, pero si la destrucción de capacidad fuese mayor o la reacción de la demanda más rígida, el impacto sería aún más abrupto, con consecuencias demoledoras para la estabilidad macroeconómica mundial.

Apocalipsis petrolero

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 16 de marzo de 2026.]

Peor que un incremento del precio del petróleo es un escenario de escasez provocado por la destrucción de capacidad productiva. El encarecimiento del crudo eleva los costos de bienes y servicios, alimenta la inflación y, en consecuencia, erosiona el poder adquisitivo de los hogares. Cuando, además, se deteriora la infraestructura de combustibles, el impacto se amplifica y resulta mucho más severo: la producción se paraliza, las cadenas de suministro se interrumpen y la economía se adentra en una fase recesiva.

Hasta ahora, la guerra en Medio Oriente solo ha generado un desequilibrio transitorio entre la oferta y la demanda de combustibles. El cierre del estrecho de Ormuz, ruta por la que circula cerca del 20% de la demanda mundial de crudo, ha empujado el precio del petróleo hacia el entorno de los 100 dólares por barril. 

En respuesta al aumento de los precios, se han planteado varias medidas para aumentar la oferta. Entre ellas, destaca la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas de los países del G‑7. También se ha debatido la conveniencia de flexibilizar las sanciones impuestas a Rusia desde 2022. La primera iniciativa —equivalente a unos cuatro días de demanda global o a veinte del volumen que atraviesa a diario el estrecho de Ormuz— podría contribuir a estabilizar los precios si se anticipa una resolución rápida del conflicto. La segunda ofrece un alivio limitado: Rusia ha seguido vendiendo su crudo a China y a la India con importantes descuentos, mediante una flota de buques que opera fuera del radar regulatorio.

Aun cuando las hostilidades concluyeran pronto, la guerra en Medio Oriente podría dejar secuelas de mediano plazo en el mercado de combustibles. Tras el ataque estadounidense a la isla de Kharg —por donde Irán canaliza cerca del 90% de sus exportaciones de crudo— las autoridades iraníes han advertido que responderán contra instalaciones vinculadas a intereses petroleros de Estados Unidos en la región. La proximidad de Irán a varios productores clave del Golfo —Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, entre otros— implica que cualquier escalada bélica regional incrementa el riesgo sobre infraestructuras energéticas cruciales para la oferta mundial.

En un escenario de desabastecimiento provocado por la destrucción de capacidad productiva, los países no solo pagarían más por cada barril de crudo, también competirían por asegurarlo, acumularían inventarios y reconfigurarían alianzas. El shock de oferta deja de ser exclusivamente económico para adquirir dimensiones políticas, logísticas y militares. Esa combinación —escasez física acompañada de tensiones geoestratégicas— convierte el desabastecimiento en un riesgo mucho más inquietante que un simple aumento de precios.

La presión de la demanda y unos precios que podrían superar los 150 dólares por barril llevarían a muchas empresas a declarar fuerza mayor, cancelar contratos y asumir penalidades antes que cumplir compromisos de suministro pactados a precios más bajos. En ese contexto, los exportadores netos de combustibles —como Estados Unidos— aprovecharían la escasez y los precios elevados para obtener beneficios extraordinarios.

Los países más expuestos a una escasez de combustibles serían los asiáticos: China, India, Japón y Corea del Sur dependen en gran medida del petróleo procedente del Golfo Pérsico. Europa también importa crudo de esa región, aunque en menor proporción. Esa vulnerabilidad llevó a Donald Trump a solicitar a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido el envío de buques de guerra para contribuir a la reapertura del estrecho de Ormuz. Londres ya rechazó desplegar un portaaviones, mientras que los demás países no han ofrecido una respuesta pública a la petición.

Tal como se anticipó en el artículo “Fuerza Mayor”, publicado en esta columna la semana pasada, el encarecimiento de los combustibles elevó en la República Dominicana el subsidio por encima de los mil millones de pesos. El Ministerio de Industria y Comercio informó el viernes que el subsidio ascendió a 1,190 millones de pesos, pese a que las gasolinas y el gasoil aumentaron 5 pesos por galón. Se trata de un nivel que presiona las finanzas públicas, ya que el presupuesto del Gobierno no contempla recursos suficientes para sostener un subsidio de esa magnitud durante más de dos meses.

La historia dominicana presenta episodios en los que ha sido posible amortiguar el impacto del alza del precio del petróleo. En los años setenta, el fuerte incremento del precio del azúcar en los mercados internacionales evitó que el shock petrolero de 1973 derivara en una recesión. Más tarde, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, el país contó con el acuerdo de Petrocaribe, que permitió financiar entre 2005 y 2014 —a una tasa de un 1% y a 25 años— importaciones de combustibles provenientes de Venezuela por más de cuatro mil millones de dólares. En la situación actual, el aumento del precio del oro no basta para compensar el encarecimiento del crudo, ni existen condiciones regionales para establecer un mecanismo de financiamiento similar al que ofreció Petrocaribe. 

Por otra parte, la economía dominicana ha registrado también episodios de escasez de combustibles. El aumento del precio del petróleo en el segundo semestre de 1990, combinado con controles de precios aplicados por el Gobierno, provocó un desabastecimiento en el mercado local. Ese episodio contribuyó a una caída del 5% del producto interno bruto (PIB) y a una inflación del 80% en ese año. La evidencia confirma que el impacto estanflacionario de un shock petrolero es mucho más grave cuando los precios elevados coinciden con una menor disponibilidad de productos.

A la mayoría de países le conviene que la guerra concluya cuanto antes, en especial a los que están directamente involucrados. Todos los conflictos terminan en algún momento; la decisión racional y óptima es llegar a un acuerdo antes de que se destruya la capacidad productiva que abastece el 20% del crudo mundial. Si esa infraestructura crítica queda fuera de servicio, el problema dejará de ser un alza de precios transitoria para convertirse en una dislocación del sistema energético global: un shock que paralizaría la producción, alteraría rutas comerciales, deterioraría las finanzas públicas y desestabilizaría economías enteras. Evitar que el conflicto cruce ese umbral es la única forma de impedir que una tensión regional desemboque en un auténtico apocalipsis petrolero.

Un estrecho muy costoso

[Escrito el 13 de marzo de 2026] 

La imposibilidad de cruzar el estrecho de Ormuz se ha convertido en el detonante principal del aumento explosivo en los precios del petróleo y sus derivados. La decisión de Irán de colocar minas marítimas y atacar los tanqueros que intentan atravesar ese angosto corredor ha paralizado cerca del 20% del flujo mundial de crudo, empujando su precio hacia los 100 dólares por barril.

Las nuevas autoridades iraníes han dejado claro que el conflicto no terminará pronto. Lo han demostrado con bombardeos recientes a embarcaciones, una señal inequívoca de que la afirmación de Trump sobre la brevedad de la guerra carece de sustento. Todo indica que el enfrentamiento entre Israel, Estados Unidos e Irán será más prolongado de lo previsto, y el mercado ya comienza a internalizar ese escenario.

Ante esta situación, la liberación de 400 millones de barriles de las reservas estratégicas equivale apenas a cuatro días de la demanda global. O, visto desde otra perspectiva, a veinte días del flujo de 20 millones de barriles que normalmente transitan a diario por el estrecho de Ormuz. Esto revela que el impacto de esa medida sobre los precios será limitado y efímero. Además, es probable que existan restricciones logísticas en la capacidad de despacho diario de esas reservas, lo que reduce aún más su capacidad para compensar la caída actual en la oferta disponible.

Frente al enorme costo económico que ha generado el control iraní del estrecho —y que podría dispararse aún más si el barril supera los 150 dólares— la alternativa más sensata sería la construcción de un oleoducto que permita transportar el crudo desde un punto geográfico fuera del de esa zona estratégica. 

Fuerza mayor

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 9 de marzo de 2026.] 

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada el 28 de febrero, ha reconfigurado de manera abrupta el panorama económico internacional. La magnitud de sus consecuencias dependerá de la duración del conflicto. En términos económicos, se trata de un choque de oferta negativo, uno de los más relevantes desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que reduce la capacidad productiva mundial, encarece la energía y eleva la inflación. Para economías abiertas y dependientes de combustibles e insumos importados, como la República Dominicana, el impacto podría ser muy negativo.

El Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial y alrededor del 30% del gas natural licuado, se ha convertido de nuevo en un punto crítico de vulnerabilidad. Tras los ataques y contraataques de las naciones involucradas en la guerra, el tráfico marítimo se redujo drásticamente: decenas de buques petroleros y gaseros han sido desviados o permanecen anclados fuera del estrecho ante el aumento del riesgo militar y el encarecimiento de las primas del seguro marítimo. La situación se agravó con los bombardeos iraníes contra instalaciones de combustibles en Arabia Saudita y Catar, lo que obligó al ministro de Energía catarí a declarar fuerza mayor y a suspender las operaciones productivas.  

La reacción de los mercados internacionales fue inmediata. En pocos días, el precio del crudo WTI subió de 67 a 91 dólares por barril, su nivel más alto desde 2023, impulsado por el temor a interrupciones prolongadas en el suministro. El gas natural en Europa también registró incrementos significativos, superiores al 67%, lo cual evidencia la sensibilidad del mercado ante cualquier amenaza al suministro de Catar, uno de los mayores exportadores del mundo.

El encarecimiento del petróleo y de los combustibles blancos ha reavivado las presiones inflacionarias por el lado de la oferta justo cuando algunas economías avanzadas se preparaban para iniciar ciclos de recortes de tasas de interés. Los elevados precios de los combustibles se traducirán en costos más elevados de la electricidad, de los transportes —marítimos, aéreos y terrestres— y de otros insumos clave para la producción de alimentos, como los fertilizantes. Este conjunto de factores aumenta el riesgo de estanflación: período de estancamiento económico acompañado de inflación elevada.

Por otra parte, entre el 27 de febrero y el 6 de marzo, los índices bursátiles internacionales retrocedieron por la posibilidad de que la guerra en el Golfo Pérsico provoque una contracción del flujo de efectivo. A pesar de que Estados Unidos es un exportador neto de combustibles, el Dow Jones cayó un 3%, el S&P 500 un 2% y el Nasdaq perdió un 1.2%. A Europa le fue peor: el DAX alemán retrocedió un 6.7%, el FTSE 100 británico un 6.1% y el IBEX 35 español un 7%. 

Ante el temor al repunte inflacionario y la volatilidad financiera, el mercado prevé que la Reserva Federal (Fed) adopte una postura cautelosa y un entorno monetario más restrictivo de lo previsto. Hace unos días se proyectaba que la Fed recortaría la tasa de interés de referencia en dos ocasiones —de 25 puntos básicos cada una— entre junio y diciembre; sin embargo, tras el estallido del conflicto, lo más probable es que se apruebe un único recorte de 25 puntos básicos a partir de septiembre. 

En el caso del Banco Central Europeo (BCE), se esperaba para este año una reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés de referencia. No obstante, los contratos de swaps anticipan ahora un incremento de 25 puntos básicos. Al mismo tiempo, ante la volatilidad energética, los tenedores de bonos soberanos y corporativos decidieron recortar las posiciones de los títulos que mantienen en sus portafolios, lo que redujo su precio y aumentó la correspondiente tasa de rendimiento durante la que se ha calificado como la peor semana para el índice global agregado de bonos desde octubre de 2024. 

La República Dominicana, importadora neta de combustibles, también sufrirá los efectos de la guerra en el Medio Oriente. Se puede afirmar que, por cada dólar adicional en el precio del barril de crudo, la factura petrolera anual del país se incrementa en unos 50 millones de dólares. La variación sería mayor si los precios de los combustibles blancos y del Gas Natural aumentasen a un ritmo más acelerado que el del petróleo en los mercados internacionales. Con el barril del WTI por encima de los 91 dólares, el impacto sobre la balanza de pagos y la demanda de divisas es inmediato. 

El pasado viernes, el Ministerio de Industria y Comercio anunció que el subsidio a los combustibles subió a los 545 millones de pesos, cifra que supera en 357 millones el monto asignado en la semana anterior. Si los precios internacionales del petróleo y sus derivados se mantienen elevados y el peso pierde valor frente al dólar, el subsidio podría volver a niveles similares a los de mediados de 2022, cuando superó los mil millones de pesos semanales. En el presupuesto actual, elaborado con un precio del petróleo inferior a 48 dólares por barril, no hay recursos suficientes para enfrentar ese monto de subsidios. 

El aumento de precios de los derivados del petróleo y del gas natural utilizados en la generación eléctrica deteriorará también las finanzas de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE). La situación creará un mayor estrés sobre el saldo de las finanzas del Gobierno, que deberá incrementar las transferencias a las EDE o ampliar las horas de interrupción del servicio eléctrico.

Por último, la crisis en el Medio Oriente impulsará la inflación importada, lo que implica un aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esa dinámica dificultará la tarea del Banco Central de la República Dominicana en su objetivo de mantener la variación de precios dentro del rango meta. Al mismo tiempo, la institución tendrá que aceptar, por fuerza mayor, un ritmo de crecimiento económico en 2026 inferior al previsto antes de este nuevo choque externo. Todo ello puede mitigarse si la guerra dura poco tiempo. De lo contrario, incluso los ingresos de divisas por remesas y turismo se verían afectados.

El impacto negativo del conflicto de Medio Oriente

[Escrito el 2 de marzo de 2026]

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, constituye un choque de oferta negativo que reduce la capacidad productiva mundial y eleva la tasa de inflación. 

El Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del crudo mundial y el 30% del gas natural, se ha convertido de nuevo en un punto de vulnerabilidad. Los mercados reaccionaron con un aumento cercano al 8% en el precio del petróleo y un 24% en el precio del gas natural en Europa.

El encarecimiento del petróleo presiona la inflación global y condiciona la política monetaria. Los bancos centrales, como la Reserva Federal, podrían posponer los recortes de tasas previstos, priorizando la estabilidad de precios. Esa postura limita la capacidad del Banco Central de la República Dominicana para reducir su tasa de referencia y podría generar presiones al alza sobre el tipo de cambio del peso frente al dólar.

En general, para la República Dominicana el impacto del conflicto en el Medio Oriente será negativo. El aumento de los combustibles deteriora las cuentas externas y las finanzas públicas. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, la factura petrolera anual aumenta en 50 millones de dólares. Además, los subsidios a los combustibles, que hoy rondan los 190 millones de pesos por semana, podrían escalar como ocurrió en 2022, cuando superaron los mil millones de pesos semanales.

El aumento del precio del oro, que ya supera los 5,400 dólares la onza troy, es un factor positivo para el país. Esa reacción del precio del oro beneficia los ingresos fiscales asociados a la minería. El Gobierno debe aprovechar al máximo la estructura impositiva acordada con la Barrick Gold, que incluye un impuesto mínimo que sustituye el impuesto sobre la renta y la participación en las utilidades netas. No hacerlo sería renunciar a una cantidad millonaria de recursos que son propiedad del pueblo dominicano.  

El reto laboral

[Frente al Statu Quo. Publlicado en Diario Libre el 2 de marzo de 2026.]

El presidente Luis Abinader reiteró en su discurso del 27 de febrero la meta de duplicar el producto interno bruto (PIB) real entre 2024 y 2036. Si se considera que en 2025 la economía creció tan solo 2.1%, llegar a ese objetivo exigiría mantener una tasa de crecimiento promedio anual del 6.3% en lo que queda del período. Ese porcentaje supera el crecimiento potencial del 5% y está muy por encima del 3.8% proyectado por la Universidad de Harvard hasta 2034. 

Alcanzar el ambicioso compromiso de la actual administración requiere llevar a cabo una nueva serie de reformas estructurales compatibles con la acumulación de capital -físico y humano-, la creación de empleo y el aumento de la productividad de factores totales. 

Entre las reformas prioritarias destaca la del mercado laboral, cuyos resultados recientes son preocupantes. Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, en el año 2025 se crearon 117,948 nuevos puestos de trabajo. Cuando esa cifra se desglosa por categoría ocupacional, se observa que el 64% del incremento del empleo proviene del sector público, mientras que un 20% adicional lo absorbe el servicio doméstico. En contraste, solo se generaron 1,156 empleados privados, lo cual representa apenas un 1% de la variación de ese año. Ese exiguo resultado se explica si se tiene en cuenta que, con un crecimiento económico de apenas un 2.1%, la variación del empleo debió ser de alrededor de 50 mil puestos de trabajo. Sin el incremento del empleo público, la tasa de desocupación hubiese sido mayor. El panorama difiere de lo ocurrido entre 2014 y 2019, cuando el 85% del crecimiento laboral procedía de las empresas e iniciativas privadas.

En ese contexto, es indispensable ejecutar una reforma laboral que flexibilice la capacidad de creación de empleo y que, al mismo tiempo, eleve el ritmo de crecimiento económico. En la República Dominicana, los costos de contratación y cese laboral son muy elevados. La indemnización por desahucio, que incluye un monto por concepto de preaviso, cesantía y otros gastos como vacaciones, puede equivaler a varios meses de salario, lo que desincentiva la contratación formal, especialmente de jóvenes sin experiencia. 

Algunas medidas concretas para modernizar el régimen de terminación laboral podrían incluir un fondo individual de capitalización que sustituya la cesantía establecida en el Código de Trabajo de 1992 por un ahorro acumulado portátil. Esto reduciría la incertidumbre asociada a nuevas contrataciones y eliminaría el incentivo del empleador a mantener a trabajadores en la sombra de la informalidad para evitar pasivos laborales que muchas veces llegan a superar el patrimonio de la empresa.

Si se mira a Europa, Austria reformó en 2002 el modelo de prestaciones por desempleo y la legislación de protección del empleo, sistema parecido al dominicano en cuanto a la vinculación entre la antigüedad laboral y el monto recibido por concepto de la cesantía. La reforma reemplazó el modelo convencional de indemnizaciones por otro de cuentas de ahorro individuales para cada trabajador. El nuevo esquema lo costean los empleadores mediante un pago mensual no gravado del 1.53% del salario bruto, que se invierte en instrumentos financieros gestionados por entidades especializadas, como las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ante un desahucio, el trabajador tiene la opción de recibir el pago de la indemnización extraído de su cuenta de ahorro o traspasar su saldo acumulado al nuevo empleo, donde seguirá recibiendo aportes a su cuenta individual. En el momento de la jubilación, podrá reclamar un pago en efectivo de los fondos remanentes o adquirir una anualidad. La portabilidad de esos fondos facilita la movilidad del trabajador hacia ocupaciones más productivas, lo que mejora de forma simultánea su remuneración y su aporte al valor agregado nacional. 

Para facilitar la transición y minimizar la resistencia de los sindicatos, convendría implementar la reforma gradualmente, de modo que su aplicación fuese obligatoria solo para las contrataciones nuevas, mientras que al resto de trabajadores se les dejara la opción de acogerse a la cuenta individual, con el reconocimiento de los años trabajados a ser ponderados por un porcentaje que refleje la probabilidad de desahucio. Quienes prefirieran mantenerse en el sistema vigente podrían hacerlo hasta su extinción.

La reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana debe incorporar contratos laborales a tiempo parcial y por horas con una cobertura de seguridad social proporcional. La cotización combinada empleador-empleado en el país ronda el 20% del salario, lo cual encarece considerablemente el costo laboral unitario. A fin de disminuir ese costo, cabría establecer una reducción temporal de las contribuciones patronales en las contrataciones de jóvenes menores de 25 años, mujeres con hijos o personas con discapacidad. Asimismo, la formalidad laboral se facilitaría mediante el establecimiento de un régimen contributivo simplificado destinado a microempresas y trabajadores independientes, con cotizaciones reducidas y con acceso a los sistemas de salud y pensión. 

La formación técnica y profesional debe ser compatible con los estándares de productividad que exige el mercado formal para cubrir el costo laboral unitario. Esto cobra una mayor importancia con la entrada de la inteligencia artificial (IA) en diversos procesos productivos. Si ese avance tecnológico se aprovecha de manera adecuada, se traduciría en un incremento de la eficiencia y de la remuneración del trabajo.  

Además de las reformas microeconómicas del mercado laboral, resulta indispensable también acelerar el ritmo de crecimiento de la economía con el objeto de crear una mayor cantidad de empleo privado. En el ámbito fiscal, se ha de reducir el gasto superfluo y elevar la cantidad y calidad de la inversión pública, al mismo tiempo que se establece un sistema tributario equitativo que no distorsione las decisiones de ahorro, inversión, trabajo, innovación y producción. En materia monetaria, se requiere aplicar una estrategia de metas de inflación consistente, óptima y, por tanto, no zigzagueante. Únicamente así se reduciría la incertidumbre y se facilitaría el acceso al crédito destinado a expandir de forma sostenida la capacidad productiva y el empleo.

Un arancel injusto

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 23 de febrero de 2026.]

La Casa Blanca había planificado una gran celebración el próximo 2 de abril. Se cumpliría un año del denominado “Día de la Liberación,” fecha en la que el presidente Donald Trump anunció un amplio paquete de aranceles recíprocos cuyo objetivo era liberar a Estados Unidos de las prácticas comerciales que el mandatario estimaba injustas. La conmemoración pretendía resaltar los logros económicos relacionados con el crecimiento de la producción nacional, la creación de puestos de trabajo en la actividad de manufactura, el déficit de las cuentas externas, el saldo de las finanzas públicas y los acuerdos de inversión extranjera por montos multimillonarios.  

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos alteró esos planes. Como resultado de la impugnación del uso de poderes de emergencia para imponer tales aranceles recíprocos, el Tribunal Supremo dictaminó el 20 de febrero, por seis votos contra tres, que el presidente Trump carecía de autoridad legal para aplicar esas tarifas al amparo de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). 

La sentencia, redactada por el presidente del Tribunal John Roberts, subraya que los padres fundadores de Estados Unidos en ningún momento otorgaron al Poder Ejecutivo la facultad de cambiar los impuestos a los bienes importados de forma discrecional, competencia que corresponde al Congreso. Con términos precisos escribió el magistrado Roberts: “los redactores [de la Constitución] otorgaron al Congreso en exclusiva…el acceso a los bolsillos del pueblo” y añadió que “cuando el Congreso ha delegado sus facultades arancelarias, lo ha hecho en términos explícitos y sujeto a límites estrictos.” De manera que las medidas de Trump excedieron el mandato que le confiere la Constitución y, en consecuencia, han sido anuladas.  

La reacción política y de los mercados ha sido inmediata. Ante la expectativa de que la eliminación de los aranceles recíprocos mejore el flujo de efectivo de los importadores de bienes intermedios y finales, los tres principales índices bursátiles registraron subidas significativas. El mercado prevé que la supresión de las tarifas se traducirá en una mejora del flujo de efectivo de las empresas, lo que elevará las cotizaciones bursátiles. También se anticipa, en algunos casos, una reducción de precios y una menor presión de traslado de los costos arancelarios a los precios finales. Ese escenario facilitará el trabajo a la Reserva Federal en su objetivo de alcanzar la meta de inflación de forma más fácil y rápida. Si esto se materializa, la Fed tendría espacio para aplicar una reducción de la tasa de interés de mayor magnitud a la que hoy anticipan los mercados.  

El optimismo de quienes invierten en las empresas que utilizan insumos importados es lógico, dado que diversos estudios, entre los que se encuentra uno elaborado por la Reserva Federal de Nueva York, demuestran que más del 90% de los aranceles impuestos por la Casa Blanca recayó sobre los importadores y los consumidores. Los hallazgos de esas investigaciones contradicen la postura oficial según la cual son los países exportadores los que cargan con el costo de los nuevos aranceles. Ante esa evidencia empírica, algunos grupos empresariales estadounidenses, como la Federación Nacional de Detallistas, han comenzado a reclamar la devolución de los 142 mil millones de dólares pagados por concepto de aranceles recíprocos desde mediados de 2025. No obstante, Scott Bessent, secretario del Tesoro y uno de los principales arquitectos de la política económica de la Casa Blanca, declaró que es poco probable que el reembolso de esos recursos se realice en el corto plazo. 

Por su parte, Trump no se ha quedado de brazos cruzados. El pasado viernes, tan pronto se conoció el dictamen judicial, criticó con dureza a los miembros de la Corte Suprema. Más tarde anunció que recurrirá a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer, con efectividad inmediata y hasta por 150 días, un arancel global del 10% (que el sábado elevó al 15% para igualarlo a lo acordado con Japón, Corea del Sur y la Unión Europea). Ese nuevo gravamen sustituiría temporalmente los aranceles recíprocos declarados ilegales por la justicia estadounidense. 

Trump manifestó que, una vez vencido el período de aplicación del arancel transitorio del 15%, recurrirá a la Sección 301 de la misma ley para adoptar medidas arancelarias de mayor permanencia, sujetas a investigaciones individualizadas para determinar la existencia de prácticas de comercio desleal. Ese tipo de propuesta comercial significa que la incertidumbre de la política arancelaria se prolongará en los próximos meses, lo que podría frenar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento económico tanto en Estados Unidos como en sus socios comerciales. 

En medio de esa coyuntura arancelaria se encuentra la República Dominicana. Una nación que firmó un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos a principios de este siglo y ha sido durante más de cien años un socio importante y fiable, tanto en lo político como en lo económico. El comercio bilateral genera un superávit superior a los 5,000 millones de dólares a favor de la economía estadounidense, mientras que la cooperación dominicana en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ha sido constante y decisiva. Incluso autorizó el uso de sus instalaciones civiles y militares para facilitar la operación que permitió extraer de Venezuela a quien es considerado como uno de los jefes del cartel de los Soles. 

Así las cosas, resulta fácil concluir que cualquier arancel que se imponga sobre las exportaciones dominicanas carece de justificación económica y política. Corresponde, por tanto, al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Industria y Comercio desplegar una estrategia diplomática inmediata y bien articulada. El objetivo debe ser la eliminación del gravamen anunciado y el respeto del acuerdo de libre comercio vigente entre ambos países, tal como ha ocurrido con México y Canadá. La República Dominicana cuenta con argumentos sólidos, una trayectoria de cooperación ejemplar y un historial comercial favorable a Estados Unidos; es momento de utilizarlos con determinación para asegurar que el país no sea penalizado con un arancel del todo injusto.

Lecciones de Singapur para mejorar la educación dominicana

[Escrito el 20 de febrero de 2026]

En los años sesenta, la República Dominicana y Singapur tenían niveles de ingreso per cápita similares. Hoy, sin embargo, Singapur es un país mucho más próspero gracias a un conjunto de factores entre los que destaca el extraordinario avance de su sistema educativo.

Lee Kuan Yew, el arquitecto del milagro económico singapurense, impulsó durante más de dos décadas un modelo escolar que hoy se considera uno de los mejores del mundo. Estaba convencido de que la educación era la pieza central del desarrollo económico y social de su nación.

Los mejores graduados de secundaria fueron atraídos al magisterio mediante una remuneración competitiva. La formación docente se diseñó con estándares internacionales rigurosos, tanto en pedagogía como en contenido. La meritocracia y la evaluación continua se convirtieron en los pilares del ascenso profesional, y los maestros asumieron con orgullo su papel en la preparación de los futuros profesionales que sostienen una de las economías más competitivas del planeta.

Un elemento decisivo fue el respaldo de la sociedad, las familias y los padres al proceso de modernización educativa. Ese apoyo permitió convertir el sistema escolar en una verdadera fábrica de excelencia académica, cuyos estudiantes ocupan los primeros lugares en la prueba PISA en matemáticas, ciencias y lectura. La cultura del esfuerzo se arraigó profundamente, especialmente entre los jóvenes, que aspiran de manera constante a alcanzar su mejor versión.

No cabe duda de que la República Dominicana tiene mucho que aprender de la experiencia de Singapur.

Se acentúa la pelea contra la Reserva Federal

[Escrito el 19 de febrero de 2026] 

Diversos estudios han demostrado que son los propios estadounidenses quienes están asumiendo el costo de las altas tarifas impuestas por el presidente Trump. Hace unos días, la Reserva Federal confirmó que casi el 90 % del costo de los aranceles, los cuales aumentaron en promedio del 2.6 % al 13 % en 2025, recayó sobre las empresas y los consumidores de Estados Unidos. Este resultado contradice la posición de la Casa Blanca, que sostenía que las nuevas tarifas serían absorbidas por los exportadores que venden en el mercado estadounidense, en particular los de origen chino.

Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional —el órgano encargado de coordinar la política económica del presidente de Estados Unidos— reaccionó con gran molestia ante los resultados del estudio elaborado por la Reserva Federal de Nueva York. Llegó a calificar el trabajo como “una vergüenza” y afirmó que era “el peor paper que he visto en la historia del sistema de la Reserva Federal”. Además, sostuvo que los autores deberían ser “disciplinados” por producir un análisis que, según él, no cumplía con los estándares académicos y presentaba un claro sesgo partidista.

El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, defendió a los economistas del banco central, cuyas conclusiones coinciden con las de destacados profesores de universidades muy prestigiosas. Sostuvo que la postura de Hassett constituye un nuevo intento de la administración Trump por presionar a la Reserva Federal y poner en entredicho su independencia en materia de política monetaria.

Ese tipo de confrontación con la Casa Blanca erosiona la confianza en una institución que resulta esencial para la estabilidad del dólar en los mercados internacionales. En este contexto, Kevin Warsh —el candidato de Trump para presidir la Reserva Federal— enfrenta un reto considerable, pues deberá reafirmar la independencia del banco central en medio de crecientes presiones políticas.

Trabajo o consumo

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 16 de febrero de 2025.]

El tiempo vital de una persona es finito; por eso, constituye la principal restricción del proceso de optimización intertemporal del bienestar humano. Todas las decisiones se adoptan en una ventana temporal fija, como las 24 horas que conforman un día. En ese horizonte, cada individuo racional elige distribuir de forma óptima su tiempo entre trabajo –incluido el estudio– y ocio, con el objetivo de alcanzar la mayor satisfacción posible.

El trabajo implica un esfuerzo físico y mental que genera un costo de oportunidad: cada hora trabajada implica renunciar a una hora de ocio. De ahí que el trabajo requiera ser compensado con una remuneración, gracias a la cual se pueden adquirir bienes y servicios y, con ello, se logra un aumento del bienestar material. De esto se desprende que la persona trabaja no porque le agrada, sino porque necesita recursos para consumir.

El trabajo se combina con el capital edificios, maquinarias y equipos para producir bienes y servicios. Los ingresos obtenidos por la venta de esos productos en el mercado se utilizan para cubrir el costo de la materia prima, remunerar los salarios de los empleados y retribuir el capital invertido. En general, una mayor productividad se traduce en salarios más altos; del mismo modo, un uso más eficiente del capital incrementa la rentabilidad de la empresa.

La existencia de un Estado funcional exige recursos. Para financiarlos, se establecen contribuciones obligatorias que inciden sobre las decisiones actuales y futuras de los agentes económicos.

El impuesto sobre los ingresos de las personas físicas o jurídicas se basa en la capacidad económica de los contribuyentes. En ciertos casos, la tasa impositiva aumenta con el nivel de ingreso, como sucede en la República Dominicana con el impuesto sobre la renta de personas físicas, que oscila entre el 15% y el 25%. En otros, la tasa es constante, como el 27% que grava la utilidad neta de las empresas. 

El impuesto sobre la renta distorsiona las decisiones intertemporales de trabajo, inversión y producción. Ese tipo de impuestos lleva a los agentes económicos a modificar su comportamiento para minimizar la carga fiscal, aun cuando la decisión sea subóptima porque reduce la productividad y la capacidad de crecimiento actual y futura. Un impuesto sobre la renta con una alta tasa marginal efectiva aumenta el costo de oportunidad de trabajar y, en consecuencia, reduce la cantidad de horas trabajadas e impacta negativamente sobre la producción y generación de ingresos. Además, dicho tributo, al gravar los intereses, dividendos y ganancias de capital, desincentiva el ahorro, encarece el costo del capital, limita la inversión, frena la innovación y recorta la tasa de crecimiento de largo plazo. El resultado de todo ello es un menor nivel de ingreso real. 

El impuesto al consumo es menos distorsionador, en especial si todos los bienes son gravados con una tasa uniforme. A diferencia de un tributo que recae sobre el rendimiento del ahorro y que altera la decisión entre consumir hoy o mañana, el impuesto al consumo no tiene efectos en esa decisión a lo largo del tiempo. Con una tasa de un 18% de un impuesto al valor agregado (como el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios), un producto cuyo precio antes de impuestos es de 100 pesos costará 118 pesos tanto hoy como mañana. El importe relativo del producto permanece invariable y la tasa marginal de sustitución queda sin cambios. 

Es interesante destacar que, con un impuesto al consumo, el contribuyente puede disminuir su carga impositiva recortando el gasto en adquisición de bienes, decisión que le permite aumentar el ahorro y la inversión en el presente, así como la capacidad de producción en el futuro. Eludir el impuesto sobre la renta, en cambio, exigiría reducir el trabajo, con efectos negativos persistentes sobre la producción.

Desde el punto de vista de la eficiencia, resulta preferible financiar el gasto público mediante impuestos al consumo antes que gravar las rentas. Ahora bien, hay que tener en cuenta además el análisis de la distribución de las cargas impositivas y su efecto sobre la desigualdad de ingresos después de los impuestos.

Los tributos al consumo de base amplia son regresivos, porque los hogares pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos al gasto derivado del consumo. Ello implica que el peso del impuesto como porcentaje del ingreso es mayor para esas familias que para los contribuyentes de mayores ingresos, lo que acentúa la desigualdad e inequidad distributiva. 

Para que una reforma orientada hacia la tributación del consumo sea socialmente aceptada, debe incorporar mecanismos compensatorios que preserven el ingreso real de los hogares más vulnerables. Esto se lograría mediante una transferencia monetaria directa que neutralice el efecto regresivo; es decir, se trata de devolver un monto equivalente a la suma adicional que se tendrá que pagar por concepto de impuesto al consumo que sustituirá al impuesto sobre la renta. 

Una política tributaria óptima debe minimizar las distorsiones, promover la productividad y sostener el crecimiento, sin deteriorar el bienestar de los sectores de menores ingresos. De forma complementaria, el gasto público ha de fortalecer el capital humano de ese segmento de la población para que pueda insertarse con facilidad al mercado laboral y obtener ingresos más altos. 

En última instancia, todo sistema tributario revela qué tipo de sociedad se aspira a construir. Se puede optar por un esquema que grave el esfuerzo, la productividad y la acumulación de capital humano, o por otro que recaiga sobre el consumo la satisfacción inmediata sin distorsionar las decisiones que generan crecimiento y prosperidad. La evidencia económica sugiere que los impuestos al consumo, acompañados de transferencias bien diseñadas para proteger a los más vulnerables, permiten recaudar con eficiencia, promover la inversión y sostener una senda de expansión del bienestar. En una democracia, la elección está en manos de los ciudadanos. ¿Se desea un sistema que penalice el trabajo o uno que recaiga sobre el consumo? La respuesta es clave para la trayectoria económica de la República Dominicana. 

El interesante mercado laboral estadounidense

[Escrito el 13 de febrero de 2025] 

El mercado laboral de Estados Unidos sorprendió a Wall Street y a los economistas en enero al crear 130 mil puestos de trabajo, casi el doble de lo previsto. La cifra confirma que la capacidad de generación de empleo sigue siendo más robusta de lo anticipado, reduciendo así la probabilidad de que la Reserva Federal recorte su tasa de interés antes de junio de 2026.

El resultado no solo superó ampliamente los 68 mil empleos proyectados, sino que también contrasta con los 50 mil creados en diciembre. La tasa de desocupación descendió de 4.4% a 4.3%, un nivel que permite calificar el mercado laboral como saludable. Llama la atención que estas cifras se muevan en sentido contrario a los anuncios de despidos provenientes de grandes corporaciones, lo que sugiere que la dinámica agregada del empleo sigue siendo resiliente.

Este comportamiento fortalece la posición de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. En su reunión de enero, las autoridades monetarias optaron por mantener sin cambios la tasa de interés, dado que la inflación -en 2.7%- continúa por encima de la meta del 2%. Para los mercados, Powell no realizará recortes adicionales durante el resto de su mandato. Será Kevin Warsh, nominado por el presidente Trump como su sucesor, quien deberá enfrentar la presión de la Casa Blanca para reducir de manera significativa la tasa de política monetaria en el corto plazo.

De nuevo se coloca con éxito deuda soberana

[Escrito el 12 de febrero de 2026] 

El 10 de febrero, la República Dominicana colocó en los mercados internacionales de manera exitosa un total de 2,750 millones de dólares en bonos soberanos. El objetivo de esa emisión de deuda es financiar parte de los requerimientos financieros establecidos en la Ley de Presupuesto General del Estado 2026. 

En esta ocasión, la emisión corresponde a un soberano con vencimiento a ocho años y otro a 12.25 años. El bono de vencimiento a ocho años se colocó por una suma de 1,250 millones de dólares a una tasa de un 5.75%. Mientras, el bono de vencimiento a 12.25 años se colocó por la suma de 1,500 millones de dólares a una tasa de un 6.15%. 

Dado que el rendimiento de las Notas del Tesoro de Estados Unidos a diez años se situó en el entorno del 4.15%, se puede estimar que la prima de riesgo de la deuda soberana dominicana fue de 180 puntos básicos, un nivel mucho menor a los 299 puntos básicos de Latinoamérica. Hay que destacar que los inversionistas interesados en la deuda dominicana acumularon órdenes por la suma de 10,300 millones de dólares, lo que destaca la confianza en el crédito soberano. 

Para mantener esa confianza hay que adoptar medidas que mantengan la estabilidad económica y, al mismo tiempo, permitan alcanzar un mayor ritmo de crecimiento del producto interno bruto en 2026 y años posteriores. Además, es preciso mejorar el saldo de las finanzas públicas, lo cual implica reducir gastos superfluos, disminuir la evasión tributaria, invertir en proyectos de infraestructura que generen una alta tasa de retorno y, lo que es muy importante, recortar el déficit del sector eléctrico. 

El nuevo gobernador

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 9 de febrero de 2025.] 

Una de las decisiones de mayor trascendencia que toma el primer mandatario de un país es la designación del gobernador del banco central. Dicho cargo es clave para la adopción de una política monetaria consistente y creíble, sustentada en una lógica estable, coherente y predecible. Ese marco resulta esencial para la estabilidad macroeconómica, ya que permite anclar las expectativas de inflación y favorecer el crecimiento sostenido de la actividad productiva. Por ello, tras darse a conocer el nombramiento, todos los agentes económicos analizan las publicaciones y declaraciones del nuevo gobernador, con el fin de prever las decisiones que tomará a lo largo del ciclo económico y ante las eventuales perturbaciones internas o externas que afecten a la nación. 

El 30 de enero, el presidente Donald Trump anunció el nombre del sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal (Fed). El elegido es Kevin Warsh, abogado especializado en finanzas, materia que imparte en la Universidad de Stanford. Hasta inicios de 2025, Warsh, que había sido gobernador del banco central estadounidense entre 2006 y 2011, era considerado por el mercado un halcón monetario, con una clara preferencia por el control de la inflación. 

Antes de su nominación, Warsh había expuesto en diversos espacios públicos la necesidad de reformar la Reserva Federal para hacerla más efectiva en su capacidad de diagnóstico económico y, al mismo tiempo, más independiente frente a las presiones políticas y del mercado. De sus intervenciones se desprende un cuestionamiento de la expansión cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés), ejecutada durante y después de la crisis financiera de 2008, a la que responsabiliza de distorsionar la asignación del capital, inflar los precios de los activos y elevar los riesgos sistémicos. De la misma manera, criticó que los gobiernos pretendan influir en el banco central con el propósito de aplicar una política de bajas tasas de interés orientada a financiar la deuda pública y estimular el crecimiento. Esa posición le llevó a renunciar a su cargo de gobernador en 2011, cuando Ben Bernanke, premio Nobel de Economía en 2022, ocupaba la presidencia del banco central y fue el principal defensor de la política de estímulo monetario. 

En un discurso pronunciado el 25 de abril del pasado año en el Fondo Monetario Internacional (FMI), Kevin Warsh destacó la importancia de separar la política monetaria de los requerimientos financieros del Estado. La compra de bonos públicos mediante la emisión monetaria (que implica una política de dinero fácil) constituye, en sus palabras, el “camino a la ruina.” Por eso aboga por una reforma de la Fed enfocada a recuperar su autonomía frente a la política fiscal y recomienda que el “banco central vuelva a operar con comodidad, sin buscar aplausos ni mantener al público en vilo.”  

El mercado y, en particular, los consumidores, desean que el próximo presidente de la Reserva Federal adopte las medidas monetarias adecuadas para que la tasa de inflación, que se colocó en diciembre en un 2.7% anual, se reduzca hasta alcanzar la meta del 2% lo antes posible y pueda mantenerse un entorno económico favorable al crecimiento sostenido de la inversión, el empleo, la producción y el consumo. Según Warsh, “el secreto de la independencia del banco central es lograr alcanzar su objetivo,” que en el caso de Estados Unidos se traduce en estabilidad de precios y pleno empleo. 

Paul Krugman, premio Nobel de Economía en 2008, ha expresado dudas sobre la solidez intelectual de Warsh, a quien describe como un economista más influido por consideraciones políticas que por la evidencia empírica. Desde el punto de vista de Krugman, Warsh es un halcón monetario cuando gobiernan los demócratas, mientras que adopta una posición de paloma monetaria cuando el inquilino de la Casa Blanca es un republicano, que busca tasas de interés reducidas para estimular el crecimiento económico. No obstante, Krugman reconoce que la Fed no funciona como una dictadura, ya que su presidente cuenta con un solo voto de los doce responsables de tomar la decisión sobre la tasa de interés de política monetaria. 

La revista “The Economist” analizó, con un modelo de inteligencia artificial, cerca de 200 artículos, publicaciones y apariciones públicas de Warsh para identificar su orientación monetaria desde 2007 a 2025. El resultado muestra un posicionamiento de halcón, excepto cuando hubo graves peligros de recesión o de riesgo sistémico (la crisis financiera de 2007-2009, la crisis provocada por el covid-19 y la quiebra del Silicon Valley Bank). La revista destaca también que, desde el retorno de Trump en enero de 2025, el próximo presidente de la Reserva Federal ha mantenido un discurso favorable al recorte de la tasa de interés, lo que aumentó la probabilidad de ser seleccionado para el cargo. 

Por su parte, Warsh sostiene que la incorporación de la inteligencia artificial en las diferentes actividades económicas elevará la productividad, lo que reducirá la inflación. En caso de que logre convencer al resto de los miembros de la Fed de ese aumento de eficiencia, es muy probable que a partir de junio de 2026 reinicie el recorte de las tasas de interés de referencia, de forma gradual, en ajustes de 25 puntos básicos. La combinación de mayor productividad, menor tasa de inflación y tasas de interés más bajas derivaría en una economía más fuerte. 

La principal incógnita es si el nuevo gobernador de la Reserva Federal logrará convencer a Trump de que, en la coyuntura actual, no conviene reducir demasiado rápido la tasa de interés de referencia, pues hacerlo podría reavivar la inflación. Si consigue persuadirlo, se anticipa una gestión sin mayores sobresaltos y un fortalecimiento del dólar en la segunda mitad del año. En cambio, una cesión ante las presiones políticas podría desencadenar una crisis interna en la Fed que erosionaría la credibilidad de la institución.

En definitiva, la dirección de Kevin Warsh constituirá una prueba decisiva para la independencia y credibilidad de la Fed. El desenlace mostrará si el criterio técnico prevalece sobre la política o si, por el contrario, la mayor economía del mundo se adentra en una etapa de incertidumbre monetaria cuyos costos podrían ser muy elevados. 

Díaz-Canel acorralado por su incapacidad

[Escrito el 6 de febrero de 2026] 

El 9 de enero señalé que Cuba se encontraba en caída libre. Advertí entonces que la reciente extracción de Nicolás Maduro del poder y el control de Estados Unidos sobre el petróleo venezolano profundizarían la crisis económica en la isla.

Ayer, 5 de febrero, el presidente Miguel Díaz-Canel -quien ya había reconocido el deterioro acelerado de la economía- declaró que está dispuesto a dialogar con Trump. Insistió en que cualquier negociación debe realizarse sin condiciones previas y “como iguales”, para preservar la soberanía cubana. Según afirmó: “Rendirse no es una opción.”

La realidad no permite discursos pseudo patriotas, que apelan al orgullo nacional. Sin el respaldo ruso, chino, venezolano o iraní, Cuba carece de posibilidades reales de superar la gravísima crisis que la asfixia. Su capacidad productiva está prácticamente destruida y la población enfrenta una escasez severa de bienes esenciales, desde alimentos hasta medicamentos.

Cada día la situación empeora. La ineptitud gubernamental en la administración de los muy escasos recursos no solo impide cualquier alivio, sino que acelera el colapso. El combustible y la electricidad son insuficientes incluso para garantizar un suministro mínimo. Las proyecciones apuntan a que, en cuestión de semanas, la isla podría quedarse sin combustible, paralizando por completo la economía.

Ese escenario marcaría algo más que un punto de inflexión. Podría convertirse en el inicio del derrumbe del régimen castrista, un desenlace que, para muchos, debió llegar hace ya demasiado tiempo.

El Bitcoin sigue a la baja

[Escrito el 5 de febrero de 2025] 

En diversas ocasiones he afirmado que el valor de las criptomonedas, en particular del bitcoin, es cercano a cero. El precio del bitcoin, que el 6 de octubre de 2025 llegó a superar los 125 mil dólares, ha descendido de manera estrepitosa desde entonces. Hoy se cotizó en el entorno de los 62,457 dólares, lo que significa un retroceso de un 50% respecto a su pico y, a mi entender, seguirá a la baja como lo hacen las burbujas cuando se desinflan. 

Lo que sucede en la actualidad ha quedado más que documentado a lo largo de la historia. Entre los economistas que han realizado grandes aportes sobre el comportamiento de los precios de los activos financieros se encuentra Rudi Dornbusch, profesor de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. De él aprendí que “las crisis [financieras] tardan mucho más tiempo en llegar de lo que tú piensas y luego suceden más rápido de lo que podrías pensar.” Dicha afirmación implica que la caída del bitcoin era algo previsible, aunque no se tuviese certeza de la fecha en que ocurriría. 

Eugene Fama, premio Nóbel de Economía, declaró en febrero del año pasado que la probabilidad de que ese criptoactivo perdiese todo su valor en la próxima década es de un 100%. El también profesor de Economía de la Universidad de Chicago afirmó que las criptomonedas son incompatibles con las tres funciones fundamentales que tiene el dinero debido a su excesiva volatilidad. 

A mi entender, no creo que sea conveniente que usted compre un activo, como el bitcoin, cuya principal utilidad es realizar transacciones ilegales que pasen por debajo del radar de los bancos centrales y organismos financieros internacionales. Mucho menos si toma en cuenta que su riqueza financiera podría perder de un día a otro la mitad de su valor. Por ello vuelvo a recomendar que usted y los suyos se mantengan lejos de ese tipo de inversión especulativa.  

Un pobre crecimiento sectorial en 2025

[Escrito el 4 de febrero de 2026] 

La semana pasada el Banco Central publicó los datos sectoriales del comportamiento de la actividad económica en 2025, que apenas se expandió en un 2.1%. Según sus estimaciones, solo la actividad de intermediación financiera con una variación de un 7.5% superó el ritmo de crecimiento económico potencial del 5%.  

La construcción, que es la actividad con mayor peso en el producto interno bruto, fue el que peor desempeño arrojo con una contracción de un 1.8%. Las autoridades gubernamentales deben adoptar medidas, macro y microeconómicas, que favorezcan la recuperación de la construcción ejecutada por el sector privado. 

La manufactura local y el comercio, que representan alrededor del 20% del PIB, solo crecieron un 1.4% y un 2.1%, respectivamente. Esas variaciones se encuentran por debajo del promedio registrado en las tres décadas anteriores y que son clave para el crecimiento potencial de la economía dominicana. 

El turismo, que en 2023 y 2024 se expandió alrededor del 10%, registró un crecimiento de solo un 3.5%. La situación en dicha actividad no fue peor porque las autoridades hicieron un gran esfuerzo para atraer turistas latinoamericanos que compensaron parcialmente la caída de la llegada de turistas estadounidenses y europeos. 

El gran desafío del gobierno para 2026 será apoyar la reactivación del sector privado. Un aumento de la inversión pública, un sistema de permisos más ágil y una reducción de la incertidumbre económica podrían dinamizar la construcción, la manufactura y el comercio, tres pilares esenciales para el crecimiento sostenido del país.

Del oro se pueden obtener más chelitos

[Escrito el 3 de febrero de 2026]

El gobierno tiene la posibilidad de incrementar sus ingresos en el corto plazo sin recurrir a una reforma tributaria que afecte a la población. En su artículo “¿Seguiremos cruzados de brazos?”, publicado el 2 de febrero en El Caribe, el doctor Andrés Dauhajre, hijo, expone cómo el Estado podría obtener 30 mil millones de pesos adicionales sin cargar nuevos impuestos sobre los dominicanos.

La propuesta se basa en aprovechar el extraordinario aumento del precio del oro en los mercados internacionales. Dauhajre plantea restablecer el Impuesto Mínimo Alternativo, vigente hasta finales de 2016 en el contrato entre la Barrick Gold y el Estado dominicano. Ese impuesto sustituía tanto el impuesto sobre la renta como el de participación en utilidades, aplicando una tasa única sobre los ingresos brutos de exportación de la empresa.

Con el precio del oro por encima en enero de los cinco mil dólares por onza troy, la tasa del impuesto mínimo —según el contrato— ascendería a un 32.55%. Bajo ese esquema, y con exportaciones estimadas en 3,350 millones de dólares, el gobierno recibiría alrededor de 1,090 millones de dólares, equivalentes a 72 mil millones de pesos. En contraste, manteniendo el esquema actual de impuesto sobre la renta y participación de utilidades, la recaudación sería de apenas 42 mil millones de pesos.

En otras palabras, si el gobierno negocia con la Barrick Gold —que se ha beneficiado de ganancias extraordinarias por el elevado precio del oro— y restablece el impuesto mínimo, el país podría obtener 30 mil millones de pesos adicionales en beneficio directo del pueblo dominicano. 

El elegido por Trump

 [Escrito el 2 de febrero de 2026]

Kevin Warsh, considerado por el mercado como un halcón monetario, ha sido nominado por Trump para ocupar la presidencia de la Reserva Federal a partir de mayo de 2026. Warsh, un abogado especializado en mercados financieros, fue gobernador del banco central estadounidense entre 2006 y 2011 y ha sido profesor de finanzas en la Universidad de Stanford.  

Warsh ha explicado en diversos foros la necesidad de reformar la Reserva Federal, para que sea más efectiva en su capacidad de analizar la realidad económica y, al mismo tiempo, más independiente frente a las presiones políticas y del mercado. Considera que la expansión cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés), ejecutada durante y después de la crisis financiera de 2008, fue excesiva, pues distorsionó la asignación de capital, abultó los precios de los activos y generó potenciales riesgos financieros sistémicos. 

Kevin Warsh, como presidente de la Reserva Federal, tratará de que las medidas monetarias que se adopten sean las adecuadas para que la tasa de inflación se reduzca hasta alcanzar la meta del 2% y que se mantenga un entorno favorable al crecimiento económico sostenido. En sus propias palabras: el secreto de la independencia del banco central es lograr alcanzar su objetivo. 

La gran incógnita es si convencerá a Trump de que, en la actual coyuntura, para asegurar la estabilidad macroeconómica no se debe reducir en exceso la tasa de interés de referencia, tal como desea el mandatario. 

Un resquicio de esperanza

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 2 de febrero de 2026.]

Recuperar la paz y reactivar el crecimiento económico de Haití son condiciones esenciales para el bienestar de la República Dominicana. El país vecino constituye un socio comercial de gran relevancia: cada año importa cerca de mil millones de dólares en bienes dominicanos, lo que representa alrededor del 8% de las exportaciones nacionales totales. Entre los productos de mayor peso en el intercambio bilateral destacan los textiles destinados a las zonas francas industriales del norte haitiano, los materiales de construcción y una amplia variedad de alimentos, tanto primarios como manufacturados.

Desde hace años, Haití atraviesa una profunda crisis económica, social y política. Entre 2021 y 2024, su producto interno bruto (PIB) se contrajo en promedio cada año en un 2.4%; esa caída, junto con una inflación cercana al 30% anual, agravó el nivel de pobreza extrema que sufre la población.

Las bandas armadas, que controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe y otras zonas del país, no solo obstaculizan el funcionamiento de las actividades productivas, sino que han erosionado aún más la ya limitada capacidad operativa del Estado haitiano. Desde 2024, el país está bajo la administración del Consejo Presidencial de Transición (CPT), un órgano de carácter temporal cuyo mandato es encaminar el proceso hacia la elección de un gobierno legítimo.

En lo que va de año, la crisis política haitiana se ha agudizado por la confrontación entre el CPT y el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, jefe del Ejecutivo y responsable de la administración del Estado. La Casa Blanca advirtió al Consejo que no destituyera al primer ministro antes de la salida de sus miembros del poder, prevista el 7 de febrero. Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica el 23 de enero con Fils-Aimé en la que subrayó la importancia de su permanencia en el cargo para hacer frente a las pandillas, apartar a los políticos corruptos que las respaldan y avanzar hacia la estabilidad del país.

A la República Dominicana, que ha recibido de forma irregular a centenares de miles de migrantes haitianos, le conviene que el Estado haitiano recupere el control del territorio, estabilice su economía y genere empleo de manera sostenida. Un progreso en esa dirección contribuiría a reducir el elevado flujo migratorio, que presiona a la baja los salarios de los trabajadores dominicanos con menor calificación y deteriora el balance de las finanzas públicas.

En medio de esa situación, uno de los pocos aspectos positivos destacables de la economía haitiana es la iniciativa HOPE/HELP. Se trata de un conjunto de leyes que permiten exportar al mercado estadounidense prendas de vestir exentas de aranceles. El modelo comenzó a aplicarse en 2006 y se amplió tras el devastador terremoto de 2010, hasta convertirse en un pilar para la sostenibilidad de la industria textil haitiana. Se estima que ha generado decenas de miles de empleos, especialmente en los parques industriales CODEVI y CARACOL, ubicados en el noroeste del país.

El programa HOPE/HELP expiró a finales de 2025 y su renovación está pendiente en el Congreso de Estados Unidos. Sin este régimen de acceso preferencial al mayor mercado del mundo, es casi seguro que la industria textil haitiana colapse, lo que incrementaría el desempleo y acentuaría la indigencia en el país más pobre del hemisferio occidental.

Algunos expertos consideran muy probable que el Congreso ratifique una extensión temporal de la iniciativa, con un horizonte de uno a tres años. Sin embargo, un plazo tan limitado no generaría el atractivo necesario para captar nuevas inversiones en Haití; en el mejor de los casos, permitiría a las empresas textiles planificar su salida hacia México, Vietnam u otros países más competitivos y con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.

Es oportuno recordar que la incertidumbre perjudica la inversión real, sobre todo aquella de naturaleza irreversible y con elevados costos hundidos. Por esta razón, resulta indispensable que el Congreso de Estados Unidos apruebe una renovación indefinida de la iniciativa HOPE/HELP, como lo hizo con Jordania y Egipto. En esos países, las Zonas Industriales Calificadas (QIZ, por sus siglas en inglés) pueden exportar textiles y confecciones de forma permanente sin pagar aranceles al mercado estadounidense, lo que las convierte en un eslabón competitivo de la cadena de suministro. Dichas facilidades comerciales han impulsado las inversiones, el empleo y las exportaciones de Jordania y Egipto, dos naciones con un nivel de vida promedio muy superior al haitiano.

La eliminación de la iniciativa HOPE/HELP, o su prórroga por un período breve, también repercutiría en la economía dominicana. Varias empresas de zonas francas industriales, que producen insumos para la industria de la confección, utilizan a CODEVI para mejorar su competitividad y acceder al mercado estadounidense. Es razonable anticipar, tal como anunció recientemente Hanesbrands Dos Ríos (Gildan-Hanes) en Bonao, que otras empresas tengan que cerrar por completo sus operaciones, despedir a miles de empleados —en especial mujeres— y trasladarse a países con mejores condiciones de acceso a Estados Unidos.

Durante décadas, la República Dominicana ha sido un socio fiable para Estados Unidos. En diversos espacios multilaterales y bilaterales, Washington ha contado con el apoyo dominicano. En el terreno económico, la industria de zonas francas se ha consolidado como un eslabón clave dentro de la cadena de suministro, al fortalecer la competitividad de las empresas estadounidenses y contribuir al bienestar de sus consumidores. Por ello resulta difícil de justificar que, pese a ese historial y al déficit comercial dominicano —superior a cinco mil millones de dólares en el marco del acuerdo de libre comercio vigente DR-CAFTA—, Trump haya decidido imponer un arancel recíproco de un 10% sobre las exportaciones destinadas a su mercado.

Por último, dado el valor estratégico de la isla de Santo Domingo para la seguridad y la defensa de Estados Unidos, la Casa Blanca debería promover ante el Congreso la renovación permanente de la iniciativa HOPE/HELP, así como la eliminación del arancel recíproco que hoy en día afecta a la República Dominicana y Haití. Una decisión en ese sentido sería muy beneficiosa para ambas naciones caribeñas, pues preservaría un resquicio de esperanza de lograr un futuro mejor para todos.

La economía creció apenas un 2.1%

[Escrito el 30 de enero de 2026]

El Banco Central confirmó que la economía dominicana creció un 2.1%.  Ese nivel representa menos de la mitad del crecimiento potencial de largo plazo, estimado en torno al 5%. Ante este resultado, se vuelve imprescindible adoptar medidas que permitan acelerar el ritmo de expansión del producto interno bruto en 2026.

Repito algunas recomendaciones.

En el ámbito fiscal, es necesario reducir el gasto público menos prioritario, especialmente los subsidios y las transferencias generalizadas. Resulta fundamental fortalecer la posición financiera del Gobierno y elevar la inversión pública, ya que un nivel equivalente al 2.5% del PIB es claramente insuficiente.

En materia monetaria, se requiere retomar el esquema de metas de inflación sustentado en reglas claras y transparentes. La experiencia demuestra que la política monetaria aplicada entre 2012 y 2019 generó mejores condiciones para el crecimiento económico que la política zigzagueante observada entre 2020 y 2025. La incertidumbre cambiaria derivada de ese vaivén monetario ha afectado de forma negativa la inversión privada.

Además, es indispensable implementar medidas microeconómicas que reduzcan el costo de operar en la economía formal. Ello implica disminuir el tiempo y el costo necesarios para obtener permisos y autorizaciones para emprender negocios y proyectos, un aspecto clave para la recuperación del sector construcción, la actividad más relevante de la economía dominicana.

Banco Central con las manos atadas

[Escrito el 29 de enero de 2026\ 

Al igual que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener sin cambios su tasa de interés de política monetaria. En el caso dominicano, la tasa permaneció en el 5.25% anual, mientras que la estadounidense se mantuvo en el rango del 3.5% al 3.75%.

Las autoridades monetarias nacionales justificaron la decisión por las persistentes presiones inflacionarias. En 2025, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó el 4.95%, un nivel cercano al límite superior del rango meta de inflación, establecido entre el 3% y el 5%. Las proyecciones indican que, en los próximos meses, la inflación podría situarse alrededor del 6%, un nivel que amenaza con desanclar las expectativas y constituye un motivo de seria preocupación.

Hasta que la inflación regrese al rango objetivo, es muy probable que el Banco Central mantenga una política monetaria más cercana a una postura restrictiva que a una expansiva. Esto implica que, al menos durante el primer semestre del año, el organismo emisor tendrá las manos atadas y, en consecuencia, no podrá ofrecer un apoyo monetario adicional y excesivo al crecimiento económico. En ese contexto, la política fiscal —particularmente a través de la inversión pública— deberá asumir el liderazgo para dinamizar al sector privado, si se aspira a que el producto interno bruto (PIB) registre este año un desempeño superior al 2.1% estimado para 2025.

La mejor decisión sobre la iniciativa HOPE/HELP

[Escrito el 28 de enero de 2026]

La incertidumbre reduce la inversión real, en especial aquella que se considera irreversible y conlleva altos costos hundidos. Por ello es indispensable lograr que el Congreso de Estados Unidos apruebe una extensión de la iniciativa HOPE/HELP, la cual permite el acceso libre de aranceles a los productos textiles de Haití, sin que tenga plazo de vencimiento, tal como se aprobó a favor de Jordania y Egipto. 

En particular, las Zonas Industriales Calificadas o Certificadas (QIZ, por sus siglas en inglés) de esos dos países pueden exportar de forma permanente sin pagar aranceles al mercado estadounidense textiles y confecciones. Dichas facilidades comerciales, con plazo indefinido, han elevado las inversiones, el empleo y las exportaciones de Jordania y Egipto, cuyo nivel de vida promedio es muy superior al haitiano.

La eliminación de la iniciativa HOPE/HELP, o su renovación con un horizonte de corto plazo, también afectaría negativamente a la economía dominicana. Varias empresas de zonas francas industriales que producen insumos para la industria de la confección utilizan a CODEVI para mejorar su competitividad y acceder al mercado estadounidense. En ese contexto, es razonable proyectar que, tal como anunció recientemente Hanesbrands Dos Ríos (Gildan-Hanes) en Bonao, otras empresas podrían optar por cerrar por completo sus operaciones, despedir a miles de trabajadores —en especial mujeres— y trasladarse a países que ofrezcan mejores condiciones de acceso a Estados Unidos.

Finalmente, dada la importancia estratégica que tiene la isla de Santo Domingo para la seguridad y la defensa de Estados Unidos, la Casa Blanca debería impulsar que el Congreso renueve de manera permanente la iniciativa HOPE/HELP y, al mismo tiempo, que elimine el arancel recíproco que hoy afecta a ambas naciones. Ello resultaría en un aporte beneficioso para Haití y la República Dominicana, lo cual evitaría que se pierdan las esperanzas por un futuro mejor.

Beneficios de la iniciativa HOPE/HELP

[Escrito el 27 de enero de 2026]

Para la República Dominicana, que ha recibido de forma irregular a centenares de miles de migrantes haitianos, resulta crucial que el Estado haitiano recupere el control de las calles, estabilice su economía y genere empleo de manera sostenida. Avanzar en esa dirección contribuiría a reducir el elevado flujo migratorio, que presiona a la baja los salarios de los trabajadores dominicanos con menor calificación y deteriora el balance de las finanzas públicas.

Uno de los pocos puntos luminosos en la economía haitiana es la iniciativa HOPE/HELP de Estados Unidos, un conjunto de leyes que permite exportar prendas de vestir al mercado estadounidense libres de aranceles. Este esquema comenzó a aplicarse en 2006 y fue ampliado tras el devastador terremoto de 2010, convirtiéndose en un pilar para la sostenibilidad de la industria textil haitiana. Se estima que ha generado decenas de miles de empleos, especialmente en los parques industriales CODEVI y CARACOL, ubicados en el noroeste del país.

El programa HOPE/HELP expiró a finales de 2025 y su renovación continúa en discusión en el Congreso de Estados Unidos. Sin este régimen de acceso preferencial al mercado más grande del mundo, es casi seguro que la industria textil haitiana colapse, lo que incrementaría el desempleo y profundizaría la indigencia en el país más pobre del hemisferio occidental.

Algunos expertos consideran muy probable que el Congreso apruebe una extensión temporal de la iniciativa, con un horizonte que podría situarse entre uno y tres años. Sin embargo, un plazo tan limitado no generaría el atractivo necesario para captar nuevas inversiones en Haití; en el mejor de los casos, permitiría a las empresas textiles planificar su salida hacia México, Vietnam u otros países más competitivos y con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.