[Escrito el 25 de eptiembre de 2020]
Los gobiernos de distintos países han puesto en
marcha programas de apoyo a las empresas y a sus empleados para reducir el
impacto negativo de la pandemia del COVID-19. Ayer se reveló que el Reino
Unido, donde se está registrando un aumento de los casos de la enfermedad,
extenderá por seis meses la ayuda que se otorga a las empresas que no pueden
mantener a sus empleados en nómina. Esa decisión es un cambio de rumbo, pues se
había anunciado que ese programa de ayuda terminaría a final de este mes.
Otros países tienen programas de apoyo
similares. En Alemania se ejecutan medidas de apoyo al salario para minimizar
la cantidad de despidos y asegurar un ingreso adecuado a los trabajadores. En
los Estados Unidos también se implementan ayudas directas a las empresas para
que no despidan a su personal.
En el caso de la República Dominicana se han
puesto en marcha los programas Quédate en Casa, FASE y Pa’Ti, con el objetivo
de asegurar empleos e ingresos a muchos dominicanos. Esos programas, al igual
que los implementados por otros países, constituyen una carga significativa
sobre las finanzas públicas. Una parte de los 3,800 millones de dólares, que se
acaban de obtener mediante la colocación de bonos soberanos en los mercados de
capitales internacionales, se utilizará para financiar esos programas de apoyo
social hasta diciembre de 2020.
La gran incertidumbre es lo que pasará en
enero. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dejó entrever en una reciente
entrevista que no se tiene certeza de la capacidad del gobierno del presidente
Abinader de poder financiar esos programas de ayuda más allá de diciembre.
En consecuencia, los agentes económicos deben
incorporar la posibilidad de que se suspendan esos ingresos a partir del año
que viene. Esto implicaría realizar ahorros, para los tiempos malos, en caso de
los trabajadores que pueden perder su empleo y, en el caso de los empresarios,
deberán verificar cuáles empleados, lamentablemente, se deberán despedir y
cuáles gastos recortar para mantener su negocio con vida. Ese posible resultado
debe también ser analizado e interiorizado por la banca, para minimizar la
posibilidad de que la suspensión de los programas de ayuda le aumente la
cartera morosa y le afecte sus indicadores de solvencia.
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