[Escrito el 19 de septiembre de 2025]
A mi entender es un error sumar los intereses y comisiones financieras al valor de la inversión de capital que realiza el sector público. Cuando el Ministerio de Hacienda presenta el presupuesto del Gobierno Central se identifica el gasto de capital separado de los gastos por intereses, el cual es un gasto corriente. En el presupuesto de 2025, la inversión pública asciende a un 2.2% del PIB y el gasto de intereses a un 3.7% del PIB.
No hay un solo proyecto de infraestructura ejecutado en el país que en su costo, aprobado por el Congreso Nacional, se incluya el gasto por intereses que incurre el Estado para financiar dicha obra. Para confirmar, analice los presupuestos del Metro de Santo Domingo, los elevados, las autopistas, los puertos, las presas, las escuelas, los hospitales y las viviendas públicas.
En el caso del Contrato EPC, de Ingeniería, Procura y Construcción, aprobado por el Congreso Nacional para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, se establece en su artículo 6.5.4 que los costos financieros, honorarios y/o tasas, directos o indirectos, relacionados al financiamiento y/o cualquier alternativa interina de financiamiento corresponden al Estado. Específicamente, se indica con claridad que los costos de intereses no son parte del precio del activo.
Por eso es irracional que en la auditoría de la Cámara de Cuentas a Punta Catalina se pretenda incluir en el costo del activo la suma de 265 millones de dólares por concepto de intereses.
Para despejar dudas sería conveniente que la Cámara de Cuentas le pregunte a Magín Díaz, Ministro de Hacienda y Economía, si los intereses se deben incluir o no en el costo de las obras de infraestructura y que mencione si conoce alguna que, en la historia republicana de este país, los haya incluido. Quedo atento a la respuesta de Magín, si la Cámara de Cuentas se atreve a preguntar.
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