Buena suerte

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 22 de septiembre de 2025.]

El cargo de presidente de la República acarrea enormes retos y dificultades. En general, todos los mandatarios buscan lo mejor para su país; sin embargo, con frecuencia se ven obligados a tomar decisiones que, al menos en el corto plazo, son percibidas como perjudiciales para los consumidores o para los sectores productivos. Esto genera severas críticas inmediatas y, muchas veces, ocasiona contingencias futuras en extremo costosas.

La reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un amplio conjunto de recomendaciones para que la República Dominicana siga exhibiendo el extraordinario desempeño económico registrado en las últimas dos décadas, basado en sólidos fundamentos económicos. La mayoría de las propuestas son medidas que requieren el apoyo o aprobación del presidente de la República. 

El FMI ha revisado a la baja su proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): del 4.5% inicial al entorno del 3%. Esa nueva estimación coincide con el límite superior del rango del 2.5% al 3% previsto por el autor de esta columna a inicios de año. Para alcanzar una tasa de crecimiento económico de un 3%, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) debería aumentar en promedio un 3.7% entre agosto y diciembre de este año, un escenario poco probable. 

Por otro lado, la situación internacional es incierta y limita el margen de maniobra del gobierno. El entorno económico se agravaría si hay demoras en las reformas necesarias para reducir el déficit del sector eléctrico y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y de las cuentas externas. 

En el corto plazo, el Fondo recomienda continuar afianzando la coordinación de las políticas monetarias y fiscal con el objetivo de incrementar su eficacia. La llegada de Magín Díaz al Ministerio de Hacienda y Economía asegura una buena coordinación con la política monetaria del gobernador Héctor Valdez. 

Otra sugerencia clave del FMI es mejorar la eficiencia de la política fiscal. Sus técnicos saben bien que las partidas corrientes generan sobre las actividades productivas un efecto multiplicador inferior al del gasto de capital. De ahí que recomienden la sustitución de los subsidios generalizados -como el de combustibles y electricidad- por ayudas focalizadas a los más pobres y vulnerables. Así podrían destinarse más recursos a la inversión pública que complementen la inversión privada. La decisión de aumentar los precios de la gasolina, gasoil y gas licuado de petróleo o la de recortar transferencias corrientes no focalizadas pasa por el despacho presidencial.  

La mejora del saldo fiscal implica reducir la evasión y las exenciones tributarias. Eso significa enfrentarse tanto a quienes evaden impuestos como a los que los eluden. La lucha contra la evasión y el cambio de las legislaciones que brindan incentivos impositivos originará una intensa batalla con grupos de poder, que han aprovechado al máximo esos privilegios normativos y han capturado órganos institucionales y reguladores públicos. La responsabilidad y el costo de una posible reforma tributaria recaerá directamente sobre los hombros del presidente, aunque la diseñe el ministro de Hacienda y se ejecute desde la Dirección General de Impuestos Internos. 

Como si se tratase de una tarea sencilla, el FMI propone implementar el Pacto Eléctrico. Ello requiere “ajustes graduales a las tarifas eléctricas y una mejor focalización de los subsidios.” El presidente tendría que autorizar el aumento de la tarifa que pagan todos los consumidores; se prevé proteger a los más pobres mediante el subsidio bonoluz. 

La emisión del Decreto 517-25, que declara en emergencia el sector eléctrico nacional, es una muestra adicional de cómo el presidente “saca las castañas del fuego” a sus funcionarios. Mediante el decreto, se procedió a contratar una potencia adicional de 65 MW a la empresa Karpowership. Es muy probable que esa barcaza genere y venda el kilovatio de electricidad a un precio alrededor de los 40 centavos de dólar. Ese costo incrementará el déficit del sector eléctrico, ya que representa más del doble de la tarifa promedio que cobran las empresas distribuidoras de electricidad. Lo único positivo es que, transitoriamente, se reducirán los apagones, uno de los principales males que afectan en la actualidad a la población. 

A pesar de la política monetaria zigzagueante y de inyecciones monetarias no convencionales, el FMI reconoció que el Banco Central conserva la credibilidad del régimen de metas de inflación manteniendo ancladas las expectativas. La tasa de inflación prevista para 2025 rondará el 4%, justo en el centro del rango meta, aun cuando se observa entre mayo y agosto una tendencia ascendente de la variación mensual de precios. Ese comportamiento exige una vigilancia estrecha por parte de las autoridades. 

Para fortalecer el régimen de metas de inflación, el organismo internacional recomienda continuar con el desarrollo del mercado interbancario, cuya tasa de interés se ha convertido en referencia esencial para determinar la postura de la política monetaria. Asimismo, indica que el fortalecimiento del “mecanismo de transmisión monetaria” respaldará la normalización de la política en curso. En otras palabras, sugiere recuperar la estrategia aplicada durante el período 2012-2019.  

En cuanto a la tasa de cambio, el Fondo interpreta la gran volatilidad registrada desde marzo de 2020 como un estado de “mayor flexibilidad cambiaria en línea con los fundamentos económicos.” La realidad, no obstante, es que un aumento de dicha volatilidad hasta cuatro veces superior a la que existía entre 2012 y 2019 va más allá del concepto de flexibilidad del tipo de cambio. Es importante destacar, además, que el Fondo recomienda la intervención cambiaria solo en situaciones de choques económicos graves. 

A pesar de todos esos retos, los funcionarios del FMI se muestran optimistas. Así lo expusieron en el documento que resume su visita al país. Sin expresarlo públicamente, reconocen que las reformas recomendadas supondrán un costo político importante. El presidente, por la responsabilidad de su cargo, es quien lo asumirá. El primer mandatario es la persona que entra en los libros de historia y cuya gestión será objeto de análisis. Ante todas las reformas estructurales presentadas por el Fondo y las contingencias que acarrea su implementación, no queda más que desear buena suerte al presidente Luis Abinader y a su equipo de gobierno.