[Escrito el 25 de febrero de 2021]
El pasado 18 de enero el ministro de Industria
y Comercio pronosticó, usando una bola de cristal, que los precios de los
combustibles, entre ellos el del gas licuado de petróleo (GLP), bajarían en
marzo de este año. La realidad ha sido otra, pues desde esa fecha se observa
una marcada tendencia ascendente en el precio del crudo y sus derivados, que
colocará los precios en marzo muy por encima de los registrados en enero.
El ministro Bisonó olvidó que los precios de los combustibles en los mercados internacionales dependen de factores que influyen sobre las expectativas de oferta y demanda de esos productos. El plan de rescate de 1.9 millones de millones de dólares presentado por el presidente Biden; la política monetaria acomodaticia de la Reserva Federal; el avance a nivel global en la aplicación de la vacuna contra el covid-19; el abultamiento del ahorro privado con alta vocación a convertirse en demanda de bienes y servicios en los Estados Unidos; y choques climáticos transitorios, son factores que influyen hacia el alza de los precios básicos, entre los que se encuentran los combustibles.
En una rueda de prensa celebrada el 24 de
febrero en el Palacio Nacional, los ministros de Hacienda, Jochy Vicente, y de
Economía y Desarrollo, Miguel Ceara, se unieron al de Industria y Comercio para
anunciar al país que se habían puesto de acuerdo para mantener congelado el
precio del GLP, al igual que se hizo la semana pasada para todos los
combustibles. Esa decisión viola el decreto 625-11, el cual establece que
cuando las variaciones intersemanales de los precios de los combustibles
superan el 1%, el ministerio de Industria y Comercio podrá traspasar solo una parte
de ese aumento al precio doméstico. Esto significa que el decreto no autoriza a
congelar el precio de los combustibles, sino a amortiguar su variación.
Por otra parte, debe destacarse que los mayores
beneficiados, en términos absolutos, del subsidio que otorga actualmente el
gobierno a los combustibles es el segmento de población de mayores ingresos. El
ministro Bisonó debe saber que lo que gasta de GLP en un mes una ama de casa de
un barrio pobre, lo gasta un rico en un día calentando su jacuzzi o piscina.
Asimismo, lo que gasta en un mes una persona pobre de gasolina, porque tiene un
motor o un carro económico, lo gasta en un fin de semana un rico cuando sale de
la ciudad hacia su casa de veraniego. Esto significa que la decisión de los
tres ministros es regresiva, pues beneficia más a los ricos que a los pobres.
Ante esa realidad, si se quiere ayudar a los
pobres lo que debe hacer el gobierno del presidente Abinader es transferirle, a
través de la tarjeta de solidaridad, los recursos necesarios para compensarlos
por el impacto negativo que les produce el aumento de los precios de los
combustibles. Esa medida es más transparente y menos distorsionante.
