Intereses eléctricos versus beneficio social

El presidente Danilo Medina señaló que está dispuesto a solucionar el problema eléctrico que afecta a la nación. Reconoce que para hacerlo deberá “chocar con intereses muy fuertes” que se oponen a las medidas que quiere adoptar para reducir el precio de generación de electricidad.

Sus palabras al ser pronunciadas en un acto del CEI-RD, organismo encargado de promover las exportaciones y las inversiones en el país, son un reconocimiento de la necesidad de disminuir el costo de la electricidad para mejorar la competitividad de los sectores productivos nacionales. Mientras las pequeñas y medianas empresas tengan que pagar  28 centavos de dólar por kilovatio hora de electricidad no podrán enfrentar exitosamente a las importaciones y sacarle el máximo provecho a los acuerdos de libre comercio.

El déficit del sector eléctrico ha llevado al gobierno a disponer anualmente de más de 1,500 millones de dólares en forma de subsidios. Imagínense los programas sociales en educación y salud que pudiera ejecutar el gobierno con ese dinero.  Lo grave es que a pesar de esos cuantiosos aportes la deuda de la CDEEE y de las empresas distribuidoras de electricidad con los generadores al 10 de mayo de este año se sitúa en los 607 millones de dólares.

Es obvio que además de instalar dos plantas a carbón de 300 MW cada una, que permitirían disminuir el precio del kilovatio generado en más de 10 centavos de dólar, sería imprescindible realizar cuantiosas inversiones para reducir las pérdidas de transmisión y comercialización de electricidad. Esas inversiones permitirían detectar y suprimir los esquemas de robo de energía que explican buena parte del déficit de flujo de caja de las empresas distribuidoras de electricidad.

La combinación de generación barata y menores pérdidas comerciales se traducirían en tarifas de electricidad más bajas. Ese nuevo escenario eléctrico, unido a una población más educada, y un Estado más institucional y eficiente ayudarían a elevar la productividad del país y desarrollar mayores fuentes de creación de riqueza para todos los dominicanos. 

Apoyo a las PyMEs

El presidente del Gobierno Español, Mariano Rajoy, declaró ayer que solicitará al Banco Europeo de Inversiones que incremente de 10 a 30 mil millones de euros el financiamiento para las PyMEs. El objetivo de esa solicitud es promover el crecimiento económico y la creación de empleo, pues según las estimaciones de la OCDE la economía española decrecerá un -1.7% en 2013 y la tasa de desempleo subirá a un 28% hacia finales de este año.

Para el presidente Rajoy la expansión de las PyMEs es una condición necesaria para revertir la recesión económica que afecta España.

Esa lección debe ser aprendida por el Gobierno Dominicano.

En un estudio reciente, que analiza los determinantes del éxito de las PyMEs dominicanas, se observa que necesitan un mayor apoyo financiero para expandirse y mejorar su productividad y competitividad interna y externa.

Representantes de PyMEs, industriales y comerciales, se han mostrado de acuerdo con la celebración de una feria nacional de reestructuración financiera que permita a esas empresas aprovechar  la reducción de tasas de interés que ha estado promoviendo el Banco Central.

Ese mayor acceso al financiamiento debería complementarse con una política que dirija buena parte de las compras gubernamentales a las pequeñas y medianas empresas. El primer paso debe ser la reducción de los trámites burocráticos para convertirse en suplidor del Estado. El segundo paso es hacer que las instituciones públicas cumplan con las disposiciones que le asignan a las PyMEs un porcentaje mínimo de las compras del gobierno. El tercer paso sería la promoción de un activo mercado de factoring para las facturas pendientes de pago,  brindándole la liquidez necesaria a esas empresas para que puedan continuar supliendo de forma creciente al Estado. Ese tipo de medidas ayudarían a negocios comerciales (colmados, ferreterías, farmacias), a empresas industriales (calzados, muebles, ropa) y a los agricultores dominicanos a expandirse y crear empleos.

El impacto sobre el crecimiento económico sería positivo e inmediato. 

Austeridad o Reforma Laboral

La Unión Europea quiere que sus países miembros adopten medidas que promuevan el crecimiento económico y creen empleos, específicamente para los 6 millones de jóvenes capacitados que están desempleados.

En ese contexto, la Comisión Europea está dispuesta a aceptar una flexibilización de la política de austeridad. Se ha señalado que Bruselas permitiría que Francia, España y Holanda registren un déficit público superior al 3% del PIB con el objetivo de incrementar la demanda interna y se acentúe el proceso de creación de puestos de trabajo.

A cambio de esa menor austeridad se exigiría a esos países que profundicen la reforma del mercado laboral. Se afirma que la rigidez de ese mercado impide que los costos laborales se reduzcan, perjudicando la creación de vacantes en las empresas europeas.

La reforma laboral facilitaría en Italia que las empresas empleen trabajadores temporales. En Holanda se han creado incentivos fiscales para que contraten a personas sin experiencia. España aprobó una reforma que facilita la contratación, con especial atención a los jóvenes, y a los desempleados de larga duración.

La República Dominicana también necesita una reforma laboral. El Código de Trabajo incluye disposiciones que incrementan el costo laboral, reducen la competitividad de las empresas y no estimulan al entrenamiento de los empleados. Los costos de contratación, de terminación y de solución de conflictos laborales, así como las rigideces que limitan la movilidad funcional en el trabajo y las restricciones al empleo de tiempo parcial, explican que alrededor del 57% de los trabajadores se gane la vida en actividades informales y que exista una tasa de desocupación abierta superior a la de otros países de América Latina. (La siguiente gráfica la tomé del Informe Económico 2012 del Banco Central)

Para que el país sea un exportador competitivo es preciso adoptar medidas que aumenten la productividad laboral y reduzcan el costo laboral unitario. Así el empleo será más seguro y formal.

Esa reforma es una condición necesaria para que el bienestar de los dominicanos mejore sostenidamente en el largo plazo. 

Reducción de la tasa de interés de política monetaria

El Banco Central decidió en su más reciente reunión de Política Monetaria reducir su tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos. Esa medida, que coloca esa tasa de interés en un 4.25%, deberá traducirse en la disminución de todas las tasas de interés en el sistema financiero nacional. 

El objetivo de las autoridades monetarias es incrementar la inversión y el consumo y así acelerar el ritmo de crecimiento económico que apenas registró un 0.3% en el primer trimestre de este año.

Esa decisión complementa la liberación de 20 mil millones de pesos del encaje legal y la modificación del reglamento de evaluación de activos para que las Pequeñas y Medianas Empresas puedan obtener sus préstamos basándose en su historial de pago.

Las estadísticas oficiales muestran que a mayo el crédito al sector privado aceleró su ritmo de crecimiento, situándose su tasa de variación en un 8%, nivel que compatible con el crecimiento esperado del PIB nominal que engloba una tasa de inflación meta de un 5% y una expansión del PIB real de un 3%.

La flexibilización de la política monetaria y el incremento de la demanda agregada no tendrán un impacto significativo sobre el tipo de cambio debido al incremento de las exportaciones de bienes, en particular de minerales, y a la mayor disponibilidad de financiamiento externo a tasas de interés históricamente bajas.

En la actualidad las Reservas Internacionales Netas del Banco Central se sitúan en el entorno de los 4,130 millones de dólares, cifra superior en casi 1,120 millones de dólares al monto registrado en mayo de 2012. Esa disponibilidad de reservas permitirá una expansión monetaria sin que el peso dominicano pierda valor por encima del ritmo programado para este año 2013. 

Una feria de reestructuración de préstamos

El Banco Central de la República Dominicana ha estado aplicando una política monetaria flexible con el objetivo de acelerar el ritmo de crecimiento económico. La Resolución de la Junta Monetaria que libera 20 mil millones de pesos del encaje legal tuvo como meta el otorgamiento de préstamos nuevos para los agentes económicos con planes de inversión en bienes raíces de primera compra, así como proyectos de ampliación de la capacidad de producción en las actividades agropecuarias, manufactura y comercio, incluyendo a las MiPyMEs.

[Una nota de actualización: El 26 de mayo de 2013, el Banco Central publicó en su página web que en su más reciente reunión de política monetaria se decidió reducir en 75 puntos básicos su tasa de interés de referencia, colocándola en 4.25%. Ese movimiento de tasas de interés lo pronostiqué a inicios de mayo. Mañana lo comentaré con más detalle.] 

El éxito de la colocación de esos recursos fue contundente e inmediato. Las empresas comerciales han servido de intermediarias entre los bancos y los usuarios del crédito para facilitar el otorgamiento de los créditos. La prensa estuvo repleta de anuncios de empresas distribuidoras de vehículos y de electrodomésticos ofreciendo ventas con financiamiento a tasas de interés inferiores al 9% y fijas por seis años. Esto ha estimulado a los consumidores a realizar compras que no tenían planeadas o quizás habían pensado realizar hacia final de año.

Ese servicio de "facilitador" del financiamiento es una experiencia que debería ser utilizada para otros sectores. En ese contexto, pienso que las autoridades deberían estimular que asesores y consultores financieros sirvan como intermediarios entre el financiamiento que requieren las empresas para la compra de equipos, maquinarias o capital de trabajo y la oferta de recursos disponibles que tienen los bancos correspondiente al encaje liberado. 

Esto se facilitaría aún más si el Banco Central amplía el ámbito de los préstamos para que se pueda incluir la reestructuración de préstamos vigentes que fueron otorgados a tasas mucho más elevadas. Ese refinanciamiento reduciría el costo de las empresas, mejoraría su flujo de efectivo y, en consecuencia, elevaría su capacidad de pago. Los bancos también se beneficiarían si la reestructuración mejora la calificación de la cartera, reduciendo el monto de recursos que deben provisionar por cartera en mora.

En resumen, esa medida sería un aporte positivo al crecimiento económico sostenido, que es el objetivo actual del Gobierno Dominicano.

Loma Miranda

La explotación de Loma Miranda  hubiese sido un grave error. La extracción del ferroníquel hubiese deteriorado el equilibrio del ecosistema, impactando negativamente sobre la flora de la zona y la capacidad de producción de agua en la isla de Santo Domingo. Esto significa que la explotación generaría ingresos en el presente a los dominicanos, a cambio de deteriorar significativamente la capacidad de supervivencia de nuestros descendientes.

Algunos analistas afirman que el Estado tendría que compensar a Falcondo si no se le permite explotar Loma Miranda. Eso es inaceptable e incorrecto.  

Es cierto que Falcondo tiene una concesión, pero no menos cierto es que en el informe del PNUD, que presenta los resultados de la evaluación del Estudio del Impacto Ambiental elaborado por Falcondo, se demuestra que la empresa minera no está en capacidad de explotar esa zona sin producir un daño ecológico y social irreversible.

Esto es equivalente al caso de una empresa a la cual se le aprueba, por su historial crediticio,  una línea de crédito en un banco. Pero cuando la empresa va a requerir el desembolso presenta unos Estados Financieros que revelan que sería incapaz de devolver el préstamo. A nadie se le ocurriría pensar que el banco debería compensar a la empresa por no querer desembolsarle los recursos del préstamo ya aprobado en forma de línea de crédito. Cabe recordar que el papel del banquero es proteger el dinero de los depositantes; su meta no es satisfacer las necesidades de la empresa que solicita el préstamo y más si sabe que la misma es un crédito de alto riesgo.

La diferencia entre un presidente y un estadista lo determina la profundidad de su visión. El primero toma decisiones que afectan a la generación que conforma la sociedad durante su mandato presidencial. Un estadista, de manera contrastante,  toma decisiones pensando en las generaciones actuales y futuras.

Considero que el presidente Danilo Medina tiene la oportunidad de entrar a la historia como un estadista. 

Con el informe del PNUD, el presidente Medina tiene toda la información para declararle al mundo que el pueblo dominicano está comprometido con la protección del medioambiente y que, como primer mandatario, prefiere renunciar a dos mil millones de dólares ingresos  -que es la parte correspondiente al gobierno durante el plazo de explotación de la mina- si el costo de obtenerlos es el deterioro del ecosistema nacional.

Con esa decisión el país podría dormir tranquilo, pues confirmaría que está siendo gobernado por una persona cuyas disposiciones son medidas económicas y sociales compatibles con el desarrollo humano sostenible. 

Impacto de la inmigración

El proyecto de reforma a la ley de  inmigración  de los Estados Unidos preparado por el presidente Barack Obama está siendo estudiado  por el Senado. Esa reforma establecería los pasos a seguir para que 11 millones de ilegales puedan regularizar su presencia en territorio estadounidense. Al mismo tiempo fortalecería el control de las fronteras para evitar la entrada de personas indocumentadas. Y promovería la llegada de inmigrantes calificados quienes son vistos como una pieza clave para la competitividad y la creación de empleo en esa economía.

La Casa Blanca ha estado dando a conocer algunos datos sobre la importancia de los inmigrantes. En la actualidad más del 40% de las compañías Fortune 500 fueron fundadas por inmigrantes o por hijos de inmigrantes. Y se resalta que en 2011, el 28% de los nuevos negocios fueron iniciados por inmigrantes. Esto, aparte del extraordinario peso relativo en la masa electoral, revela la importancia de los inmigrantes en el proceso de generación de ingresos, contribución a la seguridad social y pago de impuestos.

En la República Dominicana debe realizarse también una reforma a la ley de inmigración que incluya el fortalecimiento de las instituciones encargadas de hacerla cumplir. El principal flujo de inmigrantes proviene de Haití. Lamentablemente, ese inmigrante es muy parecido en términos de educación e ingresos a las personas más pobres del territorio dominicano. Por eso la mayor presencia de trabajadores haitianos deprime el salario de los trabajadores dominicanos y, al demandar servicios de educación y salud pública, reducen la disponibilidad de gasto social  para los nacionales. De hecho existe un estudio que demuestra que los trabajadores haitianos incrementan los beneficios de los empleadores y deprimen los salarios e ingresos de los dominicanos más pobres, haciendo más desigual la distribución de la renta.

En pocas palabras, la presencia haitiana en el país hace más rico al rico y más pobre al pobre.

Esa realidad se podría cambiar si se promueven los flujos migratorios de personas con mayor calificación y con recursos disponibles para realizar inversiones que permitan la creación de puestos de trabajo en la economía dominicana.