[Escrito el 13 de mayo de 2021]
El presidente Luis Abinader necesita adoptar
medidas fiscales para mejorar las finanzas gubernamentales. Esto implica
ejecutar una reforma tributaria y reducir gastos públicos, lo cual fortalecería
la sostenibilidad de la deuda pública.
De acuerdo con el presidente Abinader, sus
técnicos están preparando esa reforma tributaria, que será presentada a la sociedad
para su discusión y consenso. El monto en que deberán mejorar las recaudaciones
puede rondar entre 150 mil millones y 200 mil millones de pesos. Esto significa
que muchos dominicanos deberán abrir sus carteras para enviarle cada día más
recursos al gobierno.
Ante ese nuevo sacrificio para el país, cabe
preguntarse si es posible reducir el gasto público y así disminuir lo que habrá
que pagar de impuestos.
Un mecanismo de ahorro, a partir de 2024, puede
ser la eliminación del Congreso Nacional actual y la creación de un congreso
unicameral. El presupuesto total del congreso bicameral que existe en el país
asciende a 7,819 millones de pesos. Este se divide en el presupuesto del
Senado, que asciende a 2,636 millones de pesos y el de la Cámara de Diputados
que llega a 5,183 millones de pesos anuales. Esos recursos no incluyen partidas
que implican pérdida de ingresos para el Estado, como son las exoneraciones de
vehículos que reciben los legisladores.
Le recomiendo al presidente Abinader que le
pida a sus funcionarios y asesores que evalúen esa opción de recorte
presupuestario, pue el ahorro pudiera superar los 4 mil millones de pesos
anuales. Ese menor gasto significaría un alivio para los bolsillos de los
contribuyentes, quienes serán impactados negativamente por la reforma
tributaria a ser ejecutada en 2022. En consecuencia, esa transformación
legislativa puede ser percibida por el pueblo como un aporte de la clase
política al erario.
Debe añadirse además que un congreso unicameral
será más eficiente en el proceso de aprobación de las leyes. En consecuencia,
su puesta en marcha implicaría un aporte positivo al proceso de desarrollo
económico y social de la nación, más allá de lo positivo que esto significa
para las finanzas públicas.
La decisión implica una reforma de la
Constitución, pero pienso que los legisladores actuales estarán más que
dispuestos a realizar esa reforma por el bien del país.
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