[9 de enero de 2014]
Un análisis riguroso de la institucionalidad en la República
Dominicana permite concluir que la misma se deterioró en el período 2005-2012.
En esos años la justicia se transformó en un feudo
controlado por fuerzas políticas, en particular las encabezadas por Leonel
Fernández. Las declaraciones de Jorge Subero Isa sobre el por qué no es
presidente de la Suprema Corte de Justicia constituyen un botón de muestra.
La mayoría del Congreso está bajo el control de Fernández.
El colmo es la creación de una Comisión Bicameral que tiene como meta evacuar
un documento que validaría las acciones de Félix Bautista como funcionario
público en el gobierno anterior, arrebatando la función que debería ejercer la
Justicia.
Las legislaciones que regulan la Administración Financiera
del Estado fueron violadas y no pasó nada. En ese período se violaron las leyes
de Presupuesto, Crédito Público, Tesorería, entre otras, sin que fuesen
sancionados los violadores. Hasta el Fondo Monetario Internacional afirmó que
la institucionalidad en el manejo de los fondos públicos se deterioró durante
2012.
En el período 2005-2012 se violaron también las normativas
de compras y contrataciones. A pesar de que sea aprobaron nuevas legislaciones
sobre ese ámbito, se establecieron mecanismos para beneficiar a contratistas y
suplidores que tradicionalmente abultan los precios de sus bienes y servicios, generalizando
la corrupción administrativa.
La evidencia anterior revela que Danilo Medina tiene un gran
reto. Para lograr la institucionalización del país necesita todo nuestro apoyo.
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