El sector eléctrico en España registró en el período
enero-noviembre de 2013 un déficit financiero de 3,454 millones de euros. Ese
déficit ha llevado a las autoridades a adoptar medidas con el objetivo de
reducir las transferencias que reciben algunos generadores de energía
renovable, como la fotovoltaica.
Se estima que los recortes de las horas con derecho a
beneficios extraordinarios implican pérdidas de ingresos para esas empresas
ascendentes a 740 millones de euros anuales.
Los generadores han apelado ante la justicia ese recorte,
aduciendo que el mismo viola sus derechos adquiridos y constituye una
expropiación de su rentabilidad.
El Tribunal Supremo de España declaró el pasado 13 de enero
que esas decisiones ministeriales son válidas, pues se justifican por la
necesidad de reducir el déficit del sector eléctrico. De acuerdo a una nota
aparecida en el periódico El País, los jueces reconocen que el recorte de las
horas reduce los beneficios de las empresas, pero “no vulneran los principios
constitucionales de seguridad jurídica, confianza legítima y no confiscación.”
Además, el Tribunal Supremo señala que la decisión del
gobierno se justifica como una medida para reducir el déficit tarifario, cuya
magnitud “ponía en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.”
Para la República Dominicana, afectada por un déficit de
1,400 millones de dólares en el negocio eléctrico, habría que analizar la
posibilidad de una reestructuración de los niveles e indexación de los precios
de generación, tomando en consideración la importancia de la sostenibilidad del
sector eléctrico.
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