La mejor decisión sobre la iniciativa HOPE/HELP

[Escrito el 28 de enero de 2026]

La incertidumbre reduce la inversión real, en especial aquella que se considera irreversible y conlleva altos costos hundidos. Por ello es indispensable lograr que el Congreso de Estados Unidos apruebe una extensión de la iniciativa HOPE/HELP, la cual permite el acceso libre de aranceles a los productos textiles de Haití, sin que tenga plazo de vencimiento, tal como se aprobó a favor de Jordania y Egipto. 

En particular, las Zonas Industriales Calificadas o Certificadas (QIZ, por sus siglas en inglés) de esos dos países pueden exportar de forma permanente sin pagar aranceles al mercado estadounidense textiles y confecciones. Dichas facilidades comerciales, con plazo indefinido, han elevado las inversiones, el empleo y las exportaciones de Jordania y Egipto, cuyo nivel de vida promedio es muy superior al haitiano.

La eliminación de la iniciativa HOPE/HELP, o su renovación con un horizonte de corto plazo, también afectaría negativamente a la economía dominicana. Varias empresas de zonas francas industriales que producen insumos para la industria de la confección utilizan a CODEVI para mejorar su competitividad y acceder al mercado estadounidense. En ese contexto, es razonable proyectar que, tal como anunció recientemente Hanesbrands Dos Ríos (Gildan-Hanes) en Bonao, otras empresas podrían optar por cerrar por completo sus operaciones, despedir a miles de trabajadores —en especial mujeres— y trasladarse a países que ofrezcan mejores condiciones de acceso a Estados Unidos.

Finalmente, dada la importancia estratégica que tiene la isla de Santo Domingo para la seguridad y la defensa de Estados Unidos, la Casa Blanca debería impulsar que el Congreso renueve de manera permanente la iniciativa HOPE/HELP y, al mismo tiempo, que elimine el arancel recíproco que hoy afecta a ambas naciones. Ello resultaría en un aporte beneficioso para Haití y la República Dominicana, lo cual evitaría que se pierdan las esperanzas por un futuro mejor.

Beneficios de la iniciativa HOPE/HELP

[Escrito el 27 de enero de 2026]

Para la República Dominicana, que ha recibido de forma irregular a centenares de miles de migrantes haitianos, resulta crucial que el Estado haitiano recupere el control de las calles, estabilice su economía y genere empleo de manera sostenida. Avanzar en esa dirección contribuiría a reducir el elevado flujo migratorio, que presiona a la baja los salarios de los trabajadores dominicanos con menor calificación y deteriora el balance de las finanzas públicas.

Uno de los pocos puntos luminosos en la economía haitiana es la iniciativa HOPE/HELP de Estados Unidos, un conjunto de leyes que permite exportar prendas de vestir al mercado estadounidense libres de aranceles. Este esquema comenzó a aplicarse en 2006 y fue ampliado tras el devastador terremoto de 2010, convirtiéndose en un pilar para la sostenibilidad de la industria textil haitiana. Se estima que ha generado decenas de miles de empleos, especialmente en los parques industriales CODEVI y CORAL, ubicados en el noroeste del país.

El programa HOPE/HELP expiró a finales de 2025 y su renovación continúa en discusión en el Congreso de Estados Unidos. Sin este régimen de acceso preferencial al mercado más grande del mundo, es casi seguro que la industria textil haitiana colapse, lo que incrementaría el desempleo y profundizaría la indigencia en el país más pobre del hemisferio occidental.

Algunos expertos consideran muy probable que el Congreso apruebe una extensión temporal de la iniciativa, con un horizonte que podría situarse entre uno y tres años. Sin embargo, un plazo tan limitado no generaría el atractivo necesario para captar nuevas inversiones en Haití; en el mejor de los casos, permitiría a las empresas textiles planificar su salida hacia México, Vietnam u otros países más competitivos y con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.

Se agrava la crisis política haitiana

[Escrito el 26 de enero de 2026] 

Desde hace años, Haití atraviesa una profunda crisis económica, social y política. Entre 2021 y 2024, su producto interno bruto se contrajo en promedio un 2.4%, y esa caída, combinada con una inflación cercana al 30%, ha intensificado los niveles de pobreza extrema que afectan a la población.

Las pandillas, que se estima controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe y otras zonas del país, no solo obstaculizan el funcionamiento de las actividades productivas, sino que han erosionado aún más la ya limitada capacidad operativa del Estado haitiano. Desde 2024, el país es administrado por el Consejo Presidencial de Transición, un órgano de carácter temporal cuyo mandato es encaminar el proceso hacia la elección de un gobierno legítimo.

En lo que va de año, la crisis política haitiana se ha profundizado debido a la confrontación entre el Consejo Presidencial de Transición y el primer ministro Alix Fils-Aimé, quien encabeza el Ejecutivo y administra el Estado. La semana pasada, la Casa Blanca advirtió al consejo que no destituyera al primer ministro antes de que sus miembros abandonen el poder, previsto para el 7 de febrero. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó el 23 de enero con Fils-Aimé y subrayó la importancia de su permanencia en el cargo para enfrentar a las pandillas terroristas, combatir a los políticos corruptos que las respaldan y avanzar hacia la estabilización del territorio haitiano.

Efectos de los aranceles de Trump

[Escrito el 23 de enero de 2026] 

En Davos, Suiza, el presidente Donald Trump afirmó que su nueva política comercial ha hecho que la construcción de nuevas fábricas suba un 41% y que el déficit comercial se reduzca un 77%. Howard Lutnick, secretario de Comercio, también presentó indicadores económicos positivos, entre ellos el crecimiento de un 4.3% registrado en el tercer trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior.  

Los datos publicados por instituciones oficiales muestran resultados negativos. Según el Banco de la Reserva de St. Louis, el gasto de construcción del sector manufactura registró un descenso significativo, a lo cual se agrega la destrucción de 72 mil empleos en dicha actividad industrial desde enero de 2025. El índice de capacidad utilizada de las fábricas en Estados Unidos también muestra una trayectoria negativa y, en diciembre, se colocó en un 75.6%, cifra que queda por debajo del promedio observado entre 1972 y 2024. 

Respecto a la incidencia de los aranceles, se han realizado diversas estimaciones que demuestran que esa carga impositiva recae principalmente sobre los importadores y consumidores estadounidenses. Un reciente estudio elaborado por Julián Hinz y colegas del Instituto Kiel para la Economía Mundial confirman que el 96% de los nuevos aranceles establecidos por Trump están siendo pagados por los productores -que importan insumos- y consumidores de Estados Unidos, mientras que el 4% restante lo absorben los países exportadores. Ese resultado sugiere que los aumentos arancelarios han deteriorado el margen de beneficios y bienestar de los agentes económicos de Estados Unidos.  

El nuevo juego comercial

[Escrito el 22 de enero de 2026]

En el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó que la globalización había hecho daño a los trabajadores estadounidenses y que, por ello, el statu quo debe cambiar. 

Lutnick declaró, en consonancia con su artículo de opinión publicado en el Financial Times el 20 de enero, que el enfoque comercial basado en mover las fábricas al extranjero para aprovechar los menores costos laborales destruyó industrias, debilitó las cadenas de suministro e impactó de forma negativa a los trabajadores estadounidenses y de otros países de occidente. 

Para enfrentar ese resultado negativo, el secretario de Comercio destacó que el presidente Trump, a quien define como el nuevo sheriff del capitalismo, ha decido establecer una política comercial que pone a las industrias de Estados Unidos en primer lugar. Según Lutnick, la nueva política arancelaria ha priorizado la producción nacional, lo que ha reducido el déficit comercial en un 35%, mejorado el saldo de las finanzas públicas y elevado el ritmo de crecimiento del producto interno bruto. 

Al mismo tiempo, advirtió que los países que deseen tener acceso al mercado más grande del mundo tendrán que negociar acuerdos comerciales que beneficien a la industria estadounidense y a sus trabajadores. Concluyó haciendo énfasis de que, al poner a su pueblo en el centro de la economía, se reconstruyen las bases de una prosperidad duradera y justa.  

El costo de la complacencia monetaria

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 19 de enero de 2025.]

La inflación es el peor de los impuestos, pues su incidencia recae en mayor medida sobre la población de menores ingresos. En una democracia, el alza sostenida de los precios suele provocar la sustitución de unos gobernantes por quienes prometen recuperar la estabilidad de precios. 

Milton Friedman, premio Nobel de Economía en 1976, sostiene que “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario.” Según esta tesis, la causa principal de la inflación persistente radica en un manejo inadecuado de la política monetaria, reflejado en un exceso de dinero en circulación. Aun cuando los choques de oferta (guerras, epidemias o catástrofes naturales) pueden desencadenar subidas generalizadas de precios, estas son transitorias y solo perduran en el tiempo cuando el crecimiento de la oferta monetaria es superior al de la producción de bienes y servicios.

La evidencia empírica confirma que el control político del banco central constituye un paso decisivo hacia la pérdida de la estabilidad de precios. Los mandatarios que no respetan la restricción presupuestaria, según la cual el Estado no puede gastar siempre por encima de lo que recauda, pretenden financiar el déficit público crónico a través de la impresión de dinero. Ello significa que, cuando los ingresos tributarios y la emisión de deuda pública no generan suficientes recursos para cubrir el total de gastos, el gobierno recurre al impuesto inflacionario. 

Thomas Sargent, premio Nobel de Economía en 2011, demostró en diversos estudios teóricos y empíricos que la irresponsabilidad fiscal conduce a financiar el déficit público mediante emisión de dinero. En esa misma línea, destacó que la expectativa de inflación de los agentes económicos aumenta cuando estos perciben que las políticas fiscales y monetarias resultan incompatibles con la estabilidad de precios. En el ensayo “El fin de cuatro grandes inflaciones,” Sargent analiza episodios hiperinflacionarios en Europa (Alemania, Austria, Hungría y Polonia), ocurridos en los años veinte del siglo pasado. El autor muestra que la estabilidad de precios se restableció después de una reforma institucional que combinó un régimen fiscal capaz de mejorar el valor presente del saldo de las finanzas públicas con la creación de bancos centrales independientes, que eliminaron el financiamiento del déficit con emisión monetaria.

De este lado del Atlántico, también se registraron procesos hiperinflacionarios. Argentina, Bolivia, Brasil y Perú los sufrieron en los años ochenta y comienzos de los noventa. Más reciente, Venezuela enfrentó aumentos de precios desbordados como consecuencia del colapso fiscal y de la subordinación del banco central a las necesidades de financiamiento del sector público. La historia dominicana presenta varios episodios de incumplimiento de la restricción presupuestaria. Los presidentes Santana, Báez, Lilís (siglo XIX) y Balaguer (1990) recurrieron a la emisión de billetes para financiar el gasto público, con el consiguiente aumento de precios y el deterioro de las condiciones de vida de la población. En todos los casos, la inflación se contuvo cuando se respetó la restricción presupuestaria en un entorno de independencia del banco central. 

Estados Unidos, emisor de la principal moneda del mundo, nunca ha enfrentado una hiperinflación. Desde el establecimiento de la Reserva Federal en 1913, se ha mantenido, en términos generales, la independencia entre la política monetaria y la fiscal. El episodio más grave de influencia política en el banco central ocurrió durante la presidencia de Richard Nixon y el mandato en la Fed de Arthur Burns (1970-1978), lo que llevó la inflación interanual a un 11% en 1974. Esa etapa ha quedado registrada como una mancha negra en la historia de la Reserva Federal, que erosionó su credibilidad durante una década. 

El regreso de Trump inauguró un enfrentamiento entre la Casa Blanca y Jerome Powell, presidente de la Fed. En enero de 2025, la tasa de interés de política monetaria se mantenía entre el 4.25% y el 4.5%, debido a que la tasa de inflación estaba en un 3%, muy por encima de la meta del 2%. En ese mes, Trump dejó claro que deseaba una reducción de la tasa de interés que acelerase el ritmo de crecimiento de la economía. Powell, sin embargo, con el fin de evitar una inflación persistente, optó por “esperar y ver” los efectos de la política arancelaria.

Meses después, Trump intensificó la presión sobre Powell. Pese a que, desde septiembre de 2025, la Fed ha recortado su tasa de interés en tres ocasiones y la ha reducido al rango de 3.50%-3.75% con miras a promover el empleo, el primer mandatario considera insuficiente el ajuste y exige uno más agresivo. 

El conflicto se intensificó la semana pasada. El 11 de enero de 2026, Powell anunció haber recibido una citación del Departamento de Justicia, relacionada con su testimonio sobre los costos de renovación de edificios de la Fed. Denunció que esas acciones judiciales constituyen un intento de presionar al banco central para que cambie el mecanismo de fijación de las tasas de interés. Al mismo tiempo, defendió la independencia de la institución, clave para la estabilidad. 

Los presidentes y gobernadores de los principales bancos centrales no han dudado en respaldar a Powell. Entre ellos, Christine Lagarde (BCE) y Andrew Bailey (UK) reconocen la importancia de mantener la autonomía de los bancos centrales para la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Por eso recomiendan que “se preserve la independencia, con pleno respeto al estado de derecho y a la responsabilidad democrática.” La misma postura mantienen los expresidentes de la Fed y numerosos académicos, como Ben Bernanke y Janet Yellen.  

Por todo ello, Trump debe ponderar el daño que supondría para la credibilidad de la Reserva Federal la designación de un titular complaciente. Sus asesores han de advertirle que una reducción excesiva de las tasas de interés podría romper el anclaje de las expectativas de inflación. Asimismo, es fundamental que el mandatario comprenda que la politización de las decisiones monetarias conduce, de manera inevitable, al deterioro del bienestar social. Ese hecho resulta relevante porque los congresistas responsables de ratificar al próximo presidente de la Fed son conscientes de que la inestabilidad económica puede pasarles factura electoral en noviembre, por lo que es difícil que respalden una nominación que amenace la gestión de la política monetaria. 

Atentos a la inflación

[Escrito el 16 de enero de 2026]

El índice de precios al consumidor general se incrementó acumulado a diciembre en un 4.95% y el IPC subyacente, que guarda una relación estrecha con la política monetaria, aumentó un 4.85%. 

Al descomponer por grupos de bienes y servicios, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a registrar la mayor variación de precios. En términos interanuales, la inflación de ese grupo se colocó en un 8.2%, cifra superior al límite superior de la meta que es igual a un 5%. Lo grave es que, si se anualiza la trayectoria observada de los precios de esos bienes entre junio y diciembre, se obtiene una tasa de inflación de un 15.1%. 

El grupo de restaurantes y hoteles, segmento en el cual el costo de los alimentos tiene un peso elevado, ha registrado una variación interanual a diciembre de un 6.5%. Y, si se anualiza en función de los últimos seis meses, se estima una tasa de un 7.8%. 

Otros bienes y servicios diversos también exhiben un aumento de precios significativo. Según los datos del Banco Central, la variación interanual a diciembre se colocó en un 6%. Y la de los precios de servicios de salud se situó en un 5.1%. 

Ante esa realidad, es recomendable que se adopten, a la brevedad posible, medidas que reduzcan los precios de los bienes y servicios, sobre todo, los de los alimentos. La mejora de la competencia y la competitividad puede ayudar a alcanzar ese objetivo, que es fundamental para el bienestar de la población. 

Recomendaciones para crecer más

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 12 de enero de 2026.]

En 2025, la economía dominicana creció en torno al 2.1%, un nivel inferior a la mitad del crecimiento potencial de largo plazo, que se sitúa cerca del 5%. Durante los ocho años comprendidos entre 2012 y 2019, el producto interno bruto (PIB) alcanzó una variación anual promedio de un 5.5%. En contraste, entre 2020 y 2025, el crecimiento promedio se redujo a un 3.2% anual.

De acuerdo con Robert Solow, premio Nobel de Economía en 1987, el crecimiento del PIB se compone de tres aportaciones: la mano de obra, medida por las horas trabajadas; el capital físico, tanto público como privado; y la productividad total de los factores (PTF), que cuantifica la eficiencia con la que se combinan el capital y el trabajo para producir bienes y servicios.

En la República Dominicana, diversos estudios indican que, a largo plazo, casi el 72% del crecimiento de la economía se explica por la acumulación de capital y empleo, mientras que el resto, estimado en 1.5 puntos porcentuales, responde a la variación de la productividad. Sin embargo, entre 2020 y 2025 se registró una significativa desaceleración de la producción, originada en gran parte por la caída de la PTF.  

La expansión económica es esencial para reducir la pobreza, preservar la sostenibilidad de la deuda pública y fortalecer la calificación crediticia. Si el incremento del PIB real se coloca por debajo de la tasa de interés real, la deuda pública como porcentaje del producto tiende a elevarse de manera sostenida y aumenta el riesgo de incumplimiento. Cuanto más lento sea el crecimiento económico, mayor será el saldo de las finanzas públicas necesario para garantizar la capacidad de pago de la deuda pública, lo que implica recortes de gastos públicos -corrientes y de capital- y aumentos de la presión tributaria.  

Para acelerar el ritmo de crecimiento económico, resulta indispensable adoptar políticas económicas consistentes con la acumulación de capital, la creación de puestos de trabajo y la mejora de la eficiencia productiva. 

En materia fiscal, se precisa reducir el gasto público menos prioritario, como subsidios y transferencias generalizadas. Si se pretende fortalecer el saldo de las finanzas gubernamentales y crear espacio para la inversión pública, con miras a alcanzar el promedio anual de un 4.7% del PIB registrado entre 1966 y 2020, urge reducir la evasión tributaria, recortar el déficit del sector eléctrico -cercano al 1.4% del PIB- y racionalizar las exenciones impositivas, mediante un análisis costo-beneficio riguroso.

Un gasto de capital equivalente al 2.4% del PIB, como el ejecutado entre 2020 y 2025, no es suficiente ni siquiera para poner en marcha un programa adecuado de mantenimiento de infraestructuras. Cabe recordar que una inversión bien diseñada y ejecutada con eficiencia, arroja un multiplicador de 1.6 (cociente entre la variación del PIB y el cambio del gasto), lo que incrementa la tasa de retorno del capital, eleva la productividad y expande la actividad económica. 

Asimismo, las autoridades deben adoptar medidas que estimulen la inversión privada, tanto nacional como extranjera. La eliminación del gravamen del 10% sobre los ingresos por intereses y la entrada libre de impuestos de capitales depositados en el exterior incentivaría la disponibilidad de fondos prestables. A esto se debe añadir una regulación bancaria que facilite la transformación del ahorro en préstamos a los sectores productivos, incluidas las mipymes.

En el ámbito monetario, conviene retomar el esquema de metas de inflación basado en reglas claras y transparentes, cuyos instrumentos monetarios se utilicen de manera consistente con la formación de capital físico, el crecimiento económico y el anclaje de las expectativas de inflación. En un entorno internacional incierto, se hace necesario aplicar una política caracterizada por medidas monetarias convencionales, no zigzagueantes y óptimas, capaces de minimizar las fuentes de volatilidad interna. Ese enfoque reduciría la incertidumbre que ha estado distorsionando la asignación de los recursos productivos, al generar oportunidades de arbitraje e incentivos que retrasan decisiones de inversión o consumo en espera de nuevos desembolsos de liquidez a tasas de interés subsidiadas. 

En cuanto a la política cambiaria, el Fondo Monetario Internacional interpreta la alta volatilidad del tipo de cambio registrada desde marzo de 2020 como un estado de "mayor flexibilidad cambiaria en línea con los fundamentos económicos." La realidad, no obstante, es que un aumento de la volatilidad más de cuatro veces superior a la que existía entre 2012 y 2019 va más allá del concepto de flexibilidad de la tasa de cambio. Por ese motivo, es recomendable revisar la normativa y la política monetaria, de modo que los movimientos cambiarios se produzcan en un marco de mayor previsibilidad. 

La aplicación de una reforma laboral resulta clave para estimular la creación de empleo formal y productivo. Un mercado laboral flexible, que permita la movilidad de un trabajo a otro con el menor costo posible, optimizaría la asignación de los recursos humanos y aumentaría el desempeño laboral. A su vez, la reducción del costo de la formalidad estimularía la creación de empleos mejor remunerados, tanto para los trabajadores cualificados como para aquellos con menor nivel educativo, lo que se traduciría en un incremento del PIB sostenido e inclusivo.  

El aumento de la población instruida impulsaría el progreso tecnológico. Una educación de calidad, junto con la formación técnica y universitaria vinculada a los sectores productivos (a través de programas de entrenamiento dentro y fuera de las empresas) y el fortalecimiento de los servicios de salud preventiva orientados a reducir el ausentismo laboral, incrementarían el aporte de la mano de obra a la expansión económica. 

Finalmente, para potenciar la productividad total de los factores hay que adoptar medidas microeconómicas, respaldadas por un sistema judicial accesible y eficaz que proteja la propiedad privada. La PTF sube cuando se reducen los costos de hacer negocios, con regulaciones simples y favorables al crecimiento e infraestructura complementaria de la inversión privada. Los gastos de obtener los permisos para proyectos de construcción e inversión deben reducirse al mínimo. Además, un mayor grado de competencia, en un entorno de estabilidad macroeconómica, promovería la asignación eficiente de los recursos productivos y, en consecuencia, elevaría el bienestar de la población.

Cuba en caída libre

[Escrito el 9 de enero de 2026]

Desde enero de 1959, Cuba ha funcionado como una economía subsidiada por países aliados. A cambio de apoyo político, militar o médico, el gobierno cubano ha recibido de la Unión Soviética, de Venezuela y, más recientemente, de China, recursos económicos de todo tipo: transferencias monetarias, petróleo, créditos blandos y suministros estratégicos. Sin embargo, pese a los miles de millones de dólares recibidos durante más de seis décadas, el pueblo cubano es hoy mucho más pobre que antes de la revolución encabezada por Fidel Castro.

La disolución de la Unión Soviética en 1991 desencadenó una de las peores crisis económicas de la historia cubana. La isla dependía de los subsidios soviéticos, de los precios preferenciales del azúcar y de créditos con tasas de interés muy por debajo del nivel de mercado. Cuando ese andamiaje desapareció, el petróleo subsidiado dejó de llegar y Cuba comenzó a sufrir apagones de hasta 18 horas diarias. La falta de fertilizantes, combustibles y maquinaria soviética agravó el desabastecimiento y provocó un racionamiento severo de alimentos.

El llamado Período Especial —cuya fase más dura se vivió entre 1991 y 1995— marcó un deterioro profundo de las condiciones de vida. Para obtener divisas, el país se volcó al turismo y a la inversión extranjera, hasta que la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela abrió una nueva etapa de alivio económico. Durante años, Cuba recibió decenas de miles de barriles diarios de crudo a precios preferenciales, a cambio de servicios profesionales suministrados por médicos, maestros y técnicos cubanos.

La reciente caída de Nicolás Maduro y el control estadounidense sobre el petróleo venezolano agravarán la crisis económica en Cuba. Los apagones de 18 horas, los cortes de agua y la escasez de alimentos, medicamentos y gas para cocinar ya forman parte de la vida cotidiana de millones de cubanos. El propio presidente Miguel Díaz‑Canel ha reconocido el deterioro acelerado de la situación económica, que, lamentablemente, apunta a agravarse en los próximos meses.

Requisitos para invertir en Venezuela

[Escrito el 8 de enero de 2026] 

Las principales petroleras estadounidenses han planteado condiciones para evaluar nuevas inversiones destinadas a incrementar la capacidad de producción de crudo en Venezuela. Las compañías recuerdan que las expropiaciones ejecutadas durante el gobierno de Hugo Chávez les ocasionaron pérdidas por miles de millones de dólares, un antecedente que hoy pesa en cualquier decisión de retorno a ese país latinoamericano. Frente a esa experiencia, exigen garantías firmes de que situaciones similares no volverán a repetirse.

En este contexto, las empresas estadounidenses buscan seguridades legales y financieras antes de comprometer capital en infraestructura petrolera venezolana. Según fuentes oficiales, la Casa Blanca ha asegurado que Washington mantendrá control sobre el petróleo venezolano de manera indefinida. Se espera que, en los próximos días, el presidente Trump presente a ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips un conjunto de mecanismos destinados a proteger sus inversiones y el flujo de caja generado por sus operaciones en territorio venezolano.

Expertos consultados señalan que, para atraer nuevamente a esas grandes corporaciones, será indispensable que Estados Unidos ofrezca garantías económicas, jurídicas y políticas sólidas. A ello se suma la necesidad de definir con claridad quién será la contraparte venezolana que firmará los nuevos contratos y compromisos: si el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, herencia del chavismo, o una eventual administración democrática surgida de un nuevo proceso electoral.

En cualquier caso, la recuperación de la capacidad productiva del sector petrolero venezolano tomará varios años, posiblemente más allá del actual mandato presidencial del presidente Trump. Esa realidad puede hacer que quienes entren primero a Venezuela sean los inversionistas más arriesgados, quienes estarán dispuestos a transitar por ese campo minado a cambio de elevadas tasas de retorno. 

Cambio de política económica en Venezuela

[Escrito el 7 de enero de 2026]

Venezuela necesita un cambio radical del régimen de política fiscal y monetaria. La sostenibilidad de las finanzas públicas, la renegociación de su deuda y la eliminación del financiamiento monetario del déficit público son elementos indispensables para el anclaje de las expectativas de inflación y la estabilidad macroeconómica. 

La mejora de la posición fiscal permitirá el control de la liquidez, cuya tasa de crecimiento debe ser compatible con una meta de inflación baja y estable. El aumento de las exportaciones de petróleo incrementará los ingresos gubernamentales y mejorará el saldo de las finanzas públicas. 

El financiamiento doméstico ha de ser dirigido al sector privado para que aumente la inversión y capacidad de creación de empleo. De esa manera, se logrará elevar el nivel de ingresos y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida, metas irrenunciables de todo gobierno democrático. 

Hay que reconocer que Venezuela tardará mucho en alcanzar dichos objetivos debido al grado de deterioro económico y social provocado por un régimen dictatorial en el más puro estado de putrefacción. Estados Unidos es clave para lograr esa recuperación económica en el más breve plazo posible y en un marco democrático. 

Reestructuración económica de Venezuela

[Escrito el 6 de enero de 2026] 

La recuperación de la democracia y la estabilidad política marcará el punto final de la tragedia venezolana y el inicio de un nuevo camino hacia un mayor nivel de bienestar. 

Para acelerar el crecimiento económico, hay que adoptar políticas públicas que restablezcan las libertades y fortalezcan el régimen de propiedad que fue destruido durante la dictadura. Es imprescindible promover la libertad de mercado, reducir la regulación excesiva, elevar la eficiencia del gasto público, mejorar la oferta de servicios públicos de educación y salud, y sacar el Estado de las actividades en que el sector privado tiene ventajas comparativas. 

En ese contexto, conviene estimular la entrada masiva de capital privado en las actividades productivas y en proyectos de ampliación y modernización de la infraestructura pública. 

La industria petrolera de Venezuela, que posee la mayor reserva de crudo del mundo, debe ser renovada con inversión extranjera para llevar la producción de los poco más de 0.5 millones de barriles por día que se suplen actualmente a los más de 3.3 millones de barriles que se producían diariamente en 1998. Las empresas petroleras estadounidenses ya han anunciado su interés en realizar las inversiones requeridas para que Venezuela sea nuevamente la potencia que era en la producción de crudo y refinado.

Además, se ha de fomentar el comercio exterior y promover la diversificación de la economía con el fin de expandir la agricultura, la manufactura, el turismo, entre otras actividades. La repatriación del capital humano que emigró por la crisis económica puede aportar significativamente a la recuperación del aparato productivo nacional y modernización de la sociedad.

La caída de Maduro

[Escrito el 5 de enero de 2026] 

A mediados de agosto de 2024, comenté que la política económica venezolana bajo el régimen chavista, continuado por Nicolás Maduro, había sido tan desastrosa que en una década provocó una terrible hiperinflación y el desplome del producto interno bruto a un 25% del nivel observado en 2012. El resultado de ese comportamiento de la actividad económica, condicionado por ocho años de recesión, ha sido un vertiginoso aumento de la pobreza. 

El domingo 28 de julio de 2024 el pueblo venezolano llenó las urnas para expresar su rotunda oposición a una dictadura de 25 años: no más distorsiones económicas, no más injusticias, no más corrupción ni más privilegios para la clase gobernante. Venezuela quiere libertad y un cambio de gobierno. Por ese motivo Edmundo González, la cara de la oposición que dirige María Corina Machado, obtuvo casi el 70% de los votos. 

Nicolás Maduro se declaró ganador de las elecciones y, mediante la represión que le brindan las armas, se logró mantener en el poder. Una gran parte de la comunidad internacional, incluyendo países de América Latina como la República Dominicana, defendió la voluntad popular y la legitimidad democrática en Venezuela. Pero esos reclamos fueron insuficientes, Maduro retuvo el poder hasta la semana pasada. 

Cansado de realizar advertencias, el presidente Donald Trump autorizó el 3 de enero derrocar a Maduro. En una operación relámpago, un equipo militar élite, apoyado por un bombardeo de precisión, penetró en territorio venezolano y capturó a Maduro, quien enfrentará esta semana cargos de narcotráfico ante un tribunal federal de Nueva York. 

Ahora comienza lo difícil en Venezuela, lograr una transición del régimen chavista, encabezado por Delcy Rodríguez, hacia una democracia plena. 

El Banco Central en modo halcón

[Escrtio el 2 de enero de 2026] 

Las autoridades monetarias vigilan de manera constante la evolución de la tasa de inflación para asegurar que permanezca dentro del rango meta que va del 3% al 5% anual.

A noviembre, el ritmo de variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó un 4.81%, un nivel muy cercano al límite superior del objetivo. Más inquietante aún es que, al anualizar el comportamiento de los precios entre junio y noviembre del año 2025, la inflación implícita asciende a un 6.65%. 

Ante ese panorama inflacionario, el Banco Central decidió en diciembre mantener la tasa de interés de política monetaria en un 5.25%. La decisión fue acertada: un recorte de 25 puntos básicos, justificado por la reducción similar aplicada por la Reserva Federal, habría enviado al mercado una señal incompatible con el compromiso de preservar la estabilidad de precios.  

A mi entender, el Banco Central debe ejercer una vigilancia estricta sobre la trayectoria de la inflación, al igual que lo hace un halcón monetario. Por ello, aunque la tasa de crecimiento del producto interno bruto cerró el año pasado en torno al 2.2%, lo recomendable es que la institución mantenga en lo sucesivo niveles de liquidez que no generen presiones inflacionarias e incluso esté dispuesta a elevar la tasa de política monetaria si las circunstancias así lo requieren.