[Escrito el 29 de mayo de 2024]
Ayer comenté que la reducción del déficit del sector eléctrico es una
condición necesaria para que se pueda ejecutar la reforma tributaria. Esa
condición cobra una mayor importancia si toma en consideración la restricción
que impondrá sobre la evolución del gasto público primario el proyecto de Ley
de Responsabilidad Fiscal presentado en el Congreso Nacional por el Ministerio
de Hacienda a mediados del año pasado.
De acuerdo con ese proyecto de Ley, el gasto público primario, definido
como el gasto público total menos el gasto correspondiente a los intereses de
la deuda pública, no podrá crecer en términos porcentuales por encima de la
cifra que resulte de sumar tres puntos porcentuales a la inflación esperada. Si
se asume que la inflación esperada es 4% anual, el gasto primario sólo podría expandirse
hasta 7% anual.
Hay que recordar que la Ley General de Educación establece que el gasto
público en educación debe ser como mínimo igual al 4% del producto interno
bruto (PIB) nominal. Esto significa que el gasto en educación crecerá anualmente
al ritmo del PIB nominal, que, asumiendo una tasa de crecimiento real de largo
plazo de 5% y una variación del deflactor del PIB de 4%, se estima será de 9%
anual.
Visto que esa variación relativa del gasto en educación superará la tasa
de crecimiento del gasto primario total establecida por la Ley de Responsabilidad
Fiscal, la participación del gasto en educación, como porcentaje del gasto
primario, será cada vez mayor. En contraste, la participación del gasto en
salud, vivienda, asistencia social, infraestructura, entre otros, como
porcentaje del gasto primario total irá disminuyendo con el paso del tiempo.
La dinámica anterior se agravaría si no se reduce el déficit del sector
eléctrico, que se financia con transferencias del gobierno central registradas
como gasto primario. Si las distribuidoras de electricidad no mejoran su
eficiencia operativa y su déficit financiero sigue expandiéndose, por ejemplo a
la tasa de variación del PIB nominal, el resto del gasto primario -donde se
encuentra la inversión en salud- se reducirá como porcentaje del PIB de manera
más acentuada.
Ese comportamiento del resto del gasto público primario es inconsistente
con el aporte positivo que debe tener el Estado a favor de la gente. De ahí se
desprende como recomendación que antes de presentar el proyecto de reforma
tributaria, evento que le exigirá a la población un mayor sacrificio económico,
se indique cuáles serán las medidas que se adoptarán para reducir el déficit
financiero del sector eléctrico, las cuales deben lograr que los usuarios que
no están pagando lo que consumen de electricidad comiencen a cumplir con esa
obligación. Así las cosas, concluyo reiterando que la reforma eléctrica es una
condición necesaria para la reforma tributaria.
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