[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 2 de febrero de 2026.]
Recuperar la paz y reactivar el crecimiento económico de Haití son condiciones esenciales para el bienestar de la República Dominicana. El país vecino constituye un socio comercial de gran relevancia: cada año importa cerca de mil millones de dólares en bienes dominicanos, lo que representa alrededor del 8% de las exportaciones nacionales totales. Entre los productos de mayor peso en el intercambio bilateral destacan los textiles destinados a las zonas francas industriales del norte haitiano, los materiales de construcción y una amplia variedad de alimentos, tanto primarios como manufacturados.
Desde hace años, Haití atraviesa una profunda crisis económica, social y política. Entre 2021 y 2024, su producto interno bruto (PIB) se contrajo en promedio cada año en un 2.4%; esa caída, junto con una inflación cercana al 30% anual, agravó el nivel de pobreza extrema que sufre la población.
Las bandas armadas, que controlan alrededor del 90% de Puerto Príncipe y otras zonas del país, no solo obstaculizan el funcionamiento de las actividades productivas, sino que han erosionado aún más la ya limitada capacidad operativa del Estado haitiano. Desde 2024, el país está bajo la administración del Consejo Presidencial de Transición (CPT), un órgano de carácter temporal cuyo mandato es encaminar el proceso hacia la elección de un gobierno legítimo.
En lo que va de año, la crisis política haitiana se ha agudizado por la confrontación entre el CPT y el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, jefe del Ejecutivo y responsable de la administración del Estado. La Casa Blanca advirtió al Consejo que no destituyera al primer ministro antes de la salida de sus miembros del poder, prevista el 7 de febrero. Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica el 23 de enero con Fils-Aimé en la que subrayó la importancia de su permanencia en el cargo para hacer frente a las pandillas, apartar a los políticos corruptos que las respaldan y avanzar hacia la estabilidad del país.
A la República Dominicana, que ha recibido de forma irregular a centenares de miles de migrantes haitianos, le conviene que el Estado haitiano recupere el control del territorio, estabilice su economía y genere empleo de manera sostenida. Un progreso en esa dirección contribuiría a reducir el elevado flujo migratorio, que presiona a la baja los salarios de los trabajadores dominicanos con menor calificación y deteriora el balance de las finanzas públicas.
En medio de esa situación, uno de los pocos aspectos positivos destacables de la economía haitiana es la iniciativa HOPE/HELP. Se trata de un conjunto de leyes que permiten exportar al mercado estadounidense prendas de vestir exentas de aranceles. El modelo comenzó a aplicarse en 2006 y se amplió tras el devastador terremoto de 2010, hasta convertirse en un pilar para la sostenibilidad de la industria textil haitiana. Se estima que ha generado decenas de miles de empleos, especialmente en los parques industriales CODEVI y CARACOL, ubicados en el noroeste del país.
El programa HOPE/HELP expiró a finales de 2025 y su renovación está pendiente en el Congreso de Estados Unidos. Sin este régimen de acceso preferencial al mayor mercado del mundo, es casi seguro que la industria textil haitiana colapse, lo que incrementaría el desempleo y acentuaría la indigencia en el país más pobre del hemisferio occidental.
Algunos expertos consideran muy probable que el Congreso ratifique una extensión temporal de la iniciativa, con un horizonte de uno a tres años. Sin embargo, un plazo tan limitado no generaría el atractivo necesario para captar nuevas inversiones en Haití; en el mejor de los casos, permitiría a las empresas textiles planificar su salida hacia México, Vietnam u otros países más competitivos y con mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense.
Es oportuno recordar que la incertidumbre perjudica la inversión real, sobre todo aquella de naturaleza irreversible y con elevados costos hundidos. Por esta razón, resulta indispensable que el Congreso de Estados Unidos apruebe una renovación indefinida de la iniciativa HOPE/HELP, como lo hizo con Jordania y Egipto. En esos países, las Zonas Industriales Calificadas (QIZ, por sus siglas en inglés) pueden exportar textiles y confecciones de forma permanente sin pagar aranceles al mercado estadounidense, lo que las convierte en un eslabón competitivo de la cadena de suministro. Dichas facilidades comerciales han impulsado las inversiones, el empleo y las exportaciones de Jordania y Egipto, dos naciones con un nivel de vida promedio muy superior al haitiano.
La eliminación de la iniciativa HOPE/HELP, o su prórroga por un período breve, también repercutiría en la economía dominicana. Varias empresas de zonas francas industriales, que producen insumos para la industria de la confección, utilizan a CODEVI para mejorar su competitividad y acceder al mercado estadounidense. Es razonable anticipar, tal como anunció recientemente Hanesbrands Dos Ríos (Gildan-Hanes) en Bonao, que otras empresas tengan que cerrar por completo sus operaciones, despedir a miles de empleados —en especial mujeres— y trasladarse a países con mejores condiciones de acceso a Estados Unidos.
Durante décadas, la República Dominicana ha sido un socio fiable para Estados Unidos. En diversos espacios multilaterales y bilaterales, Washington ha contado con el apoyo dominicano. En el terreno económico, la industria de zonas francas se ha consolidado como un eslabón clave dentro de la cadena de suministro, al fortalecer la competitividad de las empresas estadounidenses y contribuir al bienestar de sus consumidores. Por ello resulta difícil de justificar que, pese a ese historial y al déficit comercial dominicano —superior a cinco mil millones de dólares en el marco del acuerdo de libre comercio vigente DR-CAFTA—, Trump haya decidido imponer un arancel recíproco de un 10% sobre las exportaciones destinadas a su mercado.
Por último, dado el valor estratégico de la isla de Santo Domingo para la seguridad y la defensa de Estados Unidos, la Casa Blanca debería promover ante el Congreso la renovación permanente de la iniciativa HOPE/HELP, así como la eliminación del arancel recíproco que hoy en día afecta a la República Dominicana y Haití. Una decisión en ese sentido sería muy beneficiosa para ambas naciones caribeñas, pues preservaría un resquicio de esperanza de lograr un futuro mejor para todos.
