[Escrito el 10 de abril de 2024]
En la República Dominicana hay dos actividades que exhiben un desempeño terrible que provoca una pérdida de ingresos para el Estado y de valor agregado para la sociedad. El denominador común de ambas actividades y de su deprimente evolución es el señor Antonio Almonte, quien ocupa el cargo de ministro de Energía y Minas desde agosto de 2020.
La actividad minera se ha desplomado en los cuatro años comprendidos
entre 2020 y 2023, registrando su valor agregado variaciones de -12.5%, -0.7%,
-7.2% y -16.3%. En los dos primeros meses de este año y a pesar de que el
precio del oro ha llegado a un nivel récord de 2,371 dólares por onza troy, la
actividad minera presenta una variación de -15.9%.
El sector eléctrico también está en crisis. Las pérdidas de las empresas
distribuidoras de electricidad se incrementaron de 29% en 2019 a un 40% en
2023, obligando al gobierno central a destinar anualmente 1,500 millones de
dólares en forma de subsidios para mantenerlas a flote. Con relación a la
generación de electricidad desde 2020 no se ha instalado un solo megavatio de
energía base y se gestionó de forma pésima -tanto operativa como
administrativamente- la Central Termoeléctrica Punta Catalina entre el 18 de
agosto de 2020 y el 28 de octubre de 2021. Basta con recordar que debido a la
incapacidad del equipo humano que la gestionaba en ese entonces la planta se
quedó sin carbón, provocando una pérdida superior a centenares de millones de
dólares.
Afortunadamente, el presidente Luis Abinader ha intervenido directamente
en el sector eléctrico para reducir la intensidad de la crisis. Para esto ha
designado como cabeza del gabinete eléctrico a la vicepresidenta Raquel Peña,
la funcionara más eficiente de su administración, y nombró a finales de 2021
como administrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina a Celso
Marranzini, un empresario con amplia experiencia en el sector eléctrico, quien
logró recuperar el buen desempeño de esa empresa llevándola a tener nuevamente beneficios
anuales de 240 millones de dólares. Posteriormente, el presidente le quitó a
Almonte la responsabilidad de las empresas distribuidoras de electricidad y se
la asignó a Marranzini.
La pésima gestión del señor Almonte eleva la probabilidad de que sea
removido del cargo. Para evitarlo, quiere agarrarse de la rama que consiste en
la crítica de Punta Catalina.
En una declaración recogida en la prensa nacional, el señor Almonte insistió
en decir que según una “auditoría” el costo de construcción de la Central
Termoeléctrica Punta Catalina fue de unos 3,400 millones de dólares.
Afortunadamente, tal como he demostrado en otras ocasiones, Almonte se
equivoca. El monto pagado al contratista EPC por la construcción de Punta
Catalina, incluyendo el monto correspondiente a la indexación de los hitos, fue
de 2,455 millones de dólares. Una suma que se compara favorablemente con otros
proyectos similares a nivel internacional.
A la suma anterior, la empresa que realizó el informe de servicios
relacionados, no la auditoría, le quiere añadir partidas que denomina “otros costos
del dueño,” que incluyen los costos hundidos incurridos durante la licitación
así como los costos del carbón, de la cal, los repuestos y otros insumos utilizados
para generar electricidad. Es extraño que la firma haya tomado en consideración
los costos, pero no haya tomado en cuenta los ingresos millonarios que obtuvo
la CDEEE al colocar en las redes la electricidad que produjo Punta Catalina utilizando
esos insumos. Estoy seguro de que esos ingresos superan esos “otros costos del
dueño,” lo cual reduce el costo neto de la inversión.
La firma quiere además añadir, a diferencia de lo que ocurre con otros proyectos de inversión pública, como el metro, teleférico, monorriel, presas, carreteras, entre otros, los intereses generados por los recursos que se utilizaron en la construcción de esa importantísima generadora de electricidad. Esto es un absurdo que tiene como objetivo dañar la imagen de la joya de la corona del sector eléctrico nacional.
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