Powell no pone fecha para bajar la tasa de interés

[Escrito el 16 de julio de 2024]

Suenan las campanas de reducción de la tasa de interés de la Reserva Federal. De acuerdo con Jerome Powell, presidente del banco central de Estados Unidos, la reducción de la tasa de inflación registrada entre abril y junio le brinda mayor confianza de que la variación de los precios seguirá disminuyendo hasta converger a la meta del 2%. Por ese motivo, es muy probable que en la reunión de septiembre las autoridades monetarias decidan iniciar el ciclo de reducción de la tasa de interés de referencia que se encuentra entre 5.25% y 5.5%.

A pesar de que este año no se llegue a la meta de inflación, el mercado proyecta que habrá por lo menos una segunda reducción de la tasa de interés, sea en la reunión de noviembre o en la de diciembre. Hay que señalar que Powell no se ha querido comprometer con fechas precisas para rebajar la tasa de interés, pues se limita a insinuar que ese evento ocurrirá antes de que finalice el año. Además indica que las decisiones con relación a los ajustes posteriores de la tasa de política monetaria estarán en función de los datos de inflación y crecimiento económico que vayan llegando mes a mes.

Si se observa una desaceleración de ambas variables, se elevará la probabilidad de que continúe ajustando a la baja la tasa de interés después de que arranque el ciclo en septiembre. Cada ajuste será de 25 puntos básicos, de manera que, en el mejor de los casos, el límite inferior del rango de la tasa de referencia pasaría en este año de 5.25% a 4.5%. Debe tomarse en consideración que actualmente la probabilidad del evento que consiste en tres reducciones de 25 puntos básicos es muy baja.

Otra variable que analizará la Reserva Federal es la tasa de desocupación, que ha estado subiendo. A junio se situó en 4.1%, ligeramente por encima del porcentaje considerado como pleno empleo. Si las próximas lecturas de esa variable revelan que las condiciones laborales siguen en deterioro, la Reserva Federal tendría una justificación para reducir su tasa de interés de referencia. Un resultado que mejoraría el margen de maniobra del Banco Central de la República Dominicana.

¿Subirá la Reserva Federal nuevamente la tasa de interés?

[Escrito el 2 de julio de 2024]

Hace unos días, Michelle Bowman, una de las gobernadoras de la Reserva Federal, declaró que es posible que sea necesario aumentar nuevamente la tasa de interés de política monetaria si la tasa de inflación en Estados Unidos, medida por la variación del IPC, se mantiene en el nivel de 3.3% vigente a mayo. La tasa de interés de referencia se mantiene en el rango que va de 5.25% a 5.5%, el más elevado en 23 años.

Bowman, quien tiene poder de voto en el Comité Federal de Mercado Abierto para fijar la tasa de interés, enfatizó que ella tiene la voluntad de incrementar la tasa otra vez en caso de que la trayectoria de la inflación hacia abajo se estanque o se revierta.

Los mercados prevén como un evento casi cierto que en la reunión de julio la tasa de interés de referencia se mantendrá inalterada. Y asignan una probabilidad de 63% a que el ciclo de reducción comenzará en septiembre con un recorte de 25 puntos básicos, aspirando que se registre otra rebaja similar en diciembre.

Al comparar con la posición de otros gobernadores se puede decir que la de Michelle Bowman es la de un halcón monetario, cuya prioridad es alcanzar lo más rápido posible la meta de inflación del 2%, aun cuando esto provoque una desaceleración de la economía. En la más reciente reunión de la Reserva Federal quedó claro que cuatro de 19 miembros del Comité piensan que este año no se reducirá la tasa de interés.

Ese posible evento estadounidense sería negativo para la República Dominicana, pues limita el margen de maniobra de la política monetaria del Banco Central.

El Banco Central mantiene inalterada su tasa

[Escrito el 1 de julio de 2024]

En su reunión de política de junio, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener inalterada en 7% la tasa de interés de referencia. Esa es una decisión prudente y acertada dado que la Reserva Federal de Estados Unidos no ha iniciado el ciclo de bajas de su tasa de interés.

La tasa de inflación estadounidense se mantiene muy por encima de la meta del 2%. La inflación medida por la variación interanual del índice de precios al consumidor se situó en 3.3%. Por ese motivo las autoridades de la Reserva Federal han dejado claro que la tasa de interés de referencia se mantendrá en el rango que va de 5.25% a 5.5% por lo menos hasta septiembre.

Ante esa evidencia es lógico que el Banco Central de la República Dominicana haya decidido mantener sin cambios su tasa de interés. Desde noviembre del año pasado he estado argumentando que la diferencia entre la tasa de política del Banco Central y la tasa de la Reserva Federal, actualmente en 1.7 puntos porcentuales, se encuentra muy por debajo del promedio histórico de 4 puntos porcentuales.

Si el Banco Central disminuyese su tasa de interés de referencia, por ejemplo a 6.75%, se reduciría aún más la distancia entre ambas tasas de interés, presionando hacia arriba el nivel y volatilidad de la tasa de cambio del peso frente al dólar. Ese resultado incrementaría la tasa de inflación; un evento poco deseado por las autoridades del Banco Central, que valoran por encima de todo mantener la credibilidad en el peso dominicano para asegurar el anclaje de las expectativas de inflación en el centro del rango meta del 4%±1%.

Impuesto mínimo global a los multimillonarios

[Escrito el 28 de junio de 2024]

Si se le pregunta al ciudadano común a quién habría que subirle los impuestos, la respuesta de la gran mayoría sería: a los más ricos. Según un conjunto de expertos, que han analizado la evolución de la distribución de la renta a nivel global, los ingresos y riqueza de los super ricos no son gravados efectivamente, creando un problema de regresividad en la parte alta de la distribución de la renta.

Gabriel Zucman, profesor de economía de la Universidad de Berkeley, tiene una propuesta para enfrentar el escape de los super ricos, quienes actualmente solo pagan impuestos por una suma equivalente a un 0.3% de su riqueza; un porcentaje muy por debajo del que paga gran parte de la clase media. En el reciente informe preparado para el G20, presentó una propuesta para que a nivel internacional se unan esfuerzos para gravar los ingresos de los multimillonarios y elevar así la progresividad, equidad y eficiencia de los sistemas tributarios.

El profesor Zucman, quien es un importante coautor de los profesores Thomas Piketty y Emmanuel Sáez, señala que se debe establecer un impuesto mínimo de 2% sobre la riqueza de todos los individuos que tengan un nivel recursos superior a los mil millones de dólares, incluyendo en esa suma los bienes raíces, acciones y otros activos financieros. De acuerdo con Zucman, ese porcentaje puede ser obtenido a través del impuesto sobre la renta, sobre una base amplia de ingresos o un impuesto a la riqueza.

Se estima que ese impuesto de 2% sobre la riqueza de los tres mil super ricos permitiría obtener ingresos tributarios a nivel global por un monto que oscilaría entre los 200 y 250 mil millones de dólares anuales.  Y si se extiende el impuesto para incluir a los ricos que poseen riqueza superior a cien millones de dólares se pudieran recaudar entre 100 y 140 mil millones adicionales. En caso de que los individuos estén pagando actualmente impuesto sobre la renta por una suma equivalente a un porcentaje superior al 2% de su riqueza, no sería gravado adicionalmente.

Según Zucman, ese impuesto mínimo evitaría que los super ricos sigan evadiendo y eludiendo el pago de sus obligaciones tributarias al recibir ingresos en forma de activos financieros, bienes o servicios que enfrentan una menor tasa impositiva. Con esto prevé que mejoraría la equidad de la distribución de la carga impositiva a nivel global. El principal escollo es que Estados Unidos, en la persona de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, ya ha dicho que se opone a ese tipo de impuesto.

¿Cómo beneficiarse de la inteligencia artificial?

 (Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 15 de julio de 2024)

El término inteligencia artificial (IA) fue acuñado en 1956 por el matemático e informático John McCarthy, cuando inició programas de investigación que tenían como objetivo el desarrollo de algoritmos que permitieran que una computadora imitara la inteligencia humana. El profesor Richard Bellman, padre en los años cincuenta de la rama de las matemáticas denominada programación dinámica, escribió en 1978 una obra sobre la IA en la cual se preguntó si las computadoras pueden pensar y enmarcó su respuesta en el contexto de la automatización de las actividades asociadas al pensamiento humano.   

Para ese entonces el limitado poder computacional no permitía enfrentar adecuadamente la “maldición de la dimensionalidad,” concepto desarrollado por Bellman, que revela la dificultad de encontrar soluciones rápidas a problemas estocásticos de múltiples secuencias de variables estado que requieren la selección de políticas de control óptimas. Entre esos problemas, se encuentran los de secuencias de palabras que utilizan procesos de Markov, con probabilidad de transición de estados conocidas o entrenadas con millones de millones de datos, que son los fundamentos de los actuales modelos de lenguaje de gran tamaño como ChatGPT. Ese tipo de programas informáticos puede responder con una alta probabilidad de acierto a las preguntas o solicitudes que le haga una persona sobre diversos temas, gracias a la inmensa cantidad de información obtenida del internet y utilizada para entrenar o estimar millones de parámetros que conforman el modelo de respuesta. 

En adición, las herramientas matemáticas conocidas como aprendizaje automático, redes neuronales y aprendizaje profundo permiten desarrollar, entre otros, modelos de predicción de preferencias de consumo; transferencia de texto a voz y video; y reconocimiento facial, los cuales se van insertando en los procesos productivos según sea la visión y capacidad de inversión de las empresas, modificando la manera y ritmo de creación de valor agregado.   

A los hacedores de política económica les interesa saber o tener una idea aproximada de quiénes serán los beneficiarios de la difusión de la IA, considerando su impacto sobre la productividad y el mercado laboral.  ¿Se beneficiará el capital o la mano de obra? ¿Aumentará más rápido el ingreso promedio de los trabajadores más cualificados? ¿Se acentuará la desigualdad de ingresos? Las respuestas dependen de la complementariedad de la IA con el capital y con los diferentes tipos de mano de obra.

Los países que tendrán mayor exposición a la IA son los más ricos y capacitados. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que gran parte del empleo estará expuesto a la IA: el 60% en los países de economía avanzada, el 40% en las economías emergentes y el 26% en los países de menores ingresos.   

En Estados Unidos, Daron Acemoglu, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha señalado que las implicaciones de la IA sobre la productividad, empleo, salarios y desigualdad son difíciles de predecir. No obstante, en base a un conjunto de supuestos, estima que la productividad factorial total aumentará 0.7% en un período de 10 años, mejorando el PIB en ese plazo -como límite superior- entre 1.4% y 1.6%. Otros autores proyectan resultados más elevados.

Acemoglu y Simon Johnson, también profesor del MIT, sostienen que la IA desplazará mano de obra que ofrezca servicios sustituibles por los que puedan brindarse con soporte de esa tecnología. Es lógico que la automatización -que implica la ampliación a menor costo (i.e., mayor productividad) de las actividades que puede ejecutar el capital- disminuya el salario promedio de las tareas reemplazables en sectores donde se registre la mayor penetración de esa nueva tecnología, con el consiguiente traslado de ingresos laborales hacia otras actividades complementarias y, principalmente, hacia aquellas vinculadas con la elaboración de los modelos de aprendizaje automático y redes neuronales que sirven de base a la IA.

Esos expertos consideran que el incremento de la productividad que generará la IA elevará más rápido el retorno del capital en relación al aumento promedio que pudiese alcanzar el salario. En consecuencia, esa nueva transformación económica -como lo hizo la revolución industrial- puede ampliar el grado de desigualdad en la distribución de los ingresos y de la riqueza en beneficio de los propietarios del capital y de los trabajadores dedicados a las actividades complementarias de la IA. Ese previsible efecto implica que, para aprovechar al máximo y más equitativamente los beneficios derivados de la IA, es imprescindible que el sistema educativo de las naciones fortalezca las áreas de matemáticas y ciencias, además de abarcar el entrenamiento en técnicas digitales a los trabajadores menos jóvenes para que puedan insertarse fácilmente en actividades complementarias a la IA.

El FMI, que reconoce el impacto positivo de la inteligencia artificial generativa sobre la productividad, advierte que su penetración en la sociedad puede traducirse en disrupciones laborales masivas y en un aumento de la desigualdad de rentas, ya que concentra las remuneraciones en los trabajadores más capacitados y complementarios de la IA. Ante esa posibilidad, el Fondo recomienda el fortalecimiento de las redes de seguridad social, la inversión en educación en áreas vinculadas a esos algoritmos matemáticos y la adopción de medidas para reducir la desigualdad de ingreso laboral.

Con el fin de amortiguar el impacto negativo de la integración de la IA en los procesos productivos, el Fondo propone la ampliación de la cobertura del seguro de desempleo para garantizar la protección de los empleados que pierdan su puesto de trabajo y puedan así disponer de tiempo suficiente para reincorporarse al mundo laboral.

Los países menos desarrollados, como la República Dominicana, habrían de enfrentar un mayor reto, pues no poseen seguro de desempleo y presentan un elevado porcentaje de ocupación informal con bajo nivel de formación digital. Además de llevar a cabo el reentrenamiento laboral para adaptar la mano de obra a las nuevas exigencias tecnológicas, deberán desarrollar programas de coincidencia laboral para que otras actividades económicas puedan absorber en el plazo más breve posible la mano de obra desplazada por la IA. De esa manera se evitaría un aumento excesivo del desempleo y un deterioro del bienestar de los trabajadores menos complementarios con la IA.

Rompiendo el modelo de la educación pública

(Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de julio de 2024)

La educación es el determinante más significativo de la innovación, el progreso tecnológico y, por tanto, del crecimiento económico. Robert Lucas, quien fuera profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía, lo analizó magistralmente en su famoso ensayo “Making a Miracle” publicado en 1993. Y se ha confirmado empíricamente que el nivel educativo guarda una estrecha y positiva relación con la remuneración laboral. En consecuencia, para mejorar las condiciones de vida de una sociedad resulta imprescindible elevar el capital humano de su población.

Desde el año 2013, el Gobierno dominicano invierte el 4% del PIB en educación preuniversitaria. Sin embargo, a pesar del aumento sostenido de la cantidad de recursos destinados al suministro de esos servicios educativos, no se ha logrado un avance significativo en el desempeño del estudiante de la escuela pública. En promedio, el resultado del aprendizaje sigue siendo mediocre y la tasa de deserción escolar, principalmente entre los varones, es más que preocupante. Bastaría, como ejemplo, un simple análisis descriptivo de las características de la población carcelaria del país para verificar que el mayor porcentaje de los recluidos se trata de personas que abandonaron los estudios antes de los 18 años.

Esa alarmante realidad revela que el modelo vigente de gestión de la educación preuniversitaria pública necesita urgentemente un profundo cambio. En ese sentido, la introducción de técnicas modernas de gestión en los centros educativos es un requisito indispensable para mejorar la calidad de la educación nacional e incrementar las oportunidades de una buena enseñanza a favor de los segmentos de población más pobres.

El sector privado tiene la capacidad de apoyar el proceso de modernización mediante su participación en un programa en el que centros académicos privados -colegios y universidades- y grupos empresariales exitosos e innovadores se hagan cargo de la gestión de un conjunto de escuelas públicas con el objetivo de mejorar el desempeño académico de los estudiantes, cumpliendo regulaciones pedagógicas establecidas por un equipo de expertos, como el tamaño de la población por aula y el contenido curricular compatible con las necesidades actuales y futuras del mercado laboral. Para financiar ese programa de gestión escolar se calcularía una tarifa óptima por estudiante que sería pagada por el Estado al administrador en función del número de alumnos que asista a cada centro.

Sujeto a esa restricción presupuestaria y satisfaciendo las regulaciones pedagógicas, el nuevo equipo administrador seleccionaría los insumos que se transformarían en servicios educativos eficientes de manera tal que se eleve la calidad del proceso de aprendizaje hasta el nivel que se maximice el desempeño académico de los estudiantes. Todo ello implica seleccionar maestros, material didáctico, tecnología de apoyo, alimentación estudiantil y el mantenimiento de la infraestructura escolar, entre otros insumos.

En el año 2024 se aprobó al Ministerio de Educación un presupuesto de 297 mil millones de pesos para ofrecer servicios de educación preuniversitaria a una población de 2.07 millones de estudiantes. Esto significa un costo anual de 143 mil pesos por estudiante, que incluye el pago de bienes y servicios que no están vinculados con los servicios educativos (e.g., exceso de personal sin funciones). 

En base a esos datos, se estima que una escuela pública con 400 estudiantes cuesta actualmente al contribuyente dominicano un promedio de 57.2 millones de pesos por año. Lamentablemente el producto final, cuantificado por los resultados del aprendizaje, la probabilidad de deserción y el valor presente del flujo de ingresos que obtendrá ese estudiante durante su vida laboral, es insuficiente para alcanzar una sociedad con mayor nivel de bienestar y menor desigualdad de oportunidades y renta.

El presupuesto del Ministerio de Educación se debe utilizar para la ejecución del programa de modernización de la gestión del sistema escolar dominicano. En el primer año pudieran seleccionarse mil escuelas públicas para ser gestionadas por entidades privadas adjudicadas mediante un riguroso concurso público que evalúe la eficiencia y experiencia del equipo humano encargado tanto de la gestión administrativa como académica.

Para alcanzar la eficiencia del programa es necesario asociar el desempeño de los niños (e.g., resultados de pruebas estandarizadas) con el beneficio del suplidor de los servicios de educación. Los centros académicos privados y los grupos empresariales encargados de la gestión de las escuelas públicas podrán contratar libremente un director académico, un administrador y profesores con el objetivo de obtener el mejor desempeño académico posible. Los gestores recibirán una prima -porcentaje- por encima del pago por alumno en función del éxito que se logre en el desempeño en matemáticas, ciencias, lectura comprensiva, entre otras competencias. Los resultados se compararán con los de la línea base establecida al inicio del programa como registro del nivel académico previo de la población escolarizada.

Concluido el primer año, se realizaría una evaluación de impacto del programa de gestión escolar para determinar si en promedio hay una mejora estadísticamente significativa del desempeño de los estudiantes. En función de los datos obtenidos en la evaluación, se realizarán recomendaciones para mejorar el resultado del segundo año y se ampliará la cobertura del programa con el objetivo de que en un periodo de cuatro años se haya trasladado la totalidad de la población de las escuelas públicas al nuevo sistema de gestión.

El resultado del cambio del modelo será equitativo, puesto que los niños que recibirán mejor educación en los próximos años tendrán la capacidad de terminar sus estudios escolares, pasar a la universidad o a escuelas de formación técnica profesional, y obtener mejores retribuciones en el futuro. El aumento del nivel de ingresos laborales se traducirá en mayores recaudaciones tributarias, condición necesaria para que el Estado pueda costear adecuadamente la educación de otros niños de hogares menos afortunados. La sociedad se beneficiaría de ese programa porque la nueva generación de adultos con elevado capital humano alcanzaría mejores condiciones de vida. Conviene recordar que una ciudadanía con buena formación académica y técnica es un elemento esencial para una sociedad más igualitaria, cohesionada y democrática. En definitiva, invertir eficientemente en la educación del país es la apuesta más segura para mejorar el presente y el futuro de todos.

Hipotecas en reverso para complementar las pensiones

 (Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 1 de julio de 2024 )

Las pensiones constituyen el flujo de ingresos que espera recibir una persona cuando termina su vida laboral, por lo general, a los 65 años. Para tener derecho a recibir ese flujo de ingresos el trabajador debe aportar recursos, sea a una caja común manejada por el Estado o a una cuenta individual propiedad del trabajador.

La caja común es el sistema de pensiones de reparto. En ese esquema los trabajadores jóvenes aportan recursos para que los trabajadores en edad adulta ya retirados puedan recibir una pensión.  El objetivo general de ese sistema es el otorgamiento de pensiones con una elevada tasa de reemplazo, al mismo tiempo que se asegure la sostenibilidad financiera y se logre la justicia intergeneracional. Lamentablemente, el tiempo ha demostrado lo difícil que es alcanzar esas tres metas.

Un análisis actuarial riguroso de los sistemas de reparto, a nivel global, lleva a concluir que están quebrados. El valor presente de las obligaciones del sistema, es decir, las pensiones que deberán pagarse a lo largo del tiempo, es superior al valor presente del flujo de las recaudaciones. Ese resultado se traduce en la necesidad de que los gobiernos tengan que realizar aportes adicionales para evitar el colapso. Hay gobiernos, como el español, que el gasto público por concepto del sistema de pensiones se coloca casi en 14% del PIB, y se prevé que en los próximos veinte años ese déficit suba dos puntos más.

Por otro lado, el sistema de capitalización individual consiste en una pensión financiada con los recursos que el mismo trabajador ahorró durante su vida laboral activa. Ese modelo es financieramente sostenible, pero el monto de las pensiones está estrictamente en función de lo que cada persona haya acumulado en su cuenta individual.

Si se desea obtener una tasa de reemplazo elevada, sea en el sistema de reparto o en el de capitalización, el trabajador debe enfrentar tasas de cotización o aportes muy altas. En Italia se tiene una tasa de reemplazo de 77% y la tasa de cotización es 33%; Francia, 59% de tasa de reemplazo y 27.5% de tasa de cotización; Austria, 59% y 22.8%; Suecia, 56% y 21.7%; Holanda, 52% y 25.6%; y Alemania, 47% y 18.6%; entre otros. La ventaja del sistema de capitalización individual sobre el de reparto es que el ahorro previsional se invierte eficientemente en el mercado de capitales, generando un retorno que se va acumulando exponencialmente en la cuenta de cada persona.

En el caso de la República Dominicana, el aporte combinado del trabajador y del empleador a la cuenta de ahorro previsional es inferior al 10% del salario mensual. Es obvio que esa tasa de aporte o cotización no es suficiente para que después de 30 años de contribuciones se pueda obtener un salario equivalente a un 100% del último salario. En base a diversos supuestos de años cotizados, tasa de rentabilidad nominal y real y variación del salario real, la Superintendencia de Pensiones estima una tasa de reemplazo promedio para el sistema de pensiones dominicano en el entorno del 37%.  ¿Están dispuestos los trabajadores y empleadores a elevar la tasa de cotización a un 20% o en su defecto retirarse a una mayor edad para recibir una tasa de reemplazo mayor? Si la respuesta es negativa, siga leyendo.

Para incrementar el nivel de las pensiones sin que sea necesario un aumento de la tasa de cotización, Robert Merton, profesor de finanzas del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Premio Nobel de Economía, recomienda el uso de las hipotecas en reverso (Reverse Mortgage). Esa estrategia consiste en utilizar la vivienda, que por lo general es el principal activo que adquiere una persona durante su vida productiva, para obtener un flujo de ingresos mensuales que complementaría la pensión.

Hay que destacar que esa vivienda se adquiere mediante un préstamo que toma la persona durante su juventud, el cual va amortizando a lo largo de un período de 20 o más años. Esto significa que esos pagos equivalen a un ahorro que realiza el trabajador durante gran parte de su vida laboral productiva y que se acumula en forma de la vivienda que estará utilizando hasta que fallezca.

El contrato de hipoteca en reverso le permitiría al propietario de la vivienda cuando llegue a la edad de retiro recibir pagos mensuales de una entidad financiera a cambio de cederle la propiedad de la vivienda después de su fallecimiento. Esos ingresos mensuales provenientes de la hipoteca en reverso se añadirían a los que recibirá del sistema de pensiones, aumentando así la posibilidad de mantener un nivel de gastos similar al que tenía cuando participaba activamente en el mercado laboral. El monto de ingresos que obtendrá en el futuro bajo el esquema de hipoteca en reverso evitaría que el trabajador tenga que cambiar su patrón de consumo en el presente; es decir, el trabajador no tendrá que aumentar la tasa de ahorro o de cotización al sistema de pensiones para mejorar los ingresos futuros. 

Es preciso señalar que con esas hipotecas en reverso los hijos no heredarían la vivienda de los padres, pues éstos habrían cedido la propiedad a cambio de recibir un flujo de ingresos mientras vida tengan. No obstante, en caso de que algún hijo tuviese una atadura sentimental a la vivienda de los padres porque le recuerda su niñez, tendría dos opciones. La primera que en el contrato de hipoteca en reverso se incluya una cláusula que permita comprarle la casa a la entidad financiera a precio de mercado o, por lo menos, a un valor igual a los pagos realizados a los padres incluyendo intereses. La segunda opción es que el hijo o descendiente que desee retener la casa firme un contrato de hipoteca en reverso con sus padres y le pague desde el primer día de su retiro laboral una mensualidad que le complemente su pensión. Ese contrato estipularía que cuando fallezcan los padres queda convenido que la vivienda pasará a ser propiedad de la persona que realizó los aportes. En todo caso, la hipoteca en reverso mejoraría las condiciones de vida de los pensionados.