jueves, 2 de septiembre de 2021

La inviabilidad de los sistemas de pensiones de reparto

[Escrito el 1 de septiembre de 2021]

Ayer se publicó que el fondo fiduciario del Seguro Social de los Estados Unidos, que paga los beneficios de los trabajadores pensionados y sobrevivientes, se quedará sin recursos hacia 2031. Esto llevará a las autoridades a tomar medidas con el objetivo de aumentar las recaudaciones para cerrar el déficit financiero. Esa noticia es un ejemplo adicional de la incapacidad de los sistemas de reparto de acumular ahorro previsional, a diferencia del sistema de pensiones de cuentas individuales.

El sistema de reparto consiste, teóricamente, en un acuerdo donde se establece que el trabajador joven le paga la pensión al trabajador que llega a su edad de retiro. Ese tipo de sistema genera un déficit financiero que presiona las finanzas públicas y obliga a la adopción de cambios estructurales o reformas paramétricas.

Para que se tenga una idea de los ajustes paramétricos necesarios para aumentar la sostenibilidad financiera se puede señalar que, entre 1995 y junio de 2021, 79 países con sistemas de reparto aumentaron la tasa de cotización; es decir, incrementaron el monto que el trabajador debe pagar de su salario. Asimismo, 63 países aumentaron la edad de retiro, destacándose que el promedio de la edad de retiro en los países de la OCDE es de 67 años. Por último, 62 países modificaron a la baja el porcentaje de los beneficios a recibir en forma de pensiones, para reducir así la presión sobre las finanzas públicas.

En el caso de la República Dominicana, un sistema de reparto nacería deficitario y a los pocos años no habría capacidad de pagar las pensiones prometidas. De acuerdo con la evolución de la estructura poblacional, en 2020 habría cinco personas pagando la pensión de una persona jubilada. Pero treinta años después, cuando le toque jubilarse, sólo habrá 2.5 personas jóvenes disponibles para pagar los beneficios previsionales que a él le correspondan. Esa situación demográfica, combinada con la informalidad laboral, creará un déficit financiero que obligará a aumentar los impuestos, con el agravante de que no se habrá acumulado un peso como ahorro de largo plazo a favor del trabajador.

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