La semana pasada escribí que el
gobierno está preparando una reforma tributaria. El Senador Tommy Galán,
Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas del Senado, en un arranque de sinceridad corroboró mis
afirmaciones sobre ese tema. Horas después lo negó como reacción a la fuerte
reprimenda recibida de Temístocles Montás, Ministro de Economía, y de Reinaldo
Pared, Presidente del Senado.
Para minimizar el costo político de
que se haya confirmado que la presente administración planea realizar esa
reforma, el gobierno aplicará una amnistía tributaria entre febrero y marzo. En
efecto, tenemos información de que el Ministerio de Economía está discutiendo
con la Dirección General de Impuestos Internos los términos de esa amnistía.
El objetivo de esa medida sería
ganarse el apoyo de contribuyentes con problemas impositivos. La misma
abarcaría el impuesto sobre la renta y el Itbis. En la DGII existe una gran
cantidad de contribuyentes con problemas en sus declaraciones de Itbis por el
uso de números de comprobante fiscal no autorizados por la Administración
Tributaria. A ese grupo se le daría el beneficio de acogerse a la amnistía a
cambio de un pequeño aporte porcentual de las ventas, todavía por definir.
En las próximas semanas las autoridades
también planean acelerar aún más el gasto público para promover al candidato
oficialista. Se prevé acentuar el uso del financiamiento del Banco de Reservas,
disfrazado como préstamos a suplidores y contratistas gubernamentales, para
elevar el gasto público corriente y de capital. Ese mayor papel del Banco de
Reservas se producirá por la negativa de la banca privada de continuar
prestando a un gobierno que tiene un gigantesco desequilibrio financiero y que
tiene el acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional en un limbo.
La situación fiscal es crítica y se
prevé un mayor deterioro. En el 2011, el déficit del sector público no
financiero superó los 60 mil millones de pesos, presionando las reservas
internacionales, las tasas de interés, el tipo de cambio, los precios y el
nivel de empleo. En este proceso electoral se pronostica que el déficit público
aumentará todavía más. Ante esa situación el gobierno debería aplicar una
política de austeridad en el gasto público, pero prefiere aumentar la carga
tributaria sobre la población. Y ya se sabe cuándo se hará esa reforma tributaria:
después de las elecciones.
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