La joya de la corona

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 29 de diciembre de 2025.]

El 29 de julio de 2020, fecha de la inauguración de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC), se anticipó que esa empresa se convertiría en la principal fuente de electricidad de la República Dominicana y, al mismo tiempo, en un sólido pilar para la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

En particular, se indicó que, entre mayo y julio de ese año, la CTPC había suplido un promedio mensual de 504.6 GwH (cerca del 30% de toda la demanda de electricidad) a un precio muy competitivo, y que operaba con una capacidad suficiente para generar beneficios (antes de intereses, depreciación e impuestos) por una suma de 250 millones de dólares anuales. A ello había que agregar el ahorro de más de 200 millones de dólares cada año de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), pues Punta Catalina les supliría energía a un precio inferior al del mercado spot. En conjunto, implicaba un beneficio anual directo para el Estado entre 0.4% y 0.5% del producto interno bruto (PIB). En pocas palabras, la CTPC era una mina de oro. 

La semana pasada se publicó una nota de prensa que confirma las metas previstas. En dicha nota se comunica que Punta Catalina “cerró el ejercicio fiscal de 2025 -al 3 de diciembre- con transferencias al Estado dominicano por  258.4 millones de dólares, consolidándose como uno de los activos públicos con mayor capacidad de generación de caja.” Con esas cifras, se destaca que la planta es “un instrumento de estabilización fiscal.” La declaración cobra mayor relevancia si se considera que al reporte contable hay que incluirle el ahorro de más de 300 millones de dólares anuales que actualmente obtienen las EDE al comprar la electricidad a un precio por debajo del precio spot, lo cual significa que el aporte de la CTPC a las finanzas públicas supera los 550 millones de dólares al año. 

El monto pagado al consorcio constructor de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, incluyendo la indexación de los hitos, ascendió a 2,454 millones de dólares. Un importe que, en términos de costo por megavatio, resulta muy competitivo respecto a otros proyectos construidos en el extranjero. Tal como se estableció en el contrato de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) firmado el 14 de abril de 2014, el precio del activo comprende el costo de construcción, adquisición e instalación de la infraestructura y  equipos de las dos unidades de generación eléctrica por 752 MW, así como la subestación eléctrica, el almacén cerrado y el sistema de transporte del carbón, el puente de 1.6 kilómetros que da acceso al muelle y otras obras complementarias. 

Dada la suma de 550 millones de dólares de beneficios anuales que recibe el Estado por la participación de la CTPC en el mercado eléctrico, puede afirmarse que se ha recuperado el costo de la construcción de la planta durante los cinco primeros años de operación. Se trata de un hecho sin precedentes en el país. Nunca una infraestructura de tal magnitud ha generado un flujo de efectivo suficiente para amortizar la inversión en tan breve plazo.

Los detractores de Punta Catalina sostienen que el costo de la planta llegó a 3,277 millones de dólares, ya que añaden los gastos operativos registrados entre 2013 y 2020. En esos desembolsos adicionales incluyen carbón, cal, gasoil, energía eléctrica, retribuciones del personal, seguros, supervisión de obras, asesorías (legales, financieras y técnicas) y auditorías medioambientales. Incluso agregan 266 millones de dólares por concepto de intereses, lo cual contrasta con la definición de costos de otros proyectos de inversión pública (metro, teleférico, presas, autopistas, carreteras, elevados, hospitales y viviendas), a los cuales no se les incorporaron costos financieros. 

La contradicción de los críticos se agrava cuando, en su análisis, computan los gastos operativos sin tener en cuenta los ingresos generados por dichas partidas. Entre el 27 de febrero de 2019, fecha de la primera sincronización de la planta, y el 31 de diciembre de 2020, la CTPC obtuvo ingresos de la venta de electricidad a las EDE por un total de 496 millones de dólares. Además, durante ese  período, la diferencia entre el precio del mercado spot y el de venta de la CTPC a las EDE representó un ahorro de 300.2 millones de dólares para las arcas públicas. Al efectuar las correcciones de lugar, se comprueba que el costo neto de la planta para el Estado fue inferior al precio del contrato de 2,454 millones de dólares.  

Desde una perspectiva técnica, Punta Catalina es una extraordinaria obra de ingeniería, que ocupa el primer lugar en la lista de mérito de despacho de generación térmica. Las pruebas de desempeño realizadas por la empresa estadounidense McHale demostraron que cada unidad de 376 MW brutos tiene casi 10MW más de potencia neta; es decir, en lugar de 337 MW de potencia neta, alcanza 347 MW netos. Asimismo, se ha demostrado que es más eficiente de lo establecido contractualmente, pues consume menos energía por cada kilovatio hora generado, lo cual implica un ahorro anual de 50 mil toneladas de carbón. 

Hay que reconocer que los ataques contra este proyecto motivaron a los responsables de la construcción de la CTPC a perseverar en la finalización de la obra en medio de la pandemia del covid-19. El equipo responsable no se rindió y demostró al país que, con la ayuda de Dios, trabajo duro, determinación y fuerza, todo puede alcanzarse. 

Con el paso del tiempo, la mayoría de dominicanos es consciente de la importancia de Punta Catalina para su bienestar. Basta con recordar a los críticos que, sin la generación eléctrica  de esa planta, la nación sufriría un severo desabastecimiento energético y un incremento del déficit en las finanzas públicas. Con el fin de evitar ese escenario, resulta fundamental garantizar una operación eficiente de la CTPC e implementar de manera óptima un programa de mantenimiento que asegure una prolongada vida útil. 

En conclusión, Punta Catalina puede considerarse, sin lugar a dudas, la joya del sector eléctrico nacional y la obra de infraestructura más eficiente y rentable de la historia de la República Dominicana.

El costo político de la incertidumbre

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 22 de diciembre de 2025.] 

Estados Unidos es el socio comercial más importante de la República Dominicana. Constituye el mayor destino de las exportaciones de bienes y servicios, la fuente más importante de remesas familiares y el inversionista extranjero, directo y de cartera, de mayor relevancia en el país. Esa interdependencia se refleja en una relación cuantitativa ventajosa para la economía dominicana: por cada punto de crecimiento del producto interno bruto (PIB) estadounidense, la economía nacional se expande alrededor de dos puntos porcentuales. En ese contexto, resulta indispensable seguir de cerca la trayectoria económica de esa nación.  

Durante el año 2025, la errática política arancelaria estadounidense, junto con las reiteradas críticas de Donald Trump a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, crearon perturbaciones que impactaron de forma negativa tanto en la economía de Estados Unidos, como en la del resto del mundo. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que los nuevos aranceles podrían reducir alrededor de medio punto porcentual las proyecciones de crecimiento económico realizadas a principios de año. No obstante, en octubre, el FMI corrigió ligeramente al alza sus estimaciones del crecimiento del PIB y publicó que el crecimiento económico de Estados Unidos se situaría alrededor del 2%, mientras que la economía global lo haría en torno al 3.2%. Es preciso destacar que una parte significativa del crecimiento de la economía americana obedece al auge del mercado bursátil, impulsado por las fuertes inversiones vinculadas a la inteligencia artificial, lo que se traduce en un incremento del consumo privado. Se ha estimado que, por cada 100 dólares de aumento de la riqueza bursátil, el consumo privado se incrementa alrededor de cuatro dólares.   

En abril de 2025, tras el anuncio de los elevadísimos aranceles recíprocos, la probabilidad de una recesión aumentó hasta cerca del 50%, al tiempo que se proyectaba un incremento inflacionario muy por encima de la meta del 2%. Hasta hoy el colapso no se ha producido, aunque tampoco se ha registrado el avance económico prometido por Trump, en particular el relacionado con la recuperación del empleo en las actividades de manufactura. Se estima que ese sector ha perdido 54 mil puestos de trabajo desde el inicio del segundo mandato de Trump. 

A noviembre, la tasa de desempleo en Estados Unidos subió hasta un 4.6%; es decir, 0.6 puntos porcentuales por encima del nivel de pleno empleo observado en enero. Por su parte, la inflación interanual, que se mantuvo durante la mayor parte del año cercana al 3%, bajó a un 2.7%, cifra que sorprendió a los economistas que habían pronosticado un 3.1%. 

En un ensayo reciente, Gita Gopinath y Brent Neiman, profesores de Economía de las universidades de Harvard y de Chicago, respectivamente, analizan por qué las tarifas arancelarias legales más elevadas desde la década de 1930 no provocaron un desbordamiento de la inflación. Según los autores, el menor impacto de los aranceles sobre los precios, en comparación con las proyecciones iniciales, se explica porque la tarifa efectiva, a septiembre de este año, equivalía a la mitad de la tasa legal (14.1% frente a 27.4%). En su artículo académico, los citados profesores sostienen que las exenciones específicas por productos (semiconductores, equipos eléctricos, alimentos y productos farmacéuticos) y empresas (mexicanas, taiwanesas, japonesas y canadienses), el uso del Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá (que pasó de un 50% en 2024 a casi un 90% en 2025), así como la evasión y la aplicación desigual de los gravámenes son factores que han evitado que los aranceles bilaterales anunciados hayan provocado un mayor deterioro del poder de compra de los consumidores estadounidenses.

A pesar de lo expuesto, la política arancelaria de Trump ha tenido un impacto negativo sobre el bienestar de la población. De acuerdo con los cálculos de Gopinath y Neiman, se ha registrado un efecto traspaso de las tarifas efectivas a los precios de importación de un 94%. Dada la importancia de los insumos importados para la industria estadounidense, se estima que la mayor parte de la incidencia de las tarifas ha recaído sobre los productores nacionales. Esto significa que, lejos de fortalecer la manufactura local, la política arancelaria de Trump la ha debilitado por la pérdida de competitividad. De hecho, el sector de manufactura ha retrocedido por nueve meses consecutivos, lo que se manifiesta en menores niveles de inversión y empleo. Simultáneamente, los aranceles más altos, aplicados de manera distinta según el país de origen, han desviado el comercio proveniente de China hacia otros orígenes con menores tarifas, como Vietnam, India o México, en lugar de incentivar la producción y consumo de productos estadounidenses. 

Durante su primer año de mandato, la popularidad de Donald Trump se desplomó debido al incumplimiento de sus promesas de campaña relacionadas con la economía y el poder adquisitivo de los ingresos. Al 19 de diciembre, la aprobación neta del presidente, calculada como la diferencia entre el porcentaje de la población que apoya su gestión y el porcentaje que no lo hace, es de -13 puntos. El descontento ciudadano se concentra en la gestión de la inflación y en el persistente alto costo de la vida. La aprobación neta sobre la situación de los precios es de -30 puntos, mientras que respecto al desempleo es de -20 puntos. 

El principal desafío del presidente consiste en mejorar las condiciones económicas de cara a 2026. A fecha de hoy, la probabilidad de recesión para ese año está por debajo de un 25%, pero el mercado laboral continúa en un proceso de deterioro y, a pesar de que la inflación bajó a un 2.7% en noviembre, los precios de los productos de primera necesidad se mantienen muy altos.  Revertir ese panorama será crucial para que Trump logre recuperar su popularidad y el respaldo político que necesita su partido antes de las elecciones de medio término previstas en noviembre de 2026. Si no lo logra, es muy probable que pierda la mayoría que tiene en el Congreso y quede así demostrado, una vez más, el elevado costo que acarrea la incertidumbre de la política económica.  

Se reduce la inflación estadounidense

 [Escrito el 18 de diciembre de 2025]

La inflación de Estados Unidos, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor, se redujo de forma inesperada en noviembre. 

El informe del IPC, que se publicó con limitaciones estadísticas debido a la imposibilidad de obtener los datos de los precios de octubre, arrojó una tasa de inflación interanual de un 2.7%, muy por debajo del 3.1% que proyectaban los economistas y del 3% observado en septiembre. 

La tasa de inflación subyacente, la que excluye los precios de los alimentos y de los combustibles, se colocó en 2.6%. Esa variación de precios es la más baja desde inicios de 2021. 

A pesar de las dudas sobre la calidad de las estadísticas de precios, que solo pudieron levantarse a partir de la reapertura del gobierno el pasado 12 de noviembre, el mercado bursátil reaccionó al alza. El Dow avanzó un 0.14%, el S&P 500 subió un 0.79% y el Nasdaq se incrementó un 1.38%. 

Los precios de los alimentos siguen hacia arriba

 [Escrito el 16 de diciembre de 2025]

A noviembre de este año, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas es el que ha registrado mayor variación de precios. En términos interanuales, la inflación de ese grupo se colocó en un 8.1%, cifra muy por encima del límite superior del rango meta del 3% al 5%. Lo grave es que, si se anualiza la trayectoria observada de los precios de esos bienes entre junio y noviembre, se obtiene una tasa de inflación de un 14%. 

El grupo de restaurantes y hoteles, segmento en el cual el costo de los alimentos tiene un peso elevado, ha registrado una variación interanual a noviembre de un 6%. Y, si se anualiza en función de los últimos cinco meses, se estima una tasa de un 6.9%. 

Otros bienes y servicios diversos también exhiben un aumento de precios significativo. Según los datos del Banco Central, la variación interanual a noviembre asciende a un 5.8%. Una variación interanual similar es exhibida por los precios de los servicios educativos y la de los precios de servicios de salud se situó en un 5.1%. 

Esa realidad de aumentos de precios por encima de la meta de inflación es un golpe contundente a los bolsillos de los hogares más pobres y vulnerables del país. Por ello es necesario adoptar medidas que reduzcan, en primer lugar, los precios de los alimentos. La mejora de la competencia y la competitividad en el mercado de los alimentos puede ayudar a alcanzar ese objetivo, fundamental para el bienestar de la población. 

Halcón o paloma

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 15 de diciembre de 2025.]

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, redujo la semana pasada 25 puntos básicos a su tasa de interés de política monetaria, la cual se situó en el rango del 3.5% al 3.75%. La decisión tiene como objetivo estimular la demanda agregada y recuperar el mercado laboral que, según varios indicadores, se ha deteriorado en lo que va de 2025. 

En la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FMOC, por sus siglas en inglés) quedó en evidencia la división entre sus miembros votantes:  nueve a favor del recorte aprobado y tres en contra. En particular, los presidentes regionales Jeffrey R. Schmid (Kansas City) y Austan D. Goolsbee (Chicago), profesor de Economía de la Universidad de Chicago, se mostraron partidarios de mantener sin cambios la tasa de interés, dado que la inflación se encuentra en un 3%, muy por encima de la meta del 2%. La postura de ambos presidentes, que prioriza la estabilidad de precios, confirma su perfil de “halcones” monetarios. 

En contraste, el gobernador Stephen Miran propuso un recorte de 50 puntos básicos, con el fin de presionar a la baja el costo del endeudamiento público, estimular el crecimiento económico y promover la creación de empleo. Esa posición permite calificarlo como una “paloma” monetaria, pues está dispuesto a aceptar una tasa de inflación alta por más tiempo.

La situación de la Reserva Federal será más compleja en 2026. Pese a que Trump nombrará al sucesor de Jerome Powell en la presidencia de la institución, se proyecta que la mayoría de los 12 miembros votantes del FOMC estaría dispuesta a aprobar, como mucho, un recorte de 25 puntos básicos. En consecuencia, al presidente de la Fed, quien dispone de un voto en igualdad de condiciones con los demás miembros, le resultará difícil lograr un descenso más pronunciado de la tasa de interés, a menos que la inflación se reduzca y converja hacia la meta del 2%. 

En ese entorno, el Banco Central de la República Dominicana ha de diseñar y ejecutar una política monetaria consistente. En su visita de septiembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Banco Central que “continúe guiándose por los datos, con futuras decisiones de política orientadas por el impacto de la nueva información sobre las perspectivas de inflación y de la economía.” Esto significa que cualquier decisión sobre recortes adicionales de la tasa de política monetaria debe estar precedida por un análisis riguroso de la trayectoria futura de los precios. 

El FMI fundamentó su recomendación en el hecho de que, para esa fecha, la tasa de política monetaria en términos reales se ubicaba entre un 1% y un 2%, que es el nivel estimado de la tasa de interés real neutral (la que no presiona hacia arriba la inflación ni deprime la economía) cuando el esquema de metas de inflación opera de manera adecuada. Además, tuvo en cuenta que las autoridades monetarias habían autorizado en junio una inyección de liquidez por 81 mil millones de pesos, que “aún se están transmitiendo a las tasas de mercado.” 

Posteriormente a la misión del FMI, que concluyó el 12 de septiembre, el Banco Central redujo en octubre otros 25 puntos básicos a la tasa de referencia hasta colocarla en un 5.25%. Dado que la tasa de inflación interanual de noviembre alcanzó un 4.81% (la más alta desde abril de 2023), puede estimarse que la tasa de interés real de política se situó en torno al 0.44%, cifra por debajo de la tasa de interés real neutral. Por ello, podrían ocurrir aumentos de precios estimulados por la actual postura expansiva de la política monetaria. 

La trayectoria de precios observada en los últimos cinco meses resulta preocupante. Si se anualiza la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrada entre junio y noviembre, se obtiene una inflación de un 6.65%. En el caso de la inflación subyacente, que excluye los precios de alimentos y combustibles, resulta un valor anualizado de un 5.03%. 

Cuando se utilizan esas proyecciones para calcular la tasa de política monetaria ajustada por inflación, se constata que la tasa nominal vigente de un 5.25% se encuentra en territorio negativo (basada en el IPC general) o en un nivel cercano al 0.25% (con el IPC subyacente).  Ambos resultados son incompatibles con la estabilidad de precios. 

Conviene destacar que las condiciones monetarias actuales del mercado reflejan abundancia de liquidez. Al 8 de diciembre, los depósitos remunerados de corto plazo colocados en el Banco Central superaron los 160 mil millones de pesos, muy por encima de lo que suele acumularse en diciembre. En enero, ese exceso de liquidez se acentuará debido al vencimiento de Notas y Certificados de Inversión del Banco Central por más de 69 mil millones de pesos, así como a la reducción estacional de la demanda de pesos que ocurre en esa época del año. 

En vista de todo ello y siguiendo las recomendaciones del FMI, en la próxima reunión de política monetaria de diciembre las autoridades deberían aprobar un congelamiento restrictivo (“hawkish freeze”) de la tasa de interés de política monetaria. En concreto, sería adecuado mantener la tasa de interés de referencia en su nivel actual, pero con un discurso de un tono restrictivo. Esa decisión dejaría claro que el Banco Central se mantendrá vigilante, como un halcón, ante el comportamiento de la inflación y que está dispuesto a incrementar su tasa de política si la nueva información sobre los precios así lo amerita. 

Por el contrario, si las autoridades monetarias deciden en diciembre recortar la tasa en 25 puntos básicos, con el argumento de que la Reserva Federal la disminuyó en una magnitud similar, se arriesgan a enviar al mercado una señal de inconsistencia, ya que es muy probable que en enero tengan que subir su tasa de interés de referencia o la tasa de rendimiento de las Notas y Letras que emite con el fin de absorber el exceso de liquidez. Tal desenlace acentuaría el carácter zigzagueante de la política monetaria aplicada desde marzo de 2020 y, en consecuencia, debilitaría la credibilidad del Banco Central. 

Se agrieta la unidad de la Reserva Federal

[Escrito el 12 de diciembre de 2025] 

La Reserva Federal, el banco central de los Estados Unidos, disminuyó 25 puntos básicos a su tasa de interés de referencia y la colocó entre 3.5% y 3.75%. Sin embargo, la división entre los miembros votantes del Comité Federal de Mercado Abierto, con un resultado de 9 a 3, sugiere que, a menos que se registre un deterioro significativo del mercado laboral, será difícil que se aprueben en 2026 nuevos recortes. 

Dos de los miembros disidentes son Jeffrey R. Schmid, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, y Austan D. Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago y profesor de Economía de la Universidad de Chicago. Ellos sostienen que, dado que la inflación se encuentra muy por encima de la meta del 2%, actualmente alrededor del 3%, lo recomendable era mantener sin cambio la tasa de interés de referencia. Con esa postura confirman su condición de halcones monetarios que priorizan mantener la estabilidad de precios. 

El tercer disidente fue el trumpista, Stephan Miran, quien propuso un recorte de 50 puntos básicos, con el fin de reducir la tasa de interés de la deuda del Tesoro, estimular el crecimiento de la economía y promover la creación de empleo Esa posición permite calificarlo como una paloma monetaria, ya que está dispuesto a aceptar una tasa de inflación alta por más tiempo a cambio de una mayor expansión de las actividades económicas. 

Según las proyecciones para 2026, de los 19 participantes en el Comité Federal de Mercado Abierto, siete miembros piensan que no está garantizado un recorte de tasas de interés y cuatro opinan que solo se aprobaría uno. Esa realidad sugiere que, el trabajo del próximo presidente de la Reserva Federal, quien solo tiene un voto, será muy difícil.  

La inflación le complica el trabajo al Banco Central

 [Escrito el 11 de diciembre de 2025]

Según los datos del Banco Central, la tasa de inflación volvió a acelerarse en noviembre. El Índice de Precios al Consumidor subió un 0.71% respecto al mes anterior y llegó en términos interanuales a un 4.81%. Esa es la inflación interanual más alta desde abril de 2023, fecha en que se situó en un 5.15%. 

El comportamiento de la variación de los precios observado en los últimos cinco meses es más preocupante todavía. Si se anualiza el comportamiento del IPC registrado entre junio y noviembre se obtiene una inflación de un 6.65%. Dicho resultado está por encima del límite superior del rango meta de inflación que va del 3% al 5%. 

La tasa de inflación subyacente, la que tiene una estrecha relación con la política monetaria, fue menor que la variación relativa del IPC general. Respecto a octubre, el IPC subyacente subió un 0.28% y en términos interanuales subió a un 4.74%. Al anualizar el comportamiento de los últimos cinco meses, se tiene como resultado una inflación subyacente de un 5.03%, justo sobre el límite superior de la meta de inflación. 

Con esas noticias por el lado de la inflación, el Banco Central debería dejar sin cambios su tasa de interés de política monetaria en su próxima reunión de diciembre. Si la recorta en 25 puntos básicos, argumentando que la Reserva Federal la disminuyó en una magnitud similar, se arriesga a enviar al mercado una señal de inconsistencia, ya que es muy probable que en enero  tenga que subir su tasa de interés de referencia o deba incrementar la tasa de rendimiento de las Notas y Letras que emite con el fin de absorber el exceso de liquidez. 

Esperanza eléctrica

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 8 de diciembre de 2025.]

El pueblo dominicano alberga la esperanza de que algún día se logrará una mejora significativa del desempeño operativo y financiero del sector eléctrico. En la actualidad, el gobierno transfiere cada año unos 1,800 millones de dólares -equivalente a 1.4% del producto interno bruto (PIB)- a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) para que estas puedan pagar a las plantas generadoras de energía y evitar los “apagones financieros.” 

El deterioro de las finanzas del sector eléctrico responde tanto al rezago del ajuste de la tarifa a los mayores costos de la energía que se compra como a la debilidad operativa de las EDE, reflejada en elevadas pérdidas técnicas y no técnicas. 

En el Pacto Eléctrico firmado en 2021 se acordó, entre otras medidas, ajustar la tarifa de electricidad a los costos de la energía adquirida por las EDE. Entre octubre de 2021 y junio de 2022, la Superintendencia de Electricidad aprobó cuatro incrementos tarifarios. El cuarto de ellos, previsto para el trimestre de julio a septiembre de 2022, implicaba que los clientes residenciales enfrentarían un aumento acumulado en su tarifa de entre un 30% y un 50%. Ante las protestas de los consumidores, el gobierno decidió anular el último ajuste y dejar congelada desde entonces la tarifa de electricidad. 

La brecha entre el precio de compra de las EDE y la tarifa aumentó por el retraso en la entrada en operación del parque energético de Manzanillo, lo que agravó el déficit financiero de las distribuidoras. En 2021, el autor de esta columna advirtió a las autoridades gubernamentales que esas plantas de generación de electricidad no estarían disponibles en 2024 y que no comenzarían a operar hasta el primer trimestre de 2026. Por ello, recomendó aprobar la instalación de una planta con capacidad de 450 MW de energía eléctrica base entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís, aprovechando la infraestructura existente en esa zona (terreno aprobado para expansión, terminal de recepción de gas natural, tanques de almacenamiento y gasoducto). Dicha instalación habría permitido disponer en 2024 de una nueva oferta de electricidad a precios muy competitivos.

El tiempo ha confirmado la validez de esos pronósticos. De los tres proyectos localizados en Manzanillo, solo uno, Energía 2000, estará operativo en los primeros meses de 2026. Las otras dos plantas, a las cuales se les suma la terminal de importación de gas natural, no tienen fecha de entrada al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 

La falta de disponibilidad de la energía eléctrica que supliría el parque de Manzanillo, teóricamente a partir de 2024, obligó a las EDE a comprar electricidad en el mercado spot y a firmar contratos de compra a precios exorbitantes. El contrato más reciente se realizó con barcazas de la empresa Karpowership, cuyo precio de venta ha superado los 48 centavos de dólar por kilovatio hora. Si se compara con el precio promedio de venta de las EDE a los clientes del SENI, que en los primeros nueve meses de 2025 registró un promedio de 16.56 centavos de dólar por kilovatio hora, es evidente que el rezago de los proyectos de Manzanillo ha resultado muy costoso para las finanzas públicas. 

Por otro lado, entre 2019 y finales de 2025, el porcentaje de pérdidas de la cantidad de energía adquirida por las EDE subió de un 29% a un 42%. Dicho incremento refleja la incapacidad de las distribuidoras de medir, facturar y cobrar de manera adecuada la electricidad que suministra a los usuarios. Esa ineficiencia operativa, combinada con el aumento del porcentaje de demanda de energía servida (de un 89% a un 98% en ese mismo período), empeoró la situación financiera de las distribuidoras. 

El déficit de las EDE limita las posibilidades del gobierno de elevar la inversión pública. Si dicho déficit financiero se redujese a solo el 0.4% del PIB, se liberaría un punto porcentual que podría destinarse a proyectos de infraestructura pública capaces de estimular la inversión privada y elevar el ritmo de crecimiento económico. Por ese motivo, se vuelve imprescindible adoptar medidas que fortalezcan la posición financiera de las distribuidoras de electricidad. 

La primera debe ser la eliminación de todos los gastos superfluos de las EDE. Ello implica prescindir del personal que no aporte valor a esas tres empresas. 

Paralelamente, se precisa reducir el costo de la energía comprada. El sistema de contratación ha de fundamentarse en la subasta inversa para adquirir la electricidad al menor importe posible. Además, hay que revisar los contratos firmados de nuevos proyectos y evaluar si el costo de capital aplicado para fijar el precio monómico se corresponde con una tasa de retorno adecuada a una planta de generación de ese tipo. Si se determina que dicho costo es excesivo -por ejemplo, un 20% por encima de lo normal- sería necesaria una renegociación con la empresa generadora a fin de reducir su precio de venta.

En relación con la tarifa eléctrica, es indispensable establecer un subsidio focalizado que beneficie únicamente a la población de menores ingresos. Conviene adoptar un sistema tarifario que refleje el costo de la generación por hora, de manera que el consumidor tenga un incentivo para reducir su demanda en las franjas horarias más caras, lo que a su vez recortará el precio de compra de energía de las EDE. 

Por último, en cuanto a facturación y cobranza, se requieren inversiones para instalar medidores inteligentes o de prepago capaces de garantizar el pago de la electricidad consumida por todos los usuarios. Aquellos que no deseen asumir una factura elevada deberán ajustar su consumo al monto que estén dispuestos a pagar. La nueva tecnología de medidores permitiría un ajuste automático al margen de quién sea el cliente. Con un presupuesto estimado de 1,200 millones de dólares (600 millones menos de lo que cuesta al contribuyente dominicano un año de subsidios a las EDE) podría desplegarse la infraestructura necesaria para asegurar el pago oportuno y equitativo de la electricidad. De ese modo, la esperanza de contar con un sector eléctrico más eficiente y compatible con un mayor nivel de bienestar para todos se convertiría, por fin, en una realidad.

Determinantes del crecimiento económico

[Escrito el 5 de diciembre de 2025]

La República Dominicana transita en la actualidad por una fase de bajo crecimiento del producto interno bruto (PIB). Acumulado a octubre, el indicador mensual de actividad económica apenas ha subido un 2%, lo que lleva a pronosticar con una alta probabilidad que el PIB se expandiría en menos de un 2.5%, que es la mitad del ritmo potencial.  

Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico de un 5% registrado en el período 2000-2019 se explica principalmente por la inversión, tanto pública como privada. Específicamente, sus cálculos arrojan que la acumulación y remuneración de capital explican un 56% del crecimiento observado en esas dos décadas. A su vez, el aumento del empleo y del ingreso laboral promedio explican el 26% y la variación de la productividad factorial total representa el 18% del crecimiento del PIB.  

De acuerdo con el FMI, la aplicación de una nueva ola de reformas ayudaría a mejorar el ritmo de expansión de la economía dominicana. Basándose en la experiencia de los veinte años anteriores llegan a la conclusión de que las reformas en el mercado laboral, en el sector eléctrico, en la gestión del gasto público y en el sistema impositivo se traducirían en un entorno favorable al ahorro, la inversión, la acumulación de capital humano y el aumento de la productividad, lo que mejoraría el ritmo de crecimiento del ingreso promedio de los dominicanos. 

Los pasos de la reforma de Magín

[Escrito el 4 de diciembre de 2025]

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha comentado en diversos foros sobre la necesidad de realizar una reforma fiscal en la República Dominicana. Dicha reforma es indispensable para mantener la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica. 

La evidencia empírica confirma que cuando hay crisis económica es más fácil que la población acepte una reforma fiscal que incluya una modificación de impuestos. 

El saldo de las finanzas públicas actual, con un déficit del gobierno estimado en un 3.4% del PIB, y una deuda pública ligeramente por debajo del 60% del PIB, lleva a recomendar la adopción de medidas que mejoren la posición financiera del Estado. 

La secuencia de la reforma fiscal de Magín debe iniciar con el recorte de los gastos superfluos. Además, los subsidios generalizados que benefician principalmente a los más ricos deben ser eliminados. El déficit del sector eléctrico, que obliga al gobierno a transferir un monto equivalente a un 1.4% del PIB a las empresas distribuidoras de electricidad, debe reducirse. 

El segundo paso debe ser la puesta en marcha de medidas que reduzcan la evasión impositiva. Se estima que una mayor eficiencia de la administración tributaria elevaría hasta en 4 puntos del PIB la presión tributaria. 

El tercer paso es la eliminación de las exenciones e incentivos impositivos que, después de un riguroso análisis costo beneficio, se determine que no aportan en términos netos al desarrollo económico y social de la nación. 

Después de esos pasos se debería modificar el Código Tributario para establecer un sistema tributario que sea equitativo, capaz de generar ingresos públicos sin deteriorar excesivamente las actividades económicas y, sobre todo, que sea neutral ante de las decisiones de ahorro, inversión, trabajo y producción de los agentes económicos. 

El regreso del halcón

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 1 de diciembre de 2025.]

La tarea del Banco Central de la República Dominicana es compleja. Su objetivo principal consiste en preservar la estabilidad de precios a través de medidas monetarias que podrían resultar, en el corto plazo, incompatibles con un elevado ritmo de crecimiento económico. Para obtener buenos resultados, es recomendable que conserve su independencia, de manera que los gobernantes no lo vean como una institución capaz de alcanzar múltiples objetivos simultáneamente. Cuando se cede a la ilusión de que puede lograrlo todo, el desenlace casi seguro es el fracaso.  

La semana pasada, el Banco Central tomó una decisión acertada y valiente. En el comunicado de política monetaria se informó que el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró un crecimiento acumulado de un 2% en los primeros diez meses de 2025, lo que implica que en octubre apenas subió un 0.2%. Con esos datos, es previsible que el año concluya con una tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) situada entre un 1.8% y un 2.1%. A pesar de ese entorno, las autoridades mantuvieron inalterada la tasa de interés de referencia en un 5.25% anual. 

La decisión pone de manifiesto la preocupación del Banco Central por las “recientes presiones inflacionarias.” En el cuatrimestre julio-octubre, la tasa de inflación general subió a un ritmo anualizado de un 6.1%. Esa variación se explica en gran parte por el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, que en términos anualizados supera el 11%. A su vez, la tasa de inflación subyacente (que mantiene una relación estrecha con la política monetaria), anualizada de acuerdo con los cuatro meses más recientes, alcanzó un 5.4%. Dado que ambas tasas de inflación se colocan por encima del límite superior del rango meta de inflación que va del 3% al 5%, es comprensible y correcto que se haya mantenido inalterada la tasa de interés de referencia.  

Con el objetivo de aumentar la eficiencia de la política monetaria, resulta indispensable que el organismo emisor mantenga la consistencia de su mensaje contra la inflación. Justo después de dar a conocer la existencia de presiones inflacionarias, en el comunicado de política se remarcó que “los niveles de liquidez se mantendrán elevados, lo que seguirá contribuyendo a condiciones financieras favorables.” Los agentes económicos podrían percibir esa declaración como la existencia de un entorno monetario incompatible con la estabilidad de precios. 

Durante su última visita al país, en el marco de la Consulta del Artículo IV, el Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la postura de la política monetaria es “en términos generales apropiada.” Según sus estimaciones, la tasa de interés de referencia del Banco Central de un 5.25% se ubica en términos reales entre un 1% y un 2%, que es el nivel de la tasa de interés real neutral; es decir, la que sostiene la economía en equilibrio sin estimular demasiado el crecimiento económico ni frenarlo en exceso. Sin embargo, si se considera la tendencia al alza de la tasa de la inflación, se concluye que las condiciones monetarias se encuentran en un territorio que puede presionar hacia arriba los precios de bienes y servicios. Por ello, cobra una enorme relevancia que las autoridades evitasen dar una señal de flexibilización monetaria y mantuvieran fija la tasa de referencia. 

En el reporte del Artículo IV, el FMI recomendó a las autoridades fortalecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria para normalizarla y respaldar el crecimiento económico. En ese sentido, conviene destacar que las medidas excepcionales con tasas de interés subsidiadas que se aplicaron desde marzo de 2020, descritas con mucho detalle en el Recuadro No. 1 del citado informe, elevaron la volatilidad de diversas variables macroeconómicas, entre las que se destaca el tipo de cambio. El zigzagueo monetario, caracterizado por inyecciones masivas y retiros de liquidez, generó incertidumbre y debilitó el mecanismo de transmisión de la tasa de política monetaria hacia la tasa de interés activa, lo que deterioró la capacidad de impulsar el crecimiento del PIB. 

El episodio más reciente de política monetaria no convencional se registró a partir de junio de 2025, mediante la colocación de 81 mil millones de pesos a tasas de interés subsidiadas del 9% y la reducción de 50 puntos básicos de la tasa de interés de política monetaria. Entre junio y noviembre, la tasa de interés pasiva promedio ponderado cayó en 366 puntos básicos y se colocó en un 6.03%. Sin embargo, la tasa de interés activa, la que influye sobre la inversión y el consumo, solo descendió 111 puntos básicos y se situó en un 13.66%. El comportamiento de ambas tasas se tradujo en un aumento significativo del margen de intermediación bancaria. 

La resistencia a la baja de la tasa de interés que se aplica sobre los préstamos guarda una estrecha relación con la incertidumbre del tipo de cambio. A mayor volatilidad cambiaria, menor influencia tiene la tasa de política monetaria sobre la tasa de interés activa y, por tanto, se mantiene más alta de lo necesario. Esa circunstancia lleva al FMI a señalar que el restablecimiento del mecanismo de transmisión “requerirá una reducción gradual de estas medidas excepcionales y un mayor énfasis en instrumentos más convencionales para garantizar una adecuada liquidez en el mercado.” Para el desmonte de dichas medidas de liquidez, la institución internacional recomienda, entre otras acciones, promover el funcionamiento del mercado interbancario y de las operaciones de “repo,” revisar el marco de requerimientos de encaje para que las entidades de intermediación financiera tengan mayor flexibilidad en la gestión de liquidez y mejorar la coordinación con el gobierno en la emisión de instrumentos de deuda pública. Todo ello debe acompañarse de una estrategia de comunicación que facilite a los bancos su gestión operativa y de liquidez. 

En definitiva, es probable que haber mantenido sin cambios la tasa de interés de política monetaria, en espera de la evolución de la tasa de inflación, sea una señal de que volverán a adoptarse medidas operativas convencionales más conservadoras y coherentes con el esquema de metas de inflación. De confirmarse ese comportamiento, el halcón monetario habrá regresado al piso 12 del Banco Central. 

¿Pinchará Google la burbuja de Nvidia?

[Escrito el 28 de noviembre de 2025]

En marzo de 2024 comenté que el precio de las acciones de Nvidia, un fabricante de chips para videojuegos, se había convertido en una enorme burbuja financiera. Destaqué que dicha empresa había podido sacar un extraordinario provecho de la manía de la inteligencia artificial generativa porque sus chips demostraron ser muy buenos para la etapa de entrenamiento de los modelos de lenguaje de gran escala, como ChatGPT. 

Desde entonces, el precio de las acciones de Nvidia ha seguido subiendo por los elevados ingresos que obtiene por las ventas que realiza de sus chips. No cabe duda de que el precio promedio de sus chips está muy por encima del que se originaría en un entorno de mayor competencia. Por ese motivo, pienso que tan pronto llegue un nuevo chip al mercado capaz de realizar lo mismo, de forma igual o más eficiente, se desplomará el precio de venta de los chips de Nvidia y, con ello, bajará su flujo libre de efectivo y se reducirá el valor de sus acciones. 

La empresa Alphabet, padre de Google, presentó recientemente la Unidad de Procesamiento Tensorial Ironwood (TPU, por sus siglas en inglés) que es un chip extraordinariamente potente diseñado para el entrenamiento y ejecución de grandes modelos de inteligencia artificial, como el Gemini 3. El chip de Google ha sido optimizado para eficiencia energética y escalabilidad en cargas de trabajo masivas y, por tanto, es considerado como una alternativa a los GPU de Nvidia. 

El primer paso de Alphabet es eliminar su dependencia de Nvidia.  Luego se convertirá en un suplidor competitivo de los centros de procesamiento de datos que pagan en la actualidad un precio exorbitante por los chips de Nvidia. Ese evento será el inicio del fin de la burbuja más grande de la historia financiera mundial. 

El valor del Bitcoin

[Escrito el 27 de noviembre de 2025]

En diversas ocasiones he comentado que el bitcoin no es una moneda, ya que no cumple con las funciones básicas del dinero, que son: unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago. 

El bitcoin es un instrumento financiero altamente especulativo, que se utiliza para realizar pagos que se desprenden de actividades ilegales o no transparentes. Entre ellas se encuentran las operaciones de lavado de activos del narcotráfico, la compra ilegal de armas, el terrorismo, la trata de blancas, la corrupción pública y la evasión de impuestos. 

Dichas transacciones ilegales generan una demanda de bitcoin que, dada su oferta limitada, tiende a colocar su precio de mercado a un nivel superior a su valor fundamental, que es cercano a cero. Más todavía, la evolución de su precio tiene un comportamiento característico de una burbuja financiera, estimulada por una compra continua de los especuladores quienes prevén que el precio seguirá subiendo y podrán obtener una buena ganancia de capital.  

Fuera del servicio de realizar pagos ilegales, el bitcoin no aporta nada más de lo que suple el dólar, el euro o el yen. Dada la oferta limitada de bitcoin, después de que su precio alcanzara un nivel determinado, relacionado con la función que brinda a los que están fuera de la ley, no se justifica que siga subiendo a menos que sea simplemente por la presencia de la demanda especulativa que crea la burbuja. 

En otras palabras, el bitcoin con un precio de 1 dólar tiene el mismo valor fundamental que el que tiene cuando alcanza los 125 mil dólares.  Por ello se puede afirmar que, así como entre octubre y noviembre de este año el precio del bitcoin cayó un 30%, podría volver a caer hasta llegar a un nivel mucho menor, lo que quebraría todos los fondos de inversión que utilizan el bitcoin como principal activo de respaldo. Espero que usted no tenga sus chelitos ni en bitcoin ni en ninguno de esos fondos de “inversión.” 

Un Balaguer renovado

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 24 de noviembre de 2025.]

La actividad económica atravesaba una profunda contracción, los precios subían como la espuma y la popularidad del gobierno caía de manera estrepitosa. La política económica aplicada desde 1987 generó graves distorsiones que en 1990 provocaron el desplome del 5.5% del producto interno bruto (PIB), una inflación histórica del 80% y una tasa de desocupación del 23%. Esa crisis elevó la pobreza, deterioró el bienestar de la población y alimentó un pesimismo que condujo a miles de dominicanos a emigrar a Estados Unidos y a España. 

A pesar de que el gobierno de entonces llevó a cabo un amplio programa de inversiones públicas a nivel nacional, el financiamiento del déficit fiscal mediante el retraso en el pago del servicio de la deuda externa y el uso del crédito doméstico neto proveniente del Banco Central (conocido popularmente como emisión de “pesos inorgánicos”) impactaron negativamente la actividad económica privada. El crecimiento excesivo de la oferta monetaria, unido a una política irracional de control cambiario, elevó la cotización del dólar de 2.82 pesos en agosto de 1986 a 13 pesos en marzo de 1991, una variación acumulada de un 361% en poco más de cuatro años, equivalente a un incremento mensual de un 2.8%. 

En 1990, el presidente Joaquín Balaguer pasaba por una etapa política muy difícil y, pese a ello, se presentó a las elecciones presidenciales con casi 84 años. En medio de esa alarmante coyuntura económica, social y política, agravada por el desabastecimiento de combustible y el imparable encarecimiento de los bienes de primera necesidad, Balaguer logró retener el poder.

Los resultados electorales fueron objeto de severas críticas, pero estas no acobardaron al mandatario, quien convenció a los principales representantes de la sociedad a sentarse en una mesa de negociaciones en agosto de 1990. De ahí surgió el Pacto de Solidaridad Económica, que contó con la mediación de Monseñor Agripino Núñez. Dicho acuerdo redujo las tensiones sociales y originó las condiciones para que se implementase un importante conjunto de reformas estructurales, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encabezado por César Miquel.  

En septiembre, el presidente Balaguer, un hombre astuto y de temple de acero que parecía no tener miedo a nada ni a nadie, comenzó a ejecutar la reforma arancelaria. Mediante un decreto, eliminó gran parte del esquema arancelario que había protegido la industria nacional vigente desde 1968 bajo la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial, la cual daba soporte al modelo de sustitución de importaciones. Previamente, se había promulgado la Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, cuyo propósito es promover las exportaciones de bienes y servicios mediante un régimen especial de incentivos fiscales y medidas de flexibilización aduanera. 

La reducción de la tarifa arancelaria promedio, la corrección de las bases imponibles de los bienes importados, tanto insumos para la industria como de consumo final, y las mejoras administrativas implementadas en la Dirección General de Aduanas incrementaron las recaudaciones, lo que redujo el déficit fiscal. Ese primer paso disminuyó la necesidad de financiamiento inflacionario del Banco Central, estabilizó el tipo de cambio alrededor de 12.50 pesos por dólar y moderó la tasa de inflación. Respecto al mercado cambiario, cabe destacar que las autoridades del Banco Central retornaron al principio de “una sola moneda, una sola tasa,” que se había establecido con la unificación cambiaria de 1985, lo que significó la eliminación de las distorsiones derivadas de la existencia de tasas de cambio múltiples. 

En 1992, el Congreso Nacional aprobó la Ley 11-92 que estableció el Código Tributario. En ese momento, el país colocó una pieza importante de lo que debe ser un sistema tributario óptimo, capaz de garantizar la neutralidad, la equidad y la eficiencia recaudatoria. La citada reforma tributaria ayudó a racionalizar los incentivos fiscales y eliminó aquellos que fueron ampliamente utilizados para eludir el pago del Impuesto sobre la Renta. 

Para modernizar y mejorar las condiciones del mercado laboral, ese año se promulgó también un nuevo Código de Trabajo (Ley 16-92), que sustituyó el Código Trujillo de Trabajo de 1951. El novedoso marco normativo mejoró aspectos fundamentales de las relaciones entre trabajadores y empleadores y favoreció, en ese entonces, la creación de empleos más dignos. 

Con el objetivo de estimular y facilitar la entrada de capitales al país, el gobierno del presidente Balaguer, quien volvió a retener el poder en las elecciones de 1994, aprobó la Ley 16-95 de Inversión Extranjera. Esa legislación brinda el mismo tratamiento a la inversión extranjera que a la nacional, eliminando cualquier tipo de discriminación. Además, otorga la libre repatriación de capital y dividendos. Ese marco jurídico ha permitido que en la actualidad la República Dominicana reciba más de 4,500 millones de dólares anuales de inversión extranjera en sectores clave para el crecimiento económico nacional, como son las actividades eléctricas, turísticas y de zonas francas. 

Las reformas estructurales aplicadas y el entorno macroeconómico estable creado entre 1991 y 1993 impulsaron la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB. Entre 1991 y 2024, la tasa de crecimiento promedio del PIB real ha sido de un 5%, lo que ha favorecido el ingreso per cápita. El buen desempeño económico se ha traducido en un significativo aumento del valor agregado nominal en dólares, que se elevó de 7,167 millones en 1990 a 124,600 millones de dólares en 2024.  

Las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Balaguer entre 1990 y 1993 cambiaron las expectativas de los agentes económicos hacia una postura optimista que propició la inversión productiva. El repunte sostenido de la actividad económica, la creación de empleo y el aumento de los salarios ayudó a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la pobreza. Balaguer demostró que, en los momentos más adversos, es posible renovarse y rectificar el rumbo hacia una trayectoria de mayor confianza que permita un desarrollo económico sostenido y una mejor calidad de vida. No cabe duda de que el doctor ha legado al pueblo dominicano una lección perdurable. 

Las recomendaciones del FMI

[Escrito el 24 de noviembre de 2025]

A continuación un resumen de las recomendaciones de medidas de política económica y reformas estructurales del FMI.

El Fondo Monetario Internacional recomienda la ejecución de políticas sólidas para que se mantenga el crecimiento económico sosteniendo de la RD. 

Recomienda fortalecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria para ayudar a normalizar la política y apoyar el crecimiento de las actividades productivas privadas. 

Asimismo, indica que debe mantenerse la flexibilidad del tipo de cambio en línea con los fundamentos, con intervenciones de divisas centradas en suavizar los grandes choques junto con el desarrollo adicional del mercado de cobertura de riesgo cambiario. 

Respecto a las finanzas públicas, afirma que la prudencia fiscal continuada, mediante la cual se reduzca la evasión impositiva y se racionalice el gasto público, debería ir acompañada de medidas para crear espacio para aumentar la inversión y mantener la deuda pública en una trayectoria descendente. 

Por otro lado, sostiene que las reformas e inversiones para fortalecer el sector eléctrico siguen siendo clave para aliviar las presiones fiscales. El déficit de 1,800 millones de dólares en ese sector es insostenible, por lo que es necesario realizar las inversiones necesarias para mejorar la facturación y cobranza de ese servicio para que fortalecer la posición financiera de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. 

Finalmente, el FMI recomienda la implementación de reformas complementarias para reforzar el capital humano, la competitividad y la resiliencia ante desastres naturales, ya que son fundamentales para impulsar el crecimiento potencial en línea con los objetivos Meta2036 del país y mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

Los nuevos pronósticos del FMI

[Escrito el 21 de noviembre de 2025]

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el resultado de su más reciente visita a la República Dominicana en el marco de la consulta del Artículo IV. En general, el Fondo mantiene una opinión optimista sobre el desempeño económico y realiza un conjunto de recomendaciones de reformas estructurales indispensables para aumentar la resiliencia y mejorar el ritmo de crecimiento económico en el mediano plazo. 

El FMI sostiene que el producto interno bruto se expandirá un 3% en 2025 debido a que observa algunos signos positivos relacionados con las exportaciones, el crédito, el turismo, así como el apoyo monetario y fiscal en lo que queda de año. A mi entender, dado el crecimiento de un 2.2% del Indicador Mensual de Actividad Económica acumulado a septiembre, pienso que lo más probable es que el año cierre con una tasa de crecimiento del PIB de un 2.3%. 

Respecto a la inflación, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor, el Fondo proyecta que se colocará a diciembre en un 3.7%. Dado que a octubre la variación interanual subió a un 4.2%, y visto que en el cuatrimestre julio a octubre se aceleró el ritmo de variación de los precios, se puede proyectar que lo más probable es que la inflación se sitúe en diciembre alrededor de un 4.4%. 

Respecto a las reformas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, ese tema queda para un próximo comentario. 

Se acentúa el nerviosismo bursátil

[Escrito el 20 de noviembre de 2025]

Wall Street volvió a temblar hoy. En lo que fue una verdadera montaña rusa, el índice bursátil Dow registró una impresionante variación hacia arriba y hacia abajo por más de mil puntos, colocándose el VIX -el índice del miedo- en 26.4 puntos, cuando lo normal es un valor de 15. 

El mercado arrancó con un sentimiento optimista como reacción a la noticia del buen desempeño de ventas y rentabilidad de la empresa Nvidia. Esto ayudó a que, alrededor de las 10:35 de la mañana, el Dow registrase una subida de más de 700 puntos. 

Posteriormente, el mercado comenzó a digerir la información del comportamiento del mercado laboral en septiembre, que arrojó una tasa de desocupación de un 4.4% y la creación de 119 mil puestos de trabajo, cifra que superó la predicción de 50 mil nuevos empleos. Ese resultado mixto, disminuyó la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en diciembre, lo que va en contra del valor de los instrumentos financieros. 

Lo anterior, combinado con el nerviosismo de la sobrevaluación del precio de las acciones vinculadas con la Inteligencia Artificial, provocó un retroceso de los índices bursátiles. El Dow cerró con una caída de un 0.8%, el S&P 500 descendió un 1.5% y el Nasdaq, después de subir un 2% en la mañana, concluyó la jornada con un retroceso de un 2.1%. 

Para los amantes del bitcoin, les recuerdo que su precio se colocó hoy en 86,337 dólares, equivalente a una variación de un -3.4%. Ya acumula una caída de un 31% respecto al nivel observado el pasado 10 de junio.

Dado el tamaño de la burbuja de la Inteligencia Artificial y de las criptomonedas, creada por la exuberancia irracional basada en un excesivo optimismo de la rentabilidad de las inversiones en esas nuevas tecnologías y activos, pienso que falta mucho por corregir a la baja. Por tanto, les recomiendo mucho cuidado al realizar sus inversiones financieras. 

Estabilidad y crecimiento económico

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 17 de noviembre de 2025.]

La estabilidad macroeconómica resulta clave para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la mejora del bienestar de la población. El Gobierno dominicano y el Banco Central tienen la responsabilidad de adoptar medidas que garanticen dicha estabilidad y promuevan la expansión económica, dentro de los límites impuestos por el entorno internacional. 

La política monetaria implementada en el país entre 2012 y 2019, junto con una inversión pública promedio anual equivalente a un 4% del PIB, creó un ambiente económico muy positivo. Durante ese período se aplicó un esquema de metas de inflación basado en reglas claras y transparentes, cuyos instrumentos monetarios se utilizaron, en general, de manera consistente. 

Dicho marco de política monetaria, sustentado en ajustes de la tasa de interés de referencia y en una gestión convencional de la liquidez coherente con la misma, facilitó la estabilidad de precios y mantuvo el anclaje de las expectativas de inflación en el entorno del centro del rango meta. Además, amortiguó las perturbaciones externas, redujo la volatilidad de las principales variables económicas y aumentó la predictibilidad necesaria para alcanzar un entorno favorable al crecimiento sostenido del PIB, que alcanzó un promedio anual de un 5.5% durante esos ocho años. 

A partir de marzo de 2020 se originaron nuevas restricciones internacionales que impactaron negativamente la economía dominicana. La pandemia del covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento de los precios de los combustibles, la flexibilización y posterior apriete monetario aprobado por la Reserva Federal, la persistencia de la tasa de inflación en Estados Unidos, los aranceles recíprocos de Trump y sus ataques contra la institucionalidad de la Fed constituyen desafíos difíciles de sortear.

En ese escenario, el Banco Central adoptó un enfoque de política caracterizado por una elevada discrecionalidad. La nueva política se distanció del esquema de metas de inflación, ya que se adoptaron medidas monetarias no convencionales, zigzagueantes, inconsistentes y subóptimas, las cuales ampliaron la incertidumbre originada por las perturbaciones económicas internacionales. 

La política monetaria elevó las desviaciones de sus instrumentos y, por ello, la de las principales variables macroeconómicas. La variación interanual de la oferta monetaria (M1) ha registrado una volatilidad que duplica la observada bajo el régimen de metas de inflación (2012-2019). Los cambios de los agregados monetarios se han reflejado en un incremento de la variabilidad de las tasas de interés (activa, pasiva e interbancaria) que multiplica por tres la registrada antes de la pandemia. La volatilidad de la variación mensual de la tasa de cambio es 4.7 veces superior a la registrada antes de marzo de 2020. Asimismo, el promedio del margen cambiario (la diferencia entre la tasa de cambio de venta y la de compra) se ha triplicado en el período discrecional.

El aumento de la incertidumbre ha distorsionado el proceso de asignación de los recursos productivos. Las masivas inyecciones de liquidez con tasas de interés subsidiadas, aprobadas en marzo de 2020, mayo de 2023, noviembre de 2024 y junio de 2025, generaron oportunidades de arbitraje e incentivaron a los agentes económicos a retrasar sus decisiones de inversión o consumo en espera de nuevos desembolsos de liquidez. 

La pérdida de efectividad de la política monetaria, acompañada de una inversión pública promedio de solo un 2.5% del PIB, explica que la tasa de crecimiento promedio del valor agregado se redujera a un 3.3% entre 2020 y 2025, cifra que es insuficiente para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en relación con el PIB. Cuanto más lento sea el ritmo de crecimiento económico, mayor debe ser el saldo primario de las finanzas públicas para garantizar la capacidad de pago de la deuda, lo que a su vez conllevaría nuevos recortes en el gasto de capital o una subida de impuestos. 

Respecto a los precios, puede afirmarse que, en general, el Banco Central ha mantenido de forma exitosa su estabilidad. Entre enero de 2012 y febrero de 2020, la tasa de inflación, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se colocó en promedio en un 2.9%.  Posteriormente, debido a los choques externos y a las masivas inyecciones de liquidez registradas desde marzo de 2020, la tasa de inflación subió y alcanzó un pico del 10.5% en mayo de 2021. A partir de diciembre de 2021, las autoridades iniciaron un cambio de postura de la política monetaria hacia una más restrictiva y, con el apoyo de los subsidios a los combustibles, lograron que la tasa de inflación se situara desde mayo de 2023 hasta octubre de 2025 dentro del rango meta que va del 3% al 5%, con un promedio del 3.6%. Dicho resultado es relevante, dado que la inflación constituye el peor de los impuestos, pues penaliza en mayor proporción a los hogares de menores ingresos. 

En la actualidad, a pesar de esos buenos resultados, las autoridades monetarias deben observar con preocupación el comportamiento ascendente de los precios registrado desde junio de 2025, fecha en que se anunció la más reciente inyección masiva de liquidez a tasas de interés subsidiadas. La inflación anualizada, calculada a partir de la variación de los precios acumulada en el cuatrimestre de julio a octubre del presente año, ascendió a un 6.1%. En particular, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en esos cuatro meses a un ritmo anualizado del 11.2%, y el grupo de restaurantes y hoteles, que básicamente refleja el componente de comidas y bebidas fuera del hogar, se incrementó un 7%. 

Por último, la tasa de inflación subyacente anualizada, calculada con los datos de los últimos cuatro meses, rebasó el límite superior del rango meta y alcanzó un 5.4%. Ante ese comportamiento de los precios, vinculado con la política monetaria, es muy probable que las autoridades del Banco Central comiencen el año 2026 con una política más restrictiva, a fin de evitar un aumento desmedido de la inflación. El nuevo viraje monetario confirmaría que la inyección de liquidez aprobada en junio y las reducciones de las tasas de interés de referencia aplicadas en septiembre y octubre resultaron medidas incompatibles con la estabilidad macroeconómica. 

El gasto en mantenimiento es una buena inversión pública

[Escrito el 14 de noviembre de 2025] 

Desde niño escuché a mi padre destacar la importancia del buen mantenimiento de la infraestructura pública. En numerosas ocasiones me decía que los recursos destinados a esa tarea no eran gastos, sino una inversión muy positiva que favorecía al pueblo dominicano. La no entrada en funcionamiento de las plantas eléctricas de emergencia del metro de Santo Domingo me hizo recordar los sabios consejos del gran Sasito.

Para las autoridades, responsables del gobierno dominicano, debió ser muy doloroso ver a madres caminar a oscuras con sus hijos de la mano en dirección a sus hogares porque el metro no funcionaba y no tenían posibilidades de tomar otro medio de transporte. Me imagino que esa triste realidad motivará a los funcionarios responsables a realizar las inversiones requeridas para que los servicios públicos funcionen de manera adecuada y logren así apoyar, sobre todo, a los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad.   

El mantenimiento de los sistemas de transporte público, servicios de salud, carreteras, puentes, sistemas de agua y de energía eléctrica, entre otros, es fundamental para el buen desempeño de la economía y la mejora del bienestar de la gente. Además de prolongar la vida útil de los activos, el mantenimiento preventivo es mucho menos costoso que las reparaciones o la reconstrucción total necesaria en caso de ocurrir un evento catastrófico, como la caída de un puente o la explosión de una caldera. 

La inversión pública equivalente al 2% del PIB que se ejecuta en 2025 no es suficiente para llevar a cabo una buena política de mantenimiento de la infraestructura pública. Frente a esa realidad, no cabe duda de que es indispensable reducir el gasto corriente no prioritario y destinar ese ahorro a actividades de mantenimiento que permitan obtener el máximo provecho de los activos ya existentes en beneficio del desarrollo nacional.   

Cuidado con los aumentos de precios

[Escrito el 13 de noviembre de 2025]

El Banco Central de la República Dominicana ha mantenido de forma exitosa la estabilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde mayo de 2023, la tasa de inflación, medida por la variación interanual del IPC, ha estado dentro del rango meta que va del 3% al 5%. Dicho resultado es muy importante debido a que la inflación es el peor de los impuestos, pues castiga en mayor proporción a los hogares de menores ingresos. 

Asimismo, la tasa de inflación subyacente, la que excluye la variación de los precios de los alimentos y combustibles, y que guarda una relación muy estrecha con la política monetaria, se ha conservado desde julio de 2023 por debajo del límite superior del rango meta. 

A pesar de esos buenos resultados, pienso que las autoridades monetarias deben estar muy preocupadas por el comportamiento ascendente de los precios registrado a partir de junio de 2025, fecha en que se anunció la más reciente inyección masiva de liquidez. 

En el cuatrimestre de julio a octubre del presente año, la inflación anualizada ascendió a un 6.1%. Entre otros, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en ese cuatrimestre un 11.2%; los servicios de educación un 14.6%; y el grupo de restaurantes y hoteles, que básicamente refleja el componente de comidas y bebidas fuera del hogar, se incrementó un 7%. 

Finalmente, la tasa de inflación subyacente anualizada en base a los últimos cuatro meses también superó el límite superior del rango meta, al ascender a un 5.4%. Frente a ese desempeño vinculado con la política monetaria, no me sorprendería que las autoridades del Banco Central comiencen el año 2026 con una postura más restrictiva para evitar que la inflación se les vaya de las manos. 

Se tambalea la burbuja de la IA

[Escrito el 10 de noviembre de 2025]

La semana pasada le ha fue mal a la burbuja financiera de la inteligencia artificial. En diversos comentarios he advertido que el precio promedio de las acciones de las empresas denominadas las “Siete Magníficas” se encuentra muy por encima de lo que puede explicar su flujo libre de efectivo esperado. Por ello, he indicado que en cualquier momento se desata el inicio del colapso de esa burbuja que podría significar la desaparición de riqueza financiera por una magnitud de millones de millones de dólares. 

El jueves pasado, el Nasdaq, que recoge el comportamiento del precio de las acciones de compañías tecnológicas, cayó un 1.9%. Ello se explica por el nerviosismo que se ha estado incubando por el excesivo gasto de capital que han estado realizando grandes empresas e instituciones financieras en componentes tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial, como centros de datos y microprocesadores, que pueden hacerse obsoletos rápidamente. 

La cotización de un famoso fondo de inversión o ETF, por sus siglas en inglés, que recoge el comportamiento del precio de las acciones de las Siete Magníficas (MAGS) descendió el jueves en un 2%. Específicamente, el precio de la acción de Nvidia, el buque insignia de la burbuja, retrocedió un 3.7%; Tesla, lo hizo en 3.5%; y Amazon, en 2.9%. Asimismo, el precio de la acción de Meta, propietaria de Facebook, cayó un 2.7%; Microsoft varió en -2%; y Apple descendió un 0.14%. 

La única empresa que mostró un comportamiento positivo fue Alphabet, propietaria de Google, cuyo precio subió un 0.15%. 

Esta semana se registrará una recuperación de los índices bursátiles debido a la reapertura del gobierno estadounidense. No obstante, hay que analizar con profundidad las condiciones del mercado bursátil para determinar si se mantendrá o no la exuberancia irracional que ha creado la actual burbuja financiera. A mi entender, esa anomalía del mercado explotará con certeza, pero no se puede determinar con exactitud la fecha.  

El peor de los costos

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 10 de noviembre de 2025.]

Las adolescentes pagan un precio muy elevado por una maternidad temprana. El embarazo en esa etapa de la vida genera un costo que se extiende tanto a la madre como a su hijo, ya que aumenta significativamente el riesgo de perpetuar la pobreza y la desigualdad. Una madre adolescente dispone de menos recursos y capacidad para garantizar una educación de calidad a sus hijos, lo que a su vez reduce las posibilidades de que estos alcancen mayores niveles de ingresos durante su vida laboral.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) estima que la maternidad temprana representa para quince países de América Latina y el Caribe un costo anual de 15,300 millones de dólares, equivalente al 1% de su producto interno bruto (PIB). Dicho cálculo incluye pérdidas relacionadas con la educación, la participación laboral, los ingresos, los gastos en salud y en otros servicios públicos. Según Naciones Unidas, el 88.2% del citado costo recae sobre las mujeres y su entorno, debido al impacto que tiene el embarazo adolescente sobre la educación y la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. 

En Estados Unidos, un estudio de Kristin Moore y colegas demostró que posponer el embarazo apenas dos años y completar el bachillerato puede aumentar un 13.2% el ingreso promedio del hogar de los hijos cuando estos alcanzan los 29 años. La evidencia es clara: una madre con más formación académica cría hijos más sanos, productivos y con mejores oportunidades de desarrollo.

En la República Dominicana se registraron 17,846 embarazos en adolescentes durante 2024. Las tasas más altas se concentran en las zonas rurales y fronterizas como Elías Piña, Montecristi y Pedernales. La pobreza, la falta de educación y las uniones tempranas constituyen los principales detonantes. La edad promedio de la primera unión conyugal de las mujeres pertenecientes al grupo socioeconómico de bajos ingresos es de 17.9 años, mientras que las del grupo de ingresos altos asciende a 22.1 años. Aunque la Ley 1-21 prohíbe el matrimonio infantil, el 29.1% de las mujeres dominicanas con edad superior a los 18 años se casó o convivió por primera vez antes de esa edad. En zonas rurales, esa cifra aumenta hasta un 39.6%. 

La diferencia de edad con la pareja, el nivel educativo y la condición económica son factores determinantes del embarazo en adolescentes. Diversas investigaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revelan que, por cada año adicional de diferencia de edad entre la adolescente y su pareja, la probabilidad de embarazo aumenta un 8%. Tener una pareja con estudios universitarios reduce esa probabilidad en un 75%, mientras que una posición económica más favorable la disminuye un 35%. 

El matrimonio infantil se traduce en mayor cantidad de hijos en el hogar. La unión temprana implica casi siempre un embarazo inmediato, lo cual conlleva que esas adolescentes tengan más hijos que otras que se unieron a una edad más adulta. Esto limita la capacidad de las madres adolescentes para insertarse en el mercado laboral, pues tienen que cuidar a sus hijos. Este proceso perpetúa el ciclo de pobreza y desigualdad. 

El abandono o deserción escolar incrementa la probabilidad de percibir bajos ingresos a lo largo de su vida. Las madres adolescentes presentan una mayor probabilidad de abandonar los estudios debido al embarazo. El 32% de esas jóvenes declaró que no se inscribió o asistió a la escuela durante el año escolar en que se embarazó. La necesidad de cuidar a los niños como factor que determina la decisión de interrumpir los estudios es más importante para el grupo de madres adolescentes que para las madres no adolescentes (23.4% frente a 5.6%). Posponer el embarazo permitiría a las jóvenes alcanzar niveles educativos más altos y acceder a mejores oportunidades laborales.  Cabe destacar que existe una asociación entre la maternidad temprana y la informalidad laboral: las mujeres que fueron madres durante la adolescencia presentan una tendencia más acentuada a trabajar por cuenta propia y, en promedio, a percibir menores ingresos.

La educación de los padres también constituye un factor determinante en el futuro escolar de los hijos. Tener una madre o un padre con formación universitaria reduce la probabilidad de desertar entre un 88% y un 76%. Por cada año adicional en la edad del embarazo de la madre, la probabilidad de abandono escolar de sus hijos disminuye un 5%. Esto revela la importancia de los programas de prevención del embarazo a edad temprana con el objetivo de disminuir la tasa de abandono escolar de sus hijos. 

El embarazo adolescente también se asocia con un mayor riesgo de mortalidad infantil. Los hijos de las madres adolescentes tienen una probabilidad de fallecimiento infantil 3.9 veces superior a la de aquellos nacidos de mujeres que se embarazan con más edad.

Ante esa realidad, resulta urgente diseñar e implementar estrategias efectivas orientadas a reducir la tasa de embarazos en la adolescencia. Además de garantizar el cumplimiento de la prohibición de las uniones tempranas, la evidencia empírica respalda la adopción de políticas integrales que mantengan a los jóvenes en la escuela. El objetivo debe centrarse en minimizar la deserción escolar para que la mayoría se gradúe, pueda obtener ingresos adecuados y cuando decida formar un hogar (por ejemplo, a partir de los 24 años) ocurra en condiciones de madurez y estabilidad, con una pareja de edad similar y no con una niña de menos de 18 años. 

Cada adolescente que logra completar su educación antes de ser madre representa un avance hacia una sociedad más justa. Evitar el embarazo en la adolescencia significa reducir uno de los costos sociales más regresivos: aquel que limita el potencial humano desde la infancia, interrumpe las trayectorias educativas y perpetúa la pobreza intergeneracional. Cada niña que no es obligada a convivir con un adulto da un paso hacia la equidad y abre la oportunidad de formar una familia en condiciones más dignas, alejadas de la pobreza. Y cada hijo que nace en un hogar con mayor estabilidad emocional, educativa y económica supone un activo que contribuye al bienestar y al desarrollo sostenible de la República Dominicana. 

El Banco Central flexibiliza su política

[Escrito el 3 de noviembre de 2025]

El Banco Central decidió reducir por segunda ocasión consecutiva la tasa de interés de política monetaria. En su reunión de octubre recortó 25 puntos básicos y colocó la tasa de interés de referencia en un 5.25%. 

El objetivo de las autoridades es reducir las tasas de interés para estimular el ritmo de crecimiento económico. Ello es comprensible debido que la tasa de crecimiento del Indicador Mensual de Actividad Económica a septiembre arroja una variación promedio de un 2.2% y se proyecta que el año cerrará con un crecimiento de un 2.5%, la mitad del ritmo potencial. 

En la coyuntura actual, el énfasis en una postura monetaria expansiva presionará hacia arriba el tipo de cambio del peso frente al dólar. 

Para entender esa proyección cambiaria, basta con observar que la tasa de interés pasiva se redujo en 334 puntos básicos entre junio y octubre, situándose en promedio en octubre en un 6.36%. 

Ese nivel de tasa de interés pasiva es incompatible con la estabilidad cambiaria, ya que se encuentra por debajo del 10% que arroja la suma de la tasa de interés en dólares, la expectativa de depreciación anual del peso frente al dólar y la prima de riesgo país. Por tanto, se registrará un proceso de sustitución de pesos por dólares, que presionará hacia arriba la tasa de cambio. 

Para evitarlo, el Banco Central tendría que vender reservas internacionales en el mercado de divisas y/o colocar en el mercado letras y notas a elevadas tasas de interés, lo que sacaría pesos de circulación e incrementaría nuevamente la tasa de interés pasiva. 

Es muy probable que la expectativa de esa política zigzagueante explique el porqué la tasa de interés activa, la que influye sobre el consumo y la inversión, apenas se haya reducido 78 puntos básicos entre junio y octubre de este año, situándose en octubre alrededor del 14%. 

Así las cosas, es poco probable que se logre acelerar el ritmo de crecimiento económico en los próximos meses. 

Por una gestión pública eficiente

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 3 de noviembre de 2025.]

La gestión eficiente de los servicios sociales provistos por el sector público repercute directamente en el bienestar de las personas. Esa afirmación resulta fundamental, dado el peso que tiene el gasto en educación y salud dentro del presupuesto público, así como su importancia en el proceso de acumulación de capital humano. 

Existe amplia evidencia empírica que demuestra que las políticas orientadas a elevar la calificación promedio de los administradores de los servicios sociales mejoran la eficiencia del Estado. En esa línea, los profesores de Economía, Pablo Muñoz (Universidad de Chile) y Cristóbal Otero (Universidad de Columbia, Estados Unidos), realizaron un riguroso estudio sobre el impacto de una política destinada a optimizar el desempeño de los gerentes responsables del suministro de servicios de salud pública en Chile. 

En su estudio “Managers and Public Hospital Performance,” publicado recientemente en la revista científica “American Economic Review,” los autores analizaron el efecto de la reforma aprobada en Chile en 2003 mediante la cual se estableció un sistema de elección competitiva del personal del sector público. En particular, se aborda el impacto de contratar al director general de los hospitales en función de su preparación académica y su experiencia laboral. En lugar de médicos sin conocimientos en gestión de centros de salud, se nombraron expertos en administración, economía, optimización de procesos y contabilidad. 

La tasa de mortalidad de los hospitales incluidos en el estudio se utiliza como indicador de desempeño. Entre los principales hallazgos, los investigadores destacan que la contratación de administradores con sólida formación gerencial redujo dicho indicador en 0.208 puntos porcentuales (equivalente a un 8%) durante los tres años posteriores a la adopción del nuevo sistema de selección del personal, a partir de una tasa de mortalidad promedio de un 2.6%, previa a la reforma. El círculo virtuoso se cerró con el establecimiento de un sistema de remuneración vinculado al desempeño, lo que permitió retener y atraer talento administrativo hacia la gestión hospitalaria, en beneficio directo de los pacientes chilenos.

En el ámbito educativo, también se ha comprobado que la calidad de la gestión de los centros escolares incide de manera positiva en el desempeño de los alumnos.  Los profesores de Economía, Víctor Lavy (Universidad de Warwick, Reino Unido), Adi Boiko (Hebrew University, Israel), y Genia Rachkovski (Northwestern University, Estados Unidos), publicaron en el año 2024 un ensayo en el que confirman que una gestión de calidad en las escuelas públicas mejora los resultados académicos de los estudiantes. Los autores comprobaron que los centros de enseñanza dirigidos por buenos gerentes exhiben prioridades más claras, procedimientos de trabajo bien definidos y un entorno con menor nivel de violencia estudiantil. En concreto, una mejora de una desviación estándar en la calidad del director ejecutivo conduce a un aumento aproximado de 0.04 desviaciones estándar en los puntajes de las calificaciones de los alumnos. 

La buena gestión educativa implica un proceso adecuado de contratación, supervisión y evaluación del profesorado. El objetivo de un administrador eficiente es adoptar medidas que maximicen el “valor agregado” de los docentes, cuantificado a través de los resultados de pruebas estandarizadas aplicadas a los alumnos preuniversitarios. Para alcanzar esa meta, es preciso que los sindicatos de maestros comprendan que el futuro de los estudiantes depende de la capacidad pedagógica de cada profesor. En consecuencia, quien no alcance un desempeño mínimo debe someterse a programas de capacitación o, en última instancia, a ser apartado del sistema de enseñanza pública. 

En 1998, Joshua D. Angrist (MIT, Estados Unidos), premio Nobel de Economía, y Víctor Lavy publicaron un ensayo sobre el efecto de la formación docente en el rendimiento estudiantil en matemáticas y lectura. Los resultados evidencian que el entrenamiento pedagógico impartido a los maestros en Israel mejoró las calificaciones de los alumnos entre 0.2 y 0.4 desviaciones estándar. Esa conclusión es relevante, porque debería motivar a los padres a exigir la evaluación del equipo docente para determinar su calidad y, en caso necesario, exigir su entrenamiento -en contenido y métodos pedagógicos- con el fin de mejorar su aporte al aprendizaje de sus estudiantes. 

Un ensayo más reciente, publicado en 2014, ratificó que la calidad de la formación del profesorado puede incrementar el rendimiento académico de los alumnos. Los economistas Raj Chetty, John Friedman (ambos profesores de la Universidad de Harvard, Estados Unidos) y Jonah Rockoff (Universidad de Columbia, Estados Unidos) demostraron también que el valor agregado de los maestros influye de manera positiva sobre el desempeño del estudiante cuando llega a la edad adulta. A partir de los datos correspondientes a un millón de niños escolarizados en centros públicos, los autores hallaron que aquellos que tuvieron mejores profesores presentaban una probabilidad más alta de continuar sus estudios y obtener salarios más elevados, además de registrar menor incidencia de embarazos adolescentes. Según sus estimaciones, sustituir un profesor poco capacitado por otro mejor incrementaría el valor presente del flujo de ingresos de los estudiantes en unos 250 mil dólares por aula. 

El nombramiento de administradores competentes en la gestión de los servicios públicos, como en las citadas áreas de salud y educación, genera un beneficio de mayor magnitud que el que se logra cuando la contratación es discrecional o producto del clientelismo político. Luis Garicano, profesor de Políticas Públicas en la London School of Economics (Reino Unido) y el economista Abel Sánchez señalaron en julio pasado que “mientras los directivos de las empresas públicas, los reguladores y los técnicos dependan de nombramientos políticos para mantener sus cargos y ascender, la corrupción seguirá siendo sistémica.” Ante ese panorama, recomiendan eliminar los cargos de libre designación y establecer sistemas de concursos públicos para la selección de directivos en empresas y organismos estatales. 

A la luz de la evidencia, puede concluirse que, al igual que logró Lee Kuan Yew en Singapur, resulta indispensable transformar el servicio público de la República Dominicana en una institución honesta y eficiente. Ello implica instaurar un sistema de contratación del personal basado en la meritocracia, pilar fundamental para alcanzar la eficiencia administrativa en el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, reducir la corrupción y acelerar el ritmo de crecimiento económico. 

La posposición del choque de oferta

[Escrito el 31 de octubre de 2025] 

Donald Trump y Xi Jinping acordaron realizar una tregua de un año en su guerra comercial. En Corea del Sur, Trump anunció la reducción de 10 puntos porcentuales a la tarifa que le había impuesto a China como penalidad por el tráfico del fentanilo, decisión que situó la tasa arancelaria promedio que gravan los productos chinos en un 47%. Al mismo tiempo, Xi Jinping dejó sin efecto los controles de exportación de minerales de tierras raras. 

El citado acuerdo tiene una gran importancia dado que los controles a las exportaciones de tierras raras podrían generar un choque de oferta terriblemente negativo. En la actualidad, China es el principal productor mundial de esos minerales, con una posición dominante tanto en la extracción (69%) como en el procesamiento (90%). 

Las tierras raras se utilizan en tecnologías avanzadas -civiles y militares-, energía renovable y productos electrónicos. Además, resultan indispensables para la fabricación de dispositivos físicos que permiten entrenar y ejecutar los modelos de inteligencia artificial (IA). Las unidades de procesamiento, discos duros de alto rendimiento, imanes y sensores para equipos utilizados en la fabricación de semiconductores, radares y drones emplean componentes que contienen tierras raras. 

La disrupción del suministro de esos minerales impactaría negativamente sobre la producción, ventas y flujo de efectivo de las empresas vinculadas con tecnologías modernas e inteligencia artificial. Dado que la mayor parte del vertiginoso aumento de los índices bursátiles en los Estados Unidos registrado en años recientes se explica por la burbuja de la inteligencia artificial, un choque de oferta que limite la disponibilidad de tierras raras podría traducirse en una significativa corrección del mercado bursátil que provocaría una masiva destrucción de riqueza financiera y una contracción económica a nivel global. 

La Reserva Federal vuelve a bajar su tasa

[Escrtio el 30 de octubre de 2025]

El banco central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, redujo ayer 25 puntos básicos a la tasa de interés de política monetaria. Al mismo tiempo, el presidente Jerome Powell advirtió que, debido a los riesgos relacionados con un aumento de la tasa de inflación, el recorte de la tasa en diciembre no es una “conclusión inevitable.” 

La decisión, que fue tomada de forma no unánime por el Comité Federal de Mercado Abierto, colocará la tasa de interés de política en el rango del 3.75% al 4%. Según Powell, ese nivel de tasa de interés es considerado más cercano a una postura neutral, que es el nivel que no estimula ni frena la actividad económica. Sin embargo, dado que la tasa de inflación interanual de septiembre ascendió al 3%, se puede señalar que una nueva reducción de la tasa de interés, colocaría la política monetaria en un terreno no compatible con la estabilidad de precios. 

Por ello, la Reserva no garantiza el recorte de diciembre hasta que llegue nueva información económica que lo pueda justificar. Por cierto, esos datos, tan necesarios para la toma de decisiones de los agentes privados y públicos, no se están produciendo debido al cierre del gobierno. 

Ayer, los mercados bursátiles reaccionaron a la baja tan pronto escucharon las declaraciones de Powell, pero luego se recuperaron y cerraron con un resultado mixto. El Dow retrocedió 0.16%, el S&P 500 se mantuvo sin un cambio significativo y el Nasdaq subió un 0.55%.  

Hoy, la situación bursátil fue peor. Los tres principales índices cayeron, destacándose el retroceso de 1.57% del Nasdaq. Mientras, el precio del oro subió a 4,038 dólares por onza troy. 

La posición de Powell sobre la tasa de referencia para diciembre fue tan contundente que el Banco Central de la República Dominicana no debería reducir su tasa de interés de política monetaria en lo que queda de año. Si lo hace, las autoridades dominicanas deben estar dispuestas a aceptar un mayor ritmo de depreciación del peso frente al dólar. 

Un peligroso choque de oferta

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 27 de octubre de 2025.]

La historia enseña que la suspensión de las exportaciones de un bien clave suele generar repercusiones negativas en la economía global. En octubre de 1973, los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) suspendieron las ventas de crudo a Estados Unidos y a otras naciones que apoyaban a Israel durante la Guerra de Yom Kipur. Dicho embargo provocó un retroceso de la actividad económica mundial, un aumento del nivel de precios y una caída del mercado bursátil estadounidense en un 41% durante los doce meses posteriores. El comportamiento del precio de las acciones pudo haber sido peor si, en aquel momento, hubiese existido una burbuja bursátil. Como muestra de la inexistencia de ese tipo de fenómeno financiero, el S&P 500 registró, entre diciembre de1968 y octubre de 1973, un crecimiento acumulado de apenas un 4.2%. 

La reciente amenaza de China con imponer controles a las exportaciones de tierras raras podría generar un choque de oferta. En la actualidad, China es el principal productor mundial de esos minerales, con una posición dominante tanto en la extracción (69%) como en el procesamiento (90%). La respuesta inmediata del presidente Donald Trump fue anunciar un arancel adicional del 100%, así como la adopción de medidas restrictivas al comercio de software necesario para la industria china de semiconductores. Los mercados bursátiles reaccionaron a la baja y el índice de volatilidad (VIX) subió hasta 29, un nivel considerado alto. 

Las tierras raras se utilizan en tecnologías avanzadas -civiles y militares-, energía renovable y productos electrónicos. Además, resultan indispensables para la fabricación de dispositivos físicos que permiten entrenar y ejecutar los modelos de inteligencia artificial (IA). Las unidades de procesamiento, discos duros de alto rendimiento, imanes y sensores para equipos utilizados en la fabricación de semiconductores, radares y drones emplean componentes que contienen tierras raras. 

La disrupción del suministro de esos minerales impactaría negativamente sobre la producción, ventas y flujo de efectivo de las empresas vinculadas con tecnologías modernas e inteligencia artificial. Dado que la mayor parte del vertiginoso aumento de los índices bursátiles en los Estados Unidos registrado en años recientes se explica por la burbuja de la IA, un choque de oferta que limite la disponibilidad de tierras raras podría traducirse en una masiva corrección del mercado bursátil.

Para tener una idea de la magnitud de una posible caída del precio de las acciones, es indispensable analizar la ratio precio-beneficio ajustada cíclicamente (CAPE, por sus siglas en inglés). Esa métrica, desarrollada por Robert Shiller, profesor en la Universidad de Yale, permite determinar si el mercado bursátil está sobrevalorado o infravalorado en el largo plazo. El también premio Nobel de Economía y autor de la obra “Exuberancia irracional,” calcula el CAPE como la relación entre el precio de un índice bursátil, como el S&P 500, y el promedio de los beneficios reales de las empresas durante los últimos diez años. 

A octubre de 2025, el CAPE alcanzó casi 40, una cifra muy superior al promedio histórico de 22 registrado desde 1970, y solo superada por los niveles registrados durante la burbuja del puntocom, cuando llegó a un máximo 44 en diciembre de 1999. En los últimos doce meses, diez empresas emergentes (“startups”) de IA, lideradas por OpenAI, han generado ganancias de valor de mercado cerca de un millón de millones de dólares, al mismo tiempo que recibían inversiones de capital por más de 200 mil millones de dólares. Ese auge ha sido impulsado por el “miedo a quedarse fuera” que supera la incertidumbre sobre la rentabilidad futura de dichas compañías. 

Numerosos expertos advierten que los precios de las acciones de las empresas de alta tecnología vinculadas con la IA, denominadas “Siete Magníficas,” se encuentran en niveles excesivamente elevados. Algunos pronostican una corrección a la baja, aunque no pueden precisar cuándo ocurrirá. Es importante recordar que, en octubre de 2002, tras los bruscos descensos de las acciones en la bolsa de valores estadounidense registrados en el 2000, el CAPE se redujo de 44 a la mitad. Ese resultado confirma que todas las burbujas financieras, incluida la creada por la manía de la IA, son transitorias. 

Gita Gopinath, profesora de Economía de la Universidad de Harvard, señaló recientemente en la revista “The Economist” que “las consecuencias del colapso del mercado podrían ser mucho más severas que las que se sintieron cuando explotó la burbuja del puntocom.” 

La ex primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional estima que la alta exposición a las acciones estadounidenses implica que un movimiento brusco en sus precios repercutirá en todo el mundo. Según sus cálculos, una corrección del mercado de magnitud similar a la del año 2000 disminuiría la riqueza financiera de los hogares estadounidenses en unos 20 millones de millones de dólares, cifra equivalente a casi el 70% del producto interno bruto (PIB). Teniendo en cuenta que por cada 100 dólares de pérdida de riqueza financiera el consumo promedio se contrae entre tres y cinco dólares, se estima que el impacto se traduciría en una reducción de 2 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB. Simultáneamente, debido a la interconexión con el resto del mundo, se registrarían efectos negativos de gran magnitud en la riqueza financiera, el consumo y la actividad productiva de otras economías. 

Ante las consecuencias derivadas de una corrección del mercado, sería conveniente impedir la ocurrencia de un choque de oferta generado por el control del comercio de las tierras raras. Un escalamiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en especial si se produce una disrupción de las cadenas de suministro, tendría graves repercusiones para casi todos los países. Por ello, Gita Gopinath advierte que “evitar decisiones de política caóticas o impredecibles, incluidas aquellas que amenazan la independencia del banco central [de Estados Unidos], es fundamental para prevenir un colapso del mercado.” 

La realidad es que, pese a esas recomendaciones, la burbuja de la IA se desinflará y se perderá mucho dinero invertido. Ahora bien, lo importante será que dicha caída se produzca de la manera más controlada posible, minimizando su impacto negativo sobre el crecimiento económico.