[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 6 de abril de 2026.]
El Banco Central decidió mantener su tasa de política monetaria en 5.25% anual, una medida coherente con el entorno actual y alineada con lo recomendado en esta columna la semana pasada. En su comunicado, la institución anunció que seguirá monitoreando las condiciones internacionales para actuar “oportunamente” en defensa de la meta de inflación.
El texto sugiere que la autoridad monetaria se inclina hacia una postura más restrictiva que expansiva. Sin embargo, no puede descartarse la tentación de que recurra a instrumentos no convencionales —como inyecciones de liquidez a tasas subsidiadas— si la actividad económica se desacelera.
En los dos primeros meses de 2026, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) creció en promedio un 3.7%, muy por encima del 2.1% registrado el año anterior. Desde el Gobierno se proyecta la continuidad de ese ritmo, con un aumento del producto interno bruto (PIB) alrededor del 3.75% durante todo el año. Ahora bien, un análisis riguroso del impacto del encarecimiento de los combustibles sobre las cuentas externas, las finanzas públicas y el ingreso disponible sugiere que tal proyección podría resultar optimista.
La guerra en Medio Oriente, el cierre del estrecho de Ormuz y el daño a infraestructuras críticas de producción y suministro de combustibles han creado un entorno global de enorme incertidumbre. En el mejor de los casos, se prevé un crecimiento internacional débil con un repunte del desempleo. El encarecimiento del gas natural y del petróleo —el WTI superó el jueves pasado los 113 dólares por barril—, junto con el racionamiento de combustibles en Asia y las interrupciones en la cadena de suministros de insumos esenciales (helio, aluminio, urea, fosfatos), presionará al alza los precios de bienes y servicios, y podría desanclar las expectativas de inflación. Ese sería el preludio de una estanflación, un escenario que obligaría a los bancos centrales, como la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE), a endurecer su postura monetaria.
En Estados Unidos, el mercado da por descontado que la Fed no reducirá durante el 2026 su tasa de referencia, que se mantuvo en la reunión de marzo en el rango del 3.5% al 3.75%. Por el contrario, gana terreno la posibilidad de un aumento con el fin de reforzar el anclaje de las expectativas de inflación. La Nota del Tesoro a dos años —sensible a la política monetaria de corto plazo— subió 61 puntos básicos en marzo y cerró en un 3.81%, mientras que la de diez años —que refleja expectativas de inflación de mediano y largo plazo— aumentó 49 puntos básicos hasta llegar al 4.32%.
En la eurozona, debido al choque energético que provocó en marzo una subida de la inflación hasta un 2.5% —0.6 puntos porcentuales por encima del mes anterior— y una revisión al alza de dicha tasa a un 2.6% para el año completo, se prevé un endurecimiento de la política monetaria. En particular, el mercado asigna una probabilidad de un 81% a que la tasa de referencia suba en la reunión de abril en 25 puntos básicos hasta un 2.25%.
En la República Dominicana, las tasas de interés en moneda nacional no registraron en marzo variaciones significativas. La tasa de interés pasiva subió durante ese mes 14 puntos básicos respecto al mes anterior y alcanzó un promedio de un 6.28%. Mientras, la tasa activa promedio ponderado se mantuvo en niveles equivalentes a los de febrero, aunque con una tendencia ascendente a partir de la segunda semana de marzo.
Un dato revelador sobre las tasas de interés proviene de las colocaciones de deuda pública realizadas por el Ministerio de Hacienda. Según la Dirección General de Crédito Público, entre el 5 y el 25 de marzo se efectuaron cuatro subastas de deuda pública por un monto total de 100 mil millones de pesos, lo que elevó la liquidez excedente del Banco de Reservas, pero contrajo la del resto del sistema bancario. Debe destacarse que la tasa de rendimiento de dichas subastas pasó del 10.44% al 11.65% en apenas tres semanas, una subida de 121 puntos básicos. La aceptación de tasas más altas por parte del Ministerio de Hacienda podría reflejar la expectativa de presiones alcistas sobre las tasas de interés —pasiva y activa— las próximas semanas, en línea con lo que se proyecta a nivel internacional.
El aumento del gasto corriente del gobierno, derivado del mayor déficit del sector eléctrico y del incremento del subsidio a los combustibles, perjudicará la inversión pública. El deterioro fiscal, que implica un menor aporte a la expansión económica, se combinará con el repunte de las tasas de interés y un escenario internacional recesivo para empujar hacia abajo el ritmo de variación del PIB. Ante esa situación económica, el Banco Central podría verse tentado de poner en marcha una nueva facilidad de liquidez rápida a tasas de interés subsidiadas con el objetivo de estimular la demanda agregada del sector privado y elevar el crecimiento económico.
A pesar de que el tipo de cambio se ha apreciado un 3.3% frente al dólar en lo que va de año, lo cual crea cierto margen de maniobra en la gestión de liquidez, la decisión que enfrentaría el organismo emisor sería trascendental: una ampliación brusca de las facilidades crediticias, que se colocarían principalmente a través de bancos que en la actualidad tienen poco excedente de liquidez, se traduciría en una depreciación acelerada del peso. La mayor tasa de cambio encarecería los combustibles en moneda local y debilitaría aún más las finanzas públicas.
Ceder a esa tentación erosionaría la credibilidad del Banco Central y desencadenaría un círculo vicioso de alto costo. En la coyuntura presente, dominada por un choque de oferta negativo, cualquier estímulo monetario no convencional tendría un impacto mínimo sobre el crecimiento, mientras que su efecto principal sería debilitar el anclaje de las expectativas y elevar la tasa de inflación. Ese deterioro no se limitaría a los indicadores macroeconómicos. Repercutiría directamente en el bolsillo de los contribuyentes: un encarecimiento sostenido de la canasta de consumo familiar y una pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones, con efectos severos para los hogares más vulnerables.
