[Frente al Statu Quo. Publlicado en Diario Libre el 2 de marzo de 2026.]
El presidente Luis Abinader reiteró en su discurso del 27 de febrero la meta de duplicar el producto interno bruto (PIB) real entre 2024 y 2036. Si se considera que en 2025 la economía creció tan solo 2.1%, llegar a ese objetivo exigiría mantener una tasa de crecimiento promedio anual del 6.3% en lo que queda del período. Ese porcentaje supera el crecimiento potencial del 5% y está muy por encima del 3.8% proyectado por la Universidad de Harvard hasta 2034.
Alcanzar el ambicioso compromiso de la actual administración requiere llevar a cabo una nueva serie de reformas estructurales compatibles con la acumulación de capital -físico y humano-, la creación de empleo y el aumento de la productividad de factores totales.
Entre las reformas prioritarias destaca la del mercado laboral, cuyos resultados recientes son preocupantes. Según la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central, en el año 2025 se crearon 117,948 nuevos puestos de trabajo. Cuando esa cifra se desglosa por categoría ocupacional, se observa que el 64% del incremento del empleo proviene del sector público, mientras que un 20% adicional lo absorbe el servicio doméstico. En contraste, solo se generaron 1,156 empleados privados, lo cual representa apenas un 1% de la variación de ese año. Ese exiguo resultado se explica si se tiene en cuenta que, con un crecimiento económico de apenas un 2.1%, la variación del empleo debió ser de alrededor de 50 mil puestos de trabajo. Sin el incremento del empleo público, la tasa de desocupación hubiese sido mayor. El panorama difiere de lo ocurrido entre 2014 y 2019, cuando el 85% del crecimiento laboral procedía de las empresas e iniciativas privadas.
En ese contexto, es indispensable ejecutar una reforma laboral que flexibilice la capacidad de creación de empleo y que, al mismo tiempo, eleve el ritmo de crecimiento económico. En la República Dominicana, los costos de contratación y cese laboral son muy elevados. La indemnización por desahucio, que incluye un monto por concepto de preaviso, cesantía y otros gastos como vacaciones, puede equivaler a varios meses de salario, lo que desincentiva la contratación formal, especialmente de jóvenes sin experiencia.
Algunas medidas concretas para modernizar el régimen de terminación laboral podrían incluir un fondo individual de capitalización que sustituya la cesantía establecida en el Código de Trabajo de 1992 por un ahorro acumulado portátil. Esto reduciría la incertidumbre asociada a nuevas contrataciones y eliminaría el incentivo del empleador a mantener a trabajadores en la sombra de la informalidad para evitar pasivos laborales que muchas veces llegan a superar el patrimonio de la empresa.
Si se mira a Europa, Austria reformó en 2002 el modelo de prestaciones por desempleo y la legislación de protección del empleo, sistema parecido al dominicano en cuanto a la vinculación entre la antigüedad laboral y el monto recibido por concepto de la cesantía. La reforma reemplazó el modelo convencional de indemnizaciones por otro de cuentas de ahorro individuales para cada trabajador. El nuevo esquema lo costean los empleadores mediante un pago mensual no gravado del 1.53% del salario bruto, que se invierte en instrumentos financieros gestionados por entidades especializadas, como las actuales Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ante un desahucio, el trabajador tiene la opción de recibir el pago de la indemnización extraído de su cuenta de ahorro o traspasar su saldo acumulado al nuevo empleo, donde seguirá recibiendo aportes a su cuenta individual. En el momento de la jubilación, podrá reclamar un pago en efectivo de los fondos remanentes o adquirir una anualidad. La portabilidad de esos fondos facilita la movilidad del trabajador hacia ocupaciones más productivas, lo que mejora de forma simultánea su remuneración y su aporte al valor agregado nacional.
Para facilitar la transición y minimizar la resistencia de los sindicatos, convendría implementar la reforma gradualmente, de modo que su aplicación fuese obligatoria solo para las contrataciones nuevas, mientras que al resto de trabajadores se les dejara la opción de acogerse a la cuenta individual, con el reconocimiento de los años trabajados a ser ponderados por un porcentaje que refleje la probabilidad de desahucio. Quienes prefirieran mantenerse en el sistema vigente podrían hacerlo hasta su extinción.
La reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana debe incorporar contratos laborales a tiempo parcial y por horas con una cobertura de seguridad social proporcional. La cotización combinada empleador-empleado en el país ronda el 20% del salario, lo cual encarece considerablemente el costo laboral unitario. A fin de disminuir ese costo, cabría establecer una reducción temporal de las contribuciones patronales en las contrataciones de jóvenes menores de 25 años, mujeres con hijos o personas con discapacidad. Asimismo, la formalidad laboral se facilitaría mediante el establecimiento de un régimen contributivo simplificado destinado a microempresas y trabajadores independientes, con cotizaciones reducidas y con acceso a los sistemas de salud y pensión.
La formación técnica y profesional debe ser compatible con los estándares de productividad que exige el mercado formal para cubrir el costo laboral unitario. Esto cobra una mayor importancia con la entrada de la inteligencia artificial (IA) en diversos procesos productivos. Si ese avance tecnológico se aprovecha de manera adecuada, se traduciría en un incremento de la eficiencia y de la remuneración del trabajo.
Además de las reformas microeconómicas del mercado laboral, resulta indispensable también acelerar el ritmo de crecimiento de la economía con el objeto de crear una mayor cantidad de empleo privado. En el ámbito fiscal, se ha de reducir el gasto superfluo y elevar la cantidad y calidad de la inversión pública, al mismo tiempo que se establece un sistema tributario equitativo que no distorsione las decisiones de ahorro, inversión, trabajo, innovación y producción. En materia monetaria, se requiere aplicar una estrategia de metas de inflación consistente, óptima y, por tanto, no zigzagueante. Únicamente así se reduciría la incertidumbre y se facilitaría el acceso al crédito destinado a expandir de forma sostenida la capacidad productiva y el empleo.
