Inteligencia artificial contra la evasión impositiva

[Frente al Statu Quo. Publicado en el Diario Libre el 28 de octubre de 2024.] 

El retiro de la reforma fiscal del Congreso Nacional llevará al Gobierno a tomar otras medidas de gastos e ingresos que mejoren las finanzas públicas. El objetivo es asegurar un saldo fiscal que no se desvíe excesivamente del que se hubiese alcanzado con la reforma propuesta por el Ministerio de Hacienda. 

En cuanto al gasto, es casi seguro que las autoridades eliminen los programas y proyectos que se hubiesen financiado con los 122 mil millones de pesos de ingresos proyectados en la reforma tributaria. Entre dichos programas se pueden citar el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la mejora de la atención primaria en salud. A menos que haya un aumento de la deuda, tampoco se realizarán las obras de transporte masivo ni las inversiones para optimizar la distribución y comercialización eléctrica. En el corto plazo, no habrá recursos tributarios adicionales que permitan un aumento significativo de la inversión pública. 

La aplicación estricta de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un límite al crecimiento del gasto corriente igual al 3% más la tasa de inflación, presionará a la baja el gasto total como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Es probable que el Gobierno continúe el proceso de racionalización del gasto público a través de la reestructuración y achicamiento del Estado. Las partidas de gasto que se consideren no prioritarias, como la publicidad, el “Barrilito” o el financiamiento de los partidos políticos, podrían ser recortadas. 

Respecto a los ingresos, la Administración Tributaria intensificará su lucha contra la evasión impositiva. Se ha estimado que una mejora de la eficiencia en la gestión tributaria puede incrementar las recaudaciones en 4 puntos del PIB. Actualmente, dicha administración no dispone de los recursos humanos suficientes para realizar un masivo programa de auditorías a los grandes y medianos contribuyentes. Por tanto, es imprescindible el uso de tecnologías modernas que permitan maximizar la eficiencia de las inspecciones y eleven la percepción de riesgo de ser detectado por delito fiscal. 

El uso de la información digitalizada es fundamental para reducir la evasión. La implementación de la factura electrónica en todas las actividades, junto con el empleo de aplicaciones informáticas que posibiliten un seguimiento en tiempo real de las operaciones comerciales, financieras y crediticias de los agentes económicos, generaría información que serviría de insumo para los modelos de inteligencia artificial. 

Un sistema eficaz de análisis de datos aprovecha al máximo toda la información económica de los contribuyentes y de aquellos que deberían serlo, para determinar el valor esperado del nivel de recaudaciones provenientes de los impuestos sobre la renta, ITBIS, selectivos y arancelarios que habrían de pagar si cumpliesen totalmente con sus obligaciones tributarias. En el ámbito de la ciencia de datos, existen algoritmos supervisados y no supervisados (redes neuronales, aprendizaje automático y aprendizaje profundo), que se entrenan con los datos disponibles para identificar de manera objetiva y rigurosa comportamientos y patrones que facilitan la agrupación y clasificación de las actividades con alta probabilidad de ser consideradas evasión impositiva.  

Los modelos de inteligencia artificial deben desplegarse tanto en la Dirección General de Aduanas como en la Dirección General de Impuestos Internos, instituciones que, al fusionarse, podrían maximizar sinergias para una gestión fiscal más eficiente. El objetivo es calcular la probabilidad de eventos de evasión y estimar el monto de impuestos correspondiente a cada caso. Dichos modelos detectan los esquemas de contabilidad creativa, que son utilizados por grandes contribuyentes con la ayuda de expertos tributarios para reducir la base imponible y, por tanto, el pago de los impuestos. 

 La identificación de discrepancias contables basadas en patrones sistemáticos asociadas a posibles actos de evasión daría origen a auditorías. La eficiencia de las inspecciones aumentaría, ya que los modelos de inteligencia artificial estimarían un monto promedio de evasión que serviría de referencia para contrastar con los hallazgos que encuentren los auditores. En caso de que un auditor reportase un monto significativamente inferior al estimado por el modelo, se realizaría una nueva inspección para verificar posibles errores con el fin de corregirlos de inmediato. 

La lucha contra la evasión tiene que focalizarse inicialmente en los grandes contribuyentes, puesto que la detección y penalización de cada uno de ellos genera un retorno mayor que el que se obtendría de la identificación de cien contribuyentes menores. Esto no significa que los pequeños contribuyentes puedan pasar por debajo del radar sin ser detectados. Los modelos de inteligencia artificial tienen la capacidad de localizarlos por igual, pero teniendo en cuenta los recursos limitados de la Administración Tributaria, resulta óptimo comenzar con los agentes económicos más grandes, a quienes se les aplicaría severas multas y sanciones penales. Además, los ingresos tributarios obtenidos servirían para ampliar y fortalecer la capacidad de fiscalización a los demás contribuyentes. Las sanciones contra la evasión deben extenderse a los expertos contables y financieros que asesoran a los grandes evasores fiscales. 

La detección y posterior penalización de los evasores de grandes fortunas constituye un ejemplo disuasorio para el resto de los agentes económicos. Cuando en 1987, el fiscal Luis Jordana de Pozas solicitó dos años de prisión y una multa de 50 millones de pesetas para la afamada artista Lola Flores, por haber defraudado a Hacienda por 28 millones de pesetas, toda España se percató de que cualquiera, incluso “La Faraona,” podría ser sancionado por delito fiscal. A partir de ese momento, que supuso un punto de inflexión en la lucha contra el fraude fiscal, el cumplimiento tributario aumentó de manera significativa. Las condenas de otras figuras mediáticas, como Leo Messi y Shakira, o de empresas multinacionales, como el grupo Cemex, “por simular pérdidas para rebajar sus obligaciones fiscales,” resultaron ejemplarizantes.

Las finanzas públicas pueden fortalecerse y mejorar su credibilidad si las recaudaciones tributarias aumentan mediante el control y la reducción de la evasión fiscal. Los agentes económicos se darán cuenta de que todos han de cumplir con sus obligaciones tributarias, pues de lo contrario recibirán duras sanciones. Esto, sumado a una estructura eficiente y equitativa del gasto público, acentuará la percepción por parte de los contribuyentes de que cada peso que aporta en forma de impuestos redunda en su nivel de bienestar. 

Recomendaciones del FMI para reducir la deuda

[Escrito el 24 de octubre de 2024]

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostiene que la deuda pública global se encuentra en un nivel muy elevado. Según sus estimaciones, dicha deuda superará este año los 100 millones de millones de dólares, equivalente a un 93% del PIB. Y proyecta que seguirá subiendo a menos que se adopten medidas por el lado de los ingresos y de los gastos que mejoren el saldo de las finanzas públicas. 

La principal preocupación del FMI se desprende del sesgo hacia el gasto público que se observa en los países. La población demanda constantemente mayores bienes y servicios públicos, pero no está dispuesta a pagar mayores impuestos. Los técnicos del Fondo estiman que, en un escenario adverso caracterizado por un bajo ritmo de crecimiento económico, la deuda podría subir 20 puntos del PIB, colocándose en 115% del PIB en 2026.  

Un elevado porcentaje de la deuda aumentaría la prima de riesgo de la deuda soberana. Esto se traduciría en mayor tasa de interés, lo cual incrementaría el gasto corriente por concepto de intereses y se crearía un círculo vicioso en contra de la sostenibilidad fiscal. 

El Fondo estima que para estabilizar o reducir la deuda se necesita un ajuste fiscal acumulado de 3% a 4% del PIB. 

A los países en desarrollo, el FMI le recomienda incrementar las recaudaciones mediante una mejora de la eficiencia de la administración tributaria que reduzca la evasión. También exhorta a que se tomen medidas que amplíen la base imponible y reduzca la informalidad. Por el lado del gasto, recomienda la racionalización del gasto en salarios, la focalización de los subsidios y el sostenimiento de la inversión pública para que el ajuste sea compatible con un adecuado ritmo de crecimiento del PIB. 

La posposición del ajuste fiscal aumentará la necesidad de un ajuste futuro más fuerte. La población debe entender esa realidad y mantener la confianza en el programa de medio término fiscal que debe ser presentado por las autoridades. El FMI recomienda un ajuste fiscal gradual, pero sostenido, que permita la mejora del saldo de las finanzas públicas y el desmonte de la deuda pública sin afectar excesivamente la demanda agregada y el bienestar de los grupos más vulnerables. 

Las nuevas proyecciones del FMI

[Escrito el 23 de octubre de 2024]

El Fondo Monetario Internacional publicó su informe sobre Perspectivas de la Economía Mundial actualizado a octubre 2024. En dicho documento se proyecta que la tasa de crecimiento mundial seguirá siendo relativamente baja. Hay excepciones, como Estados Unidos, pero la mayoría muestra una tasa de crecimiento del producto interno bruto por debajo del ritmo histórico. 

El producto mundial crecerá un 3.2% en 2024 y a un ritmo similar el año próximo. En 2024, las economías avanzadas apenas se expandirán en un 1.8%, mientras que las emergente y en desarrollo lo harán en un 4.2%. 

De los países avanzados destaca Estados Unidos con una tasa de expansión de 2.8%. Solo España alcanzaría un mejor desempeño, con una variación de 2.9%. En contraste, Alemania, la principal economía de la eurozona, no crecería este año. El producto interno bruto (PIB) de Francia e Italia, registraría un crecimiento de 1.1% y 0.7%, respectivamente. Ese pobre desempeño llevará a la eurozona a crecer apenas 0.8%. 

La India mantiene un buen comportamiento económico, con una tasa de crecimiento de 7%, superior al 4.8% de China. 

América Latina y el Caribe tendrá un crecimiento decepcionante, al situarse su tasa de variación en 2.1%.  Se proyecta que el crecimiento de México se desacelerará a 1.5%, la mitad de la expansión de Brasil. 

El Fondo proyecta que la República Dominicana crecerá muy por encima del promedio de América Latina. Según el informe de perspectivas mundiales, el PIB dominicano se expandirá en 5.1% en 2024. Esa proyección se basa en los datos disponibles a agosto, pero es muy probable que en el último trimestre del año la economía se desacelere y cierre el crecimiento en un nivel comprendido entre 4.5% y 4.7%. 

Lo que viene después del retiro de la reforma

[Escrito el 21 de octubre de 2024] 

El retiro de la reforma fiscal del Congreso Nacional llevará al gobierno a tomar medidas por el lado del gasto y el de los ingresos que compensen las finanzas públicas. El objetivo es asegurar un saldo fiscal que no se desvíe mucho del que se iba a registrar con las medidas tributarias propuestas por el Ministerio de Hacienda. 

Por el lado del gasto, es casi seguro que se eliminarán los programas y proyectos que se hubiesen ejecutado con los 122 mil millones que se iban a recaudar. Entre los programas que no se ejecutarán se pueden citar el de fortalecimiento de la seguridad ciudadana y el de mejora de la atención primaria en salud. Tampoco se ejecutarán las obras de transporte público masivo ni las inversiones para mejorar la distribución y comercialización eléctrica. 

La aplicación estricta de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un límite al crecimiento del gasto corriente igual a 3% más la inflación, presionará a la baja el gasto total como porcentaje del PIB. En adición, es probable que el gobierno continúe el proceso de racionalización del gasto público a través de la reestructuración y achicamiento del Estado. 

Sobre partidas de gastos que sean consideradas como no prioritarias, es probable que se ejecuten recortes. La semana pasada presenté varios ejemplos de gastos que se podrían eliminar o, por lo menos, recortar de manera importante. 

Por el lado de los ingresos, pienso que la administración tributaria intensificará su lucha contra la evasión. Se ha estimado que una mejora de la eficiencia en la gestión tributaria podría incrementar las recaudaciones en 4 puntos del PIB. 

El uso de la información digitalizada es clave para reducir la evasión. La implementación de la factura electrónica en todos los niveles y actividades económicas, la aplicación de modelos de inteligencia artificial para la detección de evasión y la puesta en ejecución de aplicaciones informáticas que permitan el registro en tiempo real de gastos en bienes y servicios que realizan los consumidores mejoraría los ingresos tributarios.  

La combinación de menores gastos con un aumento de los ingresos tributarios asegurará la sostenibilidad de la deuda pública, aunque no la reducirá en la magnitud requerida para que alcance una calificación de grado de inversión.  

Instituciones y desarrollo económico

[Frente al Statu Quo. Publicado el Diario Libre el 21 de octubre de 2024.]

El Premio Nobel de Economía 2024 se otorgó a Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT) y James A. Robinson (UChicago) por sus trabajos, teóricos y empíricos, sobre la formación, evolución e impacto de las instituciones en la prosperidad de los países y en la desigualdad económica global. 

El profesor Douglas North, premio Nobel de Economía en 1993, definió a principios de los años setenta el concepto de “instituciones,” y aplicó la teoría económica y los métodos cuantitativos a la historia para entender el cambio económico. De acuerdo con North, las instituciones son restricciones impuestas por los humanos que dan forma a las interacciones políticas, económicas y sociales. Dichas restricciones incluyen la normativa constitucional, las leyes, regulaciones y entidades que las implementan, como el Gobierno, el Congreso y la Justicia. La cultura y los valores ciudadanos también forman parte de las instituciones de la sociedad. 

Los países donde se respetan los derechos de propiedad y la política económica es menos distorsionadora se convierten en centros de atracción de inversiones, locales y extranjeras, que elevan el capital físico y humano. Las instituciones influyen sobre el ahorro, la inversión, la educación, el trabajo y la innovación. Asimismo, determinan los niveles de ingreso de las personas, la riqueza y su distribución; en consecuencia, definen el grado de equidad de la sociedad. 

En el ensayo “Los orígenes coloniales del desarrollo comparativo: una investigación empírica,” publicado en 2001, Acemoglu, Johnson y Robinson analizan por qué algunos países son ricos y otros son pobres en base a su pasado colonial y a las instituciones creadas en esa época. Los tres galardonados evaluaron los sistemas económicos establecidos por los colonizadores europeos para determinar el efecto sobre el nivel de desarrollo actual de esas naciones. En los lugares donde los europeos enfrentaron elevadas tasas de mortalidad y, por tanto, resultaba difícil establecerse de manera permanente y con visión de futuro, se crearon instituciones económicas y políticas que permitieron extraer la mayor cantidad de recursos en el plazo más breve posible. En contraste, en las zonas caracterizadas por una baja tasa de mortalidad, los colonizadores establecieron instituciones que facilitaron el desarrollo de actividades que promovían la inversión, el avance económico, el incremento del ingreso per cápita y la mejora sostenida del bienestar.  

En la obra “¿Por qué fracasan los países?,” publicada en 2012, Acemoglu y Robinson introducen los dos tipos de instituciones que explican las diferencias económicas actuales entre las naciones. 

Las “instituciones inclusivas” son aquellas que “permiten, fomentan y potencian la participación de la mayoría de los individuos en las actividades económicas que aprovechan mejor su talento y habilidades.” Dichas instituciones limitan el poder de las élites, promueven la libertad de elección y la competencia, protegen la propiedad, evitan la discriminación, crean oportunidades para la educación y estimulan el progreso tecnológico. En definitiva, favorecen el avance y la modernización de las sociedades. 

Las “instituciones extractivas,” que benefician a determinados grupos de poder en los que se concentra el control político y económico, impiden la creación de los incentivos necesarios para modernizar la economía y la sociedad. Según los autores, la democracia es el mejor sistema político, ya que ofrece un entorno más favorable en comparación con los regímenes chino, soviético o castrista, así como con otras dictaduras que imponen instituciones extractivas en perjuicio de la población. Unas instituciones democráticas y abiertas, que promueven el uso eficiente de los recursos públicos y privados, son fundamentales en la lucha contra la pobreza. Sirva como ejemplo ilustrador el contraste entre el éxito económico y social de la Corea del Sur democrática y el pobre desempeño de la dictadura de Corea del Norte. 

El marco analítico de los autores laureados permite una interpretación de las causas de las diferencias económicas entre Estados Unidos y América Latina. Según los economistas, en Estados Unidos se establecieron instituciones inclusivas que promovieron la libertad, la iniciativa privada, la competencia y la innovación. El resultado es una economía de mercado gigantesca y próspera que brinda a la mayoría de la población la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida. En cambio, en América Latina se establecieron instituciones extractivas, dirigidas por un pequeño grupo de personas que restringieron el desarrollo económico de la región, dejando atrás, en la pobreza, a una parte importante de su población. Eso explica las profundas desigualdades sociales que se observan en Latinoamérica acentuadas bajo algunos regímenes dictatoriales. Haití, el país más pobre de América, muestra claramente las consecuencias negativas de las instituciones extractivas.  

En “El pasillo estrecho,” publicado en 2019, Acemoglu y Robinson analizan las causas por las que algunas naciones logran alcanzar la libertad y la democracia, mientras otras caen o permanecen bajo gobiernos dictatoriales. La obra aborda cómo la sociedad puede mantener, a través del desarrollo de instituciones inclusivas, un adecuado balance entre el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. Los autores sostienen que una persona es realmente libre cuando puede alimentar a su familia sin temor. Para alcanzar esa meta, el Estado debe suplir adecuadamente los servicios públicos esenciales, como educación y salud, que ayuden a nivelar el terreno de juego y mejoren las condiciones de vida de los pobres y vulnerables. Los autores destacan también que la población debe involucrarse en la toma de decisiones, ya que “La democracia solo puede sobrevivir si la sociedad la exige y la protege.” 

Las lecciones de los tres recientes galardonados con el Nobel de Economía enseñan que un país que desee acelerar su ritmo de crecimiento económico y alcanzar un mayor grado de bienestar necesita instituciones inclusivas, que se ganen la confianza de la sociedad y brinden oportunidades a toda la población con el objetivo de mejorar la distribución de los ingresos. Para esto es necesario poner en marcha reformas estructurales, económicas y políticas, que amplíen el tamaño del producto nacional y sean beneficiosas para la mayor parte de la población. Ahora bien, el tránsito de unas instituciones extractivas a otras inclusivas deberá enfrentar la resistencia de la élite que controla el poder y se beneficia plenamente del sistema arraigado en las instituciones predominantes en la actualidad. 

Que inicie el recorte de los gastos públicos

[Escrito el 17 de octubre de 2024]

Las vistas públicas sobre el proyecto de Ley de Modernización Fiscal han comenzado. Como era previsible, todos los participantes criticaron la reforma tributaria y exigieron el recorte del gasto público. 

Se criticó la ampliación de la base del ITBIS. Se acusó a las autoridades de querer destruir a la clase media con la aplicación de impuestos a productos alimenticios esenciales, entre ellos, el agua, la pica-pica, la papa y las habichuelas. 

La población exige el recorte del gasto público. Que cierren las instituciones que poco aportan al bienestar. La fusión de ministerios va por ese camino. Pero no es suficiente. Hay que cerrar otras instituciones gubernamentales. Los ministerios de la Mujer y de la Juventud son buenos candidatos. Se solicita la reducción de la nómina pública, el despido de cien mil personas puede ser el primer paso para colocar en los niveles prepandémicos.  

El gasto en publicidad debe ser eliminado. 

Se exige la disminución del gasto corriente asociado a los funcionarios públicos. Que no coman filetes, camarones, langostas y otras delicias. Sus automóviles deben ser económicos, se acabaron las yipetas y carros lujosos. Que viajen en económica, si quieren algo mejor que se lo paguen ellos mismos. 

Los aportes a los partidos políticos deben ser eliminados. El que quiera ser candidato que se financie con sus propios recursos, no del bolsillo de los contribuyentes. 

Por otra parte, hay que disminuir las transferencias corrientes. La mayor de ellas, que representa alrededor del 40% del déficit del gobierno central, es la que se origina por el déficit del sector eléctrico que ronda los 1,600 millones de dólares. Es preciso hacer que la gente pague la electricidad y quien no la pague que no la reciba; que aguante apagones. También se deben eliminar las transferencias por concepto de subsidio a los combustibles, lo cual permitirá que el gobierno se ahorre anualmente decenas de miles de millones de pesos.  

Para cerrar el déficit del gobierno central, hay que seguir el recorte de gastos hasta alcanzar un ahorro de 240 mil millones de pesos. La tarea es difícil, pero ojalá se pueda lograr sin que se deteriore la cantidad y calidad del gasto público, entre otros, salud, educación, seguridad ciudadana, transporte público y viviendas populares

¿Cuáles son los principales impuestos?

[Escrito el 17 de octubre de 2024]

En 2023, el gobierno dominicano recibió ingresos por concepto de impuestos por una suma de 971,891 millones de pesos, equivalente a un 14.3% del producto interno bruto (PIB). Esa presión tributaria se coloca entre las más bajas de la región y contrasta con el promedio de América Latina y el Caribe que supera el 20% del PIB. 

Un aumento de la eficiencia en la gestión del sistema tributario puede incrementar las recaudaciones de manera significativa. Se ha estimado que, si se aplica el nivel de eficiencia de la región a las tasas y bases imponibles que existen en el país, las recaudaciones aumentarían 4 puntos del PIB. Esto colocaría la presión tributaria por encima del 18% y mejoraría la sostenibilidad de la deuda del sector público consolidado. 

El Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), creado en 1983 y modernizado por la reforma tributaria de 1992, es la principal fuente de ingresos tributarios del gobierno. En términos del PIB, el ITBIS produce ingresos por una suma equivalente a 4.9 puntos porcentuales, lo cual significa más de un tercio del total de la presión tributaria. 

El impuesto sobre la renta de las empresas, creado en 1992 al sustituir la famosa Ley 59-11, genera ingresos al gobierno por una suma del 2.6% del PIB. Por otra parte, las personas físicas aportan por concepto del impuesto sobre la renta un monto equivalente a 1.3% del PIB. 

El consumo de combustibles, que en algún momento llegó a representar el 2% del PIB, genera ingresos tributarios por 1.2% del PIB. 

Los alcoholes, que en 2011 le produjeron ingresos al gobierno por 0.72% del PIB, en 2023 solo le generaron 0.64% del PIB. 

Los impuestos arancelarios, que recaen sobre las importaciones de bienes, que desde la creación de la República Dominicana y hasta la reforma arancelaria de 1990 constituían la principal fuente de ingresos tributarios, alcanzaron un 0.74% del PIB. 

El impuesto sobre la propiedad, el que recae sobre las propiedades de personas físicas que tienen un valor conjunto superior a los 10 millones de pesos, recauda apenas 0.1% del PIB. Y las operaciones inmobiliarias permiten al gobierno obtener ingresos por 0.2% del PIB. 

El impuesto sobre cheques le produce ingresos al gobierno por 0.2% del PIB. Por último, el impuesto que grava los intereses con una tasa de 10%, para mí un impuesto distorsionador e injusto, le produce al gobierno recaudaciones de apenas un 0.1% del PIB. 

¿Se necesita la reforma tributaria?

[Escrito el 16 de octubre de 2024]

El presidente Luis Abinader presentó al país una reforma fiscal, que contiene un conjunto de modificaciones de impuestos, para incrementar el gasto social, la inversión en infraestructura, mejorar el saldo fiscal y reducir la deuda pública. 

La historia muestra que cuando hay crisis es más fácil lograr que la población acepte una reforma tributaria. 

En 1990, el presidente Joaquín Balaguer decidió ejecutar una reforma tributaria porque la economía se encontraba en una grave crisis fiscal autoprovocada que obligó a las autoridades del Banco Central a financiar de manera inflacionaria el déficit público, lo cual llevó la inflación a un 80% y provocó una caída de 5% del producto interno bruto (PIB). 

En 1996, el presidente Leonel Fernández presentó una reforma tributaria para disponer de recursos que le permitieran ejecutar un notable programa de inversiones públicas y aumentar el gasto social a un nivel compatible con la mejora del desarrollo humano. La reforma tributaria fue rechazada por el Congreso, pero el ajuste de los precios de los combustibles aprobado a finales de 1996 y la reducción de los precios internacionales del crudo registrada hasta febrero de 1999, le generó ingresos adicionales equivalentes a un 2% del PIB. 

En 2000, el presidente Hipólito Mejía presentó y logró que se aprobara una reforma tributaria y una ley de hidrocarburos para mejorar el saldo de las finanzas públicas, que se habían deteriorado al aumentar los precios del crudo a nivel global, y disponer de recursos para ejecutar un amplio programa de gasto social y de capital. Lamentablemente, la crisis bancaria impactó brutalmente la estabilidad macroeconómica en los dos últimos años de su gobierno. 

En 2012, el presidente Danilo Medina presentó y logró la aprobación de una reforma tributaria, además de renegociar el contrato con la Barrick Gold, que le permitió enfrentar un déficit público de 6% del PIB. Pero en 2016, decidió posponer una nueva reforma tributaria para que fuese aprobada por la nueva administración a partir de 2020. 

En 2020, Luis Abinader presentó una reforma, pero no era el momento oportuno dado que la economía global estaba siendo impactada por la pandemia del covid-19. 

¿En 2024, es necesaria la reforma tributaria? La respuesta es afirmativa si se desea asegurar la estabilidad macroeconómica y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero, si la población no prioriza el alcance de esos objetivos, no sería imprescindible ejecutar una reforma tributaria que mejore la capacidad recaudatoria, pues las condiciones macroeconómicas actuales permitirían aumentar la deuda pública y patear la reforma hasta el 2028. Y el que venga detrás, que arree.

Un Nobel a la institucionalidad

[Escrito el 14 de octubre de 2024]

El premio Nobel de Economía 2024 fue otorgado hoy a Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT) y James Robinson (UChicago) por sus trabajos, teóricos y empíricos, sobre la formación e impacto de las instituciones en la prosperidad de las naciones y la desigualdad económica global. A partir de un ensayo escrito en 2001, comenzaron a explicar el por qué algunos países son ricos y otros pobres en base a su pasado colonial y de las instituciones creadas en esa época.

El profesor Douglas North, premio Nobel de Economía en 1993, definió de manera brillante el concepto de instituciones y aplicó la teoría económica y los métodos cuantitativos a la historia para entender el cambio económico. De acuerdo con North, las instituciones son restricciones impuestas por los humanos que dan forma a las interacciones políticas, económicas y sociales. Esas restricciones incluyen leyes, regulaciones, entidades que las implementan -como el gobierno, el congreso, la justicia-, la cultura y los valores ciudadanos. 

Las instituciones determinan los incentivos a ahorrar, invertir, estudiar, trabajar, innovar y progresar. Asimismo, determinan el ingreso de las personas, la riqueza y su distribución. Por tanto, las instituciones definen el grado de equidad distributiva de la sociedad. 

En el libro “Por qué fracasan los países,” escrito en 2012 por Acemoglu y Robinson, se introducen dos tipos de instituciones que explican las diferencias económicas entre naciones. 

Las instituciones inclusivas son aquellas que “permiten, fomentan y potencian la participación de la mayoría de los individuos en las actividades económicas que aprovechan mejor su talento y habilidades.” Esas instituciones inclusivas promueven la libertad de elección y la competencia, protegen la propiedad, evitan la discriminación, crean oportunidades para la educación y estimulan el progreso tecnológico. Ese es el tipo de instituciones que se necesita para promover la modernización y avance de las sociedades. 

Por otro lado, las instituciones extractivas impactan negativamente sobre la población, pues permiten que la élite o un pequeño grupo de poder extraiga rentas del resto de la sociedad. De acuerdo con Acemoglu, Robinson y Johnson la democracia es el mejor sistema político, pues se compara favorablemente con el socialismo chino, soviético o castrista, así como con otras dictaduras que tienden a establecer instituciones extractivas en perjuicio de la población.  

Las lecciones de los tres recientes galardonados con el Nobel de Economía muestran que un país que desee acelerar su ritmo de crecimiento económico y alcanzar un mayor grado de bienestar necesita instituciones inclusivas. Para esto se requieren reformas estructurales que, obviamente, tendrán como opositores a quienes se aprovechan del statu quo. 

Reforma fiscal, necesaria y mejorable

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 14 de octubre de 2024.]

El gobierno de Luis Abinader presentó la semana pasada una propuesta de reforma fiscal con el objetivo de mejorar el saldo de las finanzas públicas, reducir la deuda pública como porcentaje del producto interno bruto (PIB), expandir la inversión en infraestructura y ampliar los servicios públicos prioritarios. El primer paso para alcanzar los objetivos señalados es la ejecución de una estrategia de gasto público orientada a maximizar el impacto sobre el bienestar de la población. El segundo paso es el incremento de las recaudaciones fiscales. 

Durante más de dos décadas, las finanzas públicas han registrado un déficit alrededor del 3% del PIB, lo que ha llevado la deuda a un monto equivalente a casi un 60% del PIB. La necesidad de mantener la sostenibilidad de la deuda y atender la demanda creciente de servicios básicos de salud, seguridad y transporte público justifica la reforma fiscal. 

Las autoridades gubernamentales anunciaron recientemente medidas que constituyen el inicio de la reestructuración del Estado Dominicano, con el fin de racionalizar el gasto público. En esa línea, se llevará a cabo la fusión de algunos ministerios y la eliminación de instituciones públicas. 

Por otro lado, el marco teórico que define un sistema impositivo óptimo permite analizar de manera rigurosa la propuesta de reforma tributaria, para verificar que sea compatible con el aumento de las recaudaciones y con el máximo nivel de bienestar de la sociedad. La estrategia tributaria debería asegurar que el contribuyente con mayores recursos sea quien pague más impuestos, sin que se distorsionen las decisiones de ahorro, inversión, trabajo e innovación. Lo ideal es que la reforma fiscal, por el lado del gasto y de los tributos, tenga un efecto neto positivo sobre el crecimiento económico.  

La propuesta de reforma, que tiene como meta recaudar un 1.5% del PIB, incluye una ampliación de la base imponible del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), en adelante Impuesto al Valor Añadido (IVA). Cabe destacar que la ampliación de la base del IVA permitirá un mayor cruce de información entre los contribuyentes que ayudará a reducir la evasión tributaria.

El IVA, utilizado en más de 170 países, es regresivo, aunque hay opciones para disminuir su efecto negativo sobre los segmentos pobres y vulnerables de la sociedad. La opción más común para enfrentar la regresividad del IVA es dejar exento el conjunto de bienes y servicios más consumido por los grupos de menores ingresos. El inconveniente de esa medida es que se crean agujeros que facilitan la evasión del impuesto, lo cual reduce su eficiencia recaudatoria. Otra opción es la transferencia de recursos monetarios, a través de una tarjeta o una cartera digital, a favor de los beneficiarios que necesiten ser compensados para que su nivel de bienestar se mantenga inalterado después de la ampliación de la base del IVA. Una tercera opción consiste en la puesta en marcha del IVA progresivo, que grava toda la base de consumo con una tasa impositiva única, incluye un subsidio a las familias de menores ingresos y utiliza una herramienta digital para transferir la compensación en tiempo real al momento en que se realice la compra. Esto permitiría que, cuando se lleve a cabo el pago de bienes que previamente estaban exentos, el contribuyente presente su cédula de identificación y reciba una transferencia a su cuenta, tarjeta o cartera digital, como reembolso del monto correspondiente al IVA. Para evitar abusos del sistema de compensación, cada persona o unidad familiar tendría un límite mensual a ser reembolsado, calculado en función de su nivel de consumo estimado. 

El Ministerio de Hacienda combinará las dos primeras opciones para reducir la regresividad del IVA y proteger a los contribuyentes de menores ingresos. La reforma propuesta ampliará la base impositiva, pero dejará fuera bienes esenciales como arroz, plátano, yuca, carne de pollo, huevos, pan y leche. Además, no se gravarán, entre otros, los medicamentos, los insumos agropecuarios y los servicios de educación, salud y electricidad. Para amortiguar el impacto sobre los hogares pobres y vulnerables, el gobierno incrementará en un 21% el monto de las transferencias directas -hasta colocarlo en dos mil pesos al mes- a un total de 1.6 millones de hogares y aumentará en un 50% el salario mínimo del sector público. En caso de que el gobierno se proponga reducir todavía más la regresividad, podría aplicar una tasa de un 10% a los bienes y servicios que se incluirán en la base imponible. 

Los cambios impositivos deben promover la equidad vertical y horizontal. El impuesto a la propiedad inmobiliaria con una tasa de un 1% es un tributo progresivo, ya que recae principalmente sobre los más ricos. No obstante, la propuesta de reducir el límite exento actual de casi 10 millones de pesos a 5 millones de pesos, provocará una subida de la tasa de efectiva de 0 hasta 0.5 puntos porcentuales a los contribuyentes con valor de propiedades situado en ese intervalo, mientras que la tasa efectiva para un contribuyente con propiedades con valor ascendente a 25 millones de pesos se elevaría solo en 0.2 puntos porcentuales. Ante ese resultado, es recomendable, para proteger a la clase media, que la reducción del límite exento sea menor a lo propuesto, que las autoridades actualicen a precio de mercado el valor de las propiedades de los contribuyentes más ricos y que se disminuya la tasa del impuesto del 1% al 0.5%

Es importante evitar que los cambios tributarios perjudiquen la producción y reduzcan la base imponible. La evidencia empírica sugiere que el aumento de la carga impositiva sobre las bebidas alcohólicas, que se sitúa en torno al 60% del precio del ron, impactaría negativamente la producción y disminuiría el nivel de las recaudaciones. Para minimizar tales efectos, lo más conveniente sería mantener inalterada la tasa efectiva que grava esos productos. Por último, el aumento excesivo de la tasa que grava los ingresos por intereses, que podría subir del 10% al 27%, atentaría contra el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica. Frente a un escenario que perjudicaría a todos los agentes económicos, es crucial eliminar esa propuesta de la reforma fiscal.

Catalina sigue siendo la grande

[Escrito el 10 de octubre de 2024]

Hoy, 10 de octubre de 2024, se celebró en el Hotel El Embajador el muy interesante “Foro de Discusión sobre la Reforma del Sector Eléctrico,” en el cual se destacó la importancia de la Central Eléctrica Punta Catalina no solo para ese sector, sino para toda la economía dominicana. 

Esa poderosa central eléctrica es la principal fuente de electricidad del país. En lo que se concluyen los nuevos proyectos de generación, las dos unidades de CTPC son responsables de satisfacer alrededor del 26% de toda la demanda de electricidad. 

Punta Catalina produce esa electricidad de forma muy eficiente. Entre toda la oferta de generación térmica, CTPC suple electricidad al menor costo variable, pues esas unidades de generación General Electric se colocan en los dos primeros lugares de la lista de mérito que elabora el Organismo Coordinador. Con facilidad, CTPC supera a otras tecnologías y combustibles, sean ciclos combinados a gas natural o motores a fuel oil. Y si se compara con las generadoras instaladas hace poco, como Siba y Kar Power, que en la lista de mérito se encuentran en las posiciones 33 y 37, respectivamente, la importancia de Punta Catalina se acentúa todavía más. 

El aporte de Punta Catalina a las finanzas públicas es extraordinario. Como unidad de negocio, obtiene beneficios anuales de casi 250 millones de dólares. Además, le ahorra a las empresas distribuidoras de electricidad alrededor de 300 millones de dólares al estas poder comprar a precios más bajos de los que tendrían que pagar si tuviesen que adquirir esa electricidad en el mercado spot. Esto significa que Punta Catalina beneficia al Estado con 550 millones de dólares anuales, lo que lleva a decir que en menos de cinco años de operación plena se recuperará la inversión de 2,454 millones de dólares que se realizó en su construcción. 

Así las cosas, se puede concluir como una verdad absoluta que la Central Termoeléctrica Punta Catalina es una de las principales obras de infraestructura que se haya construido en la Republica Dominicana. 

¿Quiénes pagan impuesto sobre la renta?

[Escrito el 9 de octubre de 2024]

Toda la población que realiza algún tipo de transacción económica o dispone de alguna propiedad paga impuestos. En términos absolutos, los ricos, que reciben ingresos más altos y consumen una mayor cantidad de bienes y servicios, son los que pagan más impuestos. A ese grupo le sigue la clase media y, por último, el segmento de población compuesto de hogares pobres y vulnerables. 

En la República Dominicana, el impuesto sobre la renta de las personas físicas tiene en la actualidad tres tasas marginales crecientes que recaen sobre los ingresos que exceden un monto exento de 34,685 pesos al mes. Esto significa que la tasa efectiva de tributación es mayor para la población con ingresos más altos. 

El 81% de los trabajadores declara ingresos por debajo del límite exento, por tanto, no paga impuesto sobre la renta. 

El 9.4% de los contribuyentes declara ingresos mensuales entre 34,685 pesos y 52,027 pesos. Esos enfrentan una tasa marginal de 15%, pero gracias a la exención, la tasa efectiva se coloca como máximo en un 5% de su ingreso.

El 3.9% de los contribuyentes declara ingresos mensuales entre 52,027 pesos y 72,260 pesos. Ese segmento de trabajadores enfrenta una tasa marginal de 20%, pero debido al monto de ingreso exento, la tasa efectiva se coloca como máximo en 9.2%. 

El 4.6% de los contribuyentes declara ingresos mensuales entre 72,260 pesos y 200 mil pesos. Ese grupo enfrenta una tasa marginal de 25%, pero tiene una tasa efectiva de 19.3%. 

Por último, un 1% de los contribuyentes declara que recibe ingresos mensuales por encima de los 200 mil pesos. Para ese grupo, que son los de mayores ingresos de la República Dominicana, la propuesta de reforma tributaria propone elevar la tasa marginal a 27%, lo cual situaría la tasa efectiva por encima de 19.3% y en una trayectoria creciente. Por ejemplo, si el ingreso mensual del contribuyente fuese de 250 mil pesos, la tasa efectiva se colocaría en 20.8%. Si el contribuyente ganara un millón de pesos al mes, la tasa efectiva ascendería a 25.5%. Y así seguiría subiendo, hasta llegar a una tasa de tributación efectiva con límite superior de 27% cuando el nivel de ingresos sea extraordinariamente elevado. 

En síntesis, el sistema de impuesto sobre la renta de personas físicas es progresivo y la propuesta de reforma tributaria elevaría un poco más la tasa efectiva a los trabajadores con mayores ingresos, que representan un 1% del total de los contribuyentes.

¿Qué preocupa al Banco Central?

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 7 de octubre de 2024.]

El Banco Central (BC) es una institución pública que goza de una gran credibilidad. Por lo general, los agentes económicos confían en que las acciones que lleva a cabo dicho organismo son las adecuadas para mantener la estabilidad de precios y facilitar el crecimiento económico. El anclaje de las expectativas de inflación alrededor de su meta es el resultado más palpable de la bien merecida credibilidad de la política monetaria. 

Una estrategia de comunicación oportuna y transparente constituye uno de los instrumentos más importantes y poderosos del BC. A través de sus comunicados de política, el organismo emisor influye sobre los mercados, reduce la incertidumbre y mejora la predictibilidad de las decisiones monetarias. Todo ello facilita que se alcance y mantenga la meta de inflación. 

El comunicado de política emitido en septiembre precisa de un análisis riguroso, ya que una simple lectura no permite comprender lo que realmente sucede en la economía y, todavía menos, la posible previsión del BC para los próximos meses. El contenido del citado documento incluye afirmaciones que limitan la capacidad del mercado de proyectar el comportamiento futuro de la política monetaria, lo cual disminuye su eficiencia y eleva la volatilidad de las principales variables macroeconómicas. 

En varias ocasiones, analicé las condiciones económicas locales e internacionales y pronostiqué que, en la reunión de política de septiembre, el Banco Central rebajaría su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos. Y así ocurrió, pues el organismo emisor redujo la tasa de interés de política monetaria de 6.75% a 6.5%, teniendo en cuenta el espacio creado por la disminución de las tasas de interés en las economías avanzadas y el descenso de los precios de productos básicos, en especial de los alimentos y combustibles.  

Respecto a las condiciones económicas internas, el documento del BC indica que la decisión de las autoridades monetarias “ponderó el buen desempeño de la economía dominicana y la convergencia gradual del ritmo de expansión del crédito privado en moneda nacional al crecimiento del PIB nominal,...” en un contexto con la inflación dentro del rango meta del 4%±1%. 

Posteriormente, se señala que desde mayo de 2023 la tasa de interés de referencia acumula una disminución de 200 puntos básicos. Asimismo, se destaca que el ajuste a la baja de la tasa de interés del Banco Central se acompañó de un programa de provisión de liquidez, el cual permitió al sistema financiero otorgar préstamos por casi 200 mil millones de pesos a tasas de interés no superiores al 9% anual. 

Llama la atención que el comunicado no explique el motivo por el cual, a pesar de la disminución de 200 puntos básicos de la tasa de interés de referencia entre mayo de 2023 y septiembre de 2024, las tasas de interés prevalecientes en el mercado financiero se hayan colocado en niveles muy cercanos a los observados cuando se inició, hace más de un año, el cambio de postura monetaria hacia una menos restrictiva. En particular, la tasa de interés activa promedio ponderado se situó en 15.75% en septiembre de 2024, apenas 14 puntos básicos por debajo de la registrada en mayo de 2023. Dicho resultado sugiere que la tasa de interés de referencia ha perdido capacidad de influir sobre la tasa de interés de mercado, hecho muy preocupante. 

Por otro lado, el BC informa que la economía dominicana se expandió en términos interanuales a agosto en 5.6%, y a un ritmo promedio de 5.1% en los primeros ocho meses del presente año. Dado que ese desempeño se encuentra en torno al ritmo de crecimiento potencial, no es lógico pensar en la necesidad de reducir la tasa de interés de referencia, a menos que el Banco Central haya previsto alguna situación preocupante y no la haya presentado en el documento publicado. En otras palabras, si a pesar de que la tasa de interés activa real es superior al 12%, la economía se expande actualmente alrededor del ritmo potencial de 5% anual, ¿por qué el BC redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos por segundo mes consecutivo? 

Los excelentes economistas del BC son conscientes de que la elevada tasa de interés real contraerá la tasa de crecimiento del PIB en los próximos meses. La teoría económica demuestra que tasas de interés excesivamente altas tienden a reducir la demanda agregada, tanto la inversión como el consumo. Dichos expertos comprenden que la influencia de la política monetaria en la economía tiene un rezago largo y variable y, por tanto, saben que si no se toman medidas en la actualidad, se producirá un descenso de la actividad económica, no solo en el cuarto trimestre de este año, sino también en el primero de 2025. 

Con el fin de evitar un posible escenario de desaceleración económica, las autoridades monetarias harán todo lo posible para reducir las tasas de interés de mercado. La evidencia empírica reciente demuestra que no basta con la disminución de la tasa de interés de referencia. Dicha medida es solo una señal de hacia dónde se dirige la postura de la política monetaria. Para conseguir una rebaja de las tasas de interés de los fondos prestables, habrá que aumentar la liquidez en el mercado.  

La flexibilización monetaria debe llevarse a cabo de manera gradual y sostenida. Esto evitaría que se originen espacios de arbitraje, que serían aprovechados únicamente por los propietarios de grandes capitales. Al mismo tiempo, la gradualidad limitaría el desbordamiento de la tasa de cambio, permitiendo así que su trayectoria ascendente sea continua, pero de tendencia suave y predecible. Ese comportamiento reduciría la necesidad de intervenciones excesivas y continuas en el mercado cambiario, las cuales reducen las reservas internacionales. 

En definitiva, es recomendable que el próximo comunicado del Banco Central exponga con claridad todas sus preocupaciones y detalle las medidas previstas para enfrentarlas, en caso de que esas se materialicen. Las autoridades deben recordar una de las lecciones que durante décadas han enseñado: una buena política monetaria se sustenta en la gestión eficiente de las expectativas. Y esto requiere que la comunicación sea oportuna, completa y transparente.

Un nuevo choque petrolero

[Escrito el 3 de octubre de 2024] 

En octubre de1973, se desarrollaba en el Medio Oriente la guerra de Yom Kippur que enfrentaba a Israel y a Egipto. Ese mes la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió llevar a cabo un embargo del crudo a los países que habían apoyado a Israel, lo cual recortó la oferta de combustibles a nivel global.  La decisión del poderoso cartel, que había sido creado en 1960, aumentó el precio del petróleo de manera exponencial, de tres a doce dólares el barril, lo cual se tradujo en un choque de oferta negativo que tuvo un fuerte efecto inflacionista y desaceleró la actividad económica. A partir de entonces la palabra estanflación, que significa estancamiento con inflación, se hizo de dominio público. 

En la actualidad, el Medio Oriente sufre otra terrible crisis que puede desembocar en un peligroso escalamiento militar y ruptura del flujo del petróleo. Israel, atacado continuamente por los grupos Hamás y Hezbolá, ambos apoyados por Irán, ha decidido arrancar la raíz del terrorismo. Ante el avance de las tropas israelíes en Gaza y el Líbano, Irán lanzó alrededor de 180 misiles a Israel. Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha asegurado que Irán cometió un error y lo pagará caro. 

El presidente Joe Biden indicó que Estados Unidos está considerando acompañar a Israel en el ataque, que abarcaría la infraestructura petrolera de Irán. Una destrucción masiva de la capacidad de producción iraní podría reducir hasta un 4% de la oferta global del crudo. 

Ante esa posibilidad, el precio del barril de petróleo volvió a subir y se colocó en 73.71 dólares, equivalente a una variación de 10.6% respecto al nivel de precios prevaleciente al 1 de octubre pasado, fecha del lanzamiento de los misiles de Irán. El efecto inmediato del movimiento del precio del crudo es un mayor precio de la gasolina y el gasoil, lo cual empujará hacia arriba la tasa de inflación. 

Estoy seguro de que, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, entidad que inició en septiembre el cambio de postura de la política monetaria hacia una menos restrictiva, monitorea la evolución de los acontecimientos en el Medio Oriente para determinar el impacto inflacionario y recesivo de un posible choque petrolero a nivel global. Lamentablemente, como decía Hegel, la historia se repite dos -o más- veces.

Al borde de un nuevo choque económico

[Escrito el 2 de octubre de 2024] 

Irán ha cometido un grave error al atacar a Israel. En esta ocasión, Israel ha prometido que la retaliación será tan grande que los líderes iraníes se arrepentirán de haberles lanzado 180 misiles. Estados Unidos, que hace unos meses logró disuadir a Israel de llevar a cabo un contrataque masivo contra Irán, ha indicado que en esta ocasión no podrá evitarlo. 

La retaliación podría tener una magnitud devastadora. Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, formado como soldado de combate por las Fuerzas de Defensa de Israel, declaró que “Irán cometió un gran error…y lo pagará.” Entre los objetivos que podría atacar el gobierno de Netanyahu se encuentran, además de los equipos lanzamisiles, las instalaciones de energía nuclear e infraestructura petrolera. 

En la actualidad, Irán produce alrededor de 4 millones de barriles diarios de petróleo, casi 4% de la producción global, y posee una de las tres reservas probadas más importantes del mundo.  Esto significa que un escalamiento del conflicto que deteriore la infraestructura petrolera iraní tendría repercusiones significativas sobre los precios del crudo. 

La desaceleración económica mundial y el aumento de la producción de petróleo han reducido el precio del petróleo desde casi 87 dólares por barril registrado a principios de mayo de este año a menos de 67 dólares por barril, equivalente a una variación de -23%. Hoy el mercado rompió esa tendencia de los precios y cerró en 70.88 dólares por barril, un aumento de 5.8%, comportamiento que se explica por la incertidumbre generada por la muy probable retaliación israelí. 

El incremento de los precios de los combustibles impactaría de forma rápida y negativa a la República Dominicana. Por cada dólar que aumenta el barril de petróleo, las cuentas externas se deterioran en casi 55 millones de dólares anuales, lo cual presiona hacia arriba la tasa de cambio y aumenta el déficit del sector público no financiero.