lunes, 6 de octubre de 2025

Zigzagueo monetario

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 6 de octubre de 2025.]

El mandato principal del Banco Central es preservar la estabilidad de precios. Si bien no lo explicita en sus comunicados oficiales, la institución adopta medidas que buscan mantener el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en torno a su nivel potencial, estimado en un 5%. Para ello, recurre a diversos instrumentos monetarios, entre los que destacan la tasa de interés de política monetaria y la gestión de los valores en circulación, como notas, letras y certificados de inversión. 

Tal como pronosticó el autor de esta columna días atrás, el Banco Central decidió en su reunión de septiembre reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos y la colocó en un 5.5%. Esa decisión estuvo influenciada por el recorte equivalente aprobado por la Reserva Federal el pasado 17 de septiembre, así como por la expectativa de dos reducciones adicionales antes de que finalice el año. Ese entorno monetario internacional facilitó el ajuste realizado por las autoridades dominicanas. 

A pesar de que desde mayo de 2023 la tasa de interés de política ha perdido capacidad de transmisión hacia las tasas de interés activa y pasiva, el Banco Central procura a través de dicha tasa enviar una señal a los agentes económicos. En esta coyuntura su objetivo es inducir una reducción en las tasas de interés de mercado para estimular la demanda agregada y, en consecuencia, dinamizar el crecimiento del PIB. 

Esa estrategia resulta comprensible si se considera que, según estimaciones del Banco Central, la tasa de crecimiento interanual del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) en agosto fue de apenas un 1.5%, lo que redujo la variación promedio acumulada a un 2.3%. En tal escenario, alcanzar el 3% proyectado por las autoridades monetarias y el gobierno dominicano para 2025 requeriría una expansión promedio de un 4.2% entre septiembre y diciembre. La probabilidad de que ese ritmo se materialice es cercana a cero, por lo que todo apunta a que el PIB cerrará el año con un crecimiento en torno al 2.5%; es decir, la mitad del ritmo potencial.

A partir de mediados de junio, el organismo emisor adoptó, a través de una señal ruidosa, una postura de política monetaria expansiva. Como resultado, en julio y agosto los agregados monetarios registraron un aumento significativo, casi tres veces superior al promedio mensual observado durante el año anterior. Durante ese bimestre, la base monetaria ampliada aumentó en 47 mil millones de pesos, mientras que la oferta monetaria ampliada (M2) se expandió en 88,481 millones. Paralelamente, los valores en circulación se redujeron en 14 mil millones de pesos, lo que refleja un esfuerzo por elevar la liquidez disponible en el sistema financiero.

El objetivo intermedio del incremento en los medios de pago era propiciar una reducción en las tasas de interés. Entre junio y septiembre, la tasa de interés pasiva disminuyó 238 puntos básicos hasta situarse en septiembre en un 7.32%. En contraste, la tasa de interés activa -que incide directamente sobre el consumo y la inversión- apenas se redujo en 46 puntos básicos y alcanzó un 14.31%. Ese comportamiento revela que la política de flexibilización monetaria generó tres efectos principales: la disminución del rendimiento de los instrumentos financieros denominados en pesos, lo que podría incentivar la sustitución de la moneda nacional por dólares; la reducción de la tasa activa, pero no en una magnitud suficiente para dinamizar la actividad económica; y la ampliación del margen de intermediación financiera, beneficiando a los agentes del sistema bancario. 

Como era previsible, el tipo de cambio reaccionó con rapidez al aumento de la cantidad de pesos en circulación. Entre junio y septiembre, el valor promedio del dólar pasó de 59.57 a 63 pesos. En paralelo, como resultado del incremento de los agregados monetarios, la tasa de cambio se ubicó en 64.13 pesos por dólar al 8 de septiembre, lo que representa una variación acumulada de un 7.7% desde el inicio de la política expansiva, el 16 de junio de 2025. 

El acelerado ritmo de depreciación de la moneda nacional frente al dólar llevó a las autoridades a modificar de nuevo la orientación de la política monetaria, optando por absorber liquidez mediante la colocación de valores y la intervención en el mercado cambiario. En septiembre, los valores en circulación emitidos por el Banco Central aumentaron en 33,244 millones de pesos, lo que implicó una contracción monetaria. Al mismo tiempo, las reservas internacionales se redujeron en casi 593 millones de dólares. Ambas acciones limitaron el ritmo de expansión de la liquidez a una cuarta parte del aumento registrado en los dos meses precedentes. El resultado presionó a la baja el tipo de cambio, que se ubicó en 61.89 pesos por dólar el 16 de septiembre. Sin embargo, esa apreciación fue transitoria: días después, el tipo de cambio retomó su trayectoria ascendente y cerró el mes en 62.78 pesos por dólar.

Las autoridades deben tener presente que el zigzagueo monetario conlleva elevados costos. Los virajes frecuentes entre fases expansivas y contractivas, sin un marco lógico claramente definido, envían señales contradictorias a los agentes económicos. Desde el abandono “de facto” del esquema de metas de inflación, se ha intensificado la volatilidad del tipo de cambio, de las tasas de interés y de otros instrumentos clave de política monetaria.  

Asimismo, los movimientos bruscos de las medidas de política pueden erosionar la credibilidad institucional. Conforme se consolida la percepción de que la nueva orientación monetaria es inconsistente, errática e imprevisible, se debilita el anclaje de las expectativas de inflación. Ese escenario resulta especialmente riesgoso, ya que puede acelerar las variaciones relativas del índice de precios al consumidor, como ocurrió entre junio y agosto, cuando la tasa anualizada alcanzó un 5.3%, cifra que supera el límite máximo de la meta de inflación.

 Finalmente, si los agentes económicos no logran anticipar con certeza la trayectoria de los instrumentos de política monetaria debido a su comportamiento zigzagueante, tenderán a posponer sus decisiones de consumo e inversión productiva. En consecuencia, el crecimiento económico continuará desacelerándose. Un resultado distante al que procuran alcanzar las autoridades monetarias y, sobre el todo, el gobierno dominicano. 

jueves, 2 de octubre de 2025

La crisis haitiana se agravará todavía más

[Escrito el 3 de octubre de 2025]

El 15 de septiembre de 2022 comenté que la crisis que afecta Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, era el principal problema de la República Dominicana. 

El 11 de marzo de 2024 describí el impacto de la crisis haitiana sobre la economía dominicana. En ese entonces, analicé el efecto de los flujos migratorios sobre el mercado laboral dominicano, en particular, sobre los ingresos de los dominicanos. 

El 26 de marzo de 2024 escribí que la solución de la crisis haitiana podía surgir de la voluntad de Estados Unidos, Francia y Canadá. Destaqué que esos tres países tienen el poder económico y militar necesario para derrotar las bandas y estabilizar la vecina nación. 

El 20 de noviembre de 2024 reiteré que la crisis haitiana seguía siendo un gran problema que atenta contra la estabilidad de la República Dominicana. 

El 27 de junio de 2025 comenté que la crisis haitiana seguía agravándose, ya que la actividad económica se deterioraba de forma acelerada, los precios subían y las bandas acentuaban el control de las calles. 

Lamentablemente, en vez de ayudar, los Estados Unidos han tomado una decisión que agravará más la crisis haitiana y con ello aumentará el problema para la República Dominicana. De forma inexplicable, el gobierno estadounidense decidió no renovar las iniciativas comerciales que permitían a Haití exportar a ese mercado prendas de vestir libre de aranceles. A partir de ahora, las importaciones de productos textiles provenientes de Haití serían gravadas con aranceles de hasta un 30%.

 La no renovación de las iniciativas HOPE y HELP estimulará el traslado de las pocas empresas que quedan en el norte de Haití a otros países centroamericanos o asiáticos. Ello provocará la destrucción de la mayor parte de los 26 mil empleos existentes en esas empresas textiles, incrementará la pobreza en Haití y aumentará la presión hacia mayor flujo migratorio hacia la República Dominicana. Un resultado nefasto.  

El crecimiento sigue en baja

[Escrtio el 2 de octubre de 2025] 

El dato más reciente del producto interno bruto es desalentador. Según estimaciones del Banco Central, la tasa de crecimiento interanual de agosto del indicador mensual de actividad económica (IMAE) fue de apenas un 1.5%, lo cual llevó la variación promedio acumulada a un 2.3%. 

Ese resultado confirma mis pronósticos sobre el crecimiento del PIB para 2025. Desde inicios de año he venido comentando que la economía dominicana crecerá alrededor del 2.5%, la mitad del ritmo potencial. Las autoridades dominicanas y el FMI comenzaron con un pronóstico del 4.5% y el más reciente ajuste a la baja lo colocó en el 3%. 

Factores externos, como los latigazos arancelarios de Trump y la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal, han limitado la capacidad de crecimiento económico nacional. A ese entorno internacional se le añade una muy baja inversión pública y una política monetaria zigzagueante que ha impactado de forma negativa la demanda agregada. 

El gobierno intentará en los próximos meses acelerar el ritmo de expansión económica, pero será casi imposible alcanzar la meta del 3%. La combinación de la reciente reducción de la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos con un poco más de inversión pública no será suficiente para alcanzar un crecimiento de un 4.2%, que se necesita como promedio entre septiembre y diciembre para llegar al 3%. 

Frente a esa situación, mi recomendación es que se adopten medidas monetarias y fiscales consistentes con la estabilidad macroeconómica. Ello es imprescindible para mantener la confianza de los agentes económicos en la política económica. 


La burbuja de las criptomonedas

[Escrito el 1 de octubre de 2025]

En diversas ocasiones he afirmado que el valor de las criptomonedas es cercano a cero. El precio del bitcoin, que supera en la actualidad los 114 mil dólares, es una burbuja, que explotará en cualquier momento. Lo difícil es pronosticar cuándo ocurrirá esa explosión, ya que, como nos enseñó el profesor Rudi Dornbusch del Instituto Tecnológico de Massachusetts, “la crisis tarda mucho más tiempo en llegar de lo que tú piensas y luego sucede más rápido de lo que podrías pensar.”

Los defensores y usuarios de las criptomonedas incluyen, entre otros, a especuladores, lavadores de fondos ilegales, evasores de impuestos y a libertarios quienes desean realizar transacciones sin dejar ningún rastro y por debajo del radar de los gobiernos. 

Como reacción a la excesiva volatilidad del bitcoin se han creado otros criptoactivos denominados “monedas estables” o “stablecoins.” Esos activos, como Tether (USDT) o USD coin (USDC), prometen una mayor estabilidad en su precio debido a que afirman disponer el respaldo de una moneda fiduciaria, como el dólar estadounidense. Cabe destacar que algunas, como Binance USD y TerraUSD, colapsaron y fueron descontinuadas. 

La Ley GENIUS en Estados Unidos ha creado un marco regulatorio a las monedas estables. El retorno de Donald Trump a la presidencia y la entrada de dos de sus hijos al negocio de los criptoactivos ha incrementado su popularidad y uso de dichos activos virtuales. 

La meta de los promotores es lograr que las instituciones financieras tradicionales y reguladas inviertan o emitan sus monedas estables. Esto es visto con mucha preocupación por los bancos centrales debido a que su uso podría crear turbulencias, generar movimientos bruscos de capitales y provocar la quiebra de instituciones financieras, lo que impactaría negativamente los fundamentos de la economía global. Para evitar ese resultado es preciso recordar, como lo hizo recientemente Jean Tirole, premio Nobel de Economía, que el sistema de pagos en un bien público por lo cual es preciso evitar que se convierta en un terreno para el juego especulativo. 

El Banco Central baja su tasa de interés

[Escrito el 30 de septiembre de 2025]

El objetivo principal del Banco Central es mantener la estabilidad de precios y, aun cuando no se establece de forma explícita, ejecutar medidas que promuevan un ritmo de crecimiento del producto interno bruto (PIB) cercano al potencial del 5%. Para ello utiliza su caja de herramientas monetarias, entre las que se encuentra la tasa de interés de referencia. 

Tal como pronostiqué hace unos días, el Banco Central decidió reducir dicha tasa de interés en 25 puntos básicos y la colocó en un 5.5%. El recorte de 25 puntos básicos realizado por la Reserva Federal el pasado 17 de septiembre y la expectativa de que se realizarán dos reducciones adicionales antes de fin de año facilitó la decisión de las autoridades dominicanas. 

Cabe destacar que, a pesar de que la tasa de interés de política del Banco Central ha perdido influencia sobre las tasas de interés activa, pasiva e interbancaria, el Banco Central desea enviar un mensaje a los agentes económicos de que quiere reducir la tasa de interés para estimular la demanda agregada y, en consecuencia, elevar el crecimiento del PIB. Ello es comprensible dado que, como van las cosas, lo más probable es que la tasa de expansión económica sea de solo un 2.5% en 2025, la mitad del ritmo potencial. 

Es preciso recordar que en economía no hay almuerzo gratis. Si la tasa de interés pasiva continúa a la baja, el tipo de cambio seguirá hacia arriba y la inflación podría acelerarse. En septiembre, la tasa pasiva bajó 131 puntos básicos y la tasa de cambio mostró un comportamiento de subidas y bajadas bruscas y se ubica en 62.78 pesos por dólar. Con la decisión monetaria de hoy se puede proyectar que siga subiendo.  

lunes, 29 de septiembre de 2025

Restricciones externas al crecimiento

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 29 de septiembre de 2025.] 

El presidente Donald Trump ha recurrido de nuevo al látigo arancelario. La semana pasada anunció un impuesto de un 100% a la importación de productos farmacéuticos no genéricos. Según sus declaraciones, se exceptúan de esa medida los medicamentos elaborados por laboratorios que posean fábricas en Estados Unidos o planeen instalarlas allá. De manera casi simultánea, anunció nuevos gravámenes de entre un 25% y un 50% a las importaciones de camiones y de mobiliario del hogar, como gabinetes de cocina. 

La incertidumbre generada por la política arancelaria de Trump lleva a recomendar prudencia en el manejo de la política monetaria. Aun cuando el traspaso de los aranceles a los precios no ha sido significativo, algunos analistas manifiestan su preocupación. En ese contexto, Austan Goolsbee, presidente y director ejecutivo del Banco de la Reserva Federal de Chicago, advirtió recientemente al resto de las autoridades monetarias sobre los riesgos de realizar recortes apresurados en la tasa de interés de referencia. 

El 17 de septiembre, la Reserva Federal (Fed) aprobó una reducción de 25 puntos básicos de dicha tasa y la colocó entre el 4% y el 4.25%. El mercado prevé, con una probabilidad de un 91%, un nuevo recorte de 25 puntos básicos en octubre y, con un 72.5% de probabilidad, otro de magnitud similar en diciembre. El resultado de esos cambios situaría la tasa de interés entre el 3.5% y el 3.75%. 

Frente a esas expectativas del mercado, Austan Goolsbee, miembro del Comité Federal de Operaciones de Mercado Abierto que fija las tasas de interés, declaró al Financial Times que no apoyará nuevos recortes en las dos próximas reuniones de la Fed previstas para octubre y diciembre. 

El también profesor de la Universidad de Chicago expresó su inquietud por la inflación, que en agosto alcanzó el 2.9% interanual, lejos de la meta del 2%. Goolsbee subrayó que el enfriamiento del mercado laboral no resulta tan preocupante como para justificar las reducciones de tasas de interés que el mercado financiero estadounidense prevé y considera deseables. 

De ello se desprende que un recorte excesivo de las tasas de interés acentúe el proceso inflacionario y perjudique a los consumidores. No obstante, el presidente Trump mantiene una postura muy distinta y continúa con su agenda de tomar el control de la Reserva Federal. Su objetivo es alcanzar una mayoría en la Junta de Gobernadores de siete miembros para ampliar su influencia en la toma de decisiones de política monetaria. La tasa de interés de referencia se encuentra entre el 4% y el 4.25%, pero el presidente republicano pretende reducirla hasta alrededor del 1.5%. Varios expertos advierten que semejante nivel presionaría hacia arriba la tasa de inflación, que seguirá alejándose de la meta del 2%. Un resultado muy negativo para Estados Unidos y para la economía global, ya que obligaría a las autoridades a cambiar, de forma zigzagueante, la postura monetaria hacia una más restrictiva.  

Una clara muestra de la intención del presidente estadounidense de controlar la política monetaria es su ofensiva contra la gobernadora Lisa Cook. La Suprema Corte está evaluando la solicitud de Trump para destituirla, después de que un juez federal y una corte de apelaciones la rechazaran. Si la Suprema Corte diera la razón al mandatario, sería el primer caso de remoción de un gobernador de la Reserva Federal desde su creación en 1913. 

Ante el riesgo que implicaría ese fallo, los principales exfuncionarios pertenecientes a equipos de distintas administraciones republicanas y demócratas han salido en defensa de la independencia de la Fed, elemento clave para la consistencia de la política monetaria. 

Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen, tres expresidentes del banco central de Estados Unidos, firmaron un documento en el que exhortaron a la Suprema Corte a garantizar la continuidad del cargo de Lisa Cook. Con esa decisión se preservaría la independencia de la institución monetaria frente a influencias políticas y se aseguraría el mantenimiento de la eficacia y credibilidad de sus medidas. Otros firmantes de la petición incluyen a exsecretarios del Tesoro, jefes del Consejo de Asesores Económicos y distinguidos profesores, como Larry Summers, Hank Paulson, Robert Rubin, Tim Geithner, Glen Hubbard, Greg Mankiw, Kenneth Rogoff, Cristina Romer, John Cochrane y Jason Furman. 

Por otro lado, las restricciones impuestas por el entorno internacional han limitado el ritmo de crecimiento económico de la República Dominicana. A inicios de año, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno dominicano y el Banco Central proyectaban que el producto interno bruto (PIB) aumentaría un 4.5%. Sin embargo, la turbulencia provocada por los cambios arancelarios y el mantenimiento de la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal en un territorio restrictivo impusieron limitaciones al crecimiento económico dominicano. Tras varias correcciones a la baja, el FMI y las autoridades dominicanas proyectan un incremento del PIB para este año alrededor del 3%. 

Para lograr esa cifra, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) debería aumentar en promedio interanual un 3.7% entre agosto y diciembre. Visto el comportamiento de agosto y septiembre, la probabilidad de alcanzar esa variación de la actividad económica es cercana a cero, aun cuando el gobierno disponga de recursos para elevar la inversión pública en los próximos meses o el Banco Central apruebe esta semana una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de interés de referencia. Si se decide realizar una nueva inyección de liquidez, como la aprobada el 16 de junio, subiría otra vez el tipo de cambio de forma acelerada y la tasa de inflación mensual seguiría repuntando tal como se registró en el trimestre de junio a agosto, cuando arrojó un ritmo anualizado de un 5.3%. 

El análisis riguroso de los principales sectores productivos (construcción, comercio, manufactura y turismo) muestra que ninguno será capaz de aportar lo necesario para que el PIB acelere su ritmo de crecimiento de manera significativa en el cuarto trimestre del año. Así las cosas, se puede pronosticar que en 2025 el PIB se incrementará alrededor del 2.5%, la mitad del potencial. Ello sería un ejemplo ilustrativo de los efectos provocados por las restricciones externas al crecimiento económico de la República Dominicana.  

lunes, 22 de septiembre de 2025

Buena suerte

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 22 de septiembre de 2025.]

El cargo de presidente de la República acarrea enormes retos y dificultades. En general, todos los mandatarios buscan lo mejor para su país; sin embargo, con frecuencia se ven obligados a tomar decisiones que, al menos en el corto plazo, son percibidas como perjudiciales para los consumidores o para los sectores productivos. Esto genera severas críticas inmediatas y, muchas veces, ocasiona contingencias futuras en extremo costosas.

La reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó un amplio conjunto de recomendaciones para que la República Dominicana siga exhibiendo el extraordinario desempeño económico registrado en las últimas dos décadas, basado en sólidos fundamentos económicos. La mayoría de las propuestas son medidas que requieren el apoyo o aprobación del presidente de la República. 

El FMI ha revisado a la baja su proyección del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB): del 4.5% inicial al entorno del 3%. Esa nueva estimación coincide con el límite superior del rango del 2.5% al 3% previsto por el autor de esta columna a inicios de año. Para alcanzar una tasa de crecimiento económico de un 3%, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) debería aumentar en promedio un 3.7% entre agosto y diciembre de este año, un escenario poco probable. 

Por otro lado, la situación internacional es incierta y limita el margen de maniobra del gobierno. El entorno económico se agravaría si hay demoras en las reformas necesarias para reducir el déficit del sector eléctrico y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y de las cuentas externas. 

En el corto plazo, el Fondo recomienda continuar afianzando la coordinación de las políticas monetarias y fiscal con el objetivo de incrementar su eficacia. La llegada de Magín Díaz al Ministerio de Hacienda y Economía asegura una buena coordinación con la política monetaria del gobernador Héctor Valdez. 

Otra sugerencia clave del FMI es mejorar la eficiencia de la política fiscal. Sus técnicos saben bien que las partidas corrientes generan sobre las actividades productivas un efecto multiplicador inferior al del gasto de capital. De ahí que recomienden la sustitución de los subsidios generalizados -como el de combustibles y electricidad- por ayudas focalizadas a los más pobres y vulnerables. Así podrían destinarse más recursos a la inversión pública que complementen la inversión privada. La decisión de aumentar los precios de la gasolina, gasoil y gas licuado de petróleo o la de recortar transferencias corrientes no focalizadas pasa por el despacho presidencial.  

La mejora del saldo fiscal implica reducir la evasión y las exenciones tributarias. Eso significa enfrentarse tanto a quienes evaden impuestos como a los que los eluden. La lucha contra la evasión y el cambio de las legislaciones que brindan incentivos impositivos originará una intensa batalla con grupos de poder, que han aprovechado al máximo esos privilegios normativos y han capturado órganos institucionales y reguladores públicos. La responsabilidad y el costo de una posible reforma tributaria recaerá directamente sobre los hombros del presidente, aunque la diseñe el ministro de Hacienda y se ejecute desde la Dirección General de Impuestos Internos. 

Como si se tratase de una tarea sencilla, el FMI propone implementar el Pacto Eléctrico. Ello requiere “ajustes graduales a las tarifas eléctricas y una mejor focalización de los subsidios.” El presidente tendría que autorizar el aumento de la tarifa que pagan todos los consumidores; se prevé proteger a los más pobres mediante el subsidio bonoluz. 

La emisión del Decreto 517-25, que declara en emergencia el sector eléctrico nacional, es una muestra adicional de cómo el presidente “saca las castañas del fuego” a sus funcionarios. Mediante el decreto, se procedió a contratar una potencia adicional de 65 MW a la empresa Karpowership. Es muy probable que esa barcaza genere y venda el kilovatio de electricidad a un precio alrededor de los 40 centavos de dólar. Ese costo incrementará el déficit del sector eléctrico, ya que representa más del doble de la tarifa promedio que cobran las empresas distribuidoras de electricidad. Lo único positivo es que, transitoriamente, se reducirán los apagones, uno de los principales males que afectan en la actualidad a la población. 

A pesar de la política monetaria zigzagueante y de inyecciones monetarias no convencionales, el FMI reconoció que el Banco Central conserva la credibilidad del régimen de metas de inflación manteniendo ancladas las expectativas. La tasa de inflación prevista para 2025 rondará el 4%, justo en el centro del rango meta, aun cuando se observa entre mayo y agosto una tendencia ascendente de la variación mensual de precios. Ese comportamiento exige una vigilancia estrecha por parte de las autoridades. 

Para fortalecer el régimen de metas de inflación, el organismo internacional recomienda continuar con el desarrollo del mercado interbancario, cuya tasa de interés se ha convertido en referencia esencial para determinar la postura de la política monetaria. Asimismo, indica que el fortalecimiento del “mecanismo de transmisión monetaria” respaldará la normalización de la política en curso. En otras palabras, sugiere recuperar la estrategia aplicada durante el período 2012-2019.  

En cuanto a la tasa de cambio, el Fondo interpreta la gran volatilidad registrada desde marzo de 2020 como un estado de “mayor flexibilidad cambiaria en línea con los fundamentos económicos.” La realidad, no obstante, es que un aumento de dicha volatilidad hasta cuatro veces superior a la que existía entre 2012 y 2019 va más allá del concepto de flexibilidad del tipo de cambio. Es importante destacar, además, que el Fondo recomienda la intervención cambiaria solo en situaciones de choques económicos graves. 

A pesar de todos esos retos, los funcionarios del FMI se muestran optimistas. Así lo expusieron en el documento que resume su visita al país. Sin expresarlo públicamente, reconocen que las reformas recomendadas supondrán un costo político importante. El presidente, por la responsabilidad de su cargo, es quien lo asumirá. El primer mandatario es la persona que entra en los libros de historia y cuya gestión será objeto de análisis. Ante todas las reformas estructurales presentadas por el Fondo y las contingencias que acarrea su implementación, no queda más que desear buena suerte al presidente Luis Abinader y a su equipo de gobierno.