Un Balaguer renovado

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 24 de noviembre de 2025.]

La actividad económica atravesaba una profunda contracción, los precios subían como la espuma y la popularidad del gobierno caía de manera estrepitosa. La política económica aplicada desde 1987 generó graves distorsiones que en 1990 provocaron el desplome del 5.5% del producto interno bruto (PIB), una inflación histórica del 80% y una tasa de desocupación del 23%. Esa crisis elevó la pobreza, deterioró el bienestar de la población y alimentó un pesimismo que condujo a miles de dominicanos a emigrar a Estados Unidos y a España. 

A pesar de que el gobierno de entonces llevó a cabo un amplio programa de inversiones públicas a nivel nacional, el financiamiento del déficit fiscal mediante el retraso en el pago del servicio de la deuda externa y el uso del crédito doméstico neto proveniente del Banco Central (conocido popularmente como emisión de “pesos inorgánicos”) impactaron negativamente la actividad económica privada. El crecimiento excesivo de la oferta monetaria, unido a una política irracional de control cambiario, elevó la cotización del dólar de 2.82 pesos en agosto de 1986 a 13 pesos en marzo de 1991, una variación acumulada de un 361% en poco más de cuatro años, equivalente a un incremento mensual de un 2.8%. 

En 1990, el presidente Joaquín Balaguer pasaba por una etapa política muy difícil y, pese a ello, se presentó a las elecciones presidenciales con casi 84 años. En medio de esa alarmante coyuntura económica, social y política, agravada por el desabastecimiento de combustible y el imparable encarecimiento de los bienes de primera necesidad, Balaguer logró retener el poder.

Los resultados electorales fueron objeto de severas críticas, pero estas no acobardaron al mandatario, quien convenció a los principales representantes de la sociedad a sentarse en una mesa de negociaciones en agosto de 1990. De ahí surgió el Pacto de Solidaridad Económica, que contó con la mediación de Monseñor Agripino Núñez. Dicho acuerdo redujo las tensiones sociales y originó las condiciones para que se implementase un importante conjunto de reformas estructurales, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, encabezado por César Miquel.  

En septiembre, el presidente Balaguer, un hombre astuto y de temple de acero que parecía no tener miedo a nada ni a nadie, comenzó a ejecutar la reforma arancelaria. Mediante un decreto, eliminó gran parte del esquema arancelario que había protegido la industria nacional vigente desde 1968 bajo la Ley 299 de Incentivo y Protección Industrial, la cual daba soporte al modelo de sustitución de importaciones. Previamente, se había promulgado la Ley 8-90 sobre Fomento de Zonas Francas, cuyo propósito es promover las exportaciones de bienes y servicios mediante un régimen especial de incentivos fiscales y medidas de flexibilización aduanera. 

La reducción de la tarifa arancelaria promedio, la corrección de las bases imponibles de los bienes importados, tanto insumos para la industria como de consumo final, y las mejoras administrativas implementadas en la Dirección General de Aduanas incrementaron las recaudaciones, lo que redujo el déficit fiscal. Ese primer paso disminuyó la necesidad de financiamiento inflacionario del Banco Central, estabilizó el tipo de cambio alrededor de 12.50 pesos por dólar y moderó la tasa de inflación. Respecto al mercado cambiario, cabe destacar que las autoridades del Banco Central retornaron al principio de “una sola moneda, una sola tasa,” que se había establecido con la unificación cambiaria de 1985, lo que significó la eliminación de las distorsiones derivadas de la existencia de tasas de cambio múltiples. 

En 1992, el Congreso Nacional aprobó la Ley 11-92 que estableció el Código Tributario. En ese momento, el país colocó una pieza importante de lo que debe ser un sistema tributario óptimo, capaz de garantizar la neutralidad, la equidad y la eficiencia recaudatoria. La citada reforma tributaria ayudó a racionalizar los incentivos fiscales y eliminó aquellos que fueron ampliamente utilizados para eludir el pago del Impuesto sobre la Renta. 

Para modernizar y mejorar las condiciones del mercado laboral, ese año se promulgó también un nuevo Código de Trabajo (Ley 16-92), que sustituyó el Código Trujillo de Trabajo de 1951. El novedoso marco normativo mejoró aspectos fundamentales de las relaciones entre trabajadores y empleadores y favoreció, en ese entonces, la creación de empleos más dignos. 

Con el objetivo de estimular y facilitar la entrada de capitales al país, el gobierno del presidente Balaguer, quien volvió a retener el poder en las elecciones de 1994, aprobó la Ley 16-95 de Inversión Extranjera. Esa legislación brinda el mismo tratamiento a la inversión extranjera que a la nacional, eliminando cualquier tipo de discriminación. Además, otorga la libre repatriación de capital y dividendos. Ese marco jurídico ha permitido que en la actualidad la República Dominicana reciba más de 4,500 millones de dólares anuales de inversión extranjera en sectores clave para el crecimiento económico nacional, como son las actividades eléctricas, turísticas y de zonas francas. 

Las reformas estructurales aplicadas y el entorno macroeconómico estable creado entre 1991 y 1993 impulsaron la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB. Entre 1991 y 2024, la tasa de crecimiento promedio del PIB real ha sido de un 5%, lo que ha favorecido el ingreso per cápita. El buen desempeño económico se ha traducido en un significativo aumento del valor agregado nominal en dólares, que se elevó de 7,167 millones en 1990 a 124,600 millones de dólares en 2024.  

Las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Balaguer entre 1990 y 1993 cambiaron las expectativas de los agentes económicos hacia una postura optimista que propició la inversión productiva. El repunte sostenido de la actividad económica, la creación de empleo y el aumento de los salarios ayudó a mejorar las condiciones de vida de la población y reducir la pobreza. Balaguer demostró que, en los momentos más adversos, es posible renovarse y rectificar el rumbo hacia una trayectoria de mayor confianza que permita un desarrollo económico sostenido y una mejor calidad de vida. No cabe duda de que el doctor ha legado al pueblo dominicano una lección perdurable. 

Las recomendaciones del FMI

[Escrito el 24 de noviembre de 2025]

A continuación un resumen de las recomendaciones de medidas de política económica y reformas estructurales del FMI.

El Fondo Monetario Internacional recomienda la ejecución de políticas sólidas para que se mantenga el crecimiento económico sosteniendo de la RD. 

Recomienda fortalecer el mecanismo de transmisión de la política monetaria para ayudar a normalizar la política y apoyar el crecimiento de las actividades productivas privadas. 

Asimismo, indica que debe mantenerse la flexibilidad del tipo de cambio en línea con los fundamentos, con intervenciones de divisas centradas en suavizar los grandes choques junto con el desarrollo adicional del mercado de cobertura de riesgo cambiario. 

Respecto a las finanzas públicas, afirma que la prudencia fiscal continuada, mediante la cual se reduzca la evasión impositiva y se racionalice el gasto público, debería ir acompañada de medidas para crear espacio para aumentar la inversión y mantener la deuda pública en una trayectoria descendente. 

Por otro lado, sostiene que las reformas e inversiones para fortalecer el sector eléctrico siguen siendo clave para aliviar las presiones fiscales. El déficit de 1,800 millones de dólares en ese sector es insostenible, por lo que es necesario realizar las inversiones necesarias para mejorar la facturación y cobranza de ese servicio para que fortalecer la posición financiera de las Empresas Distribuidoras de Electricidad. 

Finalmente, el FMI recomienda la implementación de reformas complementarias para reforzar el capital humano, la competitividad y la resiliencia ante desastres naturales, ya que son fundamentales para impulsar el crecimiento potencial en línea con los objetivos Meta2036 del país y mejorar la calidad de vida de los dominicanos.

Los nuevos pronósticos del FMI

[Escrito el 21 de noviembre de 2025]

El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el resultado de su más reciente visita a la República Dominicana en el marco de la consulta del Artículo IV. En general, el Fondo mantiene una opinión optimista sobre el desempeño económico y realiza un conjunto de recomendaciones de reformas estructurales indispensables para aumentar la resiliencia y mejorar el ritmo de crecimiento económico en el mediano plazo. 

El FMI sostiene que el producto interno bruto se expandirá un 3% en 2025 debido a que observa algunos signos positivos relacionados con las exportaciones, el crédito, el turismo, así como el apoyo monetario y fiscal en lo que queda de año. A mi entender, dado el crecimiento de un 2.2% del Indicador Mensual de Actividad Económica acumulado a septiembre, pienso que lo más probable es que el año cierre con una tasa de crecimiento del PIB de un 2.3%. 

Respecto a la inflación, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor, el Fondo proyecta que se colocará a diciembre en un 3.7%. Dado que a octubre la variación interanual subió a un 4.2%, y visto que en el cuatrimestre julio a octubre se aceleró el ritmo de variación de los precios, se puede proyectar que lo más probable es que la inflación se sitúe en diciembre alrededor de un 4.4%. 

Respecto a las reformas que recomienda el Fondo Monetario Internacional, ese tema queda para un próximo comentario. 

Se acentúa el nerviosismo bursátil

[Escrito el 20 de noviembre de 2025]

Wall Street volvió a temblar hoy. En lo que fue una verdadera montaña rusa, el índice bursátil Dow registró una impresionante variación hacia arriba y hacia abajo por más de mil puntos, colocándose el VIX -el índice del miedo- en 26.4 puntos, cuando lo normal es un valor de 15. 

El mercado arrancó con un sentimiento optimista como reacción a la noticia del buen desempeño de ventas y rentabilidad de la empresa Nvidia. Esto ayudó a que, alrededor de las 10:35 de la mañana, el Dow registrase una subida de más de 700 puntos. 

Posteriormente, el mercado comenzó a digerir la información del comportamiento del mercado laboral en septiembre, que arrojó una tasa de desocupación de un 4.4% y la creación de 119 mil puestos de trabajo, cifra que superó la predicción de 50 mil nuevos empleos. Ese resultado mixto, disminuyó la probabilidad de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés en diciembre, lo que va en contra del valor de los instrumentos financieros. 

Lo anterior, combinado con el nerviosismo de la sobrevaluación del precio de las acciones vinculadas con la Inteligencia Artificial, provocó un retroceso de los índices bursátiles. El Dow cerró con una caída de un 0.8%, el S&P 500 descendió un 1.5% y el Nasdaq, después de subir un 2% en la mañana, concluyó la jornada con un retroceso de un 2.1%. 

Para los amantes del bitcoin, les recuerdo que su precio se colocó hoy en 86,337 dólares, equivalente a una variación de un -3.4%. Ya acumula una caída de un 31% respecto al nivel observado el pasado 10 de junio.

Dado el tamaño de la burbuja de la Inteligencia Artificial y de las criptomonedas, creada por la exuberancia irracional basada en un excesivo optimismo de la rentabilidad de las inversiones en esas nuevas tecnologías y activos, pienso que falta mucho por corregir a la baja. Por tanto, les recomiendo mucho cuidado al realizar sus inversiones financieras. 

Estabilidad y crecimiento económico

[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 17 de noviembre de 2025.]

La estabilidad macroeconómica resulta clave para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la mejora del bienestar de la población. El Gobierno dominicano y el Banco Central tienen la responsabilidad de adoptar medidas que garanticen dicha estabilidad y promuevan la expansión económica, dentro de los límites impuestos por el entorno internacional. 

La política monetaria implementada en el país entre 2012 y 2019, junto con una inversión pública promedio anual equivalente a un 4% del PIB, creó un ambiente económico muy positivo. Durante ese período se aplicó un esquema de metas de inflación basado en reglas claras y transparentes, cuyos instrumentos monetarios se utilizaron, en general, de manera consistente. 

Dicho marco de política monetaria, sustentado en ajustes de la tasa de interés de referencia y en una gestión convencional de la liquidez coherente con la misma, facilitó la estabilidad de precios y mantuvo el anclaje de las expectativas de inflación en el entorno del centro del rango meta. Además, amortiguó las perturbaciones externas, redujo la volatilidad de las principales variables económicas y aumentó la predictibilidad necesaria para alcanzar un entorno favorable al crecimiento sostenido del PIB, que alcanzó un promedio anual de un 5.5% durante esos ocho años. 

A partir de marzo de 2020 se originaron nuevas restricciones internacionales que impactaron negativamente la economía dominicana. La pandemia del covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento de los precios de los combustibles, la flexibilización y posterior apriete monetario aprobado por la Reserva Federal, la persistencia de la tasa de inflación en Estados Unidos, los aranceles recíprocos de Trump y sus ataques contra la institucionalidad de la Fed constituyen desafíos difíciles de sortear.

En ese escenario, el Banco Central adoptó un enfoque de política caracterizado por una elevada discrecionalidad. La nueva política se distanció del esquema de metas de inflación, ya que se adoptaron medidas monetarias no convencionales, zigzagueantes, inconsistentes y subóptimas, las cuales ampliaron la incertidumbre originada por las perturbaciones económicas internacionales. 

La política monetaria elevó las desviaciones de sus instrumentos y, por ello, la de las principales variables macroeconómicas. La variación interanual de la oferta monetaria (M1) ha registrado una volatilidad que duplica la observada bajo el régimen de metas de inflación (2012-2019). Los cambios de los agregados monetarios se han reflejado en un incremento de la variabilidad de las tasas de interés (activa, pasiva e interbancaria) que multiplica por tres la registrada antes de la pandemia. La volatilidad de la variación mensual de la tasa de cambio es 4.7 veces superior a la registrada antes de marzo de 2020. Asimismo, el promedio del margen cambiario (la diferencia entre la tasa de cambio de venta y la de compra) se ha triplicado en el período discrecional.

El aumento de la incertidumbre ha distorsionado el proceso de asignación de los recursos productivos. Las masivas inyecciones de liquidez con tasas de interés subsidiadas, aprobadas en marzo de 2020, mayo de 2023, noviembre de 2024 y junio de 2025, generaron oportunidades de arbitraje e incentivaron a los agentes económicos a retrasar sus decisiones de inversión o consumo en espera de nuevos desembolsos de liquidez. 

La pérdida de efectividad de la política monetaria, acompañada de una inversión pública promedio de solo un 2.5% del PIB, explica que la tasa de crecimiento promedio del valor agregado se redujera a un 3.3% entre 2020 y 2025, cifra que es insuficiente para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en relación con el PIB. Cuanto más lento sea el ritmo de crecimiento económico, mayor debe ser el saldo primario de las finanzas públicas para garantizar la capacidad de pago de la deuda, lo que a su vez conllevaría nuevos recortes en el gasto de capital o una subida de impuestos. 

Respecto a los precios, puede afirmarse que, en general, el Banco Central ha mantenido de forma exitosa su estabilidad. Entre enero de 2012 y febrero de 2020, la tasa de inflación, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se colocó en promedio en un 2.9%.  Posteriormente, debido a los choques externos y a las masivas inyecciones de liquidez registradas desde marzo de 2020, la tasa de inflación subió y alcanzó un pico del 10.5% en mayo de 2021. A partir de diciembre de 2021, las autoridades iniciaron un cambio de postura de la política monetaria hacia una más restrictiva y, con el apoyo de los subsidios a los combustibles, lograron que la tasa de inflación se situara desde mayo de 2023 hasta octubre de 2025 dentro del rango meta que va del 3% al 5%, con un promedio del 3.6%. Dicho resultado es relevante, dado que la inflación constituye el peor de los impuestos, pues penaliza en mayor proporción a los hogares de menores ingresos. 

En la actualidad, a pesar de esos buenos resultados, las autoridades monetarias deben observar con preocupación el comportamiento ascendente de los precios registrado desde junio de 2025, fecha en que se anunció la más reciente inyección masiva de liquidez a tasas de interés subsidiadas. La inflación anualizada, calculada a partir de la variación de los precios acumulada en el cuatrimestre de julio a octubre del presente año, ascendió a un 6.1%. En particular, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en esos cuatro meses a un ritmo anualizado del 11.2%, y el grupo de restaurantes y hoteles, que básicamente refleja el componente de comidas y bebidas fuera del hogar, se incrementó un 7%. 

Por último, la tasa de inflación subyacente anualizada, calculada con los datos de los últimos cuatro meses, rebasó el límite superior del rango meta y alcanzó un 5.4%. Ante ese comportamiento de los precios, vinculado con la política monetaria, es muy probable que las autoridades del Banco Central comiencen el año 2026 con una política más restrictiva, a fin de evitar un aumento desmedido de la inflación. El nuevo viraje monetario confirmaría que la inyección de liquidez aprobada en junio y las reducciones de las tasas de interés de referencia aplicadas en septiembre y octubre resultaron medidas incompatibles con la estabilidad macroeconómica. 

El gasto en mantenimiento es una buena inversión pública

[Escrito el 14 de noviembre de 2025] 

Desde niño escuché a mi padre destacar la importancia del buen mantenimiento de la infraestructura pública. En numerosas ocasiones me decía que los recursos destinados a esa tarea no eran gastos, sino una inversión muy positiva que favorecía al pueblo dominicano. La no entrada en funcionamiento de las plantas eléctricas de emergencia del metro de Santo Domingo me hizo recordar los sabios consejos del gran Sasito.

Para las autoridades, responsables del gobierno dominicano, debió ser muy doloroso ver a madres caminar a oscuras con sus hijos de la mano en dirección a sus hogares porque el metro no funcionaba y no tenían posibilidades de tomar otro medio de transporte. Me imagino que esa triste realidad motivará a los funcionarios responsables a realizar las inversiones requeridas para que los servicios públicos funcionen de manera adecuada y logren así apoyar, sobre todo, a los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad.   

El mantenimiento de los sistemas de transporte público, servicios de salud, carreteras, puentes, sistemas de agua y de energía eléctrica, entre otros, es fundamental para el buen desempeño de la economía y la mejora del bienestar de la gente. Además de prolongar la vida útil de los activos, el mantenimiento preventivo es mucho menos costoso que las reparaciones o la reconstrucción total necesaria en caso de ocurrir un evento catastrófico, como la caída de un puente o la explosión de una caldera. 

La inversión pública equivalente al 2% del PIB que se ejecuta en 2025 no es suficiente para llevar a cabo una buena política de mantenimiento de la infraestructura pública. Frente a esa realidad, no cabe duda de que es indispensable reducir el gasto corriente no prioritario y destinar ese ahorro a actividades de mantenimiento que permitan obtener el máximo provecho de los activos ya existentes en beneficio del desarrollo nacional.   

Cuidado con los aumentos de precios

[Escrito el 13 de noviembre de 2025]

El Banco Central de la República Dominicana ha mantenido de forma exitosa la estabilidad del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Desde mayo de 2023, la tasa de inflación, medida por la variación interanual del IPC, ha estado dentro del rango meta que va del 3% al 5%. Dicho resultado es muy importante debido a que la inflación es el peor de los impuestos, pues castiga en mayor proporción a los hogares de menores ingresos. 

Asimismo, la tasa de inflación subyacente, la que excluye la variación de los precios de los alimentos y combustibles, y que guarda una relación muy estrecha con la política monetaria, se ha conservado desde julio de 2023 por debajo del límite superior del rango meta. 

A pesar de esos buenos resultados, pienso que las autoridades monetarias deben estar muy preocupadas por el comportamiento ascendente de los precios registrado a partir de junio de 2025, fecha en que se anunció la más reciente inyección masiva de liquidez. 

En el cuatrimestre de julio a octubre del presente año, la inflación anualizada ascendió a un 6.1%. Entre otros, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en ese cuatrimestre un 11.2%; los servicios de educación un 14.6%; y el grupo de restaurantes y hoteles, que básicamente refleja el componente de comidas y bebidas fuera del hogar, se incrementó un 7%. 

Finalmente, la tasa de inflación subyacente anualizada en base a los últimos cuatro meses también superó el límite superior del rango meta, al ascender a un 5.4%. Frente a ese desempeño vinculado con la política monetaria, no me sorprendería que las autoridades del Banco Central comiencen el año 2026 con una postura más restrictiva para evitar que la inflación se les vaya de las manos.