[Frente al Statu Quo. Publicado en Diario Libre el 17 de noviembre de 2025.]
La estabilidad macroeconómica resulta clave para el crecimiento del producto interno bruto (PIB) y la mejora del bienestar de la población. El Gobierno dominicano y el Banco Central tienen la responsabilidad de adoptar medidas que garanticen dicha estabilidad y promuevan la expansión económica, dentro de los límites impuestos por el entorno internacional.
La política monetaria implementada en el país entre 2012 y 2019, junto con una inversión pública promedio anual equivalente a un 4% del PIB, creó un ambiente económico muy positivo. Durante ese período se aplicó un esquema de metas de inflación basado en reglas claras y transparentes, cuyos instrumentos monetarios se utilizaron, en general, de manera consistente.
Dicho marco de política monetaria, sustentado en ajustes de la tasa de interés de referencia y en una gestión convencional de la liquidez coherente con la misma, facilitó la estabilidad de precios y mantuvo el anclaje de las expectativas de inflación en el entorno del centro del rango meta. Además, amortiguó las perturbaciones externas, redujo la volatilidad de las principales variables económicas y aumentó la predictibilidad necesaria para alcanzar un entorno favorable al crecimiento sostenido del PIB, que alcanzó un promedio anual de un 5.5% durante esos ocho años.
A partir de marzo de 2020 se originaron nuevas restricciones internacionales que impactaron negativamente la economía dominicana. La pandemia del covid-19, la invasión de Rusia a Ucrania, el incremento de los precios de los combustibles, la flexibilización y posterior apriete monetario aprobado por la Reserva Federal, la persistencia de la tasa de inflación en Estados Unidos, los aranceles recíprocos de Trump y sus ataques contra la institucionalidad de la Fed constituyen desafíos difíciles de sortear.
En ese escenario, el Banco Central adoptó un enfoque de política caracterizado por una elevada discrecionalidad. La nueva política se distanció del esquema de metas de inflación, ya que se adoptaron medidas monetarias no convencionales, zigzagueantes, inconsistentes y subóptimas, las cuales ampliaron la incertidumbre originada por las perturbaciones económicas internacionales.
La política monetaria elevó las desviaciones de sus instrumentos y, por ello, la de las principales variables macroeconómicas. La variación interanual de la oferta monetaria (M1) ha registrado una volatilidad que duplica la observada bajo el régimen de metas de inflación (2012-2019). Los cambios de los agregados monetarios se han reflejado en un incremento de la variabilidad de las tasas de interés (activa, pasiva e interbancaria) que multiplica por tres la registrada antes de la pandemia. La volatilidad de la variación mensual de la tasa de cambio es 4.7 veces superior a la registrada antes de marzo de 2020. Asimismo, el promedio del margen cambiario (la diferencia entre la tasa de cambio de venta y la de compra) se ha triplicado en el período discrecional.
El aumento de la incertidumbre ha distorsionado el proceso de asignación de los recursos productivos. Las masivas inyecciones de liquidez con tasas de interés subsidiadas, aprobadas en marzo de 2020, mayo de 2023, noviembre de 2024 y junio de 2025, generaron oportunidades de arbitraje e incentivaron a los agentes económicos a retrasar sus decisiones de inversión o consumo en espera de nuevos desembolsos de liquidez.
La pérdida de efectividad de la política monetaria, acompañada de una inversión pública promedio de solo un 2.5% del PIB, explica que la tasa de crecimiento promedio del valor agregado se redujera a un 3.3% entre 2020 y 2025, cifra que es insuficiente para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública en relación con el PIB. Cuanto más lento sea el ritmo de crecimiento económico, mayor debe ser el saldo primario de las finanzas públicas para garantizar la capacidad de pago de la deuda, lo que a su vez conllevaría nuevos recortes en el gasto de capital o una subida de impuestos.
Respecto a los precios, puede afirmarse que, en general, el Banco Central ha mantenido de forma exitosa su estabilidad. Entre enero de 2012 y febrero de 2020, la tasa de inflación, medida por la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se colocó en promedio en un 2.9%. Posteriormente, debido a los choques externos y a las masivas inyecciones de liquidez registradas desde marzo de 2020, la tasa de inflación subió y alcanzó un pico del 10.5% en mayo de 2021. A partir de diciembre de 2021, las autoridades iniciaron un cambio de postura de la política monetaria hacia una más restrictiva y, con el apoyo de los subsidios a los combustibles, lograron que la tasa de inflación se situara desde mayo de 2023 hasta octubre de 2025 dentro del rango meta que va del 3% al 5%, con un promedio del 3.6%. Dicho resultado es relevante, dado que la inflación constituye el peor de los impuestos, pues penaliza en mayor proporción a los hogares de menores ingresos.
En la actualidad, a pesar de esos buenos resultados, las autoridades monetarias deben observar con preocupación el comportamiento ascendente de los precios registrado desde junio de 2025, fecha en que se anunció la más reciente inyección masiva de liquidez a tasas de interés subsidiadas. La inflación anualizada, calculada a partir de la variación de los precios acumulada en el cuatrimestre de julio a octubre del presente año, ascendió a un 6.1%. En particular, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en esos cuatro meses a un ritmo anualizado del 11.2%, y el grupo de restaurantes y hoteles, que básicamente refleja el componente de comidas y bebidas fuera del hogar, se incrementó un 7%.
Por último, la tasa de inflación subyacente anualizada, calculada con los datos de los últimos cuatro meses, rebasó el límite superior del rango meta y alcanzó un 5.4%. Ante ese comportamiento de los precios, vinculado con la política monetaria, es muy probable que las autoridades del Banco Central comiencen el año 2026 con una política más restrictiva, a fin de evitar un aumento desmedido de la inflación. El nuevo viraje monetario confirmaría que la inyección de liquidez aprobada en junio y las reducciones de las tasas de interés de referencia aplicadas en septiembre y octubre resultaron medidas incompatibles con la estabilidad macroeconómica.
