Las mentiras no taparán sobrecosto de 172 millones de dólares

[Escrito el 29 de septiembre de 2021]

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, se empeña en no decir la verdad sobre el desabastecimiento de carbón que afecta a la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). En consecuencia, estoy en la obligación de demostrar nuevamente que sus afirmaciones son falsas.

De acuerdo con el ministro Almonte, el desabastecimiento se debe al atraso que incurrió la empresa estadounidense XCoal en el embarque No. 54. Eso es falso. La verdad es que, aun cuando ese barco hubiese llegado en la fecha programada del 2 de agosto pasado, a partir del 12 de agosto se hubiese terminado el carbón mineral en Punta Catalina, pues ese embarque era el último obligatorio del contrato firmado el 30 de abril de 2020 por dos millones de toneladas métricas.

Dice el ministro Almonte que se ha operado con las reservas de Punta Catalina. También es falso. Las dos unidades han sido operadas gracias a las 48 mil toneladas métricas de carbón que le suministró la empresa generadora Itabo. Si no hubiese sido por la cooperación de Itabo, Punta Catalina hubiese salido de línea totalmente, provocando una caída de 30% en la oferta de electricidad.   

El ministro Almonte se empeña en decir que ese contrato no tiene penalidades. Falso también. El artículo 2.5 del contrato de suministro establece que el retraso en la entrega del carbón mineral se considera como un incumplimiento que produce consecuencias para el proveedor. Específicamente, conforme a lo dispuesto en el artículo 6, el suplidor hizo entrega a la CDEEE de una Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato por la suma de 4.7 millones de dólares, con vigencia hasta por lo menos 90 días posteriores al vencimiento del contrato, por lo cual dicha garantía debía mantenerse vigente por toda la duración del contrato y sus prórrogas. El artículo 7 establece que esa garantía bancaria puede ejecutarse para hacer efectivas las penalidades originadas por el incumplimiento de las obligaciones, lo cual permite a la CDEEE recuperar todos los costos vinculados con daños y perjuicios provocados por ese incumplimiento. Asimismo, el artículo 13.2 establece que la CDEEE puede rescindir el Contrato en cualquier momento si hay incumplimiento del proveedor.

La incompetencia de la administración actual de Punta Catalina es tan grande que dejó vencer la Garantía de Fiel Cumplimiento el 30 de julio de 2021 y no le solicitó a XCoal que la renovase. Esa negligencia impidió que la CDEEE pudiese hacer efectiva la garantía y obtener indemnizaciones por daños y perjuicios, provocados por el atraso del último embarque del contrato.

Otra afirmación que se ha vertido en los medios de comunicación es que el suministro del carbón por XCoal tiene carácter exclusivo. Otra falsedad. El artículo 1.5 del contrato establece que la CDEEE tiene el derecho de adquirir, sin restricción alguna, carbón mineral de otro suplidor que estime conveniente durante la vigencia del acuerdo firmado con XCoal. Esto significa que la CDEEE, ante cualquier eventualidad puede adquirir en el mercado spot carbón mineral de otros suplidores estadounidenses o colombianos. Si no fue necesario realizar compras en el mercado spot desde diciembre de 2018, fecha en que llegó el primer barco con carbón a Punta Catalina, se debe a que la empresa estadounidense XCoal, ganadora de las cuatro licitaciones que se han realizado por ofrecer el mejor precio, suplió de manera exitosa los 53 embarques anteriores de ese combustible.

Lo que sí es verdad es que, al no realizarse oportunamente la licitación para la compra de carbón en marzo de este año, debido a la incompetencia y negligencia extrema de la actual administración de Punta Catalina, el pueblo dominicano pagará 172 millones de dólares adicionales a los que habría tenido que pagar por los 2.2 millones de toneladas métricas de carbón licitadas, compradas de emergencia y por licitar en las próximas semanas. Por más que quieran, las mentiras no podrán tapar ese terrible sobrecosto.

Del tercer mundo al primero

 [Escrito el 24 de septiembre de 2021]

El presidente Luis Abinader dijo en los Estados Unidos que “en unos años vamos a dejar de ser un país en vía de desarrollo para ser un país desarrollado.” De acuerdo con el primer mandatario, esto se logrará con las reformas pendientes, las inversiones empresariales y los proyectos que estarán realizando.

Esas declaraciones me hicieron recordar el caso de Singapur, cuya experiencia es narrada por su principal protagonista y padre de esa ciudad-Estado, el gran Lee Kuan Yew, en su libro “Del tercer mundo al primero.” Desde 1965 y hasta el presente, Singapur ha adoptado un conjunto de medidas económicas, sociales e institucionales que permitieron su transformación de un pequeño pueblo de pescadores a la nación más competitiva del mundo y una de las más prósperas, logrando un crecimiento económico promedio anual de 7% por varias décadas.

El trabajo duro, perseverante y disciplinado, la estabilidad macroeconómica y la planificación mirando hacia el futuro, elevadas tasas de ahorro e inversión, un gobierno efectivo y honesto más allá de las palabras, funcionarios bien remunerados y seleccionados en base a méritos, un estado de derecho con instituciones inclusivas, un sistema educativo moderno y bilingüe, un mercado laboral flexible, un empresariado innovador e integrado a los flujos de inversión y comercio internacional, son factores determinantes del éxito de Singapur.   

La experiencia de ese país asiático sugiere que se requieren por lo menos tres décadas para pasar del tercer mundo al primero. Las principales reformas fueron aprobadas y ejecutadas en los treinta años comprendidos entre 1965 y 1995. Claro está, los diversos mandatarios que han sucedido a Lew Kuan Yew han seguido sus orientaciones y enseñanzas, apostando siempre a la educación y a la disciplina, por lo cual esa poderosa economía sigue desarrollándose de manera acelerada.

El presidente Abinader, al señalar que la República Dominicana será un país desarrollado en pocos años, reconoce implícitamente el trabajo positivo que realizaron sus predecesores, los presidentes Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, pues sólo así se lograría alcanzar el desarrollo que el promete “en unos años.” De lo contrario, el paso del tercer mundo al primero le tomaría a la República Dominicana por lo menos treinta años más.

El costo de la incompetencia

[Escrito el 23 de septiembre de 2021]

El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, declaró en una rueda de prensa que los apagones que azotan a la población se explican por “el atraso por parte del suplidor de carbón de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).” Esa afirmación es incorrecta, ya que, aun cuando ese producto hubiese llegado en la fecha prevista, que era el 2 de agosto y no el 14 de septiembre que llegó, a partir del 12 de agosto ya se hubiese agotado, pues ese carbón correspondía al embarque No. 54 que es el último obligatorio del contrato vigente.

La verdadera razón de que se haya acabado el carbón en Punta Catalina es el hecho de que las nuevas autoridades iniciaron con mucho retraso el proceso de licitación para su compra.

En abril de 2020, en medio de la etapa más dura e incierta del covid-19, la administración que presidió quien escribe concluyó una licitación pública internacional para el suministro de dos millones de toneladas métricas de carbón, cantidad que se utiliza en un año de operación de CTPC a plena capacidad. La empresa estadounidense XCoal Energy & Resources, que había ganado las dos licitaciones anteriores y cumplido exitosamente sus obligaciones contractuales, ganó también ese proceso de compra, firmándose el tercer contrato de suministro el 30 de abril de 2020.

A mediados de junio del año pasado, cuando concluyó el suministro correspondiente al segundo contrato de carbón, XCoal comenzó el suministro bajo el tercer contrato. Al 18 de agosto de 2020, el nuevo contrato de carbón tenía 1.8 millones de toneladas métricas disponibles que serían suministradas hasta, por lo menos, junio de 2021 y en almacén había un inventario de 110 mil toneladas métricas. Dado que un proceso de licitación pública internacional toma tres meses para llevarse a cabo, la nueva administración debió iniciarlo en marzo de este año.

Lamentablemente, el proceso de licitación comenzó en julio, lo cual significa que el carbón llegaría a partir de septiembre. A la fecha de hoy no se ha firmado ese nuevo contrato de suministro.

El desabastecimiento del carbón se debe a la incompetencia en la gestión de Punta Catalina, la principal generadora de electricidad del país. Y la causa raíz se explica por la decisión de haber despedido en septiembre de 2020 al personal administrativo y financiero, jóvenes profesionales muy preparados y con experiencia, y sustituirlo por un personal no adecuado.

Lo preocupante, es que, si esto está ocurriendo con el combustible, lo cual es evidente, imagínense lo que está sucediendo con los repuestos y demás suministros indispensables para su correcta operación y mantenimiento.

Le hago un llamado al presidente Luis Abinader, para que tome cartas en el asunto, antes de que sea demasiado tarde.  

Del 30% a la resurrección del sistema de reparto

[Escrito el 17 de septiembre de 2021]

Los promotores de la entrega del 30% del ahorro previsional tienen como meta la resurrección del sistema de pensiones de reparto, como el IDSS. Esto implicaría la desaparición de las cuentas individuales y la creación de una caja común deficitaria que obligaría a incrementar la tasa de contribución y los impuestos. Si eso ocurriese, los grandes perjudicados serían nuestros hijos cuando se conviertan en trabajadores y contribuyentes en el futuro cercano.

El modelo económico que tienen en la cabeza los que quieren destruir el sistema de pensiones basado en cuentas individuales es uno estatizado, como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Su estrategia inicia con la exigencia de que se distribuya el 30% del ahorro previsional, pues saben que esa acción es un buen caramelo, aun cuando provocaría un impacto negativo sobre la estabilidad macroeconómica.

La disponibilidad inmediata de más de 200 mil millones de pesos en efectivo aumentaría excesivamente el consumo privado en el corto plazo, traduciéndose en mayor tasa de inflación, depreciación del peso, aumento de las tasas de interés, pérdida de valor de mercado de los instrumentos financieros, reducción del financiamiento de largo plazo y descenso del nivel de inversión privada. Todo eso implica una disminución del nivel de crecimiento potencial y, por lo tanto, de la capacidad de generación de empleos e ingresos. La consecuencia final es un aumento de la pobreza.

Esos estrategas estatizadores saben que la entrega del 30% debilitaría el contrato social que originó el sistema de capitalización individual. Los empleadores no querrán seguir aportando a las cuentas individuales, e incluso pudieran reclamar la devolución del 70% que aportaron a favor de los trabajadores. Esto crearía las condiciones para el colapso del sistema de pensiones actual y llevaría al gobierno a crear un sistema de reparto.

El financiamiento inicial de la caja común del sistema de reparto provendría de la confiscación de los fondos ahorrados en las cuentas individuales, tal como ocurrió en Argentina en 2008. A pesar de que la mayoría de la población argentina no quería que se le moviese al sistema de reparto, la necesidad del gobierno de disponer de recursos para pagar pensiones y realizar otros gastos populistas con fines políticos, llevó a la confiscación de 31 mil millones de dólares, equivalente a 12% del PIB, que fueron traspasados al Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Algo similar es lo que los estatizadores quieren que suceda en la República Dominicana.  

La parca descripción de la reforma fiscal

[Escrito el 16 de septiembre de 2021]

Ayer comenté que el gobierno del presidente Luis Abinader corrigió dos errores, el segundo de los cuales consistía en la necesidad de que su administración presentase un documento que sirviese como base para la discusión de las doce reformas que quiere implementar. El gobierno entregó ese documento introductorio de 67 páginas y hoy me referiré al contenido de la reforma fiscal.

La lectura de la sección correspondiente a esa reforma deja claro que el gobierno no quiere mojarse los pantalones. El texto sobre la principal reforma que se requiere aprobar apenas tiene tres páginas, y en solo una -con seis párrafos- se presentan las propuestas de ingresos y gastos públicos.

En resumen, el gobierno de Abinader propone que sean las personas con mayores ingresos las que realicen mayores aportes tributarios. En consecuencia, habrá que incrementar las recaudaciones provenientes del patrimonio. Sobre las exenciones, propone su eliminación y solo dejar aquellas que tienen un impacto positivo en el empleo, la generación de divisas y la población más vulnerable. Esto sugiere que el Itbis no gravará los bienes de primera necesidad.

Para facilitar la aprobación de la reforma fiscal, el gobierno asociará las recaudaciones de impuestos con proyectos y gastos identificables. Para justificarla señala en ese documento que los niveles de gasto público primario y de inversión pública se encuentran entre los más bajos de América Latina y el Caribe. Y añade que la capacidad del gobierno de “hacer frente a las demandas sociales está supeditada en gran medida a su capacidad recaudatoria.” E indica que el reducido nivel de inversión pública impide que el país mejore su productividad, competitividad y nivel de ingresos.

Por eso me sorprende que el gobierno del presidente Abinader, a pesar de disponer de cuantiosas sumas de dinero que ha tomado prestado y tiene disponible en cuentas bancarias, haya reducido todavía más la inversión pública en este año colocándola por debajo del 1.5% del PIB. Ese es uno de los niveles más bajos en los 60 años más recientes de la historia nacional. Afortunadamente, alrededor del 85% del crecimiento económico, que ha sido uno de los más altos de la región por más de diez años, se debe a la estabilidad macroeconómica y al buen desempeño del sector privado.

El gobierno rectifica dos errores importantes

[Escrito el 15 de septiembre de 2021]

El gobierno del presidente Luis Abinader rectificó dos errores cometidos recientemente. Esto es muy importante, pues si se corrige un yerro oportunamente, el costo para la sociedad se puede evitar.

Recientemente se supo que, el Ministerio de Educación había decidido impedir la participación en el Concurso de Oposición Docente a la primera generación de egresados del programa docentes de excelencia. En mi comentario del pasado 9 de septiembre señalé que eso era un grave error, pues esos nuevos maestros, quienes fueron seleccionados entre un conjunto de excelentes bachilleres, fueron entrenados intensamente en matemáticas, química, física, biología, literatura, entre otras áreas del conocimiento. En consecuencia, resultaba irracional que, a esos maestros, que pueden aportar exitosamente a la formación de los estudiantes en las escuelas públicas, se les quiera excluir.

Hoy se publicó que el presidente Abinader decidió que se rectificara ese error. El Ministerio de Educación contratará por un año a esos docentes de excelencia académica, para que impartan clases en el período escolar 2021-2022 que se iniciará en los próximos días. Esos maestros serán evaluados al final del año lectivo y estoy seguro de que tendrán muy buen desempeño.

Por otra parte, hoy se reinició el diálogo nacional en el Consejo Económico y Social. Cabe recordar que, en la primera reunión, los representantes del gobierno se presentaron sin un papel escrito sobre las 12 reformas que se consideran necesarias y útiles para el país. Eso fue un grave error, pues, como comenté el 31 de agosto, la experiencia revela que es difícil hacer reformas estructurales desde la nada; es decir, sin un documento base que sirva de punto de partida de las conversaciones con los partidos de oposición, sector empresarial, representantes sindicales y la sociedad civil. 

En el encuentro de hoy el gobierno fue mejor preparado. El propio presidente Abinader estuvo presente y tuvo unas palabras introductorias sobre la reforma constitucional, y añadió que en esa reunión el gobierno entregaría un documento introductorio para la discusión de cada reforma. Asimismo, informó que su administración, en función de los acuerdos y orientaciones de los participantes, presentará propuestas normativas y administrativas más detalladas, privilegiando la construcción conjunta de las ideas y no la imposición de la agenda del gobierno. Esa acción del primer mandatario es la segunda rectificación de hoy, lo cual es digno de reconocer y alabar.

El desarrollo financiero es clave para el crecimiento de los ingresos

[Escrito el 14 de septiembre de 2021]

El populismo en economía es peligroso y más si daña el sistema financiero. Existe amplia evidencia que demuestra que el desarrollo financiero incrementa el nivel de ingreso promedio de la sociedad. Esto se ha verificado en estudios a nivel de empresas, industrias y países. Por eso los hacedores racionales de política económica diseñan y promueven la adopción de medidas que estimulan la profundización y modernización financiera.

Los mercados de capitales ayudan a la transformación eficiente del ahorro en inversión. La acumulación de capital físico y humano son dos factores clave en la explicación de la producción de bienes y servicios. Los intermediarios financieros, adecuadamente supervisados y regulados, crean instrumentos y productos financieros adecuados a las preferencias y necesidades de los agentes económicos, aportando significativamente a la creación de ingresos y riqueza.

El trabajo de esas instituciones, como bancos, compañías de seguros, administradoras de fondos de pensiones, fondos mutuos, entre otras, permite crear las condiciones para minimizar el riesgo y maximizar el retorno del ahorro y las inversiones. Una economía con intermediarios financieros más avanzados, incluyendo fondos de pensiones capitalizados, es capaz de alcanzar un mayor nivel de bienestar para su población, brindando instrumentos financieros líquidos y de largo plazo que posibilitan el acceso a diversos tipos de financiamientos.  

En la República Dominicana, la acumulación del ahorro previsional, que ya superó los 700 mil millones de pesos, explica el 22% del crecimiento económico registrado entre 2003 y 2019. Ante ese beneficio, sorprende que en el país exista un grupo de personas que desee destruir el acceso al financiamiento a largo plazo.

Me refiero a personas que exigen que se desmonte el sistema de pensiones de capitalización individual, el cual ha permitido que exista financiamiento a más de 20 años y promovido la estabilidad macroeconómica. La entrega del 30% de los fondos de pensiones y la desaparición de las AFP tienen como meta impactar negativamente el sistema financiero nacional, provocando el aumento de la tasa de inflación, la depreciación del tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés y la pérdida del financiamiento a largo plazo. En resumen, eso sería un atentado contra el bienestar de la gente.

El precio del pollo aumenta el IPC

[Escrito el 13 de septiembre de 2021]

La evolución del índice de precios al consumidor revela que, tal como se pronosticó, el precio del pollo fresco ha tenido un impacto significativo sobre la tasa de inflación. Esto es lamentable, pues se le advirtió con tiempo a las autoridades que la fiebre porcina africana presionaría hacia arriba el precio del pollo.  

En agosto, el precio del pollo fresco se incrementó en casi 8%, mientras la de cerdo descendió en 2%. En un comentario que realicé hace un mes señalé que el gobierno reaccionó de manera tímida al proceso de sustitución de carne de cerdo por la de pollo, a pesar de que se le indicó que en el país se consume mensualmente alrededor de 19 millones de libras de carne de cerdo y 68 millones de libras de carne de pollo. Esos datos ponen de manifiesto que la demanda de carne de pollo podía aumentar en varios millones de libras, por lo cual había que tomar medidas para incrementar la oferta lo más rápido posible.

La tasa de inflación mensual pasó de 0.54% en julio a 0.80% en agosto, explicándose esa variación principalmente por el aumento de los precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que subió en casi 1.5%. En términos interanuales, la tasa de inflación al mes de agosto se colocó en 7.9%, lo cual permite prever que este año cerrará por encima del límite superior de la meta de inflación que es 4%±1%.

De acuerdo con los cálculos del Banco Central, el aumento del precio del pollo fresco explica más de la cuarta parte de la inflación registrada en agosto. Los beneficiados de ese incremento de precios fueron los productores y los intermediarios de ese producto. Los perjudicados fueron los consumidores, en especial los segmentos de población pobre y vulnerable.

Debe destacarse que, a pesar de la variación del precio del pollo fresco, los agentes económicos siguen mostrando confianza en la política monetaria. En el horizonte de política, que se extiende hasta el año que viene, se observa que las expectativas de tasa de inflación se mantienen ancladas en el entorno del 4%. Esto permite recomendar al gobierno que colabore con las autoridades monetarias y evite errores de política comercial que dificultan que se alcance la meta de inflación en el corto plazo.

Consecuencias del desmonte del sistema de pensiones en Chile

[Escrito el 10 de septiembre de 2021]

La entrega del 30% de los ahorros previsionales en Chile, en tres partidas cada una de 10%, significa el inicio del desmonte del sistema de pensiones de capitalización individual en ese país. La situación actual es que, después de ese retiro de ahorros, se estima que hay más de dos millones de chilenos que no recibirían pensiones cuando lleguen a los 65 años, cifra que superará los cuatro millones de personas si se realiza un cuarto retiro de 10%. Han destruido en pocos meses lo que inició como un sistema de pensiones financieramente sostenible en 1981.

Los más perjudicados con esa política de retiro de fondos serán los trabajadores cuando lleguen a ser envejecientes. Se estima que el retiro del 30% provocará una disminución de un 33% en el monto de las pensiones de las mujeres y de un 24% en la pensión de los hombres.

El impacto no se limita a nivel de cada trabajador. El retiro de los fondos previsionales tendrá severas repercusiones macroeconómicas. El más reciente informe de política monetaria del Banco Central de Chile revela que el retiro de ese ahorro se ha utilizado para consumir bienes durables, como automóviles, televisores, celulares, neveras, entre otros bienes. El aumento de la demanda agregada ha presionado hacia arriba la tasa de inflación y el tipo de cambio, convirtiéndose el peso chileno en una de las monedas que más se ha depreciado en los últimos meses en el mundo, lo cual llevó a las autoridades monetarias a incrementar la tasa de interés de política entre julio y agosto en 100 puntos básicos, colocándola en 1.5%. Se prevé que la política monetaria seguirá haciéndose más restrictiva en los próximos meses.  

El aumento de precios significa que con el mismo nivel de ingresos se reducirá la cantidad de bienes y servicios que podrán adquirir los trabajadores. Más todavía, el aumento de las tasas de interés implica que se reducirá el valor de mercado de los títulos financieros que componen su ahorro previsional remanente. Esto crea un círculo vicioso que perjudica a los trabajadores, pues reduce el monto de la pensión futura.

El aumento de la tasa de interés y la reducción del financiamiento de largo plazo repercutirá negativamente sobre la inversión, disminuyendo la tasa de crecimiento del PIB potencial. Esto significa menor nivel de ingreso laboral y un aumento de la incidencia de la pobreza.

Ante esta realidad chilena, reitero mi consejo a todos los trabajadores dominicanos de que protejan sus ahorros previsionales, y no escuchen los cantos de sirena proveniente de aquellos que quieren establecer en el país un sistema de pensiones de reparto como el antiguo IDSS. Un retiro anticipado del 30% de sus ahorros es equivalente a darse hoy una borrachera. Quizás eso brinde mucho placer en el corto plazo, pero la resaca posterior será brutal. Ya Chile comenzó a sentirla.

La exclusión de los mejores maestros, una decisión irracional

[Escrito el 9 de septiembre de 2021]

Hace ya veinte años, el doctor Andrés Dauhajre, hijo, y yo realizamos un estudio para el BID sobre la calidad del magisterio en la República Dominicana. Las conclusiones fueron aterradoras. El maestro de las escuelas públicas para esa fecha había sido el bachiller con peores calificaciones, que se enganchaba a maestro porque esto le aseguraba un ingreso relativamente estable, aunque bajo. Y se determinó que la falta de dominio del contenido de las materias, en particular de las matemáticas, limitaba significativamente la capacidad de aprendizaje de los estudiantes dominicanos a nivel preuniversitario, condenándolos a ser hombres y mujeres con un exiguo nivel de ingresos.

Para mejorar la calidad de la educación pública se necesita elevar el nivel de capacitación de los maestros. El primer paso es mejorar su remuneración para atraer buenos bachilleres a estudiar la carrera docente. El segundo paso es brindarles una buena formación. Y el tercer paso es contratarlos en las escuelas públicas, apoyándolos con recursos -infraestructura, alimentación escolar, buen currículo, y otros elementos pedagógicos adicionales- que permitan un buen proceso de enseñanza.

A pesar de que sabe cómo mejorar la educación pública, el gobierno del presidente Abinader va hacia atrás como el cangrejo. Esta semana se publicó la noticia de que el Concurso de Oposición Docente, mediante el cual se seleccionarán más de 19 mil maestros y directores de centros educativos, excluirá a la primera generación de los egresados del programa docentes de excelencia. Esa decisión del Ministerio de Educación deja de lado las recomendaciones realizadas por la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, que tienen como objetivo la selección de los mejores maestros.

Debe destacarse que los egresados del programa docentes de excelencia fueron seleccionados entre los mejores bachilleres, y recibieron becas para que se dedicaran plenamente a sus estudios. Entre los graduados se encuentran licenciados en matemáticas, química, física, biología, literatura, entre otras áreas especializadas, con orientación a educación. Es verdaderamente sorprendente que el Ministerio de Educación no permitiese su participación, simplemente porque la fecha de graduación de esa cohorte haya sido septiembre de este año.

Lo lamentable es que, de acuerdo con noticias publicadas ayer, la mayoría de los postulantes que sí se les permitió participar en el Concurso de Oposición Docente para el nivel primaria reprobó la prueba de evaluación. Incluso se señala que hay comunidades, como el caso de San Juan, donde han reprobado o quemado el 100% de los postulantes. Así las cosas, pienso que la decisión del Ministerio de Educación de excluir a los mejores participantes fue una decisión irracional. 

El denominador común entre cañeros, maestros y legisladores

[Escrito el 8 de septiembre de 2021]

Los cañeros, maestros y legisladores tienen un denominador común. Esos tres grupos sociales pertenecen a diversos sistemas de pensiones de reparto, que son insostenibles financieramente. En ese tipo de sistema de pensiones, el trabajador joven aporta una parte de su salario para pagarle la pensión al trabajador envejeciente. Y tiene la esperanza de que, cuando llegue su edad de retiro, un trabajador joven le pagará su pensión.

Los cañeros llegaron hasta el Palacio Nacional con cartelones que expresaban una amarga queja. “Abinader no y no ha cumplido a los cañeros.” Se trata del incumplimiento de la promesa presidencial de que a 1,610 trabajadores de la caña de azúcar se les pagaría su pensión. De acuerdo con sus representantes, el gobierno del presidente Abinader, específicamente la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, los ha engañado y estafado.

Los maestros que cotizan en el sistema de reparto del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima) van por el mismo camino, pues ese sistema de pensiones está actuarialmente quebrado. De acuerdo con un estudio de Acción Empresarial por la Educación (Educa), el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio no es financieramente sostenible en el corto, mediano o largo plazo. Esto se debe al hecho de que las contribuciones de los docentes activos no alcanzan para pagar las pensiones de los docentes en edad de retiro. Cualquier aporte del Estado en el corto plazo, a través del Ministerio de Educación, sólo sirve para prolongar la agonía de ese sistema de reparto, cuyo final será indefectiblemente la quiebra, dejando a miles de maestros sin sus pensiones. Ante esta situación, los maestros jubilados afirman que no confían en el gobierno.

Los legisladores dominicanos, a través de la Ley 340-98 que crea el Instituto de previsión Social del Congresista Dominicano, también tienen un sistema de reparto. Para evitar la quiebra de ese plan de pensiones, se incrementó en 2016 de 10% a 12% el porcentaje de aporte que deben hacer los legisladores a su plan de pensiones. De acuerdo con un congresista, con esa decisión “lo que se busca es darle sostenibilidad financiera al instituto para que los egresos no superen a los ingresos y no termine sin fondo y deje desprotegidos a todos.”

El denominador común de esos tres grupos sociales es que cotizan a sistemas de pensiones de reparto, que actuarialmente están quebrados. Es muy probable que el plan de pensiones de los congresistas perdure más en el tiempo, por el poder que éstos tienen en el proceso de toma de decisiones del Estado. Lamentablemente, la pensión de los cañeros y maestros está a merced de los políticos.

La criminalidad desborda el mundo imaginario

[Escrito el 6 de septiembre de 2021]

La ola de criminalidad que azota al pueblo dominicano desborda el mundo imaginario que ha creado el gobierno de Luis Abinader. A diferencia del impacto de una obra o reforma imaginaria, es decir, que no existe en el mundo real, sino sólo en la imaginación de las personas producto de la propaganda gubernamental, la seguridad ciudadana imaginaria, que significa ausencia de seguridad verdadera, afecta negativamente a la población.

El costo de la criminalidad es enorme. Las zonas afectadas por la falta de seguridad ciudadana se deterioran económicamente, cae el empleo, se reduce el ingreso per cápita y se desploman los precios de las viviendas, creando un círculo vicioso en contra del bienestar de la gente.

La seguridad ciudadana real se manifiesta en un entorno de convivencia pacífica de la sociedad, que permite a la población disfrutar adecuadamente de los espacios públicos y sentirse segura dentro de sus viviendas y lugares de trabajo.

Hay dos formas para reducir la criminalidad. Primero, mejorando la capacidad del crecimiento económico de crear empleos para todos los segmentos de la población, en particular para los grupos de jóvenes pobres y vulnerables. Y, segundo, tal como sugiere Steven Levitt, profesor de la Universidad de Chicago, elevando la eficiencia de la policía para prevenir y detener los crímenes, mediante una mejora de su remuneración, entrenamiento y uso de tecnologías avanzadas.

El gobierno de Luis Abinader anunció a finales de marzo de 2021 un programa de seguridad basado en el desarme de la población mediante la compra de armas. El 12 de abril escribí un comentario, fundamentando en las enseñanzas del profesor Gary Becker, Premio Nobel de Economía, donde se demostró que la probabilidad de éxito de ese plan de desarme y de enfrentamiento de la delincuencia se acercaba a cero. Lamentablemente, tuve razón.

La semana pasada el ministro de Interior y Policía, Jesús -Chú- Vásquez, tiró la toalla al afirmar que la policía no tiene recursos para enfrentar la criminalidad. Esas declaraciones permiten recordar, una vez más, a Freddy Beras Goico, quien hace tiempo se negó a entregar su arma de fuego, pues decía que la necesitaba para defenderse en caso de que un delincuente entrase a su vivienda a robar o matarlo.

El pueblo dominicano se merece vivir en comunidades seguras. Por eso le recomiendo al gobierno que comience a adoptar medidas reales, con recursos económicos y tecnológicos, para quitarle el control de las calles que ahora tienen los delincuentes. Esto implica que el gobierno debe sacar la lucha contra la criminalidad de su estrategia imaginaria, pues las consecuencias de un robo o un asesinato son penosamente reales.

Política monetaria, remesas y crecimiento económico

[Escrito el 3 de septiembre de 2021]

La política monetaria y las remesas explican la mayor parte del crecimiento económico registrado en lo que va de año. De acuerdo con las cifras del Banco Central, el producto interno bruto se ha expandido al mes de julio a un ritmo interanual de 12.1%, proyectándose una variación superior al 10% al cierre de diciembre de este año. Al comparar con los primeros siete meses de 2019, el crecimiento promedio acumulado se colocó en 3.5%, lo cual deja claro que la economía dominicana recuperará el nivel de ingreso pre pandémico.

El plan de estímulo monetario, ascendente a una suma cercana al 5% del PIB, permitió que los intermediarios financieros canalizaran 92 mil préstamos y refinanciamientos a los agentes económicos privados. El comercio y las mipymes recibieron más de 91 mil millones de pesos de préstamos; los hogares absorbieron casi 33 mil millones de pesos; y la manufactura más de 24 mil millones de pesos. Esa liquidez, que se colocó gran parte a tasas de interés de 8% a tres años y que redujo en 400 puntos básicos la tasa de interés activa promedio, promovió el consumo y la inversión, dos componentes fundamentales de la demanda agregada.

Las remesas recibidas hasta julio de 2021 se han expandido en un 43% con relación al mismo período del año anterior, elevando el ingreso disponible de la población. Las exportaciones de bienes, en particular de las zonas francas, registran una recuperación que también aporta al crecimiento económico. Ese desempeño ha favorecido la acumulación de reservas internacionales netas, que al 31 de agosto superaron los 13 mil millones de dólares, equivalente a un 14.3% del PIB. Asimismo, la mejora de las cuentas externas, que incluye la recuperación del turismo desde mayo de este año, ha favorecido la estabilidad del tipo de cambio, el cual a finales de agosto muestra una apreciación de un 2.2% con relación a diciembre de 2020.

Por último, cabe destacar que la política monetaria del gobernador Héctor Valdez ha logrado mantener ancladas las expectativas de inflación alrededor de la meta. Desde mayo se registra una desaceleración de la tasa de inflación, pasando de 10.5% a 7.9% en julio. Esa evolución permite proyectar que esa tasa seguirá reduciéndose hasta converger al 4% en el horizonte de política monetaria.   

Pinceladas de la reforma tributaria de Abinader

[Escrito el 2 de septiembre de 2021]

El presidente Luis Abinader ha dejado ver los principios de la reforma tributaria que presentará al Congreso Nacional. En una entrevista realizada hoy en el programa Matinal, reseñada en Diario Libre, el primer mandatario señaló que la reforma tributaria que se está evaluando consiste en bajar impuestos y eliminar exenciones tributarias, que ascienden este año a casi 210 mil millones de pesos; equivalente a 4% del PIB.

La reforma tributaria tendría como objetivo mejorar la progresividad del sistema impositivo. Esto lo dejó claro Abinader, al señalar que “los que tienen que cargar con cualquier aumento de impuestos son los que más tienen.” Esa afirmación implica dos resultados.

El primer resultado es que alguien tendrá que pagar mayores impuestos, aun cuando Abinader haya dicho que la reforma tributaria consistirá en bajar impuestos. Si se refiere a bajar tasas, habría que pensar que su estrategia asume que menores tasas aumentarían la base imponible y, en consecuencia, se incrementarían los ingresos fiscales, tal como sugiere el economista estadounidense Arthur Laffer.

El segundo es que las exenciones que se eliminarán no son las que benefician actualmente a los más pobres y a los grupos vulnerables. Ejemplos de esas exenciones a favor de los pobres son las que dejan fuera de la base imponible del Itbis alimentos como arroz, habichuela, carne de pollo, huevos, entre otros. Me imagino que en esa reforma tributaria esos productos, y otros más, seguirán exentos.

El presidente Abinader no especificó cuáles exenciones serán eliminadas, pero señaló que “aquí ya no puede haber muchas de las exenciones que hay.” ¿Se habrá referido a las exenciones que benefician a las zonas francas? ¿Al turismo? ¿A la industria nacional? ¿Habrá estimado el impacto sobre la inversión, el empleo y el nivel de precios? Me imagino que sí, pues afirmó que esas exenciones benefician a las empresas ya establecidas, en perjuicio de otras que desean entrar y competir en el mercado.

Un aspecto muy positivo de la reforma a ser diseñada, aprobada y ejecutada por el gobierno de Abinader es que simplificará el sistema tributario. De las palabras presidenciales se desprende que el nuevo Código Tributario promoverá la formalización de la economía, lo cual es muy positivo. Esto reducirá la evasión de impuestos y fortalecerá el sistema dominicano de seguridad social.

La inviabilidad de los sistemas de pensiones de reparto

[Escrito el 1 de septiembre de 2021]

Ayer se publicó que el fondo fiduciario del Seguro Social de los Estados Unidos, que paga los beneficios de los trabajadores pensionados y sobrevivientes, se quedará sin recursos hacia 2031. Esto llevará a las autoridades a tomar medidas con el objetivo de aumentar las recaudaciones para cerrar el déficit financiero. Esa noticia es un ejemplo adicional de la incapacidad de los sistemas de reparto de acumular ahorro previsional, a diferencia del sistema de pensiones de cuentas individuales.

El sistema de reparto consiste, teóricamente, en un acuerdo donde se establece que el trabajador joven le paga la pensión al trabajador que llega a su edad de retiro. Ese tipo de sistema genera un déficit financiero que presiona las finanzas públicas y obliga a la adopción de cambios estructurales o reformas paramétricas.

Para que se tenga una idea de los ajustes paramétricos necesarios para aumentar la sostenibilidad financiera se puede señalar que, entre 1995 y junio de 2021, 79 países con sistemas de reparto aumentaron la tasa de cotización; es decir, incrementaron el monto que el trabajador debe pagar de su salario. Asimismo, 63 países aumentaron la edad de retiro, destacándose que el promedio de la edad de retiro en los países de la OCDE es de 67 años. Por último, 62 países modificaron a la baja el porcentaje de los beneficios a recibir en forma de pensiones, para reducir así la presión sobre las finanzas públicas.

En el caso de la República Dominicana, un sistema de reparto nacería deficitario y a los pocos años no habría capacidad de pagar las pensiones prometidas. De acuerdo con la evolución de la estructura poblacional, en 2020 habría cinco personas pagando la pensión de una persona jubilada. Pero treinta años después, cuando le toque jubilarse, sólo habrá 2.5 personas jóvenes disponibles para pagar los beneficios previsionales que a él le correspondan. Esa situación demográfica, combinada con la informalidad laboral, creará un déficit financiero que obligará a aumentar los impuestos, con el agravante de que no se habrá acumulado un peso como ahorro de largo plazo a favor del trabajador.

¿Reformas estructurales desde la nada?

[Comentario Noti 31 de agosto de 2021] 

Ayer inició el proceso de diálogo nacional con el objetivo de acordar doce reformas propuestas por el presidente Luis Abinader. De manera sorprendente, los representantes del gobierno llegaron a esa reunión en el Consejo Económico y Social sin un papel escrito en las manos. Esto sugiere que, a diferencia de otras ocasiones, las reformas serían elaboradas desde la nada.

He tenido el privilegio de participar en el diseño de varias reformas estructurales ejecutadas desde 1990 en el país. Es la primera vez que se pretende comenzar a elaborar esas reformas sin tener un documento base que sirva de punto de partida de las conversaciones con los partidos de oposición, sector empresarial, representantes sindicales y la sociedad civil.

Las reformas ejecutadas por Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina fueron diseñadas principalmente por expertos en esas reformas, quienes preparaban los estudios de soporte y apoyaban al gobierno en la discusión con las partes interesadas. Esto aseguraba un contenido coherente de las reformas, las cuales incluían las recomendaciones hechas por partes interesadas siempre y cuando fuesen consistentes con la estructura conceptual del proyecto original.

El gobierno del presidente Abinader debe perder el miedo a poner en blanco y negro sus ideas de reformas, en particular las que conformarían la reforma fiscal. Los votantes le dieron a la presente administración el mandato de gobernar y de adoptar medidas que modernicen el país y mejoren el nivel de bienestar de la sociedad. En consecuencia, es conveniente que los representantes del PRM, partido oficialista, presenten el borrador de cada reforma y que esto sirva de punto de partida para su discusión.

Pienso que tratar de diseñar reformas desde la nada, partiendo de ideas, objetivos e instrumentos dispares, podría ser muy difícil y, si se logra algún producto, podría ser incoherente. Esa estrategia elevaría la probabilidad de que no se apruebe ninguna de las doce reformas propuestas por Abinader.

Por último, le recomiendo a los representantes del PRM que le consulten al presidente Hipólito Mejía cómo se elaboran, acuerdan y aprueban las reformas y sus legislaciones que le dan vida y soporte. Dentro del PRM, ese sí sabe.