[Escrito el 28 de octubre de 2021]
Las distribuidoras de electricidad constituyen el agujero negro de las
finanzas públicas. Su incapacidad de facturar y cobrar la energía que comercializan
y los elevados gastos corrientes, como porcentaje de sus ingresos, ha generado
un enorme déficit, que explica alrededor del 50% de la deuda del sector público
no financiero acumulada en el período 2000-2019.
La entrada en operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina
genera beneficios importantes para las finanzas del sector eléctrico. Por un
lado, produce beneficios ascendentes a 250 millones de dólares anuales. Y, por
otro lado, reduce el costo de compra de la energía en el mercado spot, favoreciendo
en 200 millones de dólares a las distribuidoras. Lamentablemente, esos
beneficios no son suficientes para cerrar la brecha financiera del sector
eléctrico, que se ha ensanchado por el reciente aumento de los precios de los
combustibles utilizados para la generación de electricidad.
Las pérdidas de comercialización de electricidad, que superan el 30%, y
el aumento del costo de la generación han llevado el déficit del sector
eléctrico nuevamente a niveles insostenibles. Ante esa situación, las
autoridades han decidido iniciar desde noviembre de este año el ajuste escalonado
de la tarifa de electricidad a ser aplicado trimestralmente hasta converger a
la Tarifa de Referencia en 2026.
Si el ajuste de la tarifa de electricidad se realiza tal como aprobó la
Superintendencia de Electricidad, los usuarios que consumen menos de 200
kilovatios horas al mes, quienes pagan 4.44 pesos por kilovatio hora, sufrirán
un ajuste acumulado de su tarifa superior al 150%. Esto contrasta con los
clientes residenciales más grandes, quienes consumen por encima de 700
kilovatios al mes, que enfrentarán un aumento de su tarifa mucho menor. En el
mes de diciembre la factura de electricidad del cliente de 300 kilovatios hora
se incrementará en 62.04 pesos (3.6%), mientras que la factura del cliente que
consume 800 kilovatios hora se incrementará 24.38 pesos (0.3%), poniendo de manifiesto
que los clientes más pequeños serán los más perjudicados con la estrategia de
la Superintendencia de Electricidad.
Espero que las autoridades del sector eléctrico hayan estimado el
impacto regresivo de esa medida tarifaria, es decir, el efecto sobre los más
pobres. Además, espero que hayan simulado cuál será el efecto sobre la tasa de
cumplimiento de los clientes, pues es probable que un aumento tan significativo
de la tarifa de electricidad provoque un incremento de las pérdidas de las
distribuidoras de electricidad. Ojalá puedan aplicar rápida y adecuadamente el
subsidio, denominado bono luz, a los más pobres, antes de que le provoquen un
problema mayúsculo al gobierno del presidente Abinader.
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