[Escrito el 3 de mayo de 2021]
El pueblo colombiano se lanzó a las calles a
protestar contra el paquetazo tributario del presidente Iván Duque, pues
golpeaba principalmente a la clase media. Ante el escalamiento de las
protestas, el presidente Duque decidió ayer domingo, 2 de mayo, retirar la
reforma tributaria del Congreso.
El proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible,
que fue como se denominó la reforma tributaria, tenía como meta incrementar las
recaudaciones en 6,300 millones de dólares, equivalente a 2% del PIB. Con esos
recursos se pretendía reducir el déficit público y mejorar la sostenibilidad de
las finanzas públicas, lo cual es un requisito para evitar el deterioro de la
calificación crediticia del gobierno colombiano.
Las medidas tributarias propuestas recaían
principalmente sobre la clase media. El 77% de las nuevas recaudaciones
saldrían de los bolsillos de las personas físicas. Se reducía a la mitad, hasta
colocarlo en 663 dólares por mes, el ingreso mínimo exento del impuesto sobre
la renta de las personas físicas. Se ampliaba la base del impuesto al valor
agregado, que tiene una tasa de un 19%, incluyendo en la nueva base productos y
servicios públicos básicos como: huevos, leche, agua, luz, gas, entre otros. Y
se establecía un impuesto transitorio extra para 2022 y 2023 de 1% para las
personas con un nivel de riqueza superior a los 1.35 millones de dólares y de
2% para aquellas con una riqueza superior a los 4 millones de dólares.
La clase media colombiana ha sido severamente
afectada por el desempleo y la pérdida de ingresos durante la pandemia del
covid-19. Muchos de sus miembros sufrieron un deterioro de sus condiciones de
vida, habiéndose convertido en vulnerables o pobres. Por eso, una reforma
tributaria que recaiga principalmente sobre la clase media es un grave error,
pues aumenta la probabilidad de que se transite hacia la pobreza,
incrementándose la desigualad de los ingresos.
Los empresarios colombianos, que tienen un gran
interés de que se mantenga la estabilidad macroeconómica, que se fortalezca la sostenibilidad
de la deuda pública y que se mantenga el grado de inversión, ofrecieron al
gobierno del presidente Duque que se pospusieran por tres años los beneficios
tributarios que se aprobaron a su favor en la reforma tributaria anterior. Eso
hubiese dado al gobierno la capacidad de recaudar alrededor de la mitad de la
meta a partir de recursos originados en el entorno empresarial, dándole tiempo a
la economía recuperar el empleo que se destruyó durante la recesión provocada
por la pandemia.
El presidente colombiano de manera inexplicable
no quiso utilizar esa oferta de la clase empresarial. El ministro de Hacienda,
Alberto Carrasquilla, convertido en una persona muy impopular, ya presentó su
renuncia. Pero, parece ser que eso no es suficiente, pues muchos colombianos han
comenzado a exigir la renuncia del presidente Duque.
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