Notas sobre el ajuste fiscal de 2013

El ajuste fiscal consiste en una reducción permanente del déficit del sector público que tiene como objetivo disminuir el nivel de deuda pública como porcentaje del PIB. El ajuste fiscal se puede lograr mediante la reducción de los gastos y/o el incremento de los ingresos tributarios.

Los profesores Alesina y Ardagna de la Universidad de Harvard presentaron recientemente, en el documento de trabajo "The design of fiscal adjustment" (2012), evidencias importantes sobre el diseño de los ajustes fiscales.

Basándose en una revisión de una gran cantidad de casos, los autores afirman que el ajuste fiscal logrado preponderantemente a través de la disminución del gasto público tiene un efecto más permanente -sobre la disminución de la deuda como porcentaje del PIB- que el que tienen los ajustes fiscales logrados mediante un aumento de los ingresos tributarios.

Asimismo, el ajuste vía reducción de gastos tiene un efecto recesivo menor que el provocado por el ajuste fiscal a través de un aumento de los ingresos tributarios.

Es posible lograr un ajuste fiscal expansivo si se combina la disminución del gasto público con políticas de oferta orientadas hacia la promoción del crecimiento económico, como son la reforma laboral y la promoción de la competencia en el mercado de bienes y servicios.

Cabe resaltar que un ajuste fiscal exitoso, que se define como aquel que logra reducir de manera permanente el nivel de deuda como porcentaje del PIB, facilita un entorno que promueve el crecimiento económico.

La disminución del déficit público tiene una influencia positiva sobre la confianza de los agentes económicos. Esto promueve la inversión y el consumo, acelerando el ritmo de crecimiento económico actual y potencial.

Un menor déficit público, que sea percibido como exitoso por las autoridades monetarias, también permitiría flexibilizar los controles monetarios junto a una ligera depreciacion del tipo de cambio. La mayor flexibilidad monetaria reduciria las tasas de interes y estimularia la demanda privada, especialmente la inversión. Este cambio en el régimen de política económica basado en la disminución de la demanda pública incrementaría las exportaciones, favoreciendo el proceso de acumulación de reservas internacionales netas.

En el caso de la República Dominicana, el ajuste fiscal de 2013 tiene una magnitud de 2.6% del PIB, al pasar de 5.4% a 2.8% del PIB. Ese ajuste fiscal se realizará mediante la combinación de una disminución del gasto público (-1.1 puntos porcentuales del PIB) y de un aumento de los ingresos tributarios (1.5 puntos porcentuales del PIB).

Esto revela que el ajuste fiscal tiene más probabilidad de ser recesivo que expansivo, debido a que el peso del ajuste recaerá sobre un aumento de los ingresos tributarios.

Ese efecto recesivo se podria amortiguar si se aplican medidas por el lado de la oferta que eleven el nivel de productividad y competitividad. Una reforma laboral que disminuya el costo laboral unitario y una modificación a la ley de seguridad social que disminuya el costo de emplear a los jóvenes, serían componentes indispensables de esa política promotora del crecimiento del PIB.

El HSBC y el Banco de Reservas

El banco HSBC, uno de los más grandes del mundo,  está siendo investigado por el Senado de los Estados Unidos por haber facilitado operaciones de lavado de activos desde su sucursal en México en el período 2007-2008. Esa investigación provocó que su jefe de cumplimiento (anti-lavado) haya anunciado su dimisión.

El HSBC es muy conocido en la Republica Dominicana por su participación en el caso de corrupción y lavado de activos conocido como caso SunLand.En el libro ¨El  lado oscuro de la Sunland¨ se presentan las evidencias de la participación del HSBC. El banco HSBC jugó un papel protagónico entre el grupo de bancos que adquirieron y posteriormente transfirieron a terceros las Notas Promisorias del caso SunLand por un monto total de 130 millones de dólares. Frank Godino, Vice Presidente del HSBC Bank USA, NA, fue quien firmó el acuerdo de custodia de las Notas Promisorias con el Royal Bank of Scotland, comprometiéndose a servir de cobrador de los derechos que había adquirido el RBS.

Los ingresos de la emisión de las Notas Promisorias, que fueron vendidas a través del HSBC el 15 de diciembre de 2006 por la suma total de 112 millones de dólares (después de descontar las comisiones de los bancos y de los administradores del proyecto),   debieron ser depositados en la cuenta del Gobierno Dominicano en el Banco de Reservas o en el Banco Central. La realidad es que ese dinero no se depositó en esas cuentas, sino en una cuenta privada de la empresa SunLand en el banco Wachovia de la Florida. Ese banco a su vez, a solicitud de Félix Bautista, transfirió el dinero a una cuenta que había abierto una empresa creada y controlada por el entonces director de la OISOE llamada Consorcio Hemisferio Imperial, convirtiéndose esos recursos posteriormente en parte del patrimonio actual de Félix Bautista.

En el libro “El lado oscuro de la SunLand” se describe el conjunto de operaciones de corrupción y lavado de activos. Incluso se muestra evidencia detallada de la participación del HSBC en el cobro que posteriormente se hacía al gobierno de las Notas Promisorias, aun cuando las obras de la UASD no se estuvieran financiando con el dinero proveniente de la colocación de esos títulos financieros. Específicamente, el 13 de febrero de 2007, el banco HSBC presentó al cobro la Nota Promisoria No. 3 por la suma de 6.8 millones de dólares, la cual tenía como fecha de vencimiento el 15 de marzo de 2007. Una copia de ese requerimiento de pago fue enviada al Presidente Leonel Fernández y otra a la Dirección de Crédito Publico en el Ministerio de Hacienda.

A diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, donde el Senado está investigando al HSBC por lavado de activos, en la República Dominicana se eligió como Senador al principal responsable del caso SunLand. Además, en vez de renunciar o que se cancelen a los principales responsables de los bancos involucrados en el caso de lavado de activos, como sí renunció el jefe de cumplimiento del HSBC, en el caso SunLand se premió al Administrador del Banco de Reservas convirtiéndolo en el Ministro de Hacienda. Nadie ha sido acusado ni despedido por su complicidad o involucramiento en el caso SunLand en la República Dominicana.

El costo reputacional ha sido enorme para el Banco de Reservas. Este ha perdido credibilidad y solvencia moral no solo por su participación en el caso SunLand, sino también por otros casos, como el ATIEMAR, en el cual se le otorgó préstamos a un narcotraficante español y por haber otorgado préstamos a tasas de interés subsidiadas al vicepresidente del consejo de directores.


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Crisis fiscal

El presidente Danilo Medina heredará una terrible crisis fiscal. La aprobación del presupuesto complementario confirma la existencia de un déficit del sector público consolidado superior a los 110 mil millones de pesos. El desequilibrio entre ingresos y gastos, que se traduce en mayor deuda gubernamental, se explica por el desbordamiento de los gastos públicos no prioritarios. Las calificadoras de riesgo, los bancos de inversión y los tenedores de bonos soberanos comienzan a mostrar preocupación, lo cual es el preámbulo de un incremento de la prima de riesgo de la deuda dominicana. 

Ese nivel de déficit público es incompatible con el programa monetario del Banco Central. El organismo emisor había diseñado una política monetaria que permitiría alcanzar  metas aceptables de inflación, crecimiento, empleo, tasas de interés y de tipo de cambio siempre y cuando el déficit público de 2012 fuese de 22 mil millones de pesos.

Dado que el déficit fiscal será cinco veces mayor al programado, se producirán movimientos macroeconómicos inesperados. Habrá mayor demanda de divisas que presionará hacia el alza del tipo de cambio y acentuará las expectativas de inflación. Las tasas de interés subirán con el objetivo de  reducir la demanda del sector privado, disminuyendo el consumo,  inversión y empleo.  Muchos negocios, los menos rentables, quebrarán o despedirán personal. En consecuencia, la cartera de la banca se deteriorará, disminuyendo su nivel de solvencia.

El presidente Medina deberá adoptar medidas que eliminen el despilfarro del gasto público y otras que eleven la competitividad de los sectores productivos. El gasto debe reorientarse hacia las áreas de educación, salud e infraestructura, basándose en una evaluación de costo/beneficio. La devaluación fiscal es una medida que mejoraría la competitividad. Así se mantendría estable el tipo de cambio sin sacrificar excesivamente el empleo del sector privado.

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El costo del rompimiento con el FMI

El acuerdo Stand-By firmado entre el Gobierno Dominicano y el Fondo Monetario Internacional se ha roto. Tal como señalamos en septiembre de 2011, el gobierno de Leonel Fernández no cumplió –ni cumpliría- las metas establecidas en ese acuerdo. El costo de ese rompimiento será elevado y se expresará en menor actividad económica privada y mayor desempleo.

            El acuerdo con el FMI brindó a los agentes económicos tranquilidad desde noviembre de 2009, aun cuando había serios desequilibrios macroeconómicos. En efecto, a pesar de que el déficit en la cuenta corriente de 2010 y 2011 fue en promedio superior a los 4,500 millones de dólares y que el déficit de las finanzas gubernamentales superó en ese período los 55 mil millones de pesos, el acuerdo con el FMI le “garantizaba” a los prestamistas del gobierno y a los agentes económicos en general que el gobierno “ajustaría” los agregados macroeconómicos para evitar que esos déficits provocasen la insostenibilidad de la deuda pública, la pérdida de reservas internacionales netas y la depreciación del peso.

            El incumplimiento de las metas fiscales y del sector eléctrico ha llevado al FMI a suspender definitivamente el acuerdo. El Banco Central no recibiría el desembolso de los 510 millones de dólares que se obtendrían sujeto al cumplimiento de la séptima y octava revisión. Esto debilitará las reservas internacionales, que se han reducido en los primeros 40 días de 2012 en más de 600 millones de dólares. El “oxígeno,” disponible en forma de reservas de divisas, para mantener estable el tipo de cambio es menor. El Gobernador Héctor Valdez lo sabe y está preocupado, aunque no lo exprese públicamente.

            La ausencia de un acuerdo con el FMI le permitirá manos libres al gobierno en materia de gasto público. Los datos de enero de 2012 revelan que el déficit en las finanzas públicas es muy superior al saldo registrado en los años anteriores. Parece que las autoridades están cumpliendo la promesa de Leonel Fernández de que se usarán 40 mil millones de pesos para promover al candidato del oficialismo.  El aumento del gasto público incrementará la demanda agregada y presionará el mercado cambiario.

            El mayor déficit fiscal llevará al Banco Central a incrementar las tasas de interés para evitar la depreciación del peso. Un mayor gasto público y menores desembolsos externos presionarán la demanda de divisas. La reacción del Banco Central será restringir el crecimiento de los agregados monetarios e incrementar las tasas de interés. Los consumidores e inversionistas comenzarán a recibir notificaciones de las instituciones financieras informándoles del aumento de las tasas de interés. Muchos no podrán pagar oportunamente sus compromisos financieros.

            Las mayores tasas de interés se traducirán en menor actividad productiva y mayor desempleo. Mientras más altos sean los tipos de interés, menor cantidad de proyectos de inversión podrán llevarse a cabo. Esto significa menor generación de empleo y, en consecuencia, menor masa salarial demandando bienes y servicios. El menor consumo significa menores ventas y menor flujo de efectivo para los negocios. Esto aumentará la probabilidad de quiebra de empresas.

            En resumen, el rompimiento del acuerdo le permitirá al gobierno gastar más, pero llevará a la adopción de medidas monetarias que reducirá la capacidad de consumo e inversión del sector privado. Una política muy injusta.

Los papeles de Guillermo Gómez

            El periodista Guillermo Gómez tiene papeles que han puesto a temblar al gobierno de Leonel Fernández. Se trata de pruebas de actos de corrupción y lavado de activos del círculo íntimo del presidente de la República. “Algo demasiado grande para ser conocido por el pueblo dominicano,” pensó el mandatario. Eso motivó el allanamiento simultáneo a las propiedades de Guillermo Gómez en búsqueda de esas pruebas para destruirlas.

            El viernes pasado nos remontamos a episodios de la historia ya superados. Equipos Swat de la policía y 5 helicópteros  fueron utilizados en el allanamiento simultáneo de las instalaciones del periódico digital elsiglo21.com.do, la oficina, la residencia en el Distrito Nacional y la residencia en La Romana de Guillermo Gómez.

            Durante el allanamiento  a las oficinas, el Procurador de la República llamó 15 veces. Pidió a los representantes de la fuerza pública que se llevaran todos los documentos, videos y equipos que encontrasen. Era la única oportunidad que tenían para eliminar las pruebas de corrupción en posesión del director de Aeromundo y en las instalaciones del periódico digital elsiglo21.com.do.

            Las pruebas de corrupción fueron suministradas por “funcionarios indignados” del gobierno. Seis otros medios o periodistas recibieron la información, pero no se atrevieron a publicarlas. Sólo Radhamés Gómez Sánchez, el director de elsiglo21.com.do, tuvo la valentía de anunciar e iniciar su publicación.

            Ese anuncio provocó el sobresalto de Leonel Fernández. Se darían a conocer informaciones demasiado cercanas a él. Inmediatamente llamó al Procurador y se inició el proceso del allanamiento. No había una justificación para hacerlo, pero el costo de no hacer el allanamiento era superior al costo del escándalo que produciría el aparatoso abuso de poder. “Es mejor que me digan dictador, a que demuestren que soy un corrupto.”

            Afortunadamente, el domingo 12 de febrero Guillermo Gómez demostró que tiene copias de los casos de corrupción que serían publicados. Habló de cuentas en pesos y dólares de Leonel Fernández. Mencionó el manejo de millones de pesos por Margarita Cedeño durante la campaña. Habló de las fortunas multimillonarias de los ayudantes civiles y militares del presidente de la República.

            El pueblo dominicano necesita saber los detalles. La gente tiene el derecho de conocer las pruebas que posee elsiglo21.com. El gobierno quiere mantenerse en el poder para seguir acumulando riquezas en manos corruptas. El país tiene la oportunidad de derrotar el continuismo de la corrupción y abuso de poder el próximo 20 de mayo. 

Sobre los pasos de Grecia

            El Gobierno Dominicano ha estado ejecutando una política económica preocupante. Sus decisiones han provocado un mayúsculo déficit público y una creciente deuda estatal, que coloca a la República Dominicana sobre la misma trayectoria que llevó a Grecia a la debacle de su economía.

            Al igual que los gobiernos griegos, el gobierno de Leonel Fernández ha hipotecado el futuro de los dominicanos. En los últimos cuatro años el déficit de las finanzas públicas ha sido superior a los 50 mil millones de pesos. De hecho, en el 2011 el déficit superó los 61 mil millones de pesos, casi el doble de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. La contraparte de esos déficits ha sido la acumulación de deuda pública, que pasó de 9,700 millones de dólares en 2004 a 23,000 millones de dólares en 2011.

El déficit público y la acumulación de deuda se registraron a pesar de que en los últimos 7 años se ejecutaron cinco reformas tributarias. En el período 2001-2004 cada dominicano pagó en promedio 8,777 pesos en impuestos. En el período 2007-2010, los impuestos per cápita subieron un 169.9%, al situarse en 23,691 pesos. Esos mayores impuestos constituyen la causa principal del alto costo de la vida y de los crecientes precios que disminuyen el bienestar de la gente.

            El 80% de la población ya no soporta los efectos negativos de la política económica del gobierno actual. Ese porcentaje de los dominicanos afirma que la situación económica es mala o muy mala y, en consecuencia, desea un cambio. Un cambio que modifique la influencia gubernamental sobre el empleo, el costo de la vida, la calidad de los servicios de educación y salud, y la inseguridad ciudadana.

            El desequilibrio en las finanzas públicas de Grecia la ha convertido en la vergüenza de toda Europa. La semana pasada salió publicado un documento preparado por Alemania en el cual le advierte a Grecia que debe ceder el control sobre sus finanzas públicas. El texto se inicia señalando que Grecia incumplió sus metas fiscales en el 2011 y, por lo tanto, no honró sus acuerdos con el FMI y sus acreedores. Ante esa situación, el gobierno alemán le propuso a la Unión Europea, al Banco Central Europeo y al Fondo Monetario Internacional que un comisionado se encargue del manejo presupuestario del gobierno griego. El principal objetivo de ese control presupuestario es destinar los ingresos públicos en primer lugar para el servicio de la deuda pública. Lo que quede de dinero se usará para pagar los gastos gubernamentales. Si Grecia no acepta, no habrá más recursos para el rescate de su maltrecha economía.

            La República Dominicana ya vivió una vergüenza similar. Debido al descontrol del gasto público y la acumulación de deuda soberana, el gobierno del General Lilís cedió el control de las finanzas públicas a los acreedores extranjeros. Después de una serie de eventos azarosos, como la muerte del presidente en una calle de Moca el 26 de julio de 1899, se firmó la Convención Dominico-Americana de 1907 donde el país cedió al gobierno de los Estados Unidos el control de los ingresos de las aduanas y su distribución a favor del servicio de la deuda pública.

            Leonel Fernández debe aprender esa lección. Su gobierno ha incumplido las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional. El déficit público de 2011 ha sido el mayor de la historia y la deuda pública ha alcanzado niveles nunca antes registrados. Estamos transitando sobre los pasos de Grecia.

La República Dominicana va por mal camino. Se necesita un cambio, por el bien de todos los dominicanos.

Metas de inflación y la regla de Taylor

            La semana pasada el Banco Central de la República Dominicana anunció que comenzará a aplicar en este año 2012 una política monetaria basada en “metas explícitas de inflación.” En ese régimen las autoridades monetarias tratan de lograr una meta de inflación previamente anunciada para el mediano plazo. En el caso dominicano, el Banco Central estableció como meta de inflación un valor que oscila entre 5.5% (corto plazo) y 4% (largo plazo).

            La estrategia de política monetaria que históricamente ha aplicado el Banco Central es muy diferente. Un simple análisis de la evolución del tipo de cambio nominal en los últimos años revela que éste ha sido el ancla nominal que ha usado el Banco Central para mantener una tasa de inflación estable. La política monetaria ajustaba los instrumentos monetarios –como el crédito doméstico neto, las reservas internacionales netas y la tasa de interés- en las cantidades necesarias para mantener el tipo de cambio en una trayectoria de devaluación leve. Y de esa manera influía sobre la tasa de inflación. Hasta el anuncio de las autoridades monetarias lo importante era el tipo de cambio, no la tasa de inflación.

            Los profesores Ben Bernanke (Universidad de Princeton y Presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos) y Frederic Mishkin (Universidad de Columbia) presentan los siguientes elementos de un régimen de metas de inflación. El anuncio de las metas numéricas de la inflación de mediano plazo. La declaración de las autoridades monetarias de la existencia de un compromiso institucional con la estabilidad de precios como el principal objetivo de la política monetaria. Una estrategia de comunicación basada en la transparencia del manejo de los instrumentos de política monetaria. Rendición de cuentas del Banco Central con relación al cumplimiento de las metas de inflación.  En resumen, un fuerte compromiso y mucha transparencia son elementos necesarios para lograr que los agentes económicos crean que se alcanzará la meta de inflación y, en consecuencia, tomen sus decisiones (e.g., de ajustes de precios y salarios) en base a ese objetivo.

            En el caso dominicano, el Banco Central deberá publicar las minutas del Comité de Operaciones de Mercado Abierto, así como las que se originan de las discusiones de la Junta Monetaria. El comunicado del COMA que actualmente se publica debe ser más detallado. Debe permitir a los agentes económicos la información suficiente para que estos puedan evaluar si el Banco Central está en capacidad o no de alcanzar la inflación objetivo.

            La aplicación de las metas de inflación implica el uso de modelos econométricos que permitan relacionar los instrumentos de política monetaria con la tasa de inflación. Entre los instrumentos más utilizados se encuentran: la tasa de interés overnight (la que paga el Banco Central sobre los depósitos de los bancos en el muy corto plazo), la tasa de interés lombarda (la que cobra el Banco Central), las operaciones de mercado abierto (e.g., compra y venta de títulos financieros del Estado) y el encaje legal, entre otros.

 

            La regla de Taylor (del profesor John Taylor de la Universidad de Stanford) podría ser utilizada por el Banco Central. Esa regla ajusta la tasa de interés nominal (de corto plazo) de manera que se logre minimizar la distancia entre la tasa de inflación objetivo y la observada, y se logre simultáneamente una tasa de crecimiento económico que sea sostenible en el largo plazo. En los países con metas de inflación la regla de Taylor revela una relación positiva entre la probabilidad de que aumente las tasas de interés y la desviación de la tasa de inflación observada respecto a la meta. De esto se desprende que es posible usar la regla de Taylor como un componente importante del régimen de metas de inflación.

La pregunta que deben contestar las autoridades monetarias dominicanas es la siguiente: ¿Al utilizar las metas de inflación se olvidaría el Banco Central de las metas del crecimiento económico sostenido? Y con relación al tipo de cambio: ¿Seguirá la flotación sucia o lo dejará que fluctúe libremente?

La experiencia de los países que han aplicado las metas de inflación es positiva. Por lo general, han logrado resultados macroeconómicos positivos, caracterizados por una tasa de inflación baja y por una tasa de crecimiento económico relativamente estable.

No obstante, Christopher Sims, profesor de la Universidad de Princeton y Premio Nobel de Economía, recomienda cautela. En uno de sus numerosos trabajos analíticos demostró que un Banco Central que no tenga el respaldo del gobierno tiene menos posibilidades de aplicar exitosamente una política monetaria basada en reglas de inflación que un Banco Central que cuente con el pleno respaldo del gobierno. Esa realidad aplica al caso dominicano.

Si se desea que el Banco Central pueda lograr la meta de inflación propuesta, el Gobierno Dominicano debe tener unas finanzas públicas que no presionen excesivamente sobre la demanda agregada y, en consecuencia, sobre las tasas de interés. Frederic Mishkin afirma que “en el largo plazo, déficit fiscales elevados eventualmente serían monetizados o la deuda pública erosionada por una gran devaluación, y luego se registraría una alta inflación.” En ese caso el régimen de metas de inflación colapsaría. Por ese motivo, en el caso dominicano es imprescindible mejorar el balance de las finanzas públicas si es que se quiere tener un esquema de política monetaria de metas de inflación exitoso. 

Greece Nears Deal With Private Creditors on Debt

(Tomado de Bloomberg)

Greece and its private creditors are beginning a final push to renegotiate debt as a member of the investor group said they are likely to get cash and securities with a market value of about 32 cents per euro of government bonds.

“I’m highly confident the deal will get done,” Bruce Richards, chief executive officer of New York-based Marathon Asset Management LP, said in a telephone interview yesterday with Bloomberg Businessweek.

Marathon, which has $10 billion under management, is on the committee of 32 private creditors formed in November to negotiate with Greece, the International Monetary Fund and the European Union. It’s not a member of the smaller steering committee directly involved in negotiations. The talks, under the auspices of the Institute of International Finance, broke off Jan. 13 and are set to resume today inAthens with Greek Prime Minister Lucas Papademos and Finance Minister Evangelos Venizelos.

Richards, 51, said he expects Greece won’t make a 14.5 billion euro ($18.5 billion) bond repayment scheduled for March 20, and that a deal with creditors will be in place before then. Investors who agree will probably be paid the new package of cash and bonds shortly after that date, he said.

Pantelis Kapsis, Greek government spokesman, declined to comment.

Talks ‘Continuing’

There are still obstacles to concluding what negotiators term a “consensual restructuring.” Official lenders may object if they conclude that the deal would be too expensive for Greece, forcing the country to go back for more official support later.

“I can only tell you the negotiations are continuing,” said Frank Vogl, an IIF spokesman. “I can’t tell you whether they’ll be successful.” The IIF, a global association of financial institutions, is chaired by Josef Ackermann, the CEO of Deutsche Bank AG. (DBK)

Ackermann, 63, told reporters in Frankfurt last night that there are two weeks to reach an agreement. He said he still expects a debt deal will be reached, though can’t rule out the possibility of failure.

IIF Managing Director Charles Dallara, 63, and Jean Lemierre, 61, a special adviser to the chairman of BNP Paribas (BNP) SA, are leading the negotiations for the creditors.

Talks on Interest

An agreement reached Oct. 26 called for private holders of just more than 200 billion euros worth of Greek government bonds to accept new bonds with a face value of half that amount. As part of the deal, euro-zone members agreed to kick in 30 billion euros in unspecified support. That could take the form of buying bonds from the private holders at 100 cents on the euro in cash, leaving them with new bonds with a face value of 70 billion euros.

Negotiations since then have centered on the interest rate new bonds will pay, with Germany among those insisting on a low rate and the private creditors demanding a higher one.

The new bonds will probably pay annual interest of 4 percent to 5 percent and have a maturity of 20 years to 30 years, Richards said. They may trade for about half of their face value, he predicted. Altogether, the net present value of the deal for the bondholders will be about 32 cents on the euro, he estimated.

‘Best Deal’

Greek two-year notes dropped, pushing the yield up 838 basis points, or 8.38 percentage points, to 172 percent at 9 a.m. London time. It climbed to 184.56 percent, the most on record, on Dec. 10. The Greek security maturing in October 2022 advanced for a seventh day, with the yield sliding 63 basis points to a six-week low of 33.18 percent. The price rose to 21.41 percent of face value.

It’s not yet clear whether the deal will cover all outstanding Greek bonds or just those maturing by the end of 2020, Richards said. He also said that the deal probably won’t contain a sweetener to reward creditors in case of a strong improvement in the health of the Greek economy in coming years.

The tentative deal may win support from investors holding 70 percent to 80 percent of the privately held Greek bonds, he estimated. He favors the deal, saying that investors who refuse may get back less.

“There’s a very, very high probability that this goes through,” he said. “It’s the best deal creditors can get.”

Credit Default Swaps

The deal might still trigger credit-default swaps if some investors refuse to participate or are forced through a so- called collective action clause, Richards said, declining to say whether he has purchased swaps that would pay off if triggered by a deal.

Fitch Ratings has said the October agreement would amount to a “default event” once implemented, while the International Swaps and Derivatives Association has said it wouldn’t trigger credit-default swaps bought by investors as insurance against the country failing to meet its obligations.

Marathon, which was founded in 1998 by Richards and Louis Hanover, began in August to raise a new fund to take advantage of the European debt crisis.

“We’re very focused on this opportunity,” Richards said, declining to discuss the fund or to say how much Marathon has invested in Greek bonds.

To contact the reporter on this story: Peter Coy in New York at pcoy3@bloomberg.net

To contact the editor responsible for this story: David Scheer at dscheer@bloomberg.net.

Sobre el tipo de cambio

            La semana pasada el tipo de cambio peso/dólar aceleró su ritmo de depreciación. En pocos días el tipo de cambio subió cuatro veces más rápido de lo que lo hizo como promedio mensual en el año 2011. Inmediatamente el Banco Central anunció que tiene suficientes reservas internacionales netas para intervenir en el mercado cambiario.

            El principal objetivo del organismo emisor es la meta del tipo de cambio. Esto se demuestra fácilmente al observar que esa variable se movió de forma sostenida hacia arriba en 2011. De hecho el promedio mensual del tipo de cambio peso dólar subió todos los meses durante ese período, a una tasa de cambio absoluta de 10 centavos por mes. Si el mercado fuera totalmente libre los movimientos deberían oscilar de manera aleatoria hacia arriba y hacia abajo.

            El sistema cambiario es de flotación sucia. En otras palabras, el Banco Central interviene continuamente para asegurar una trayectoria determinada del tipo de cambio. Los movimientos de las reservas internacionales reflejan la política intervencionista del organismo emisor en el mercado cambiario. En los primeros 10 meses de 2011 el Banco Central perdió más de 700 millones de dólares mediante intervenciones en el mercado de divisas, para lograr que la depreciación promedio mensual oscilara alrededor de la meta de 10 centavos por mes.

            En enero el ritmo de depreciación se aceleró. El tipo de cambio pasó de 38.81 a 39.20 pesos por dólar, depreciándose en casi 40 centavos en menos de 12 días. Eso significó una tasa absoluta de depreciación 4 veces mayor que la meta mensual del Banco Central. ¡Alerta roja! El viernes 13 de enero el organismo rector del sistema financiero dominicano anunció que intervendría en el mercado de divisas y el sábado los periódicos recogían la noticia de que el tipo de cambio había bajado 20 centavos.

            ¿Por qué subió el tipo de cambio tan rápido en enero? Los fundamentos de la economía –y su influencia sobre las expectativas- explican esa depreciación de la moneda nacional.

            El déficit público de 61 mil millones de pesos llevó al Banco de Reservas a prestar –usando operaciones trianguladas con suplidores y contratistas- 9 mil millones de pesos en diciembre. El Banco Central liberó alrededor de 7 mil millones de pesos de encaje legal a finales de año. El déficit de 4,500 millones de dólares en de la cuenta corriente de la balanza de pagos en 2011, refleja un exceso de demanda de divisas en el mercado cambiario. Estos elementos fundamentales ponen de manifiesto que la economía dominicana sufre severos desequilibrios.

            El tipo de cambio también subió por aspectos estacionales. En diciembre aumenta la demanda de pesos para llevar a cabo un mayor volumen de transacciones. Esa mayor demanda de moneda nacional le otorga un margen de maniobra al Banco Central para elevar la cantidad de pesos en circulación. En enero, por lo general, disminuye la demanda de pesos y aumenta la de dólares. Lo típico es que el organismo emisor recoja el exceso de liquidez, ya sea aumentando el encaje legal efectivo o mediante el incremento de las tasas de interés.

            El anuncio de venta de reservas de divisas sólo tendrá un efecto transitorio sobre el tipo de cambio. Si se quiere estabilizar habrá que reducir el gasto público y/o el gasto privado.  Pienso que en los próximos días se apretarán los frenos monetarios. 

Elecciones y finanzas públicas

             La semana pasada escribí que el gobierno está preparando una reforma tributaria. El Senador Tommy Galán, Presidente de la Comisión Permanente de Finanzas del Senado,  en un arranque de sinceridad corroboró mis afirmaciones sobre ese tema. Horas después lo negó como reacción a la fuerte reprimenda recibida de Temístocles Montás, Ministro de Economía, y de Reinaldo Pared, Presidente del Senado.     

            Para minimizar el costo político de que se haya confirmado que la presente administración planea realizar esa reforma, el gobierno aplicará una amnistía tributaria entre febrero y marzo. En efecto, tenemos información de que el Ministerio de Economía está discutiendo con la Dirección General de Impuestos Internos los términos de esa amnistía.

            El objetivo de esa medida sería ganarse el apoyo de contribuyentes con problemas impositivos. La misma abarcaría el impuesto sobre la renta y el Itbis. En la DGII existe una gran cantidad de contribuyentes con problemas en sus declaraciones de Itbis por el uso de números de comprobante fiscal no autorizados por la Administración Tributaria. A ese grupo se le daría el beneficio de acogerse a la amnistía a cambio de un pequeño aporte porcentual de las ventas, todavía por definir.

            En las próximas semanas las autoridades también planean acelerar aún más el gasto público para promover al candidato oficialista. Se prevé acentuar el uso del financiamiento del Banco de Reservas, disfrazado como préstamos a suplidores y contratistas gubernamentales, para elevar el gasto público corriente y de capital. Ese mayor papel del Banco de Reservas se producirá por la negativa de la banca privada de continuar prestando a un gobierno que tiene un gigantesco desequilibrio financiero y que tiene el acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional en un limbo.

            La situación fiscal es crítica y se prevé un mayor deterioro. En el 2011, el déficit del sector público no financiero superó los 60 mil millones de pesos, presionando las reservas internacionales, las tasas de interés, el tipo de cambio, los precios y el nivel de empleo. En este proceso electoral se pronostica que el déficit público aumentará todavía más. Ante esa situación el gobierno debería aplicar una política de austeridad en el gasto público, pero prefiere aumentar la carga tributaria sobre la población. Y ya se sabe cuándo se hará esa reforma tributaria: después de las elecciones.

             

Aristy Escuder revela que habrá reforma tributaria después de las elecciones y PLD lo confirma

El gobierno trabaja en nueva reforma fiscal

3 de enero 2012

Economistas ven por déficit subirán impuestos

Subirían selectivos a alcoholes y cigarrillos y ampliarían ITBIS.

SD. El gobierno prepara una reforma tributaria, que aplicaría después de las elecciones, que busca subir el impuesto selectivo a las bebidas alcohólicas y cigarrillos y ampliaría la base del Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ante el deterioro de las finanzas públicas, que cerró el año con un déficit fiscal de RD$60,000 millones.

Así lo reveló ayer el economista Jaime Aristy Escuder, quien dijo que la nueva reforma fiscal afectará los ingresos que reciben las personas físicas como intereses de bancos y pagarían impuesto sobre la renta.

Mientras el economista Apolinar Veloz dijo que no le sorprende que haya una reforma fiscal después de las elecciones, debido a que por el déficit fiscal de los últimos años se precisa de una fuente de financiamiento adicional.

Aristy Escuder explicó que "ahora mismo ya está lista una norma que va a elevar, en términos efectivos el pago de impuestos que se realiza por las ganancias de capital, y en cualquier momento se publica. Va a regular la forma en que se transfiere y se valoran las acciones. Esa venta de acciones la van a poner a pagar una mayor cantidad de impuestos en términos efectivos, con la misma tasa, pero con aumento de la base imponible". 

Expuso que esa reforma fiscal se prepara para después de las elecciones y se aplicaría en función del resultado de las mismas. Consideró que la razón de la reforma es que el gobierno no quiere una política de austeridad, y en vez de reducir el gasto público, lo que quiere es sacar más impuestos a la población.

Sostuvo, sin embargo, que la economía dominicana no soporta más carga tributaria, que lo único que produciría sería quiebra masiva de empresas y una contracción de la economía, por lo que no hay otra alternativa que no sea la reducir el gasto público, despilfarro y gasto excesivo vinculado con el gobierno.

Reconoció que el empresariado quiere una reforma fiscal, pero integral con modificación de impuestos en favor de los negocios, la exportación y el crecimiento, en la que se reduzca el gasto público, pero no sumen más impuestos.

Veloz, a su vez, dijo que no le sorprende que haya una reforma fiscal, debido a que el déficit en los últimos años precisa de una fuente de financiamiento adicional, pero eso tiene como problema que el gobierno no ha anunciado ningún tipo de medida que vaya dirigida a reducir la evasión y elusión fiscal.

En consecuencia, si se hace un tipo de reforma sin haber corregido esos problemas, sensibles y significativos, se haría un esfuerzo que en poco tiempo se va a diluir, y seguiría el problema.

De José Javier

http://www.diariolibre.com.do/noticias_det.php?id=319189

Habrá una reforma fiscal después de las elecciones

4 de enero 2012

SANTO DOMINGO. Ciertamente habrá una reforma tributaria integral en este año, pero será después de las elecciones, afirmó ayer el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Tommy Galán.

Sin embargo, el legislador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por San Cristóbal, aseguró que por el momento al país no le conviene embarcarse en una reforma tributaria.

"La reforma tributaria o fiscal integral está contemplada en el proyecto de ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, que aprobó el Senado en diciembre pasado y además ha sido un reclamo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)", expresó.

Sostuvo que los sectores se deben abocar a discutir una reforma tributaria, donde se incluyan todos los aspectos que tengan que ver con el ingreso y gastos del gobierno, a fin de hacer le frente a las necesidades del futuro.

Mientras, que el senador Rafael Calderón no es partidario de una reforma fiscal, y entiende que no es necesaria, porque se mantendrá la estabilidad macroeconómica del país en este año. 

Dijo que se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca 4.5% en este año.

De Socorro Arias / Redactora Senior

http://www.diariolibre.com.do/noticias/2012/01/04/i319283_ajustes-reforma-fiscal-impuestos-2012-tommy-galan.html

Sostenibilidad del endeudamiento público

            El año 2011 terminó con la aprobación de un préstamo de 200 millones de dólares para el sector eléctrico. El año 2012 se inicia con la aprobación de un préstamo de 70 millones para el Gabinete de Solidaridad. Dos préstamos con tasas de retorno inferiores a sus respectivas tasas de interés. Por tal motivo, ambos financiamientos son elementos de un proceso de endeudamiento público insostenible.

            El sector eléctrico dominicano está en quiebra. Ninguna empresa con un déficit anual superior a los 1,000 millones de dólares es viable financieramente. Las tres empresas distribuidoras de electricidad sólo cobran alrededor de la mitad de la energía que se les vende. En consecuencia, para evitar que todo el sector eléctrico colapse, el gobierno –léase el pueblo dominicano- debe transferirle anualmente un subsidio de 900 millones de dólares.  Ante esa situación financiera de las distribuidoras, puede afirmarse que los préstamos que está tomando el gobierno para ese sector no podrán pagarse con el flujo de efectivo generado por las actividades eléctricas. La única forma de pagarlo sería a través de las finanzas del Gobierno Central.

            La sostenibilidad de un proceso de endeudamiento implica que el valor presente del flujo de efectivo que se genere en el futuro sea igual a la deuda actual. Un ejemplo. Si usted tiene un balance deudor en su tarjeta de crédito de 100 mil pesos, la única manera de pagarlo es si usted tiene un flujo de ingresos que supere a sus gastos en los próximos meses. ¿En qué magnitud debe superarlo? En la magnitud suficiente para que el valor en pesos actuales de ese superávit sea exactamente igual a los 100 mil pesos.

            El gobierno dominicano en los últimos 4 años ha presentado, en promedio, un déficit anual que supera los 50 mil millones de pesos. De hecho, el 2011 cerró con un déficit superior a los 60 mil millones de pesos, debido al desbordamiento del gasto público. A pesar de cinco reformas tributarias, el gasto público descontrolado ha provocado que la deuda pública haya pasado de 9,700 millones de dólares a 23,000 millones de dólares entre 2004 y 2011. Nunca antes un gobierno se había endeudado tanto en tan poco tiempo. Ni siquiera aquellos repletos de políticos irresponsables,  incapaces y corruptos de finales del Siglo XIX.

           

           Ese déficit significa que –de continuar ese balance de las finanzas gubernamentales- el endeudamiento público sería insostenible. He dicho que para que un endeudamiento sea sostenible el valor presente del flujo de ingresos superavitarios debe ser igual a la deuda actual. ¿Y cuál es el valor presente de un déficit público? ¡Una mayor deuda! Y se sabe que no es posible –por lo menos indefinidamente- pagar deuda con mayor deuda, por lo tanto, el balance actual de las finanzas públicas es inconsistente intertemporalmente e incompatible con la estabilidad macroeconómica de largo plazo.

            El próximo gobierno deberá modificar la actual política fiscal. Tómese el caso de España. La nueva administración acaba de afirmar que el déficit público era mayor que el que decía el gobierno anterior (8% versus 6% del PIB) y, en consecuencia, aplicará una política de austeridad y de aumento del impuesto sobre la renta.

            En el caso dominicano elevar más las cargas tributarias produciría la contracción de la economía y la quiebra de muchas empresas. Por tanto,  el próximo gobierno deberá aplicar una política de austeridad en el gasto. Las nuevas autoridades deberán modificar la estructura de despilfarro y corrupción que recargan actualmente las finanzas públicas. Sólo así se colocará el balance de las finanzas públicas en un nivel que haga que el endeudamiento público sea sostenible en el largo plazo. De esa manera la estabilidad macroeconómica estaría asegurada.