[Escrito el 16 de junio de 2022]
En marzo de 2022, el gobierno dominicano estableció una regla para el subsidio a los precios domésticos de los combustibles. Esa regla establece que, mientras el precio del barril de petróleo crudo de referencia WTI se mantuviese entre los 85 y 115 dólares, no habría variación en el precio doméstico de los combustibles. No obstante, el Ministerio de Industria y Comercio anunció el viernes pasado la violación de esa regla, pues a pesar de que al miércoles 8 de junio el precio internacional del WTI promedió 119.15 dólares, las autoridades decidieron mantener inalterados los precios domésticos de los combustibles.
El subsidio total por esa medida alcanzó un monto de 1,800 millones de
pesos. Eso implica que la decisión de violar la regla tuvo un costo, en el
corto plazo, de 400 millones de pesos adicionales, pues la suma del subsidio
total cuando el precio promedio del crudo WTI se coloca en 115 dólares por
barril se sitúa en el entorno de los 1,400 millones de pesos a la semana.
Si se toma en consideración el costo reputacional, se puede decir que el
costo total en realidad es mucho mayor, pues la violación de la regla del
subsidio a los combustibles hace que los agentes económicos perciban esa medida
de política como temporalmente inconsistente. Esto significa que los
consumidores se dan cuenta de que las autoridades están dispuestas a administrar
discrecionalmente el subsidio a los combustibles; es decir, cuando el precio
del crudo WTI se coloque por encima de los 115 dólares no se incrementarán los
precios domésticos en la forma acordada, sino que el gobierno absorbería los
costos adicionales.
Las consecuencias negativas de la inconsistencia temporal, generada por
la discrecionalidad, fueron presentadas en un brillante estudio por los
profesores Finn Kydland y Edward Prescott en 1977, quienes recibieron el premio
Nobel de Economía en 2004. A partir de ese análisis, quedó claro que la
discrecionalidad es una práctica de política que tiende a arrojar peores
resultados, que los que se obtienen aplicando sostenidamente reglas bien
diseñadas.
En este caso, la decisión de no aumentar los precios de los combustibles, tal como ordenaba el cumplimiento de la regla del subsidio a los combustibles, puede provocar la negativa de los consumidores a aceptar futuros incrementos de precios. La consecuencia de ese tipo de comportamiento sería un aumento del monto del subsidio y, en consecuencia, del déficit de las finanzas públicas. El impacto de esa decisión es mucho peor si se toma en consideración que los más ricos son quienes más se benefician de ese subsidio.
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