De la Torre de Babel a la tiranía del silencio

[Escrito el 30 de diciembre de 2020]

Una de las condiciones necesarias de una democracia es la libertad de expresión. La tolerancia, que debe prevalecer en esa forma de gobierno, se sintetiza en la frase atribuida a Voltaire, famoso filósofo francés: “Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.”

El gobierno ha creado una Torre de Babel en materia de Covid-19. Por un lado, el presidente Luis Abinader declara que esa enfermedad está controlada en el país. Mientras, la vicepresidenta, Raquel Peña, y el ministro de Salud afirman que los casos de Covid-19 crecen de manera exponencial y que la situación es alarmante.

Esa Torre de Babel parió el decreto 698-20, sobre el cual señalé, el 18 de diciembre pasado, que era temporalmente inconsistente y que, por lo tanto, sería modificado en un plazo breve. Hoy, 30 de diciembre, Raquel Peña anunció al país el decreto 740-20, que modifica el anterior y establece un toque de queda más estricto.  

Ante la contradicción existente entre los discursos oficiales sobre el Covid-19, el gobierno quiere imponer una mordaza a todo aquel que no comulgue con ellos, aun cuando esa persona tenga información y capacidad de análisis sobre ese tema. En una reunión del Gabinete de Salud celebrada el 28 de diciembre en el Palacio Nacional, encabezada por Raquel Peña, se desautorizó a hablar sobre Covid-19 al director del departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Ronald Skewes, quien había declarado recientemente que el país estaba siendo impactado por una segunda ola de infección de esa enfermedad.

El gobierno quiere establecer la censura con relación al Covid-19. La deficiente unidad de comunicaciones del Palacio Nacional, encabezada por Milagros Germán, publicó un tuit en el que solicitaba: “A nuestros amigos de los medios, principales aliados, pedimos que nos sigan acompañando [sic] ofreciendo solo información oficial.” Esa solicitud, unida a la decisión del Gabinete de Salud de concentrar toda la información sobre ese tema, limitará la libertad de prensa que deben tener los medios para obtener otras versiones distintas a las que presenta el oficialismo. Si prevalece esa política gubernamental, se estaría imponiendo la tiranía del silencio, que imperó en la Alemania de Hitler, la Rusia de Stalin, o la República Dominicana de Trujillo.

El pueblo dominicano debe defender y exigir la libertad de expresión. Y más en una situación en que el promedio de infectados por día se ha incrementado vertiginosamente en las últimas cuatro semanas, duplicándose la tasa de positividad entre el 16 de noviembre y el 28 de diciembre de este año, al pasar de 15.3% a 37.2%. Esa terrible realidad no puede ser ocultada. El pueblo debe percibir el riesgo de contagiarse de esa enfermedad y conocer la elevada probabilidad de que haya un desbordamiento de la demanda de servicios de salud, que obligue a los médicos a decidir quién vive y quién muere.  

Almonte y Canario se hunden en sus falacias

Respuesta del Dr. Jaime Aristy Escuder a la rueda de prensa del ministro de Energía y Minas Antonio Almonte y de Serafín Canario sobre la gestión del patio de cenizas de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). 29 de diciembre de 2020.

El ministro de Energía y Minas Antonio Almonte se la pasó durante la campaña electoral diciendo mentiras en contra de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC). Hoy, en una rueda de prensa, al intentar decir otras mentiras sobre la administración anterior, realizó afirmaciones que demuestran que lo que dijo durante la campaña electoral son simplemente falacias.

En su deprimente rueda de prensa, Antonio Almonte y Serafín Canario, reconocieron que las dos unidades de la Central Termoeléctrica Punta Catalina producen a su máxima capacidad de 752 MW, cada vez que se lo solicita el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). Esto desmiente a Almonte, quien dijo durante la campaña electoral que cada unidad de CTPC sólo podía producir 356 MW, para una capacidad máxima total de 712 MW. Eso lo declaró Almonte a pesar de la auditoría de desempeño realizada por la empresa estadounidense McHale, presentada por mí públicamente, demostró que la capacidad de generación de CTPC es mayor a los 752 MW.

Lamentablemente, la capacidad de tergiversar la verdad de Almonte no tiene límite. Hoy dijo que durante la actual administración de Punta Catalina se había incrementado la cantidad de energía producida por esas dos unidades con relación a la administración anterior. Eso es falso. La comparación debe hacerse entre períodos en que ambas unidades están bajo operación de CDEEE, que es a partir de finales de abril de 2020. En consecuencia, se puede decir que el promedio de la producción de energía bruta total de CTPC en los tres meses comprendidos en el período mayo-julio ascendió a 504.6 GwH, mientras que en los tres meses del período septiembre-noviembre la producción fue de 481.9 GwH; es decir, que en la administración actual se ha producido un 4.5% menos de lo que se produjo durante la administración pasada.

Por otro lado, Almonte y Canario, reconocieron en la rueda de prensa que el diseño del patio de cenizas cumple con los estándares internacionales medioambientales para ese tipo de plantas energéticas. Esto contrasta con lo que decía Almonte durante la campaña electoral, cuando afirmaba que esas instalaciones no eran un relleno sanitario, sino un simple vertedero de cenizas. Para esa fecha le demostramos que esas instalaciones cumplen con las especificaciones técnicas y los estándares medioambientales de la Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial) en materia de rellenos sanitarios. A pesar de esa evidencia, siguió mintiendo. 

La nueva crítica de Almonte ahora se centra en la gestión de la pasada administración de ese relleno sanitario. Según Almonte, el Consorcio constructor, que gestionó el relleno sanitario entre febrero y octubre de 2019, manejó adecuadamente las cenizas en esas instalaciones, pero tan pronto tomó la CDEEE la operación, no cumplió con los procedimientos. Eso, al igual que muchas otras mentiras de Almonte, es falso e ilógico, pues el equipo de la CDEEE, al igual que operó eficientemente las dos unidades de generación y las entregó produciendo al 100% de su capacidad, también operó adecuadamente el patio de cenizas.

La administración de CTPC gestionó el relleno sanitario siguiendo los procedimientos establecidos por el Consorcio, tomando en consideración el aumento de la producción de electricidad y de subproducto que se iba registrando, y adquirió gradualmente los equipos necesarios para ello. Incluso se adquirieron las mallas geotextiles necesarias para iniciar el cierre del patio de cenizas y su transformación en una hermosa zona verde, tal como se previó en el diseño de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. De acuerdo con lo planificado y presupuestado por la administración anterior y según el manual de operaciones, dentro de unas semanas esa primera celda del patio de cenizas deberá estar totalmente cerrada.

Un último consejo a Almonte y a Canario, pónganse a trabajar intensamente a ver si en algún momento logran superar el promedio de energía mensual producida por la pasada administración de CTPC en el período mayo-julio de 2020. Eso sí sería algo positivo para el pueblo dominicano.

El Covid-19, en modo alarmante

 [Escrito el 28 de diciembre de 2020]

El 16 de noviembre de 2020 el presidente Abinader declaró que el Covid-19 estaba bajo control en la República Dominicana. Inmediatamente rebatí esa afirmación, comentando el 18 de noviembre que en Estados Unidos y Europa se estaba registrando una segunda ola más severa que la primera. A pesar de mi advertencia, el gobierno no hizo nada.

El 14 de diciembre presenté una gráfica del incremento de los casos de contagio diario, en la cual se identificaba el inicio de la segunda ola en la República Dominicana. El 15 de diciembre el gobierno comenzó a reconocer que se había equivocado al decir que tenía el Covid-19 bajo control, pues emitió el decreto 698-20 en el cual se estableció que “debido al actual incremento exponencial en la propagación de la enfermedad tanto a nivel nacional como internacional, es necesario reforzar el toque de queda y demás medidas de distanciamiento social adoptadas en el marco del estado de emergencia.” No obstante, y de manera inexplicable, el presidente Abinader, en una entrevista concedida hace unos días al periódico español El País, reiteró que “tenemos la pandemia bajo control.”

Entre el 16 de noviembre, fecha en que el presidente Abinader dijo, por primera vez, que el Covid-19 estaba bajo control, y el 27 de diciembre, la cantidad de activos identificados se incrementó en un 65%, al pasar de 21,646 personas a 35,695 personas. Y en ese mismo período, la tasa de positividad se incrementó en más del doble, al pasar de 15.3% a un 31.4%. Ese comportamiento está muy lejos de lo que significa tener una enfermedad contagiosa bajo control.

Ante esos resultados, la Sociedad de Infectología hizo ayer una declaración contundente: “No es verdad que el Covid-19 está controlado.” La doctora Rita Rojas, presidenta de esa sociedad, indicó que “el hecho de que tengamos camas en UCI y ventiladores no quiere decir que nosotros lo estamos haciendo bien, yo pienso que lo estamos haciendo muy mal.” Y tiene razón, las declaraciones del presidente Abinader crearon la percepción de una falsa seguridad, lo cual provocó que las personas, al pensar que el gobierno tenía bajo control el Covid-19, descuidara las medidas de distanciamiento social y de uso de mascarillas.  

Ayer, la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública, contradiciendo la opinión presidencial, han reconocido que la situación del Covid-19 es alarmante.

Dada esa preocupante realidad, vuelvo a recomendar que, en las fiestas de fin de año, no salgan mucho, pásenla con su familia más cercana y, sobre todo, protejan a sus seres queridos más vulnerables. Escuchen a los científicos, quienes opinan que la enfermedad sólo estará bajo control, cuando se haya aplicado la vacuna, no antes. Los políticos lo que han hecho, en su mayoría, es equivocarse con relación a la gestión de la pandemia del Covid-19.

Preguntas sobre el Fideicomiso Pro-Pedernales

[Escrito el 23 de diciembre de 2020]

El presidente Luis Abinader emitió el decreto 724-20 que crea el Fideicomiso Pro-Pedernales, el cual tiene como objeto la promoción, implementación y ejecución de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del polo turístico de Pedernales.

El Estado participará en ese fideicomiso a través de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas en calidad de Fideicomitente y Fideicomisario; es decir, será el aportante de activos y beneficiario, respectivamente. La Fiduciaria Reservas, S.A., será la fiduciaria; es decir, quien gestionará los activos o patrimonio fideicomitido.

Las personas físicas o jurídicas del sector privado también podrán participar en ese fideicomiso mediante la realización de aportes de cualquier naturaleza al patrimonio, convirtiéndose así en fideicomitentes y fideicomisarios adherentes.

La Fiduciaria Reservas deberá gestionar los recursos del patrimonio fideicomitido, que deberán ser utilizados en proyectos de desarrollo del polo turístico de Pedernales. De acuerdo con el citado decreto se le otorga a la Fiduciaria Reservas la capacidad de gestionar y contratar en nombre del Fideicomiso Pro-Pedernales con cargo al patrimonio, créditos, financiamientos, incluyendo la emisión de ofertas públicas de valores de renta fija o variable, en moneda local o extranjera.

En este momento debo hacer varias preguntas.

¿Son las personas que adquieren esa deuda emitida a cargo del patrimonio fideicomitido, acreedores o inversionistas?  

¿Los recursos que se obtengan mediante la emisión de deuda a cargo de ese patrimonio constituirán o no deuda pública? ¿Esa deuda será aprobada por el Congreso Nacional?

¿El exceso de liquidez que se obtenga mediante la emisión de títulos de deuda será depositado en el Banco de Reservas?

¿El retorno de la inversión en ese fideicomiso público, o en otros que se deriven del mismo,  se originará del flujo de efectivo que generarán los activos que se construirán en el futuro -hoteles, carreteras, aeropuertos, marinas- y que serán gestionados por la Fiduciaria Reservas? ¿Puede esa fiduciaria garantizar un determinado retorno de la inversión?

¿Qué pasaría si el retorno de los activos incluidos en el patrimonio no es suficiente para pagarle lo esperado a los inversionistas o acreedores? ¿En ese caso, tendrá el Estado que hacer el pago de los intereses o la recompra de los títulos de deuda emitidos?

¿Deben cumplir con la Ley 340-06 las compras y contrataciones que se realicen durante la ejecución de los proyectos que se desarrollarán dentro del Fideicomiso Pro-Pedernales? ¿Quién asegurará la ejecución de una política de compras y contrataciones eficiente? ¿Deberán ser fiscalizadas sus operaciones administrativas por la Cámara de Cuentas?

Me imagino que estas preguntas serán respondidas por las autoridades, antes de que den el primer picazo en el polo turístico de Pedernales.

Sobre la reforma tributaria de Abinader

[Escrito el 22 de diciembre de 2020]

Dos de los principales funcionarios del gobierno del presidente Luis Abinader declararon hace unos días que a principios de año se comenzará a discutir la reforma fiscal, con el objetivo revisar la estructura tributaria del país.

El gobierno cierra este año con el mayor déficit público de la historia reciente dominicana. Las finanzas gubernamentales arrojarán un déficit de 9.3% del PIB y se espera que el año que viene registre un déficit de un 5% del PIB, aun cuando la Administración de Abinader estimó que sería de un 3% del PIB. Esa terrible situación fiscal obliga a las autoridades a tomar medidas que reduzcan el déficit.

El ajuste debe ser no menor de 4 puntos del PIB. Esto equivale a un monto de alrededor 180 mil millones de pesos, que deberá alcanzarse mediante la reducción del gasto y/o el aumento de las recaudaciones.

El programa de gobierno del PRM establece que se pudiera reducir el gasto en, al menos, 129 mil millones de pesos. Eso significa que sólo sería necesario aumentar las recaudaciones en 50 mil millones de pesos, equivalente a un 8% del nivel de ingresos tributarios presupuestado para 2021. No obstante, si el gobierno fracasa en su intento de reducir el gasto público y debe recaudar esos 180 mil millones de pesos, eso equivaldría a un aumento de los ingresos tributarios equivalente a un 30%. Esa variación obligaría a una mega reforma tributaria.

Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, ha señalado que el gobierno gravará a sectores que no están gravados. Eso significa que se desmontarán exenciones e incentivos tributarios que benefician a consumidores y a empresas, y que representan un gasto tributario en el entorno del 5% del PIB. Esto implica la ampliación de la base del Itbis, la reducción del límite exento del impuesto sobre la renta de personas físicas, la disminución de los incentivos a zonas francas y turismo, entre otras medidas. Asimismo, me imagino que Macarrulla se refiere también a que reducirán significativamente la evasión impositiva que afecta principalmente al impuesto sobre la renta y al Itbis, haciendo que los informales se formalicen.

José Paliza, el ministro Administrativo de la Presidencia, declaró que su gobierno ejecutará una reforma fiscal integral similar a la que ejecutó el presidente Balaguer entre 1990 y 1992. Ese es un buen objetivo, aunque es una meta difícil de alcanzar debido a que, a diferencia de Balaguer, este es un gobierno muy mediático que terminará aprobando una reforma condicionada a los intereses económicos y a lo que se diga en las redes sociales y medios de comunicación. El mismo Paliza afirmó que la reforma integral “no puede ser impuesta, sino que tiene que ser el producto de una gran conversación entre todos los sectores, tanto en el ámbito público como privado.”

Así las cosas, le deseo mucha suerte al presidente Abinader, para que pueda ejecutar una reforma tributaria que sea no distorsionante de las decisiones de ahorro, trabajo e inversión, y pagada principalmente por los más ricos del país.

Que también se mantenga FASE 2

 [Escrito el 21 de diciembre de 2020]

El presidente Luis Abinader anunció la semana pasada que su gobierno extenderá la modalidad 1 del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado, que se conoce como FASE 1, hasta abril de 2021. Esa decisión, la cual se la habíamos recomendado hace más de dos meses, es un paso hacia la dirección correcta, pero no es suficiente.

La decisión de mantener FASE 1 es correcta, pues evitará que más de 300 mil trabajadores que se encuentran actualmente suspendidos por la pandemia pierdan su empleo. Esas personas, que se definen como ocupados ausentes por la OIT y reciben mensualmente del gobierno un pago de 8,500 pesos, pertenecen en su mayoría al sector formal y, en particular, a las actividades más impactadas por el distanciamiento social y las restricciones a la movilidad internacional, como las vinculadas a hoteles, bares y restaurantes.

Si el gobierno hubiese eliminado en enero de 2021 ese programa, tal como había sido anunciado hace semanas por el presidente Abinader y el ministro de Hacienda, no cabe duda de que las empresas acogidas a ese programa de ayuda hubiesen tenido que despedir a todo ese personal. Dado que la economía crea anualmente alrededor de cien mil puestos de trabajo, se puede señalar que el despedido de más de 300 mil personas significaría un retroceso de más de tres años en el mercado laboral.

El gobierno debe también extender FASE 2, el cual consiste en un apoyo directo al trabajador activo por un monto de 5 mil pesos, reduciendo en esa misma suma la cantidad que debe pagar por concepto de nómina la empresa. Ese programa es una política de apoyo a la economía por el lado de la oferta, pues permite que las empresas, que han sido impactadas negativamente por la pandemia, mantengan a ese personal laborando, aun cuando se haya reducido su nivel de producción y/o ventas.

El gobierno debe tomar en consideración que la disminución de los ingresos y del valor agregado de las empresas, significa la disminución de la productividad media del empleado. En consecuencia, si se elimina FASE 2 la empresa se verá en la obligación de despedir trabajadores, para aumentar así la productividad media de las personas que queden en nómina. Por otro lado, debe tomarse en consideración que el pago de las prestaciones laborales tenderá a descapitalizar las empresas, elevando su probabilidad de quiebra. Esto podría impactar negativamente la calidad de la cartera del sistema financiero dominicano.

Ante ese muy probable evento, y dada la restricción presupuestaria de 2021, le recomiendo al presidente Abinader que mantenga vigente hasta abril el programa FASE 2, sólo para las mipymes que hayan registrado una reducción superior a un 10% de sus ventas con relación al promedio alcanzado en 2019. Esa decisión será muy positiva para muchos perceptores de ingresos con bajos niveles de renta.   

Factoring Reservas para mipymes

[Escrito el 18 de diciembre de 2020]

El Banco de Reservas, encabezado por Samuel Pereyra, ha puesto en marcha un programa de compra de facturas que beneficiará a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que suplen al Estado. El Factoring Reservas permitirá a esos empresarios descontar sus facturas y recibir la liquidez que requieren para seguir expandiendo sus operaciones de manera sostenida.

En un estudio realizado por la Unión Europea para la Dirección General de Contrataciones Públicas quedó demostrado que un pago oportuno es clave para los suplidores del Estado. Incluso se verificó que las empresas encabezadas por mujeres tienen la posibilidad de aumentar su participación en los procesos de licitación pública, si se mejora el plazo de pago de las facturas. Por tanto, un programa que permita el acceso a esa liquidez ayudaría a que las mipymes, en particular las encabezadas por mujeres, tengan un mejor desempeño como oferentes en los procesos de compra y contrataciones públicas.

De acuerdo con información suministrada por Andrés van der Horst, gerente general de Fiduciaria Reservas, se prevé que el descuento de facturas se realizaría rápido y barato. Específicamente se indicó que, a través del fideicomiso, el empresario registraría la factura correspondiente al bien o servicio suministrado al Estado y, en menos de 48 horas se procedería a verificar la información y a descontar la factura a una tasa de 1.5%, facilitándole la liquidez al oferente de manera inmediata.

Dado que el gobierno ha estado mejorando su historial de pago, lo cual se espera siga logrando la nueva administración, es muy probable que el uso del Factoring Reservas sea realizado por aquellas empresas que necesiten la liquidez entre los días comprendidos entre el momento en que se emite la factura y la fecha en que deberían recibir el pago, la cual está definida por el plazo de crédito comercial que se establece en el Pliego de Condiciones del proceso de licitación, el cual por lo general es de 30 días. Si el plazo es tan breve, la tasa de descuento pudiese ser algo menor al 1.5% anunciado por las autoridades de esa entidad financiera cuando se presentó el programa de Factoring Reservas. Ojalá sea así, por el bien de las mipymes.

La inconsistencia temporal del toque de queda

[Escrito el 18 de diciembre de 2020] 

Los asesores del presidente Abinader en materia del Covid-19 deben revisarse. Primero le pusieron a decir que esa enfermedad estaba bajo control, justo cuando en los Estados Unidos y en Europa se iniciaba una segunda ola más agresiva que la primera. Ahora le ponen a firmar un decreto que es temporalmente inconsistente.

El decreto 698-20 es temporalmente inconsistente porque no define una política óptima para reducir el ritmo de contagio. El decreto lleva a las 7 de la noche la hora máxima para que los negocios puedan operar, pero mantiene hasta las 9 de la noche el libre tránsito de las personas. En síntesis, hay dos horas menos para trabajar y dos horas más para divertirse de casa en casa, reunirse con los amigos y tomarse las bebidas alcohólicas que podrán comprar hasta las 6 de la tarde. El resultado de ese nuevo toque de queda será un aumento del contacto social y, en consecuencia, de la tasa de contagio de la enfermedad.

Dado que las personas saben que ese decreto no será efectivo, y que el gobierno tendrá que modificarlo cuando siga aumentando la cantidad de casos activos, aprovecharán esas dos horas de libre tránsito al máximo mientras se pueda. Esto implica un aumento del contacto y una reducción del distanciamiento social, lo cual se traduce en un incremento de la tasa de contagio. Ante ese resultado, la única opción del gobierno será la de modificar el decreto y aprobar un toque de queda más severo. Esto demuestra la inconsistencia temporal del decreto.

Lo grave es que además de ser un decreto con inconsistencia temporal, es una medida que reduce el nivel de bienestar de la población. En términos económicos el decreto obliga a los negocios a cerrar a las 7 de la noche, lo cual significa dos horas menos para la realización de actividades y creación de valor agregado. Eso implica menores niveles de empleo, salarios y beneficios. Y en términos de salud, dado que el decreto aumentará el contagio, habrá mayor gasto en salud, pérdida de horas de trabajo por causa de la enfermedad y, casi seguro, una mayor cantidad de fallecidos. Si se suman ambos efectos negativos, se puede concluir que el decreto 698-20, que establece el nuevo toque de queda con libre tránsito, fue escrito por alguien inexperto en esos temas.  

Que tomen lecciones de focalización

[Escrito el 16 de diciembre de 2020]

El gobierno del presidente Luis Abinader debe tomar algunas lecciones para mejorar su capacidad de focalización. De lo contrario su política de gasto público impactará negativamente sobre el bienestar de los dominicanos.

El objetivo de focalizar es que los recursos públicos lleguen a las personas que más los necesitan. El gobierno utiliza sus ingresos, que obtiene mediante el cobro de impuestos y financiamientos, y adquiere bienes y servicios que deben beneficiar principalmente a los más pobres y vulnerables. La educación y salud pública son dos intervenciones progresivas, pues benefician más a los que menos tienen.

La microsimulación, aplicada sobre la distribución de ingresos laborales, es uno de los instrumentos que debe utilizarse para determinar el impacto de cualquier intervención del gobierno. Una buena política de gasto público social es aquella en la que el porcentaje recibido por la población de menores ingresos es superior a su peso en la población o, por lo menos, mayor a su participación en la distribución de los ingresos laborales. De esa manera un aumento de ese gasto público social se traduce en un mayor incremento en los ingresos de los más pobres, disminuyendo así la desigualdad de la renta.

Lamentablemente, el gobierno del presidente Abinader ha dado muestras de que no sabe focalizar. Un evento de mala focalización es el siguiente. Al mismo tiempo que se otorga una transferencia directa por cien millones de pesos a un selecto grupo de artistas, se elimina el incentivo a los médicos que luchan en los hospitales públicos contra la pandemia del Covid-19.

El impacto de esa intervención pública a favor de esos artistas selectos es el aumento de la desigualdad de ingresos. Una distribución de recursos hacia segmentos de población con medianos o elevados ingresos, como tienen esos artistas, hace que esa política sea regresiva, pues en vez de beneficiar a los pobres beneficia a personas de mayores ingresos. Dado que el gobierno tiene recursos para los artistas de elevados ingresos, otros artistas menos famosos quieren que se les incluya también en esa política de asistencia social. Pero no solo eso, los choferes de Conatra y Fenatrano también quieren ser parte de la distribución de ingresos. E incluso otros profesionales independientes y artistas del verbo y de la pluma, que no han podido trabajar durante la pandemia, también quieren lo suyo. 

De acuerdo con algunos funcionarios del equipo económico de Abinader, en enero se focalizarán las ayudas sociales. Ante la incapacidad demostrada de cómo focalizar adecuadamente el gasto público, es muy probable que la selección que se haga de los beneficiarios resulte en un empeoramiento relativo de los segmentos pobres y vulnerables, que hasta diciembre se estuvieron beneficiando de los programas sociales Quédate en Casa, Fase y Pa’Ti. Ante esa posibilidad, le recomiendo al presidente Abinader que ponga a sus funcionarios a tomar clases de focalización durante estas fiestas de Navidad.

Sobre el Covid, el gobierno se equivocó

[Escrito el 15 de diciembre de 2020]

El gobierno del presidente Luis Abinader reconoció hoy [ayer] que se equivocó cuando señaló que tenía bajo control el Covid-19. En el decreto presidencial 698-20 se indica que, “debido al actual incremento exponencial en la propagación de la enfermedad tanto a nivel nacional como internacional, es necesario reforzar el toque de queda y demás medidas de distanciamiento social adoptadas en el marco del estado de emergencia.”

El citado decreto establece un nuevo horario de toque de queda que va de 7 de la noche a 5 de la mañana, en el Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo, Santiago y otras provincias. No obstante, los técnicos gubernamentales recomendaron, y así se aprobó, que habrá libre tránsito hasta las 9 de la noche, para asegurar que las personas puedan llegar a sus casas sin contratiempos. Esa decisión significa que se permitirá por dos horas más el movimiento de personas, lo cual es prácticamente lo mismo que existe en la actualidad, con la diferencia de que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 6 de la tarde.  

Ayer presenté el vertiginoso aumento de la cantidad de personas contagiadas diariamente. Entre el 16 de noviembre, fecha en que el presidente Abinader dijo que el Covid-19 estaba bajo control, y el 13 de diciembre, la cantidad de contagios por día se incrementó en un 70%. Ese comportamiento está muy lejos de lo que significa tener una enfermedad contagiosa bajo control.

Ese ritmo de contagio ha provocado un aumento de la cantidad de personas actualmente enfermas de Covid-19. Al 14 de diciembre, el total de personas activas, es decir con capacidad de contagiar a otras, es de 32,107, lo cual representa un aumento de 10,461 personas con relación a la cantidad de activos existentes el día en que el presidente Abinader dijo que el Covid-19 estaba bajo control.

El aumento de personas activas significa que la probabilidad de que otras personas sean contagiadas de ese virus es mayor. Asimismo, a mayor cantidad de activos, mayor es la presión sobre los servicios de salud, tanto los provistos por el sector público como por el sector privado. Debemos aprender de la triste experiencia de países, en que sus médicos han tenido que decidir quién vive y quien muere por la ausencia de suficientes instalaciones y equipos de atención intensiva.

La población no puede descuidarse. Ayer recomendé que únicamente se escuchara a los científicos, quienes recomiendan el distanciamiento social y el uso de mascarillas para evitar el contagio. Nadie tiene bajo control el Covid-19, mucho menos los políticos dominicanos. Solo la vacuna podrá controlar esa enfermedad.

La segunda ola de Covid-19 en República Dominicana

[Escrito el 14 de diciembre de 2020]

El 16 de noviembre pasado, el presidente Luis Abinader comunicó al país que el Covid-19 estaba bajo control. Inmediatamente le rebatí, señalando que su afirmación era -y sigue siendo- incorrecta.

Para esa fecha en los Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos se registraba un vertiginoso aumento de nuevos contagios, lo cual se caracterizaba como la segunda ola de esa terrible enfermedad. El 18 de noviembre comenté sobre el aumento de los casos en los Estados Unidos, Italia, España, Alemania, el Reino Unido, entre otras naciones, lo cual había puesto en alerta a las autoridades sanitarias de esos países. La reacción de los líderes de esas naciones desarrolladas fue adoptar medidas de confinamiento y restricciones a la movilidad.

Hoy ninguno de esos países puede declarar que tiene el Covid-19 bajo control. Todos están tomando medidas más restrictivas para enfrentar la segunda ola de una enfermedad que ha afectado a casi 71.3 millones de personas y matado a 1.6 millones. Hoy el alcalde Bill de Blasio advirtió que es probable que se lleve a cabo un encierro total de la ciudad de Nueva York. En Alemania, la Canciller Angela Merkel, ya anunció un confinamiento estricto hasta el 10 de enero. Otros países europeos van por el mismo camino.

En la República Dominicana los datos de nuevos contagios sugieren que se ha iniciado la segunda ola. El promedio móvil de 7 días al 16 de noviembre, justo cuando el presidente Abinader le dijo al país que tenía el Covid-19 bajo control, era igual a 509 contagios nuevos por día. Al día de ayer, el promedio móvil arrojó un valor de 864 nuevos casos por día, un aumento de 70%. Al ver la gráfica de la trayectoria de los nuevos contagios se observa que justo antes del 16 de noviembre ya se registraba una tendencia al aumento, comportamiento que se acentuó significativamente en el mes de diciembre. Y les puedo asegurar que en las próximas semanas habrá una mayor cantidad de contagiados por día.

Esa triste y preocupante realidad permite rechazar categóricamente la afirmación del presidente Abinader de que el Covid-19 está bajo control, y nos lleva a recomendarle al pueblo dominicano que siga cuidándose, manteniendo el distanciamiento social y el uso de las mascarillas. Y en las fiestas de Navidad no salgan mucho, pásenla con su familia más cercana y, sobre todo, protejan a sus seres queridos más vulnerables. Escuchen a los científicos, quienes opinan que la enfermedad sólo estará bajo control, cuando se haya aplicado la vacuna, no antes.

El Banco Central Europeo inyecta de nuevo

 [Escrito el 11 de diciembre de 2020]

El Banco Central Europeo anunció hoy la ampliación de su programa de compra de bonos y de préstamos a bancos comerciales. El objetivo de esas medidas es aumentar la liquidez disponible para que los agentes económicos puedan aumentar su demanda de bienes y servicios, sea mediante el consumo o la inversión. De esa manera se espera estimular la recuperación económica de la vieja Europa.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, anunció que tiene 500 mil millones de euros adicionales para comprar bonos. Ese aumento de liquidez significa que los emisores, sean gobiernos o empresas, se beneficiarán de menores tasas de interés, lo cual promueve el consumo presente y facilita que una mayor cantidad de proyectos de inversión sean rentables.

De acuerdo con algunos expertos entrevistados por el Wall Street Journal, la disponibilidad crediticia del Banco Central Europeo significa que esa entidad liberará recursos suficientes para financiar la totalidad de los déficits fiscales de los 18 países de la zona euro en el año 2021.

  A pesar de que el rendimiento de los bonos soberanos de muchos países de esa zona se encuentra en el entorno de cero por ciento y que la tasa de interés de política monetaria es de -0.5%, se prevé que el estimulo monetario permita la aceleración de la actividad productiva. La segunda ola del coronavirus y el confinamiento que ésta provocó ha generado una contracción mas acentuada del PIB, destruyéndose empleo. Ante esa realidad económica, que se resume en una variación esperada del PIB para este año 2020 de -8%, Christine Lagarde no ha dudado en abrir nuevamente la llave monetaria para apoyar a los gobiernos, empresas y hogares. De lo que debe asegurarse ese organismo emisor es que la liquidez que tienen los bancos comerciales llegue a los agentes económicos, lo cual es clave para amortiguar el efecto negativo de la pandemia hasta que se generalice la aplicación de la vacuna.

La aplanadora de Fulcar

 [Escrito el 10 de diciembre de 2020]

El ministro de Educación, Roberto Fulcar, ha establecido una aplanadora en su ministerio. La decisión de despedir a 22 mil personas justo antes de la Navidad no tiene precedente en la República Dominicana. De acuerdo con lo publicado en la prensa, se trata de personas humildes que trabajan por un sueldo mínimo, que es la principal fuente de ingresos de sus respectivos hogares.

La decisión de Fulcar tiene como impacto directo el aumento de la incidencia de la pobreza extrema en el país. No cabe duda de que esas personas, que trabajaban como secretarias, bedeles, mayordomos, monitores, digitadores, entre otros, aportan un ingreso único o complementario en su hogar cuya pérdida implica un deterioro de su nivel de bienestar. Debe tomarse en cuenta que despedir 22 mil personas significa afectar hogares con una población total de cien mil personas. Se nota que el ministro de Educación no tiene conocimiento sobre el impacto que tiene su decisión sobre los indicadores de pobreza, lo cual se agrava debido a que la pandemia del Covid-19 afecta negativamente la economía y la capacidad de generación de empleo en el país.

Fulcar ha pasado de ser un soñador a ser el verdugo del personal del Ministerio de Educación. En noviembre, cuando inició el año escolar, el ministro Fulcar dijo que tenía un sueño de un sistema educativo moderno y capaz de suplir la educación que requieren los niños dominicanos para ser futuros profesionales. Lamentablemente no dijo que su sueño incluía también acciones que implicaban una terrible pesadilla para miles de dominicanos, que hasta hace poco formaban parte de las escuelas públicas nacionales. Es una pena que las autoridades del ministerio opinen que esos despidos masivos constituyen simplemente “cambios de rutina.”

El presidente Luis Abinader, que se definió como el presidente de todos los dominicanos, debe intervenir y corregir el daño provocado por Fulcar. Después de las elecciones del pasado mes de julio, el presidente Abinader habló al país y señaló que él no era el presidente únicamente del PRM, sino de todo el pueblo dominicano. Si así es, pues que evite que la aplanadora de Fulcar siga dañando a las familias pobres de este país.

Sobre la recompra de deuda dominicana

 [Escrito el 9 de diciembre de 2020]

El gobierno del presidente Luis Abinader anunció hoy [ayer] la recompra de deuda soberana de corto plazo mediante su canje por deuda de largo plazo. Esa operación de gestión de pasivos implicó el incremento del bono emitido con vencimiento a 2032 por la suma de 1,266 millones de dólares, cuyos recursos se utilizaron para recomprar 1,260 millones de dólares de deuda que vencían en los años 2021, 2024 y 2025. Esto significa que esa operación financiera aumentó el nivel de deuda pública total en 6.1 millones de dólares.

El beneficio de la recompra de deuda consiste en la reducción de su servicio en el período comprendido entre 2021 y 2025, el cual se estima en 1,132 millones de dólares. Esa disminución se explica por la sustitución de bonos con cupones comprendidos entre 5.5% y 7.5%, por el nuevo bono con vencimiento en 2032 con un cupón de 4.875%. Además, el gobierno no tendrá que pagar el principal de esos bonos en los próximos cuatro años, lo cual implica una mayor disponibilidad de flujo de caja que podría utilizar libremente en el corto plazo. Es obvio que esa operación de gestión de pasivos incrementará el servicio de la deuda a partir de 2026, acentuándose en el año 2032, cuando haya que pagar el principal adicional colocado hoy por la suma de 1,266 millones de dólares.  Esto acrecienta la necesidad de una reforma tributaria.   

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la operación de canje de deuda reducirá en 427 millones de dólares el servicio de la deuda externa en 2021. Ese resultado crea dos opciones para la presente administración. La primera opción es que el gobierno se ahorre esos recursos y reducir así el déficit público del próximo año, lo cual disminuiría el riesgo del pago de la deuda. La segunda opción es utilizar los recursos liberados para invertirlos en obras de infraestructura, con un elevado efecto multiplicador, y en la extensión de los programas sociales Fase, Quédate en Casa y Pa’Ti.

En diversas ocasiones he recomendado al gobierno mantener esos programas sociales más allá de diciembre, espero que esa sea la decisión que tomen, pues beneficiaría a miles de hogares vulnerables y pequeñas empresas. Esto permitiría que esa parte de la sociedad se beneficie también de la enorme liquidez que existe en los mercados de capitales internacionales.  

Control de precios 2.0

 [Escrito el 8 de diciembre de 2020]

Hace mucho tiempo se demostró, teórica y empíricamente, que la política de control de precios tiene un impacto negativo sobre el bienestar de la gente. El establecimiento de precios máximos tiende a reducir la oferta, a incrementar la demanda y, por lo tanto, a crear escasez. Asimismo, se ha verificado que la fijación de precios tiende a deteriorar la calidad de los productos sujeto a ese control. Por esos resultados es que los gobiernos, por lo general, evitan la aplicación de ese tipo de políticas.

En microeconomía se enseña que el nivel de precios depende de la interacción entre oferta y demanda. Cuando la demanda está por encima de la oferta, los precios suben; y cuando la demanda está por debajo de la oferta, los precios bajan.

Esa teoría permite explicar los aumentos de precios que se han registrado recientemente en los productos agropecuarios. Específicamente, se puede decir que esos aumentos se deben al desequilibrio entre oferta y demanda. Si se quiere lograr una reducción de los precios, hay que incrementar la oferta. La oferta se puede expandir mediante una disminución de los costos de producción, a través de un incremento de la productividad o mediante una apertura comercial que facilite las importaciones.

A pesar de ese conocimiento, el gobierno ha preferido aplicar una estrategia muy parecida al control de precios. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, ha realizado un acuerdo con los representantes de los principales supermercados del país, para que éstos reduzcan el margen de beneficios sobre los productos de la canasta básica. Con esa medida las autoridades pretenden que se reduzcan los precios de los productos como el arroz, habichuelas, carne de pollo, leche, huevos, entre otros.

Lamentablemente, esa medida no tendrá un impacto positivo. Me explico. Ese tipo de productos son bienes básicos sin marca, por tanto, sujeto a una gran competencia y con un margen a nivel de supermercado que es relativamente pequeño. Esto implica que la reducción de los márgenes no es una política sostenible, pues los supermercados no tendrán ningún incentivo a seguir vendiendo esos productos si el margen es cercano a cero. En consecuencia, el acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y los supermercados no reducirá significativamente el nivel de precios de los bienes agropecuarios, y la exigua reducción que pudiese lograrse sería transitoria. Mi recomendación al gobierno del presidente Abinader es que se olvide de esa política de control de precios 2.0.

La era de bajas tasas de interés

 [Escrito el 4 de diciembre de 2020]

Estamos en una era de bajas tasas de interés a nivel global. En el año 2000 la tasa de interés real, medida por el rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años menos la tasa de inflación era de 4.3%, mientras en el año 2020 esa variable se colocó en -0.1%.  Y se espera que las tasas de interés se mantengan en un nivel reducido, específicamente por debajo de 2% en términos nominales, durante los próximos años.

Bajas tasas de interés implican un cambio de poder de la política económica. La política monetaria reduce su efectividad, pues está condicionada por el límite inferior cero, por debajo del cual no puede reducirse la tasa de interés nominal. En el pasado, cuando había recesión, los bancos centrales actuaban de manera rápida reduciendo de manera significativa la tasa de interés para reactivar la demanda agregada. Pero, con tasas de interés cercanas a cero, el margen de maniobra de las autoridades monetarias se reduce. No obstante, hay que reconocer que se pueden utilizar otros instrumentos monetarios de rápida implementación para reactivar la economía.

 Por otro lado, las bajas tasas de interés fortalecen la política fiscal, pues disminuyen el servicio de la deuda pública y facilitan su sostenibilidad. En otras palabras, esas bajas tasas de interés, como las actuales, permiten a los gobiernos endeudarse con mayor facilidad y a menor costo, aumentando la capacidad de ejecutar una política fiscal expansiva, como es el caso de obras de infraestructura, lo cual elevaría el crecimiento potencial y expandiría el empleo en el sector privado. Esa es una gran oportunidad para mejorar el nivel de capitalización pública en economías emergentes.

En el caso de la República Dominicana, la reducción de las tasas de interés a nivel internacional podría ser aprovechada para realizar operaciones de gestión de liquidez, como la lanzada por el gobierno del presidente Abinader el pasado martes. Esto significa sustituir deuda soberana con elevadas tasas de interés por deudas con menores tasas. Obviamente, esto implica pagar una prima por encima del valor facial del bono que se estaría readquiriendo, pero operaciones de ese tipo se podrían llevar a cabo, siempre y cuando, haya un beneficio para el gobierno dominicano en términos de valor presente. Con relación al flujo de caja, esa operación financiera reducirá el servicio de la deuda en los próximos años, liberando recursos que podrían utilizarse para aumentar el gasto de capital, lo cual aceleraría el crecimiento económico. Esa recomendación la realizo sin perder de vista el valor presente del superávit primario, que se debe alcanzar para honrar la deuda pública en el largo plazo. 

Reforma tributaria y calificación crediticia

[Escrito el 3 de diciembre de 2020]

Las calificadoras de riesgo han ratificado la calificación de la República Dominicana. En el caso de S&P Global Ratings (S&P) ha mantenido la calificación BB-/B con perspectivas negativas. Esto significa que, en el contexto de recesión económica actual, si no se ejecutan las reformas estructurales podría haber un deterioro de las cuentas fiscales y externas, repercutiendo negativamente sobre la capacidad de pago de la deuda pública.

La perspectiva negativa implica que S&P puede reducir la calificación de la República Dominicana entre los próximos seis y 18 meses. El futuro de la calificación dependerá de tres eventos.

El primer evento, aun cuando S&P no lo dice explícitamente en su reporte, es que se cumpla en 2021 el déficit fiscal de 3% del PIB, el cual es un gran reto, pues implica una reducción de más de seis puntos porcentuales del PIB con relación al nivel registrado en 2020. Si hacia mediados de año se observa que el déficit público oscilara entre 5% del PIB y 6% del PIB, es muy probable que S&P rebaje la calificación de la deuda de largo y de corto plazo.

La reforma tributaria es el segundo evento que debe cumplirse para que se mantenga la calificación crediticia. El gobierno del presidente Abinader se comprometió a discutir y aprobar a mediados del año próximo la reforma fiscal, con el objetivo de aumentar los ingresos tributarios y disminuir de manera permanente, es decir, a partir del año 2022, el déficit del sector público no financiero. Según S&P: “Podríamos bajar las calificaciones si el gobierno no puede aprobar reformas para frenar el déficit fiscal, que de lo contrario podría conducir a un aumento sustancial de la deuda externa.”

Un crecimiento económico menor al esperado es el tercer evento que pudiera deteriorar la calificación crediticia del gobierno dominicano. S&P ha indicado que si los choques externos o la pandemia del Covid-19 limitan el crecimiento actual y/o potencial reduciría la calificación. Esto se explica debido a que el crecimiento del PIB es un factor clave para colocar la deuda pública, como porcentaje del PIB, en una trayectoria sostenible en el largo plazo.

Hay que destacar que la calificación de BB- refleja, según lo indica el reporte de S&P, el rápido ritmo de crecimiento de la última década y la resiliencia de la economía dominicana, tal como señalé en el comentario del pasado lunes. Si el presidente Abinader utiliza la mayoría que tiene el PRM en el Congreso para aprobar la reforma fiscal, los fundamentos macroeconómicos se fortalecerían, mejorando así la calificación crediticia del gobierno dominicano.

El equipo económico de Biden

[Escrito el 2 de diciembre de 2020] 

El presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, ha seleccionado un equipo económico que deberá ayudarlo a enfrentar una de las peores crisis registradas a nivel global. El objetivo de ese grupo de profesionales será la aceleración del crecimiento económico con equidad, que permita la recuperación del empleo e ingresos destruidos durante la presente recesión.

La pandemia del Covid-19 provocó que la tasa de desocupación en la poderosa economía del norte pasara de 3.5% a inicios de 2020 a 14.7% en abril de este año. Asimismo, la brecha del producto, que se mide como la diferencia entre el producto actual y el potencial, pasó de 1.2% en diciembre del año pasado a -9.9% en junio de 2020.

De acuerdo con el presidente electo Biden, el equipo seleccionado es “de primer nivel que nos ayudará a superar esta crisis económica en curso y nos ayudará a reconstruir la economía, no solo a reconstruirla, sino a reconstruirla mejor que antes.” En ese contexto, cabe resaltar el interés de Biden de que la recuperación beneficie a todos, pero principalmente a los estadounidenses de menores ingresos. Para eso el equipo económico deberá preparar, lo antes posible, un paquete de ayuda económica que pueda ser aprobado por el Congreso y permita la recuperación del bienestar de la gente.

Las personas propuestas para formar parte del equipo económico de Biden y que deberán ser confirmadas por el Senado son: Janet Yellen, como secretaria del Tesoro; Wally Adeyemo, subsecretario del Tesoro; Neera Tanden, directora de la Oficina del Presupuesto; Cecilia Rouse, jefa del Consejo de Asesores Económicos; Jared Bernstein y Heather Boushey, miembros del citado Consejo.

Debe destacarse que, la aprobación y aplicación de la vacuna contra el Covid-19 facilitará la recuperación de la actividad económica. En el día de hoy se aprobó en el Reino Unido la vacuna fabricada por el consorcio formado por Pfizer y BioNTech, que tiene un 95% de efectividad y que se espera comience a ser aplicada a partir de la semana próxima. Esa vacuna también deberá ser aprobada en los próximos días por la FDA de los Estados Unidos, lo cual permitirá que se reactiven las actividades que tienen mayor contacto físico. Esto, unido a la ayuda económica a ser aprobada por el Congreso, dinamizará el mercado laboral, elevándose el nivel de ingreso promedio de la población.   

Una banca saludable

 [Escrito el 1 de diciembre de 2020]

La Superintendencia de Bancos, dirigida por Alejandro Fernández W., ha informado al país que, pese al impacto de la pandemia provocada por el Covid-19, el sistema financiero nacional presenta en la actualidad indicadores saludables. Esa noticia es muy positiva, pues permite a los depositantes dormir tranquilos, teniendo la certeza de que sus ahorros están en una banca que es líquida, solvente y rentable. 

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, la pandemia no ha impedido el crecimiento del sistema financiero dominicano. Todo lo contrario, medido a octubre, el total de activos refleja una variación interanual de un 21%, subiendo los depósitos un 18%. Dentro de la partida de activos se observa que, la cartera de préstamos se expandió en un 7%, manteniéndose muy saludable, con una morosidad de apenas 2.1%. La autoridad supervisora destaca en su reporte que las reservas superan por mucho la cartera en mora, lo cual implica que la banca tiene suficientes recursos provisionados para enfrentar los posibles incumplimientos.

La liquidez es abundante en el sistema financiero, incrementándose en un 38%, entre octubre de 2019 y octubre de 2020, hasta colocarse en los 396 mil millones de pesos. El porcentaje de disponibilidades sobre el total de depósitos también se incrementó, situándose en 29.5%. Esto significa que la banca tiene suficientes recursos disponibles para hacer frente a los requerimientos de liquidez de los agentes económicos.

A octubre de este año el sistema financiero mostraba un elevado nivel de solvencia. El aumento del capital por la suma de 28 mil millones de pesos se ha traducido en un incremento del índice de solvencia, el cual pasó de 16.8% a 20.4% en los últimos doce meses. Esto implica que la banca tiene un patrimonio por activo que es el doble del requerido por la legislación monetaria.

La Superintendencia de Bancos también ha indicado que, aun cuando se ha reducido la rentabilidad del sistema financiero en los últimos doce meses, se puede decir que tiene un nivel adecuado. Específicamente, el supervisor bancario informó que el retorno del sistema financiero sobre su patrimonio es de un 16.8%, reflejando la viabilidad económica de los intermediarios financieros.

Los indicadores anteriores constituyen un reconocimiento del trabajo realizado, desde hace años, por las autoridades monetarias a favor de la estabilidad y modernización del sistema financiero nacional. No cabe duda de que la evolución de la banca ha sido positiva, y se puede decir que las actuales autoridades de la Superintendencia de Bancos han encontrado un sistema financiero sano y preparado para seguir aportando al desarrollo económico y social de la nación.

Dominicana: una economía resiliente

 [Escrito el 30 de noviembre de 2020]

La economía dominicana ha demostrado ser resiliente. Su capacidad de recuperación frente a choques domésticos o externos, o choques de oferta o demanda, es verdaderamente extraordinaria. Las estadísticas de octubre muestran que la actividad económica, medida por el producto interno bruto, mejora sostenidamente, lo cual revela una trayectoria que se explica por la política económica que se ejecuta desde marzo de este año.

De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del mes de octubre de 2020 presenta una variación interanual de -4.3%, colocándose el crecimiento promedio del período enero-octubre en -7.7%.  

El PIB trimestral desestacionalizado revela un comportamiento positivo en el trimestre julio-septiembre con relación al segundo trimestre del año. Específicamente, se estima que la actividad económica se incrementó en un 11% en el tercer trimestre al compararse con los tres meses anteriores.

La recuperación de la actividad económica privada se explica por la política económica expansiva. Por un lado, el Banco Central desde el mes de marzo, justo antes de que iniciara la cuarentena, comenzó a disparar los cañones monetarios, reduciendo la tasa de interés de política y liberando decenas de miles de millones de pesos la liquidez, con lo cual apoyó la demanda agregada de los agentes económicos privados.

La actual política monetaria me hizo recordar la reacción del Banco Central en 1998, cuando el país fue impactado por el huracán Georges. En aquel momento, las autoridades monetarias, encabezadas por el gobernador Héctor Valdez, ejecutaron rápidamente un programa de flexibilización crediticia que apoyó el conjunto de acciones del Gobierno Central y del sector privado, que eran necesarias para reconstruir el país y el aparato productivo nacional, creciendo el PIB ese año en 7.3%.

Volviendo al presente, la política fiscal también ha favorecido la recuperación de la actividad productiva. El apoyo a los hogares pobres y vulnerables, así como a las pequeñas y medianas empresas, ha amortiguado el impacto negativo que provocó la pandemia del Covid-19 sobre la oferta y la demanda de bienes y servicios. Los programas de ayudas sociales, Quédate en Casa, Fase y Pa’Ti han sido clave para la mejora del PIB y para evitar que subiera la incidencia de la pobreza en 7.3 puntos porcentuales adicionales a lo que subió (6 p.p.), pero se necesita aumentar la inversión pública, lo cual facilitaría que la economía cierre el año 2020 con una variación en el entorno del -6.8% y alcance una expansión de un 6% en 2021, tal como estima el Banco Central. Un excelente resultado si se toma en consideración que en el pasado mes de abril se registró un desplome de -29.8%.

El gobierno comienza a entrar en razón

 [Escrito el 27 de noviembre de 2020]

El gobierno del presidente Luis Abinader comienza a entrar en razón. Ayer el ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, afirmó que el gobierno todavía “no ha cerrado el tema de la permanencia o no de los programas sociales,” como Quédate en Casa, Fase y Pa’Ti. Esto contrasta con la afirmación del presidente Abinader que declaró que en enero se eliminarían esos programas y que serían sustituidos por “la doble,” que consiste en duplicar los 895 pesos mensuales que reciben los pobres por concepto del programa Comer es Primero.

Desde finales de septiembre, cuando el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, afirmó que esos programas serían eliminados en enero, he estado realizando comentarios sobre las consecuencias económicas y sociales de esa decisión. Le he dicho al gobierno de Abinader que el impacto de la eliminación de los programas sociales creados para enfrentar las consecuencias económicas del Covid-19 sería la quiebra de empresas, aumento del desempleo, incremento de la pobreza y mayor desigualdad de ingresos.

Algo similar opina la Premio Nobel de Economía y profesora del MIT, Esther Duflo. Ella recientemente señaló que la eliminación en diciembre de esos programas sociales tendría un impacto negativo, por lo tanto, recomendó al gobierno mantenerlos. E indicó que el dinero que el gobierno pagará ahora se lo ahorrará en el futuro, al reducir el impacto de la crisis económica. El Fondo Monetario Internacional, a través de su economista jefe, Gita Gopinath, tiene argumentos similares que permiten defender el mantenimiento más allá de diciembre de esos programas sociales.

Gracias a esos planteamientos, el gobierno ha comenzado a entender que es mejor mantener esa ayuda a los hogares pobres, vulnerables y a las empresas pequeñas y medianas. De acuerdo con Ceara Hatton, el gobierno estudia actualmente cómo será su permanencia, indicando que favorece que los mismos sean focalizados a partir del año 2021. Espero que la nueva administración no haya despedido al personal experto, que labora en las instituciones encargadas de realizar la focalización, para que le ayude a realizar un buen trabajo, pues, de lo contrario, llegaría enero y no habrían realizado la identificación correspondiente. Eso sería una calamidad para la sociedad dominicana.  

El endeudamiento público según Abinader

 [Escrito el 26 de noviembre de 2020]

En sus alocuciones, que han sido muchas, el presidente Luis Abinader utiliza como estrategia echarle la culpa al gobierno pasado de cualquier evento que considere negativo, aun cuando haya sido provocado por sus decisiones. En una de sus recientes participaciones se le preguntó sobre el rápido endeudamiento que lleva su gobierno, el cual en menos de 100 días ha superado los cinco mil millones de dólares. La respuesta del presidente Abinader era previsible: le echó la culpa al gobierno pasado, señalando que “todos esos préstamos ya estaban aprobados por el Gobierno anterior.” Era lógico que dijera algo así para salir de abajo de un camión, pues nunca en la historia dominicana un gobierno se había endeudado tanto en tan poco tiempo.    

Olvidó, sin embargo, el presidente Abinader que fue su Congreso el que aprobó el 3 de septiembre la Ley 222-20 de Presupuesto Complementario. En el Artículo 6 de esa ley se autoriza al Poder Ejecutivo “a concertar operaciones de crédito público mediante la colocación de bonos y/o crédito bancario,…” por un monto de hasta 202 mil millones de pesos. Esto permitió la colocación de 3,800 millones de dólares de bonos soberanos en los mercados internacionales, así como aprobar 500 millones de dólares provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia Francesa de Desarrollo, entre otros préstamos aprobados por el Congreso del PRM. Dado que el partido oficialista tiene la mayoría legislativa, el gobierno pudo decidir no aprobar esos financiamientos, y simplemente reducir el gasto público.

Aun cuando el presidente Abinader quiera echarle la culpa al gobierno pasado del endeudamiento que se viene registrando desde el 16 de agosto de este año, en realidad su ministro de Economía ya ha advertido que, si hay que aumentar la deuda publica el año 2021, pues lo harán. Indicó Miguel Ceara Hatton que la deuda se necesita para poder enfrentar la crisis generada por la pandemia del Covid-19.

Esto revela que el endeudamiento público seguirá subiendo el año que próximo, y será difícil achacarle ese aumento al gobierno pasado. De acuerdo con el ministro Ceara Hatton, el incremento de la deuda es inevitable, reconociendo que la actual administración no podrá reducir el gasto público. Esa opinión contrasta con la afirmación que hizo el PRM cuando era oposición de que se podía reducir gastos estatales por una suma de, al menos, 129 mil millones de pesos. La realidad ha demostrado, una vez más, que una cosa es con guitarra y otra es con violín.

Covid-19, desempeño escolar y desigualdad

 [Escrito el 25 de noviembre de 2020]

La desigualdad de ingresos laborales se explica, principalmente, por la diferencia en el nivel educativo de los trabajadores. Aquellos con mayor educación alcanzan, en promedio, ingresos más elevados durante su vida productiva. Esto implica que todo aquello que influya, positiva o negativamente, sobre la educación impacta en la equidad de la distribución de la renta.

En la República Dominicana, menos del 25% de la población ocupada ha llegado a la universidad. Ese porcentaje incluye tanto a los graduados universitarios como a los que llegaron y abandonaron los estudios en ese nivel. Al descomponer por sexo, se observa que, en promedio, la mujer ocupada tiene mayor nivel educativo que los hombres. Específicamente, el 35.5% de las mujeres perceptoras de ingresos llegó a la universidad, mientras que sólo lo hizo el 17.3% de los hombres.  

En general, el reducido nivel educativo que tienen los trabajadores explica el bajo nivel de ingreso per cápita que se obtiene en el mercado laboral, así como la diferencia en los ingresos. A pesar de que la intervención del Estado, mediante la política de gastos e ingresos públicos, reduce la desigualdad, el coeficiente de Gini es igual a 0.44, el cual se encuentra cerca del promedio de América Latina (0.46), que es considerada una de las regiones de mayor inequidad del mundo. 

La crisis provocada por el Covid-19 tendrá repercusiones negativas sobre el desempeño escolar y la desigualdad. Existe evidencia que revela que la educación a distancia sea por radio, televisión o por internet, impacta desfavorablemente sobre el aprendizaje de los niños. Se ha demostrado que el nivel de comprensión de las matemáticas es menor, lo cual significa un deterioro del uso de la lógica, que a su vez reduce la capacidad de lectura comprensiva. Asimismo, se ha verificado que los niños tienen menor capacidad que las niñas de mantenerse atentos a las clases remotas, quedándose rezagados en su aprendizaje. Y un menor ritmo de absorción de conocimientos, se traduce en una mayor probabilidad de deserción escolar.

Los hogares con mayores ingresos poseen medios para amortiguar el efecto negativo que tiene la educación a distancia. En consecuencia, el Covid-19 tendrá un impacto negativo sobre la distribución del servicio de educación de calidad, acentuándose la diferencia de ingresos de la población en el mediano y largo plazo.

Si al deprimente servicio de educación que recibirán los niños de los hogares pobres y vulnerables durante la pandemia, se añade la eliminación en enero próximo de los programas sociales como Quédate en Casa, Pa’Ti y Fase, lo cual provocará quiebra de empresas y mayor desempleo, se puede concluir que la distribución de los ingresos se deteriorará también en el corto plazo. Ante ese efecto negativo del Covid-19 sobre el bienestar de los pobres y vulnerables, le recomiendo al presidente Abinader que piense bien los próximos pasos que dará durante la presente crisis.     

Inversión pública y privada

 [Escrito el 24 de noviembre de 2020]

El gobierno actual ha señalado que la inversión extranjera aumentó en un 4% en el período enero-septiembre de este año con relación al mismo período del anterior. Y justificó ese incremento en la confianza de los inversionistas en la economía y en el nuevo gobierno. Dado que las inversiones, sean extranjeras o nacionales, no se realizan de un día para otro, el hecho de que en los primeros nueve meses de este año de pandemia se haya incrementado la inversión extranjera es un reflejo del buen manejo económico de los funcionarios de la administración de Danilo Medina.

Hay que reconocerle al presidente Abinader el interés de mantener la estabilidad macroeconómica que se ha disfrutado por dieciséis años. La ratificación de Héctor Valdez como Gobernador del Banco Central es una muestra de que le interesa que se mantengan las condiciones monetarias que aseguran la estabilidad de precios y el crecimiento económico.

Las autoridades gubernamentales pronostican que la economía dominicana crecerá en un 6% el año que viene. Para alcanzar ese objetivo es necesario que se recupere la inversión, tanto pública como privada. La acumulación de capital en forma de infraestructura pública, equipos, maquinarias y edificios, es una condición necesaria para el aumento de la productividad, competitividad, producción y del valor agregado. En consecuencia, el gobierno debe crear las condiciones para la expansión de la inversión.

Lamentablemente, el gasto público de capital se encuentra estancado. El gobierno del presidente Abinader no ha arrancado más allá de los anuncios. La autopista del Ámbar, que será una obra clave para el desarrollo de la zona norte del país, no ha iniciado. En Pedernales no se ha puesto el primer bloque de cemento. A los puertos de Manzanillo o de San Pedro de Macorís no les ha llegado el primer bulldozer. Y si es con la Ley 340-06 de Compras Públicas, o con la Ley 47-20 de Alianza Póblico-Privadas, que se pretende poner en marcha esas grandes obras les aseguro que será hacia finales de 2021 que comenzarán los trabajos.

El presidente Abinader debe entender que la inversión pública es complementaria de la inversión privada. Esos proyectos privados, a los cuales él ha asistido a dar el primer picazo, como la remodelación del Puerto de Barahona, que llevará a cabo la empresa Benfold para exportar carbonato de calcio por esa vía, o la construcción de hoteles en la zona este, se realizarán por decisión privada siempre que se mantenga la estabilidad macroeconómica y la seguridad ciudadana, entre otros factores. Ojalá que el presidente Abinader no confunda su presencia en el inicio de esos proyectos privados, con la inversión pública que necesita poner en marcha para lograr la meta de crecimiento de un 6% para 2021.

Dividendos en medio de la crisis

[Escrito el 23 de noviembre de 2020] 

La República Dominicana transita por una severa crisis económica. A septiembre de 2020, el producto interno bruto registró una variación acumulada de -8.1%, recesión más acentuada que el desplome ocurrido en el país en 1990. La situación pudo haber sido peor si no se hubiese ejecutado una política monetaria expansiva, y una política fiscal concentrada en transferencias a los hogares vulnerables y pequeñas y medianas empresas.

Algunos indicadores sugieren que la economía se está recuperando. Las recaudaciones de impuestos, tanto de la Dirección General de Aduanas como de la Dirección General de Impuestos Internos, muestran que la actividad económica, léase consumo e inversión, está aumentando. Sin embargo, los datos tributarios revelan que la recuperación por sectores es asimétrica. Algunos van bien y otros van mal.

Entre los que van bien se encuentra un conjunto de empresas que el pasado octubre repartió dividendos por una suma de 40 mil millones de pesos. De acuerdo con el informe de recaudación mensual de la DGII, en ese mes se recaudó un total de 4,007 millones de pesos por concepto de impuesto a los dividendos, lo cual superó en 3,150 millones de pesos el monto recaudado en el mismo mes del año anterior. Y si se compara lo acumulado entre enero y octubre de cada año, esas recaudaciones por dividendos recibidas en octubre permitieron que las recaudaciones acumuladas por ese concepto en este año, de terrible recesión económica, superen en 647 millones de pesos las recaudaciones acumuladas en el mismo período del año anterior.

Parece ser que esas empresas utilizaron el acceso al financiamiento disponible a bajas tasas de interés, para modificar su estructura de capital. Me explico. Las empresas que tenían ganancias retenidas por beneficios obtenidos en años anteriores decidieron, ante la facilidad de financiamiento, endeudarse y con esa liquidez, en vez de invertirla en más activos, sea capital de trabajo o maquinarias y equipos, distribuir las ganancias retenidas en forma de dividendos, por lo cual ahora una mayor parte de sus activos es propiedad de los bancos.

Hay que tener en cuenta que esos dividendos tienen vocación de convertirse a dólares. En octubre de este año las reservas internacionales del Banco Central descendieron con relación a septiembre en 687.2 millones de dólares, equivalente a 40 mil millones de pesos. Y la caída de las reservas internacionales al 18 de noviembre supera los mil millones de dólares, lo cual puede estar sugiriendo que parte de la liquidez en pesos que se ha inyectado para recuperar la economía, se ha estado utilizando para repartir dividendos, que se van al exterior. Es lamentable que la confianza que se dice que existe desde agosto de 2020 en la nueva administración, no sea suficiente para evitar ese comportamiento de algunos agentes económicos. 

De crisis de liquidez a crisis de solvencia

[Escrito el 20 de noviembre de 2020]

La decisión del presidente Luis Abinader de eliminar a partir de enero de 2021 los programas de ayuda social relacionados con el Covid-19, provocarán que la actual crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia.

El cierre de las actividades productivas, como medida para enfrentar el avance de la enfermedad, provocó una disminución de los ingresos de las empresas y de los hogares. Para amortiguar el deterioro de liquidez de esos agentes económicos, los bancos centrales ejecutaron una política monetaria expansiva mediante la liberación de recursos líquidos, la reducción de la tasa de interés de política monetaria y la compra de títulos públicos y privados. Esa nueva liquidez evitó la ruptura del flujo circular de la renta y, por lo tanto, protegió a los agentes económicos, incluyendo a los bancos comerciales.

En la República Dominicana, la política fiscal, a través de los programas de ayuda social a empresas y hogares, como Quédate en Casa, Pa’Ti y Fase, ha evitado que la caída de sus ingresos provoque la quiebra y mayor desempleo.

Lamentablemente, el gobierno de Luis Abinader ha decidido eliminar las ayudas sociales a partir del primero de enero de 2021. Esto implica que una gran cantidad de empresas, que reciben un apoyo directo para que puedan pagar su nómina, tendrán que despedir personal y/o cerrar sus puertas. Esto se explica por el hecho de que las menores ventas provocadas por el Covid-19 se traducen en menor nivel de beneficios y, para poder recomponer ese flujo, sería necesario despedir personal, pero eso provocaría una rápida descapitalización de las empresas debido a que el monto de prestaciones laborales, principalmente en pequeñas y medianas empresas, puede superar el patrimonio de esos negocios.

Una crisis de solvencia es mucho peor que una crisis de liquidez. Esta última se resuelve utilizando las bondades que se desprenden de tener una moneda propia, a través de una activa participación del Banco Central. La crisis de solvencia implica un deterioro de riqueza y una destrucción de capital y empleo. Esto se traduce en mayor pobreza y deterioro de la calidad de la cartera de la banca. En consecuencia, lo que pretende ahorrarse el gobierno en los primeros meses del año próximo al desmontar los programas de ayuda tendría que pagarlos posteriormente, ya sea en otro tipo de programas sociales o para enfrentar la delincuencia que provoca todo deterioro de las condiciones laborales y económicas.

Ante esa posibilidad, recomiendo nuevamente al presidente Abinader que no elimine en enero los programas de ayuda relacionados con el Covid-19.

Ayuda solidaria y Covid-19

 [Escrito el 19 de noviembre de 2020]

A pesar de que desde finales de septiembre le he estado recomendando al presidente Luis Abinader que no elimine en diciembre los programas de ayuda solidaria, de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado, en enero de 2021 se habrán eliminado.

Esa decisión provocará un aumento del desempleo, creando una mayor presión por salir a la calle a buscar alguna fuente de ingreso, sea formal o informal. Aun cuando el presidente Abinader afirme que tiene el Covid-19 bajo control, la realidad es que se le pudiera ir de las manos, tal como sucedió en Estados Unidos y en Europa.

Sobre ese tema quiero utilizar la opinión de una persona con más experiencia y conocimiento que yo en la materia. Esther Duflo, profesora de economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pronunció hoy una brillante conferencia en el foro ClaroTec Salud & Economía, en la cual resaltó la importancia de mantener los programas de ayudas sociales más allá de diciembre, para evitar así el agravamiento de la situación económica del país.

De acuerdo con la Duflo, Premio Nobel de Economía, quitar la ayuda demasiado temprano pudiese alargar la crisis. Y advirtió que, si se deteriora la economía, el dinero que se ahorre hoy, tendrá que ser gastado en el futuro.

Recordó la brillante profesora que, en medio de la crisis financiera global de 2007-2009 y sus secuelas se descontinuó en Europa el estímulo fiscal demasiado pronto. La consecuencia fue una profundización de la crisis económica, caracterizada por la quiebra de empresas y un desempleo masivo, en particular entre los jóvenes.

Por otra parte, Gita Gopinath, economista jefe del FMI, también lo ha advertido en el más reciente informe sobre las Perspectivas de la Economía Mundial. Los gobiernos deben continuar apoyando a sus empresas y hogares, ejecutando simultáneamente una política fiscal que se traduzca en un aumento de la inversión pública, dentro de un marco fiscal de medio término que asegure la sostenibilidad de la deuda pública.

Esa realidad me lleva a recomendar al presidente Abinader, nuevamente, que no elimine en enero de 2021 los programas de ayuda a las empresas y los hogares. Debe recordar que, en este país se invierte anualmente, a través del gasto tributario, decenas de miles de millones de pesos para beneficiar a las grandes empresas, es justo que también se beneficie, en momentos de crisis, a las pequeñas y medianas empresas, así como a las familias más vulnerables.

El Covid-19 bajo control

[Escrito el 18 de noviembre de 2020]

El presidente Luis Abinader afirmó, en su diálogo de los primeros noventa días, que su gobierno tiene el Covid-19 bajo control. Lamentablemente no describió cuáles medidas ha adoptado su administración para reducir el ritmo diario de contagio. Hubiese sido interesante escuchar su explicación sobre el impacto que ha tenido sobre los contagios el mantenimiento del toque de queda, muy criticado antes de las elecciones por varios de los actuales funcionarios públicos, o el que ha tenido la promoción del uso de las mascarillas en los espacios públicos y privados.

Los Estados Unidos, el país más poderoso de la tierra y con mayor avance tecnológico, se pudiera beneficiar de la experiencia del presidente Abinader sobre cómo controlar el Covid-19. La situación de esa enfermedad en los Estados Unidos es crítica, registrándose ayer martes un total de 161,934 nuevos casos, lo cual empuja hacia arriba la cantidad de fallecimientos. La ciudad de Nueva York decidió cerrar las escuelas públicas, pasando a clases remotas y así evitar ese foco de contagio. En Ohio se impuso el toque de queda de 10 pm a 5 am. Y los gobernadores de California, Delaware, Iowa, Maryland están imponiendo nuevas medidas para reducir la movilidad y los contactos innecesarios.

La vieja Europa también se puede beneficiar de la estrategia del presidente Abinader para controlar el Covid-19. Italia, España, Alemania, el Reino Unido, entre otras naciones, han experimentado una segunda ola de contagio, que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de esos países. La mayoría ha reaccionado estableciendo confinamiento y restricciones a la movilidad y a los negocios como restaurantes, bares, clubes, entre otros, con el objetivo de minimizar el contacto que no sea necesario. La ley de protección contra infecciones de Alemania ha sido defendida por la Merkel, para darle una base legal al encierro o cuarentena más fuerte que la que ofrecía un decreto gubernamental. Hoy miércoles, la policía alemana enfrentó en Berlín una protesta contra esa ley, usando cañones de agua y arrestó a más de 200 personas debido a que no tenían puestas sus mascarillas y porque no guardaron el distanciamiento requerido.

Dada la importancia de las remesas que llegan a la República Dominicana proveniente de los Estados Unidos y de Europa, las cuales han estado creciendo sostenidamente desde el mes de mayo de este año, registrando un crecimiento a octubre de un 13.1%, le recomendaría al presidente Abinader que les transmita a los líderes de esos países el conjunto de medidas utilizadas en el país para controlar el contagio del Covid-19. Estoy seguro de que estarán muy agradecidos.

Ley 340-06: La reforman o la violan

[Escrito el 17 de noviembre de 2020]

El 26 de agosto de este año comenté que la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus modificaciones, debe ser reformulada a la brevedad posible. En ese momento advertí que, si la citada ley no se modifica, el gobierno del presidente Luis Abinader tendría que violarla de manera continua.

En ese momento señalé que, la primera violación de la ley 340-06 se registraría cuando se ejecutase el plan del Ministerio de Educación de comprar dos millones de computadoras portátiles o tabletas, mediante la delegación de competencia en el proceso de adquisición de bienes y servicios con fondos públicos. Cabe recordar que la Circular No. DGCP-05-2020 de la Dirección General de Contrataciones Públicas, firmada por su director Carlos Pimentel, advierte que esa delegación no está prevista en la Ley No. 340-06.

Por otro lado, el director del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Iván Hernández Guzmán, en una reciente entrevista que le realizara el buen amigo y excelente comunicador Guillermo Gómez en su programa Aeromundo, sugiere que la ley 340-06 se modifique para que, entre otras cosas, se reduzcan los plazos necesarios para realizar las compras públicas; en este caso de productos agropecuarios.

El 23 de octubre comenté que había que reconocerle al Inespre su intención de cumplir con la citada legislación de compras públicas, pero advertí que ni siquiera un proceso de urgencia le permitiría acortar de manera suficiente los plazos de ejecución. De hecho, el Inespre comenzó un proceso de urgencia el 19 de octubre para comprar productos agropecuarios, entre ellos tres millones de plátanos para venderlos a precios bajos en los barrios populares de los principales centros urbanos, y se prevé que ese proceso de compra culmine el próximo 25 de noviembre. Por tanto, señalé que, dado que Inespre tenía la urgencia de comprar esos productos mucho antes de que concluyera ese proceso, se violaría la Ley 340-06. Y así sucedió. En esos días, antes de que concluyera el proceso de urgencia, el Inespre ya estaba en las calles dominicanas vendiendo tres millones de plátanos a 5 pesos cada uno. Esas compras se hicieron fuera de la citada ley de compras públicas.

Esa realidad me lleva a recomendar nuevamente la reforma de la Ley 340-06, con el objetivo de que se puedan realizar procesos de compra de manera más eficiente, creando siempre valor agregado a favor del Estado Dominicano.