[Escrito el 8 de diciembre de 2020]
Hace mucho tiempo se demostró, teórica y
empíricamente, que la política de control de precios tiene un impacto negativo
sobre el bienestar de la gente. El establecimiento de precios máximos tiende a
reducir la oferta, a incrementar la demanda y, por lo tanto, a crear escasez.
Asimismo, se ha verificado que la fijación de precios tiende a deteriorar la
calidad de los productos sujeto a ese control. Por esos resultados es que los
gobiernos, por lo general, evitan la aplicación de ese tipo de políticas.
En microeconomía se enseña que el nivel de
precios depende de la interacción entre oferta y demanda. Cuando la demanda
está por encima de la oferta, los precios suben; y cuando la demanda está por
debajo de la oferta, los precios bajan.
Esa teoría permite explicar los aumentos de
precios que se han registrado recientemente en los productos agropecuarios.
Específicamente, se puede decir que esos aumentos se deben al desequilibrio
entre oferta y demanda. Si se quiere lograr una reducción de los precios, hay
que incrementar la oferta. La oferta se puede expandir mediante una disminución
de los costos de producción, a través de un incremento de la productividad o mediante
una apertura comercial que facilite las importaciones.
A pesar de ese conocimiento, el gobierno ha
preferido aplicar una estrategia muy parecida al control de precios. El
ministro de Agricultura, Limber Cruz, ha realizado un acuerdo con los
representantes de los principales supermercados del país, para que éstos
reduzcan el margen de beneficios sobre los productos de la canasta básica. Con
esa medida las autoridades pretenden que se reduzcan los precios de los
productos como el arroz, habichuelas, carne de pollo, leche, huevos, entre
otros.
Lamentablemente, esa medida no tendrá un
impacto positivo. Me explico. Ese tipo de productos son bienes básicos sin
marca, por tanto, sujeto a una gran competencia y con un margen a nivel de
supermercado que es relativamente pequeño. Esto implica que la reducción de los
márgenes no es una política sostenible, pues los supermercados no tendrán
ningún incentivo a seguir vendiendo esos productos si el margen es cercano a
cero. En consecuencia, el acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y los
supermercados no reducirá significativamente el nivel de precios de los bienes
agropecuarios, y la exigua reducción que pudiese lograrse sería transitoria. Mi
recomendación al gobierno del presidente Abinader es que se olvide de esa
política de control de precios 2.0.
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