El
acuerdo Stand-By firmado entre el Gobierno Dominicano y el Fondo Monetario
Internacional se ha roto. Tal como señalamos en septiembre de 2011, el gobierno
de Leonel Fernández no cumplió –ni cumpliría- las metas establecidas en ese
acuerdo. El costo de ese rompimiento será elevado y se expresará en menor
actividad económica privada y mayor desempleo.
El acuerdo con el FMI brindó a los
agentes económicos tranquilidad desde noviembre de 2009, aun cuando había
serios desequilibrios macroeconómicos. En efecto, a pesar de que el déficit en
la cuenta corriente de 2010 y 2011 fue en promedio superior a los 4,500
millones de dólares y que el déficit de las finanzas gubernamentales superó en
ese período los 55 mil millones de pesos, el acuerdo con el FMI le
“garantizaba” a los prestamistas del gobierno y a los agentes económicos en
general que el gobierno “ajustaría” los agregados macroeconómicos para evitar
que esos déficits provocasen la insostenibilidad de la deuda pública, la
pérdida de reservas internacionales netas y la depreciación del peso.
El incumplimiento de las metas
fiscales y del sector eléctrico ha llevado al FMI a suspender definitivamente
el acuerdo. El Banco Central no recibiría el desembolso de los 510 millones de
dólares que se obtendrían sujeto al cumplimiento de la séptima y octava
revisión. Esto debilitará las reservas internacionales, que se han reducido en
los primeros 40 días de 2012 en más de 600 millones de dólares. El “oxígeno,”
disponible en forma de reservas de divisas, para mantener estable el tipo de
cambio es menor. El Gobernador Héctor Valdez lo sabe y está preocupado, aunque
no lo exprese públicamente.
La ausencia de un acuerdo con el FMI
le permitirá manos libres al gobierno en materia de gasto público. Los datos de
enero de 2012 revelan que el déficit en las finanzas públicas es muy superior
al saldo registrado en los años anteriores. Parece que las autoridades están
cumpliendo la promesa de Leonel Fernández de que se usarán 40 mil millones de
pesos para promover al candidato del oficialismo. El aumento del gasto público incrementará la
demanda agregada y presionará el mercado cambiario.
El mayor déficit fiscal llevará al
Banco Central a incrementar las tasas de interés para evitar la depreciación
del peso. Un mayor gasto público y menores desembolsos externos presionarán la
demanda de divisas. La reacción del Banco Central será restringir el
crecimiento de los agregados monetarios e incrementar las tasas de interés. Los
consumidores e inversionistas comenzarán a recibir notificaciones de las
instituciones financieras informándoles del aumento de las tasas de interés. Muchos
no podrán pagar oportunamente sus compromisos financieros.
Las mayores tasas de interés se
traducirán en menor actividad productiva y mayor desempleo. Mientras más altos
sean los tipos de interés, menor cantidad de proyectos de inversión podrán
llevarse a cabo. Esto significa menor generación de empleo y, en consecuencia,
menor masa salarial demandando bienes y servicios. El menor consumo significa
menores ventas y menor flujo de efectivo para los negocios. Esto aumentará la
probabilidad de quiebra de empresas.
En resumen, el rompimiento del
acuerdo le permitirá al gobierno gastar más, pero llevará a la adopción de
medidas monetarias que reducirá la capacidad de consumo e inversión del sector
privado. Una política muy injusta.